Cartel Toga. 2º José Leonidas Bustos Martínez. Magistrado.

2º José Leonidas Bustos Martínez. Magistrado.

En 2017 la Comisión de Acusaciones de la cámara le imputo cargos por estar involucrado en el ‘cartel de la toga', los 3 delitos imputados: Concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias. Bustos, antes de iniciar la audiencia había pedido a la Comisión que la prensa se retirara del sitio o de lo contrario no rendiría indagatoria alguna. Y reiteró su inocencia en este caso de corrupción.

Bustos Jubilado en 2016. Integró la Sala Penal entre 2008 y 2016, fue presidente de esa sala durante 2012 y 2013, presidente de la Corte en 2015. Vinculado al ‘cartel   de la toga’, por la exigencia de jugosas sumas a cambio de impedir capturas o frenar procesos contra políticos. Bustos era, según el expediente, el gran poder en la sombra, “el capo jefe del cartel de la toga “quien, al igual de Malo, ubicaban estratégicas fichas en la Fiscalía, el CTI, la unidad de investigadores de la Corte y tribunales regionales. 

2017 octubre. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió investigación en su contra, porque existen indicios, de que Bustos,  habría sido parte de lo que se ha bautizado como el “cartel de la toga”, donde se daba la compra y venta de fallos judiciales.

         Prontuario:

         2.1º 2017 Los 111 procesos del magistrado Bustos. Asignados entre agosto de 2000 y mayo de 2015. Archivados 40 procesos de los que fue ponente; profirió 9 sentencias de las cuales 5 resultaron en condenas. Bustos profirió solo 9 sentencias entre 2008 y 2017.

         2.1.1º Condenas. 5 de ellas resultaron en condenas: los congresistas Emilio Martínez en 2008; Teodolindo Avendaño en 2009; Leonardo Caicedo en 2010; los gobernadores José Luis González, de La Guajira en 2012, Whitman Herney Porras, de Casanare en 2013.

         2.1.2º Absolutorias. Bustos profirió sentencias absolutorias contra el gobernador de Boyacá Óscar Eduardo Riaño en 2010; el congresista Lorenzo Rivera en 2010; la procuradora delegada Gladys García en 2011; el fiscal seccional Hernán Enrique Maya, en 2015, hermano del Contralor.

         2.1.3º Archivados. En 40 procesos, en los cuales Bustos fue ponente, resultaron archivados entre 2009 y 2012, de los congresistas: Hernán Penagos, Partido de La U en 2011; Humphrey Roa, Conservador en 2011; Juan Carlos Martínez Sinisterra, PIN; Dilian Francisca Toro, de la U en 2013; Jimmy Chamorro, de la U en 2015; Juan Carlos Vélez Uribe, de la U. en 2010; Piedad Zuccardi y Roosvelt Rodríguez en 2011; del ministro del Interior, Guillermo Rivera, en 2013 y a Piedad Córdoba, liberal, en 2012; las investigaciones a los congresistas liberales Yolanda Duque, Álvaro Pacheco, a Lucero Cortés de la U;

2.1.4º Fallos Inhibitorios. Enterró 42 expedientes contra congresistas. Hernán Andrade; Musa; Hernando Padauí;  Eduardo Agatón Diazgranados Abadía; Jorge Londoño; Piedad Zuccardi; Javier Cánceres Leal; Óscar Suárez Mira;

         2.2º Reforma a la Justicia. Férreo opositor de la reforma en 2012, fue el vocero de las Altas Cortes, en desacuerdo con la reforma de ‘Equilibrio de Poderes’, por considerar que no resolvía el desajuste institucional en materia de justicia, generada por su propia ‘red criminal’, reforma que fue aprobada creando un Tribunal de Aforados. Tribunal que no pasó el examen en la Corte Constitucional, por lo que sigue siendo la inoperante Comisión de Investigación y Acusaciones del congreso, la que investiga los aforados como los magistrados de altas cortes, procurador, fiscal, contralor.

