16º Carruseles de la Contratación en Bogotá
1946-2017 El metro de Bogotá.
Costo Estudios. ¿Cuantos billones se han gastados los
servidores públicos en estudios para el metro de Bogotá desde 1946? falta
1990-1992 Carrusel de la Contratación. Alcalde de Bogotá. Juan Martin Caicedo Ferrer y Marcela Airó de Jaramillo secretaria de
Hacienda, fueron condenados por robo al tesoro público de Bogotá. Caicedo Ferrer haciendo mal uso de los mal llamados
‘auxilios’ en su época repartió presupuestos de manera irregular a entidades
privadas, concejales y contratistas. La lista de concejales implicados en este
carrusel de auxilios y obras a medias incluyó en su momento a un arsenal de
vigentes y reconocidos políticos dados al arte del CVY ‘como voy Yo’, el MTC y
la compra-venta de conciencias y votos entre los que se incluían a los todavía
activos en política y que hacen parte de las moralistas huestes conservadoras:
Telésforo Pedraza y Omar Mejía Báez y a los retirados Ricaurte Lozada, Marta
Luna, Dimas Rincón, Flor Elba Cárdenas, Jaime Casabianca, Guillermo
Morales, Bernardo Ordóñez, Rafael Forero Fetecua, urbanizador pirata,
especializado en la venta de lotes baldíos con escrituras falsas a
familias de escasos recursos.
1983-1992 Carrusel de la Contratación. FVS, Fondo de
Vigilancia y Seguridad del Distrito. Otro fortín de la corrupción. El FVS, hace parte del conjunto de instituciones y dependencias públicas
que se han constituido al pasar de los años, en fortines políticos y
económicos; donde no se tomaban ningún tipo de decisiones, particularmente
contractuales, sin el visto bueno del jefe político de turno.
El
ejemplo de FVS puede resultar paradigmático: En el Acuerdo 9 de 1980 de
creación, en el Acuerdo 18 de 1983 que derogó el anterior, la clase política a
través de los concejales había asegurado la participación en la junta
administradora del FVS, el Acuerdo 28 de 1992 incluyó, además, un parágrafo que
supedita cualquier compra destinada a la Policía Metropolitana, Mebog, a las
especificaciones, niveles técnicos, cantidades y referencias indicadas por el
comando respectivo, o aprobadas previamente por él. Cabe señalar que algunos
actos administrativos posteriores, han tratado de tecnificar y organizar el
objeto social del referido FVS, no obstante, los niveles de corrupción,
ineficiencia y falta de control se mantienen.
2000-2017 Carrusel de la Contratación. Losas Transmilenio. Robo$34 mil millones. Andrés
Camargo Ardila, director del IDU y María Elvira Bolaño asesora
del IDU, Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, de la primera alcaldía de Peñalosa, condenados a
85 meses de prisión, por peculado culposo y celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de
requisitos legales, por las
irregularidades que se presentaron en la contratación y el mal funcionamiento de las construcción de la troncal y losas del Transmilenio Fase II en la
Autopista Norte con la firma Conciviles. Se condenó al constructor
Alberto Otoya y al interventor Álvaro Silva Fajardo por peculado culposo a 10
meses, sin derecho a excarcelación. Las baldosas de la fase II de Transmilenio
Caracas, Autopista norte, Calle 80, Suba, Eje ambiental y Américas, son algunas
de las más destruidas de las 3 fases que se encuentran en funcionamiento.
Siendo el sector más afectado la Avenida Caracas que atraviesa la ciudad de
norte a sur.
Maraña. Las losas de la vía
por la cual transita el Transporte Masivo en Bogotá, Transmilenio, sufrieron
daños después de 5 años de ser instaladas, cuando tenían una vida útil de 20
años. La razón fue el uso de un relleno fluido que resultó ser erosionable como
material de nivelación, las más afectadas fueron las losas de la llamada
Autopista Norte, entre las calles 80 y 170 de Bogotá. Hasta diciembre del 2007
el IDU había reparado 1.262 losas en la
Autopista Norte y 1.340 en la Avenida Caracas.
El
costo de estos arreglos fue de $16.542 millones ous8.558.000 millones de
dólares. En total, hasta el 2008 en la Autopista Norte en las reparaciones a
las losas instaladas se habían invertido $7.635 millones o us3.950.144 y en la
Avenida Caracas, $8.907 millones o us4.608.000. La Autopista Norte tiene 24.753
losas y se ha reparado 5,1% del total, y la Avenida Caracas, 16.997 de la que
se han arreglado el 8%.
En
julio 23 del 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción
popular instaurada por la Contraloría Distrital para que se establecieran los
responsables de los daños en las losas de la troncal Autonorte de Transmilenio.
En el 2005 fueron abiertos 9 procesos por responsabilidad fiscal por parte de
la Contraloría.
En
diciembre de2006, siete personas fueron llamadas a juicio por la Fiscalía. Entre ellos, el director del IDU Andrés
Camargo y 2 servidores de la entidad. Dicha determinación se derivó del pliego
de cargos que la Procuraduría le formulo a Camargo por negligencia en la
construcción del tramo en mención.
