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2011-2015 Fiscalía. Contratos por $19 mil millones

2011-2015 Fiscalía. Contratos por $19 mil millones. “Esta plática no se perdió”: Fiscal Monte-Alegre. Derroche en el manejo del presupuesto de la Fiscalía. La Fiscalía maneja un presupuesto de $3,8 billones, nómina de 22.000 personas y tiene una posibilidad de 25.000 cargos, ¿cuántos asesores tiene? y ¿por qué valor en total?
Contratos con ex Magistrados. Por $19 mil millones. Contratación externa con Magistrados ya pensionados con $30 millones mensuales.
La Fiscalía citó ante la Corte a declarar a altos funcionarios de la propia fiscalía, por contratos con asesores, ex Magistrados por más de $19 mil millones y los de Natalia Springer por $7.200 millones.
         La Procuraduría abrió investigación por los millonarios contratos que la Fiscalía suscribió con ex Magistrados, asesores y con Natalia Springer para realizar, según la Fiscalía, diferentes estudios.
Contratos de Natalia Springer. La firma de consultoría ‘Springer Von Schwarzenberg Consulting Services’ se creó en 2011 y desde entonces no ha parado de facturar. En 8 contratos, firmados en 4 años, entre 2011 y 2015, ha sumado más de $7 mil 200 millones.
         1º FNGRD, Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,  Colombia Humanitaria. Por $38.280.000. El primer contrato se firmó durante el gobierno Santos. Objeto: la ‘Trazabilidad,   Transversalidad y consultoría para la efectiva ejecución de las dimensiones humanitarias en las fases de atención humanitaria y rehabilitación y sus factores endógenos, exógenos, intrínsecos y extrínsecos’. ¿Qué, que?
2º FNGRD. Por $92.892.800.Con esa misma entidad para adelantar un estudio ‘de las acciones desarrolladas por Colombia Humanitaria para la atención del fenómeno climatológico de la Niña 2010-2011’. ¿Y en las del Niño, cuando?
         3º FNGRD. Por $70.000.000 en 2012. ‘Para desarrollar un informe sobre reclutamiento infantil’. ¿En la guerra de los mil días?
4º Minvivienda. Por $1.400 millones en 2013. De forma simultánea, la firma se dedicó a temas de vivienda social. Contrato con Minvivienda, depositado en la Fiduciaria Bogotá. ‘Para viabilizar en 8 municipios los programas de viviendas gratuitas entregadas por el Minvivienda y generar una estrategia de servicios sociales, una consultoría para el diseño de una estrategia que viabilice la inclusión de oferta social para el desarrollo del capital humano social, en los proyectos de viviendas gratis del gobierno’. Cuáles 8 municipios? ¿Al menos se construyeron las casas?
5º Valledupar. Por $1.400 millones en 2013. Para la ‘Formación de cogestores de una cultura de paz’ con la Alcaldía de Valledupar, Cesar. Cuyo objeto era ‘asesorar la creación del Laboratorio de Paz del Caribe y la Escuela Vallenata de Paz’.La Procuraduría abrió investigación este contrato.
6º Fiscalía. Por $895.000.000 en 2013. El primer contrato con la Fiscalía.Para investigar crímenes excepcionales e internacionales cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia.
7º Fiscalía. Por $295.000.000 en 2014. Para investigar sobre las FARC.
8º Fiscalía. Por $3.085.600.000 en 2014. Para investigar sobre las Bacrim.
         Contratos de Springer con la Fiscalía.
El escándalo no solo se concentró en los $4.300 millones, sino también en que en la Unidad de Análisis y Contextos de la propia Fiscalía los descalifico. Los resultados de estos estudios son desconocidos.El informe, investigación, análisis, conclusiones de los contratos suscritos con la fiscalía no son de conocimiento público, no han sido divulgados. Catalogados bajo reserva como asuntos de ‘Seguridad Nacional’.
Los contratos con la Fiscalía, señalados de ser otorgados “a dedo” y para asuntos sobre los que otras entidades públicas ya habían realizado investigaciones. Según la adjudicación, la firma no cumplía el requisito de “ser abogado (a) o politólogo (a) o sociólogo (a), con tarjeta profesional vigente; con título de doctorado y/o maestría en derecho internacional humanitario o derechos humanos". Así, el contrato fue adjudicado pese a que también se exige una experiencia mínima de 10 años en el sector
Contratos de Springer con Minvivienda. Fonvivienda. Fiduciaria de Bogotá del ‘Programa de Vivienda Gratuita’. La Contraloría anunció una actuación especial relacionada con contratos de consultoría suscritos con la firma Springer y la fiduciaria del ‘Programa de Vivienda Gratuita’.
         Se trata de 2 hallazgos con incidencia fiscal por $419,8 millones, a los cuales se suma un hallazgo penal relacionado con violación de derechos de autor.
         Otro detrimento patrimonial. “El diagnóstico técnico-estructural que hace parte del producto que entregó la firma consultora ‘Springer Von Schwarzenberg Consulting Services’, reproduce textos que, sin mencionar la fuente, fueron extraídos de documentos como el ‘Plan de Atención Integral a la Primera Infancia’ del Municipio de Montería y el ‘Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla”, señala la contraloría.