         2.3º Bustos no empezó su carrera delictiva en la Corte, sino que desde mucho antes ya había echado mano de los dineros de un anciano, épocas en la que recién tenía la Tarjeta Profesional en sus manos, sus principios de jurista, según denuncia Juan Ballesteros. Bustos fue denunciado por Ballesteros en 1992 por hurto agravado, abuso de confianza, por haberse apoderado de lo ajeno, cuando apenas era un litigante. Así lo afirmó el denunciante que lo contrató para que le rescatara $100 millones, que al momento de ganar el proceso se quedó con gran parte del dinero, según el relato de Ballesteros, quien a través de la DIAN, se pudo dar cuenta que había cobrado y no le había dado completo lo que le correspondía. Expresa Ballesteros, que le reclamó y este prometió devolverle para evitarse un escándalo, pero lo volvió a ‘falsear’ y nunca se los devolvió. Pero Ballesteros lo denunció ante el Consejo de la Judicatura, y se llevó a cabo un proceso disciplinario, pero la corrupción en la Justicia, habría actuado para que el proceso de Bustos fuera engavetado.

         2.4º El ‘conejo’ de Bustos. En 2015 Javier Suárez Corzo, hermano del  alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez, afirmo que le mandó $800 millones al magistrado Bustos para que le ‘arreglara’ el proceso en la Corte Suprema a su pariente, quien al final fue condenado por parapolítica. El proceso lo tenían 3 magistrados de la Sala Penal: María del Rosario González, encargada de redactar la decisión, Javier Zapata y Leonidas Bustos.

         2.5º Detención domiciliaria. Al 'zar de la chatarra’, José Aldemar Moncada Moncada   en 2015. El magistrado Bustos otorgó el beneficio al delincuente con 3 condenas por fraude a la Dian.

         2.6º Gobernadora del Quindío. Sandra Paola Hurtado Palacio. Y su esposo, César Augusto Pareja, salieron ilesos por investigaciones de corrupción, por estar al amparo de Bustos.

2017 noviembre. La procuraduría abre indagación preliminar contra Hurtado, por su presunta participación en el ‘cartel de la toga’.

         2.7º Gobernador del Cauca. Temístocles Ortega. Magistrado. También salió ileso en varias investigaciones de corrupción, por amparo de Bustos.

         2.8º Gobernador de Boyacá. Juan Carlos Granados. Contralor de Bogotá. Congresista. Los procesos penales en su contra están detenidos en la fiscalía. Granados contrató a la esposa de Leonidas Bustos en la Contraloría de Bogotá en 2016.

         2.9º Alcalde de Yacopí. John Jaime Sánchez.

Honorarios superiores a los $500 millones. El alcalde Sánchez fue denunciado por falsificar su diploma de supuesto ingeniero civil, el proceso está en la Fiscalía y terminó en manos del extraditable director anticorrupción, Gustavo Moreno. Aparece el magistrado Bustos y con su oficina de abogados le garantiza al alcalde un trato “gentil” en el ente acusador. “Impulsando dilaciones para que el alcalde no saliera de su cargo”. Aunque el alcalde reconoció falsificar el diploma de grado y aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía, se mantiene en su puesto y firma millonarios contratos. “Lleva más de un 1 año con este proceso y la Fiscalía nunca hizo nada contra este alcalde, por qué le levantan la medida de aseguramiento, después de imputar cargos y sigue como alcalde”.

El alcalde Sánchez recibió la asesoría de los abogados de Bustos, que en la recta final del proceso y ante la inminencia de una condenada, renunciaron. El juez de caso le advirtió al mandatario municipal que en agosto 31 de 2017 tendrá que asistir al juicio con los colaboradores del ex magistrado o con un abogado público.

         2.10º Alcalde de Cota. Carlos Moreno. En la Fiscalía ‘reposan’ denuncias de 2 contratos por más de $47.000 millones firmados el mismo día y con mismo grupo de empresarios. Se trata del colector de aguas y un anillo vial en el municipio de Cota que se entregaron sin tener siquiera las autorizaciones de la CAR y 8 meses después de firmar el millonario contrato, en el caso del colector, el proyecto no arranca. “Los contrato 09 y 010 de diciembre27 de 2016 se firmaron el mismo día y ‘Priar constructores’ aparece en los 2 contratos, además el domicilio de los 2 consorcios están en la misma oficina en Villavicencio”. Los asesores del alcalde de Cota, Carlos Moreno, manifestaron tener la representación judicial de la oficina del magistrado Bustos, como garantía de un ‘buen trato’ en la Fiscalía. Y afirma “Que no va a pasar nada, que están blindados, que el magistrado Bustos a través de sus abogados y amigos hacen que no avance en la Fiscalía las investigaciones”.