La
Contraloría profirió en febrero de 2008, un auto de imputación por
responsabilidad fiscal por la suma de $9.268 millones,us4.795.000 debido a los
daños en las losas que se presentaron en la troncal de la Avenida Caracas,
entre las calles 80 y sexta. El fallo, por una cuantía de $7.304 millones o us3.778.893,
cobija con responsabilidad fiscal:
1º Andrés Camargo. Director del IDU.
2º Carlos Alberto Torres
Escallón. Subdirector del IDU.
3º Óscar Hernando
Solórzano Piedrahíta. Director técnico
de construcciones.
4º María Elvira Bolaño
Vega. Gerente del proyecto.
5º Antonio José
Jaramillo. Coordinador general de la
construcción.
6º Jorge Alberto Ordóñez. Coordinador de las obras.
7º El interventor del
contrato. Consorcio conformado por
las empresas Integral S.A., Silva Fajardo y Cía Ltda y Silva Carreño y
Asociados S.A.
8º La responsabilidad
también fue extendida a las compañías de seguros, terceros civilmente responsables:
Aseguradora Suramericana, Seguros del Estado y La Previsora S.A.
2004 Carrusel de la Contratación. Vía
Bogotá-Girardot. Grupo Nule. Robo $170.800 mil millones.
Falta
Desfalco: ANI, Agencia
Nacional de
Infraestructura. Génesis. El Inco da la concesión de la doble calzada
Bogotá-Girardot, uno de los proyectos viales más relevantes del país. Dos años más tarde comienzan a sonar, las
primeras acusaciones por evasión de impuestos y por irregularidades en la
ejecución del contrato para el diseño, construcción, rehabilitación, operación
y mantenimiento del proyecto vial Bosa – Granada - Girardot, suscrito entre el
Inco y la ‘Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot’.
Daño. La
autopista Bogotá-Girardot cuente con retrasos e ineficiencias en su ejecución
perjudica de manera inmediata a quienes transitan por la vía. Los retrasos
incrementan la estructura de costos y de este modo afectan a futuro los
recursos públicos provenientes de los aportes de los ciudadanos vía impuestos.
Implicados:
-Manuel Francisco Nule Velilla -Miguel Eduardo Nule Velilla
-Guido Eduardo Nule Mariño -Luis
Carlos Ordosgoitia
-Álvaro José Soto García -Alfredo
Pérez Santos
-Julio César Arango Garcés -Álvaro
Escalante Rodríguez
-Juan Manuel Martínez Paz -Miguel
David Bonilla España
-Jaime Fernando Ortiz Díaz -MVN
S.A. en liquidación judicial
-Vergel y Castellanos S.A. -Álvarez y Collins S.A.
-Consultoría Colombiana S.A. -B & C S.A.
-Enrique Dávila Lozano EDL SAS
-Ingenieros Proyectos Consultorías IPC SAS
-Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A.
En 2004 la Dirección Nacional de
Estupefacientes le otorgó un préstamo de $26 mil millones al Grupo Nule para
financiar la doble calzada Bogotá-Girardot.
2007 Carrusel de la
Contratación. Transmilenio Calle 26.
Grupo Nule. Robo $156 mil
millones. Desfalco: al
IDU. Pese a los sobornos, el emporio Nule, ganó el contrato de la calle 26 que
giraba en torno a los $315 mil millones. Este caso provocó que se revelara que
no cumplirían con las fechas de entrega, además, los Nule habían obtenido un
préstamo por parte de la DNE, para la vía Bogotá-Girardot. Dadas todas sus
irregularidades e incumplimientos se les declararon en el 2010 a cinco de sus
empresas en banca rota y en el 2011 se les convocó a una audiencia por 5
delitos. Los implicados en este caso han sido llamados para declarar por el
caso Odebrecht.
Génesis. Irregularidades en la
celebración del contrato IDU número 137 de 2007, suscrito el 28 de diciembre,
entre el IDU y la Unión Temporal Transvial, integrada por Tecnología e
Ingeniería Avanzada S. A., Condux S. A., Megaproyectos S. A., Mainco S. A.,
Bitácora Soluciones Ltda., Translogistic S. A. Dicho contrato corresponde al
grupo de 4 obras licitadas por el IDU mediante licitación pública.
Trama. Los hermanos Nule,
contratistas, la Odebrecht,
reconocidos por tener más de 80 consorcios entrelazados, llevar a cabo el
manejo de proyectos tales como la vía Bogotá – Girardot y sobre todo
Transmilenio – Calle 26, este último, dejando una deuda aproximada de $156 mil
millones. A partir de allí, se descubrió el manejo y la gran cantidad de
negocios que tenían se daba a partir del denominado ‘Carrusel de la contratación’,
donde cada uno de los contratistas pedía por adelanto las comisiones ante el
Distrito; donde se realizaba la entrega de un 8% de comisión para altos
servidores de la Alcaldía de Bogotá.