          La Contraloríacalificó como débil el proceso de supervisión de este contrato y agrega que en él no se cumplió la responsabilidad de vigilar debidamente su ejecución. En este caso reprochó la actuación de Fonvivienda, entidad que designó al supervisor. Es por esto que se encontró mérito para motivar una investigación por relevancia disciplinaria.
         Según la Contraloría, el valor del contrato equivalente a $1.339 millones que “fue establecido por la firma consultora en su propuesta de servicios y fue también el contratista el que seleccionó los municipios donde se desarrollarían los proyectos de vivienda, cuando esta labor era competencia del Comité Fiduciario”.
         A lo largo de la investigación se pudo constatar que la Fiduciaria Bogotá S.A., contrató con la firma de Natalia Springer “la consultoría relativa al diagnóstico, diseño e implementación de estrategias que viabilicen el adecuado desarrollo y la sostenibilidad de los proyectos de vivienda ejecutados en el marco del Programa de Vivienda Gratuita ubicados en 8 municipios en el país”.
         En detalle. El hallazgo con incidencia fiscal de mayor cuantía alcanza más de $280 millones y corresponde al hecho de que la Plataforma de Diagnóstico, Evaluación y Seguimiento diseñada por la firma ‘Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S.’ no cumplió con el objeto contractual establecido en la cláusula 5ª, Literal iii del contrato suscrito con la Fiduciaria Bogotá S.A.
         Según la Contraloría, dentro del aplicativo entregado “no se encuentra la información asociada con las estrategias e indicadores que permitan mostrar el estado, evolución y cumplimiento de metas propuestas, para el seguimiento y control adecuado de los proyectos en un momento determinado presentadas en la propuesta del Proyecto Fénix”.
         “Todo se limita a presentar unos totales, más no se observa información alguna que coadyuve a la realización de las tareas para seguimiento, monitoreo y control a todo nivel del fortalecimiento del proyecto Fénix como lo establece el contrato”, relata el informe presentado por los auditores y agrega que los reportes “no tienen encabezados que aclaren el tipo de información  contenida, no presentan fechas de corte, ni quién lo genera, y en general no tiene información básica que permita identificar adecuadamente cada uno”.
         A estos cuestionamientos se suma el que en los proyectos por departamento se observa que la información que aparece en pantalla difiere de la presente en archivos de excel.
         Lunares en el plan operativo. A pesar de que la cláusula quinta del contrato de consultoría indica que el Plan Operativo es un producto que se elaborará al inicio del Proyecto Fénix. En este caso el ente de control reprocha el haber recibió dos documentos diferentes Fonvivienda con los que pretende acreditar el llamado ‘Plan Operativo’, “sin que ninguna se constituyera en evidencia del mismo”.
         “El documento que contiene el Plan Operativo hace parte de la propuesta de la firma contratista, o sea que es anterior a la aceptación de la propuesta y, por ende, a la firma y ejecución del contrato”, puntualiza el informe de los investigadores quienes consideraron que se produce una afectación al patrimonio público en la cuantía estipulada en el contrato para el producto Plan Operativo, por valor de $139,9 millones.
         Indagación preliminar. La firma ‘Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S.’ debía realizar un diagnóstico por cada uno de los proyectos que contaran con viviendas terminadas y asignadas, a título de subsidio familiar de vivienda en especie a los hogares beneficiarios, en los municipios seleccionados.  A pesar de lo cual se determinó que “pueden existir proyectos que no fueron diagnosticados, pese a cumplir con los requisitos para desarrollar el componente social y específicamente el diagnóstico contratado en el marco de la consultoría ejecutada”.    Ante esto, la Contraloría consideró pertinente adelantar una indagación preliminar para establecer la existencia y la cuantía del daño.
Maraña. Sobre este contrato, ha despertado aún más la polémica que para su adjudicación participaron la Cámara Colombiana de Construcción, Camacol con 58 años de experiencia en el sector, y la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar con más de 22 años trabajando con el subsidio de vivienda. Otro de los factores polémicos es que el contrato destaca entre sus objetivos identificar "el potencial urbanístico de los proyectos a nivel de espacio urbano y las características arquitectónicas de las viviendas", contradictorio si se tiene en cuenta que Springer siempre ha manifestado su experiencia es en asuntos de derechos humanos.
La Contraloría revisa el contrato que firmó Springer, en representación de   ‘Springer Von Schwarzenberg’, con la Fiduciaria Bogotá S.A., vinculada con el programa de viviendas gratuitas del Minvivienda. Analizará el valor del contrato de $1.300 millones, así como sus términos y cumplimiento, al mismo tiempo que evalúa si la firma de la consultora cumplía los requisitos necesarios para rubricar ese acuerdo, mediante el cual debía realizar un estudio y entregar un diagnóstico sobre diversos aspectos de las familias y personas beneficiarias de las viviendas.

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