2.11º. Alcalde de Villavicencio. Germán Chaparro. En octubre 2017 dijo que el abogado Gustavo Moreno le pidió $1.500 millones para que su condena a 39 años por homicidio fuera revisada favorablemente por la Corte en la etapa de casación. Para garantizarle resultados, Moreno le dijo que la plata era para Bustos, y como respaldo del negocio le habría ofrecido arreglar una reunión con la esposa de Bustos, Pineda, procuradora judicial.

La Corte revisa el caso porque alrededor del expediente de Chaparro están 2 nombres bajo investigación: el abogado Gerardo Torres, a. ‘yayo’, y el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Desde 2009, Chaparro asegura que uno de los testimonios que terminó enredándolo en el crimen de Ómar López, su antecesor, fue el José Raúl Mira Vélez, paramilitar. El mismo que acusó a Ramos de tener nexos con las  AUC. Pero Chaparro dice que en ese expediente no se le dio credibilidad y Mira fue asesinado antes de ser confrontado. Chaparro también dijo que Torres, a. ‘yayo’, se hizo cargo de su caso y luego se lo pasó a Moreno, el mismo ‘modus operandi’ que han tenido otros procesos bajo la lupa, como el del congresista conservador Hernán Andrade. 

2.12º Jorge Londoño. Ministro. Le archivaron 5 procesos. Tenían como defensor a Moreno, hoy testigo contra Bustos y Ricaurte.

2.13º Congresistas de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Bustos archivó e inadmitió 2 denuncias contra congresistas de esta Comisión, siendo Gustavo Moreno asesor de esta comisión. De hecho, otros magistrados de la Sala Penal que Bustos integró y presidió, inadmitieron y archivaron 21 denuncias más contra esa corporación, encargada de investigar a los magistrados. 

2.13º Congreso narco parapolítica y Bustos. Las estadísticas hablan solas. En la época de la ‘congreso parapolítica’, la Sala Penal profirió 110 condenas contra gente tan poderosa como Mario Uribe, Erick Morris, Álvaro Araújo y Salvador Arana. 

Pero, a finales de 2013, según la Fiscalía se echó a andar la organización criminal ‘Bustos, Ricaurte, Malo, Moreno, Pinilla, Torres’ las cifras de condenas cayeron dramáticamente: a 25. Y muchos de esos casos ya venían de atrás, como los de María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, Sabas Pretelt y Miguel Maza Márquez.

2.13.1º En 2012 Iván Velásquez Magistrado auxiliar es relevado por Leonidas Bustos, en medio de un sospechoso sigilo y sin comunicado oficial que diera cuenta del trascendental cambio, sino mediante declaraciones soltadas al desgaire. La disculpa es baladí y ofende porque supone que los colombianos son estúpidos: “el puesto debe rotar y airearse entre otros magistrados auxiliares de mi entera confianza” dijo Bustos. La verdad es muy otra.

2.13.2º En 2015 la Corte saca a magistrado investigador de la parapolítica.   La Corte denuncio penal y disciplinariamente al magistrado auxiliar del grupo investigativo de la ‘narco parapolítica’, Álvaro Pastás Obando, por la pérdida de material probatorio.   Luego de encontrase una grabación en donde estaba una declaración del extraditado Carlos Mario Jiménez, a. ‘macaco’.   La Corte explico   que la declaración de a. ‘macaco’ estuvo oculta durante meses y, luego apareció en un computador de la comisión de apoyo de la parapolítica. Este hecho ocasionó la pérdida de confianza de la Sala en este funcionario, por lo cual lo declaró insubsistente.   Pastás fue nombrado por Busto, para reemplazar al magistrado Iván Velásquez, como coordinador de ese grupo creado en enero de 2007.Pastás era uno de los 9 investigadores de la parapolítica, que   coordina Iván Cortés, en la corte.

2.15º Hernando Padauí. Congresista. Con decisión favorable. Moreno lo representó en 7 casos.

2.16º Eduardo Agatón Diazgranados Abadía. Congresista. Dos procesos archivados. Tenían como defensor a Moreno.

2.17º Piedad Zuccardi. Congresista de la U. Bustos firmo inhibitorios. Dispuesta a declarar que fue sometida a exigencias de dinero y presiones. En la Corte afirman que Bustos insistía en avalar como prueba en su contra audios con sus abogados, que luego fueron inadmitidos, no fueron tenidos como prueba.

