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Carrusel Bogotá. Servidores Públicos Condenados

Servidores Públicos Condenados
         1ª Liliana Pardo Gaona. Directora del IDU. Le dieron casa por cárcel durante 3 años pero como dejó de asistir a 5 audiencias profirió medida de aseguramiento consistente en detención en centro carcelario, tras solicitud de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema como responsable del delito de cohecho propio en concurso homogéneo.
         De acuerdo al expediente, la directora recibió promesa remuneratoria de funcionarios públicos y de contratistas a cambio de adjudicación de contratos por $7.500 millones representadas en bienes y efectivo, los cuales habrían sido entregados al congresista Germán Olano y a Miguel Ángel Moralesrussi, implicados por los mismos hechos.
         2º Inocencio Meléndez Julio. Abogado, jefe jurídico del IDU. Condenado en 2011 a 7 años de prisión. Ya recobro su libertad y es actual testigo de la Fiscalía. Aceptó la responsabilidad por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
         Meléndez fue el primer condenado por carrusel y por ende, en el acuerdo que llegó con la Fiscalía, entregó pruebas que hoy tiene tras las rejas a más de una docena de personajes.
Estuvo 3 años privado de la libertad y pagó multa de $12 millones, regresó a casa en donde cumplirá el resto de su sentencia.
         Entre los testimonios que deberá rendir Meléndez: contra el concejal de Bogotá José Juan Rodríguez Rico, que demostró un contubernio con la directora del IDU, Liliana Pardo Gaona.
         3º Héctor Zambrano Rodríguez. Secretario de salud de Bogotá. 13 años de prisión por recibir dinero para la adjudicación del contrato que iba a prestar el servicio ambulatorio en Bogotá. Participación en el contrato por $69 mil millones para el servicio de ambulancias. En principio se declaró inocente pero después llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Debido a que conoce la administración pública, se convirtió en el testigo estrella del carrusel.
         4º Iván Alberto Hernández Daza. Director de la UAMV, Unidad Administrativa de Mantenimiento Vial. Condenado a 16 meses de prisión y 20 salarios mínimos como multa, colaborará con la justicia. La Fiscalía le imputó cohecho impropio.
Entre julio de 2009 y junio de 2010, habría recibido dinero de empresas contratistas para beneficio propio y de concejales. Se hizo un ‘pacto’ entre los concejales Andrés Camacho Casado, Orlando Parada e Hipólito Moreno para burocratizar la entidad y ponerla al servicio del crimen, indica el expediente. Recibió el dinero para los 3 concejales en recibos tramitados por la firma contratista ‘Empresa de la Patria’ que a la vez se sirvió de varias adjudicaciones de contratos.  
         5º Francisco Rojas Birry. Personero. Condenado a 8 años de prisión por haber recibido dinero para no ejercer sus funciones como vigilante de los recursos públicos. Recibió $200 millones de la captadora ilegal DMG. En la cárcel La Picota fue involucrado en el escándalo de las ambulancias y aceptó su participación. Hoy está a la espera del juicio.
         6º Miguel Ángel Moralesrussi. Contralor. Desde que fue privado de la libertad se ha declarado inocente. La principal acusación es que no ejerció sus funciones y a cambio recibió dinero por las adjudicaciones irregulares.  Según la investigación hay responsabilidad penal del contralor por exigir comisiones para favorecer a contratistas de obras. Se le investiga por el delito de concusión.
         7º Samuel Moreno Rojas. Alcalde. Condena: 24 años de cárcel. Privado de la libertad en la Escuela de Caballería. Siempre se ha declarado inocente porque es una ‘persecución política’.
         En septiembre 26 de 2011, un juez Penal del Circuito con funciones de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y profirió medida de aseguramiento, de detención preventiva sin beneficio de excarcelación.
La medida afectó a Moreno Rojas por su responsabilidad en: interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. Se tuvo en cuenta las modificaciones a los requisitos de experiencia de los proponentes en los contratos, la reducción del patrimonio, las condiciones de experiencia, los cambios a los pliegos en general, en beneficio de ‘Transvías’ de los Nules, y posterior, de ‘Vías de Bogotá SAS’.  Suspendido por la Procuraduría.
         Carrusel de las ambulancias. Mientras Moreno Rojas esperaba el turno para el juicio aplazado en varias oportunidades por los sobrecostos en las obras de la calle 26 por cerca de $195 mil millones, en abril 30 de 2017, ante la Juez 41 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, una fiscal delegada ante la Corte Suprema imputó al alcalde Moreno Rojas, cohecho propio en concurso con interés indebido en la celebración de contratos por la compra de ambulancias.
         Según el expediente Moreno le pidió al secretario de Salud  Héctor Zambrano que tuviera confianza en Emilio Tapia, quien debía manejar el dinero.
         Zambrano recibió dineros del contrato que buscaba la consecución de ambulancias, dotadas con equipos para atender a la población, contrato en el que se habían puesto de acuerdo el presidente del Concejo de Bogotá Hipólito Moreno  y los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez.

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