2.18º Javier Cánceres Leal. Congresista de cambio radical. Bustos firmo inhibitorios. Dispuesto a declarar que fue sometido a exigencias de dinero y presiones.

2.19º Óscar Suárez Mira. Congresista conservador. Dispuesto a declarar que fue sometido a exigencias de dinero y presiones.

2.20º Yahir Acuña. Congresista. Cuando renunció a congresista en 2014, para aspirar a la gobernación de sucre, había contratado como abogado a Luis Gustavo Moreno para que lo defendiera de una investigación que se adelantaba en la Corte Suprema por paramilitarismo, proceso del que fue declarado no culpable por el magistrado Bustos.

2.21º Armando Benedetti. Congresista de la U. En Panamá, a bordo de un yate se habría negociado el archivo del expediente contra Benedetti en la Corte Suprema. Así se desprende de declaraciones del fiscal anticorrupción extraditable Gustavo Moreno en la Corte. El viaje fue en septiembre de 2012 y según Moreno, en el yate estuvieron la hermana del Congresista la embajadora Ángela Benedetti, el magistrado Bustos, la procuradora Martha Cristina Pineda, esposa de Bustos y Gerardo Torres, a. ‘yayo’. Según Bustos el encuentro con Moreno en Panamá fue casual. Moreno ya le ofreció a la Fiscalía contar sobre los viajes a Panamá. Se habla de un pago de $700 millones. En la Corte, Benedetti tiene una investigación por parapolítica. Mientras que otros políticos delatados por líderes de las AUC están presos por el mismo caso, la investigación contra el Congresista atlanticense no se movió.

         2.22º Hernán Andrade. Congresista Conservador. Bustos insistió en Sala que había delito contra el congresista Andrade y que el expediente había que estudiarlo a fondo. En la Corte hoy creen que Bustos insistió en que se debía abrir una investigación formal para poder pedirle plata a Andrade. De acuerdo con la información que manejan la Fiscalía y la Corte, al congresista le pidieron $2.300 millones. Proceso ya resuelto: con preclusión en favor del congresista por haber recibido $250 millones, de parte de uno de los abogados participantes en el desfalco a Cajanal. Fue visitado 29 veces por Moreno cuando litigaba. Lo visitó, al menos, 4 veces antes que llamara a ampliación de indagatoria a Andrade.

Dice la Corte que a Andrade le cerraron 3 procesos y en 2, Moreno era el abogado. Pinilla también habla de un inhibitorio a favor de Andrade, cliente de Moreno, que costó $1.200 millones. Bustos fue quien lo recomendó, según se lo confesó a este diario Gerardo ‘yayo’ Torres, esposo de Mabel Parra, magistrada auxiliar de Bustos que acaba de renunciar a la Fiscalía. 

2.23º Otro congresista. Ha declarado que le enviaron a su ciudad a un supuesto ‘sobrino’ de Bustos. Moreno, para arreglar el pago en un parqueadero del aeropuerto. Y al negarse a la exigencia, fue condenado de manera exprés e incluso involucraron en otras investigaciones a familiares y allegados. 

         2.24º El fiscal Saavedra, otro ‘hijo’ de Bustos que aspira a la JEP. La amistad nació en la Universidad Libre.   A igual que el fiscal Moreno, otro abogado que podría decirle ‘papá’ a Bustos es José Eduardo Saavedra. Bustos lo llevó a la Fiscalía de Monte-alegre, a ocupar uno de los cargos más importantes: jefe del CTI Bogotá, donde se ventilan los casos más sensibles y de interés para el propio despacho del fiscal. De allí pasó a otro alto cargo, antes de salir del ente investigador. A partir de allí comenzó en el litigio penal, defendiendo a varios de los alcaldes de Cundinamarca investigados por casos de corrupción. En el último año era muy normal verlo recorriendo pasillos del búnker, en especial la sede de la Fiscalía Cundinamarca, donde se rumoraba que el verdadero abogado de sus clientes era el presidente de la Corte, su mentor Bustos. El magistrado asumía esas defensas en ‘cuerpo ajeno’.

Saavedra fue mencionado en interceptaciones de DEA. El abogado Pinilla le comenta al gobernador Lyons, que entre los contactos que tenían con Moreno, estaba Saavedra. La Fiscalía, rastreados uno por uno los casos que llevaba como litigante. También indaga por sus contactos con Moreno, mientras éste oficio en la Fiscalía.

Saavedra fue jefe del CTI Bogotá cuando la directora nacional era la fiscal Maritza Escobar, quien salió de ese alto cargo por cuenta de un escándalo relacionado con su hermano y paramilitares del Meta.

En la Universidad Libre también se le mencionó en casos de acoso a varias estudiantes, que nunca se atrevieron a denunciarlo.

Saavedra puso su nombre a consideración para ser incluido en una de las ternas de las que saldrán los miembros de la JEP, Justicia Especial para la Paz. Aspiración que se vería frustrada, ahora que su nombre aparece en la lista de salpicados por el escándalo de corrupción político-judicial más grande de las últimas décadas. Escándalo en el que su ‘papá’ también está involucrado.

         2.25º Las 3 hijas del magistrado Bustos. Bustos no es el único de su familia que vive del Estado. Sus hijas, exesposa, esposa, amigas y amigos, han tenido o tienen contratos o empleos con diferentes entidades del Estado.   Angélica María, Ximena Liliana y Paula Andrea Bustos Velasco   también, con contratos en distintas dependencias.

1ª Paula Andrea. Odontóloga.   Denunciada por el hermano del alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corso, por haberle pedido la suma de $800 millones a cambio de que Bustos resolviera a favor suyo un recurso de casación en la sala penal de la corte suprema cuando él era presidente de dicha corporación.

En junio de 2013, Paula Andrea suscribió con la Personería de Bogotá el contrato 181-2013, por $12 millones. 2 meses después, firmó uno nuevo, el 267-13 por valor de $28.4 millones. Por esa época, el confeso fiscal anticorrupción,  Moreno, también tenía contratos con aquella entidad.   En ese entonces, el personero de Bogotá era Ricardo Cañón, aliado irrestricto del fiscal, Eduardo Montealegre Lynett.

         Contra Cañón, existieron fundadas denuncias de una participación suya en el denominado ‘carrusel de la contratación’. La fiscalía de Montealegre jamás investigó ese caso, el cual duerme en alguna olvidada gaveta del ente acusador. Gustavo Moreno le metió la mano al asunto. Lo cierto es que nunca se logró establecer realmente cuál fue la participación del personero en el escándalo de corrupción que se vivió en Bogotá.

         2ª Angélica María. Profesional en zootecnia. Contratos con el ICA y el DANE. En  enero 16 de 2013 suscribió el contrato 0480-2013 por $28.060.000 millones con el gerente del ICA, Carlos Alberto Soto Rave.   Un año después, con el DANE, le dieron un contrato por $17.5 millones.

         3ª María Ximena. Ingeniera electrónica. Desde   febrero 5 de 2015 trabaja en la contraloría de Bogotá. Empezó siendo subdirectora de fiscalización de telecomunicaciones, luego subdirectora de análisis de estadísticas e indicadores y finalmente subdirectora de recursos materiales.

         2.26º Ana Josefa Velasco de Bustos. Exesposa de Bustos. Otra beneficiada por las influencias de Bustos, quien pasó de profesional grado 17 a procuradora judicial bajo el mando de Ordóñez.

         2.27º Martha Cristina Pineda Céspedes. Esposa de Bustos. Nombrada por el procurador Ordoñez, como Procuradora 26 Judicial II Penal de Bogotá luego que Bustos se posesionara como Magistrado de la Corte.

      Cuando Bustos ocupaba la presidencia de la Corte, Pineda Céspedes se autodenominaba la “Primera Dama de la Corte Suprema de Justicia”.

         Ternada en 2016 por Santos para integrar la Comisión de Disciplina Judicial, órgano que reemplaza a la cuestionada Sala Disciplinaria de la Judicatura.

         En 2017 Pineda Céspedes, firmo contrato por 7 meses con la alcaldía de Peñalosa en la Secretaria Distrital de Ambiente por $72.520.000, $10 millones mensuales, “Para orientar a la SDA en las actuaciones penales derivadas de las acciones de control y seguimiento, en el marco del direccionamiento estratégico”.

         Pineda le consiguió a Luz Mábel Parra, ex pareja de a. ‘yayo’, el puesto de magistrada auxiliar en el despacho de Leonidas Bustos, tras estar como fiscal delegada ante la Corte y antes en la procuraduría de Ordoñez. En su declaración negó haber llegado a la Corte por recomendación de alguien, contradiciendo lo dicho por su exmarido.

         Moreno detalló cómo le entregó a Pineda una camioneta ‘0’ kilómetros, Dodge Journey, gris tormenta, de $80 millones, como pago a las citas que ofrecía con la esposa de Bustos para concretar los negocios sucios. 

2.28º Germán Vargas Lleras, Bustos, Moreno y   alias ‘Yayo’. Claves en el archivo de los procesos por parapolítica contra Vargas Lleras. Las conexiones entre el abogado Gerardo Torres Roldán a. ‘yayo’ con el delincuente confeso Gustavo Moreno, la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, la familia Vargas Lleras y distintos congresistas como Germán Varón y el presidente del partido conservador Hernán Andrade.

         ‘El eslabón perdido entre Moreno y Vargas Lleras’. Se menciona el rol de ‘yayo’, tanto para el nombramiento de Moreno como jefe anticorrupción de la Fiscalía, como en su mediación en el archivo de la investigación por parapolítica en la Procuraduría y en la Corte Suprema contra Vargas Lleras, el único presidente del Congreso de la época que salió airoso de las acusaciones e investigaciones por nexos con las AUC.

         Angela Benedetti Embajadora en Panamá. En 2010 Torres era abogado de la embajadora en Panamá, Benedetti, hermana del congresista Armando B., investigada por en el ‘Carrusel de la contratación en Bogotá’ por su conocida reunión ‘desayuno’ con los reos Nule. La investigación fue archivada durante la Fiscalía de Iguarán, también compañero de Moreno y Torres en el Externado.

         Reunión que la embajadora organizó en Panamá con los magistrados Javier Zapata y Leonidas Bustos, la procuradora, Martha Cristina Pineda Céspedes y los abogados Moreno y ‘yayo’. El encuentro en septiembre de 2012 tenía como propósito lograr una asesoría con el gobierno de Panamá para la implementación de su sistema penal acusatorio. Como embajadora, Angela Benedetti gestionó reuniones con el presidente Corte Suprema y el Fiscal General de Panamá.

         Cambio Radical. Torres es cercano a la familia Benedetti Villaneda y a la de Vargas Lleras. Conoció al jefe de Cambio Radical por vía del congresista Germán Varón Contrino, a quien asesoró hasta julio 11 de 2017, cuando renunció a la su cargo en la UTL.

         La cercanía de Moreno y Torres con Cambio Radical y los magistrados Bustos y Ricaurte, está signada por un intercambio de favores políticos y burocráticos. El partido del Vargas, antes de apoyarlo para llegar a la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía, lo impulsó para remplazar al personero de Bogotá Ricardo Cañón.

         La simpatía y agradecimiento de Cambio Radical con Gerardo Torres tiene una razón de mucho peso: gracias a sus manejos en la Corte Suprema logró que su esposa, la abogada Luz Mabel Parra Echandía, magistrada auxiliar de Bustos, archivara la investigación contra Vargas por sus relaciones con las AUC de los llanos orientales de ‘Martin Llanos’.

         Luz Mabel Parra Echandía, fue nombrada en el cargo de Fiscal Delegada Ante la Corte Suprema por recomendación directa de Vargas al Fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Tráfico de influencias?

         Procurador Ordóñez. ‘Yayo’ también logró que sus influencias hicieran efecto en el despacho del procurador Ordóñez. En mayo de 2013, la Procuraduría archivó el proceso por parapolítica que seguía a Vargas. Bustos, con quien tiene una probada relación profesional, de amistad y de negocios, tenía poder en el órgano de control disciplinario con 2 cargos de alto nivel: su esposa Ana Josefa Velasco, Procuradora Judicial; y su amiga, Pineda, en un cargo directivo en el despacho de Ordóñez.

         La relación de Vargas con Torres está lejos de ser algo casual. La cercanía con su hermano Enrique Vargas y con la familia es tan grande que una de las mascotas del vicepresidente, su perro ‘Mancho’, de raza Bull Dog francés, fue un regalo de su amigo a. ‘yayo’.

         Otras conexiones de a. ‘yayo’ y Moreno con el poder del país.

1ª. Las hermanas Mejía Restrepo, Eleonora y María Fernanda. La primera fue novia de Moreno y la segunda es la actual compañera de Torres. Eleonora Mejía fue asesora de la UTL del congresista Hernán Andrade a quien Moreno representó en un proceso ante la Corte y María Fernanda es asesora de la UTL de Germán Varón.

         2ª. Ricardo Cañón. Personero de Bogotá. Hoy en la Contraloría de Bogotá, también forma parte del circuito de Moreno, Torres y Cambio Radical. En su despacho tenía como asesora a la hija de Bustos, la odontóloga Angélica Bustos, con un salario de $10 millones mensuales.

         3ª. Luis Alfredo Ramos y Liliana Rendón. El gobernador de Antioquia tuvo como abogado a Moreno. Lo recomendó directamente Bustos con quien el dirigente conservador tiene una antigua relación que jugó a favor de la congresista antioqueña Liliana Rendón quien fue investigada por la Corte Suprema.

         4ª. Trabajó con Moreno en 4 procesos: el de los senadores Hernán Andrade y Jorge Rozo, de Cambio Radical; el del alcalde Chaparro; el del minjusticia Jorge Londoño, ministerio que le dio 2 jugosos contratos.

         2.29º Bustos está vinculado como quien promovió la llegada de Moreno a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.

2.30º Bustos afirmo en la corte en octubre de 2017 “que no es cercano al joven y corrupto abogado”. Bustos viajó al menos 2 veces a Miami y Panamá con el fiscal corrupto Moreno; negoció con él un BMW de $110 millones; lo recomendó para ser el defensor del Congresista Hernán Andrade y lo recibió 29 veces en su despacho de la Corte Suprema.

Otro rastro de los nexos entre Bustos y Moreno. Se llama ‘International Legal Consulting’. A esa firma fue a parar el BMW, ‘0’ kilómetros, último modelo, ‘todo full’, de placas RHV 017 que Bustos le regaló a Moreno, pero que el magistrado dice haber vendido legalmente acudiendo a un testaferro: el fiscal Raúl Acero. La misteriosa empresa de Moreno, fue creada en junio de 2013 bajo el nombre de ‘Moreno Estudios Legales’, 3 meses antes de que Acero le traspasara el carro siguiendo instrucciones de Bustos. En octubre de 2013, Moreno puso el carro a nombre de su empresa y antes de revendérselo al Grupo H.G. SAS, compañía dedicada a la venta de finca raíz, constituida en Cali y cuyos voceros dicen no recordar la transacción. 

Aunque Moreno aparece como único accionista de ‘International Legal Consulting’, uno de los secretarios generales de la empresa es Aldemar Guarnizo García. Se trata de un abogado que lo acompañó en procesos ante la Corte, entre estos uno contra Jorge Enrique Rozo Rodríguez, congresista por Cundinamarca y quien milita en Cambio Radical.

Rozo obtuvo una preclusión a su favor en enero 20 de 2017 y, según dice, ha servido de informante a la Fiscalía dentro del proceso que se adelanta por alteraciones de los POT, planes de ordenamiento territorial, de varios municipios de la sabana de Bogotá, caso del que acusan a Moreno de engavetarlo en su paso por la Unidad Anticorrupción.

La misteriosa empresa de Moreno entró en liquidación en julio 10 de 2014 por ser inviable económicamente. No obstante, aparece pagando por el BMW de Bustos $110 millones, once veces lo que tenía en bancos. Se indaga si fue usada para ocultar pagos del ‘cartel de la toga’.

         2.31º ‘Escándalo del POT por volteo de tierras’. Contratos de asesoría de Bustos. Siendo gobernador Jorge Rey, la Gobernación de Cundinamarca suscrito un contrato en febrero de 2017, de 6 meses, por $87 millones, $12 millones mensuales, con la firma ‘Bustos Martínez Consultores S.A.S.’  Para brindar asesoría jurídica a la Secretaría Jurídica del Departamento”.

El contrato se generó luego de conocerse las denuncias que destapó un ‘escándalo del POT por volteo de tierras’ en varios municipios de Cundinamarca. En denuncia de enero 9 de 2017, cuando Moreno era fiscal anticorrupción en la Fiscalía, se acusaba de actos de corrupción a Rey, Nicolás García Bustos, jefe de gabinete, Jorge Enrique Machuca, gerente de la licorera, los alcaldes de Mosquera Raúl Emilio Casallas, Álvaro Rozo y Álvaro Rincón, entre otros. La acusación es que se habrían lucrado de cambiar el uso del suelo en ciertas zonas a cambio de sobornos.