Efectos. El retraso de las obras
de Transmilenio por la calle 26 afectando tanto a los ciudadanos como a
los contratistas que estuvieron involucrados para tomar el proyecto. Las fallas
del Estado en la contratación pública, en la revisión e interventoría del
manejo de contratos en la parte de concesiones viales. La afectación de la
movilidad en el tramo durante 3 años en Bogotá. La pérdida de credibilidad y prestigio
en la administración y sistema jurídico en la Alcaldía de Bogotá.
Daño. Los bogotanos son las
víctimas. Sus derechos a la movilidad y al buen uso del patrimonio público
fueron vulnerados. En los actos de corrupción derivados de la contratación en
la capital, en especial provenientes de la construcción de la Troncal de
Transmilenio sobre la calle 26. La afectada es la ciudadanía bogotana y la
imagen institucional, que genera pérdida de credibilidad en la administración y
en el sistema jurídico.
Vinculados. Más de 110 personas han sido procesadas por el caso.
-Manuel Francisco y Miguel Eduardo Nule Velilla -Guido Alberto Nule Mariño
-Luis Eduardo Garzón -Liliana
Pardo Gaona
-Néstor Eugenio
Cardona -Inocencio
Meléndez Julio
-María Clemencia Cantini Ardila -Carmen Elena Lopera Fiesco
-Luis Eduardo Montenegro Quintero -Aldemar Cortés Salinas
-María Natalia Laurens Acevedo -Luis Esteban Prada Bretton
-Carmen del Rosario Silgado Rodríguez -Nicolás José Giraldo Bedoya
-Giovanny Adolfo Arenas Beltrán
-Miguel Ángel Morales Russi, contralor distrital,
condenado.
-Germán Olano, congresista, condenado.
-Samuel Moreno, Alcalde, condenado a 24 años
-Iván Moreno Rojas, congresista, condenado a 14 años de
cárcel.
2010-2017 Carrusel de la
Contratación. Bogotá. Robo
$2 billones.
Falta. Los
órganos de control nunca se han
pronunciado sobre el ‘Carrusel Nacional de la Contratación’ de los Nules en
todo el país, con más aberrantes y peores implicaciones y más cuantiosos
sobrecostos y sobornos. Falta
En enero de 2010, se
evidenció con los retrasos en las obras de la 3ª Fase de Transmilenio por la
Calle 26, debido a que los anticipos por más de $80 mil millones fueron a parar
a otros intereses del Grupo Nule, quienes eran accionistas mayoritarios de la
‘Unión Temporal Transvial’, encargada de adelantar estas obras, que fueron
cedidas a Conalvías, quien pago comisiones para quedarse con la obra, que
implico sobrecostos de $197 mil millones.
Junio 25 de 2010. Fue
revelada la ‘prueba reina’ de este escándalo. Una grabación entre el Miguel
Nule y el congresista liberal Germán Olano Becerra, la Procuraduría lo
destituyó e inhabilitó por 12 años; Condenado a 8 años de prisión por
enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, además influencio, para que
los Nule se hicieran cargo de la reparación de la malla vial de la 3ª fase de
Transmilenio y la valorización, conversación, en la que se pacta una comisión
para el contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Russi, con el fin de que
ignorar las irregularidades en la adjudicación ilegal del contrato de la Calle
26.
La justicia ha probado, hasta ahora, graves irregularidades
y multimillonarias ‘mordidas’ en 3 contratos: 2 de mantenimiento de la malla
vial, que se adjudicaron por cerca de $200 mil millones, y 1 para la
construcción de un tramo de Transmilenio, por más de $400 mil millones. Según
las pruebas, a Morales Russi, le dieron $3.500 millones. Un informe de la
Fiscalía, calcula que el detrimento patrimonial habría alcanzado los $2
billones.
Por este escándalo, fueron imputados 17 Concejales. Hay 2
presos:
José Juan Rodríguez. Partido
Verde. En La Picota
Hipólito Moreno. De la
U. Recibió temporalmente casa por
cárcel.
Otros 2 concejales están negociando con la justicia su
colaboración, es decir, confesando y reconociendo que hicieron parte de la
estructura criminal que desfalcó a la ciudad.
Qué pasa con estas curules. Nada, serán reemplazados
por otros de su partido, como si nada hubiera pasado.
Judicialización. Hay más de 26 condenados,
juicios en curso, cerca de 90 implicados, Contratistas, servidores públicos, políticos, congresistas,
concejales, se iniciaron embargos con fines de Extinción de dominio, son tales
los tentáculos del desfalco a Bogotá que se pierde la pista.
La
investigación por el carrusel de contratos ha estado en manos de 4 fiscales
generales: Guillermo Mendoza Diago, Vivianne
Morales, Martha Lucía Zamora y Eduardo Montealegre Lineth
El
proceso ha tenido 4 fiscales investigadores, Germán Pabón, Ricardo González el
hombre que convenció a Emilio Tapia para que se convirtiera en testigo, Jaime
Zetien y Juan Vicente Valbuena, que tiene en la cárcel o a puertas de ella a
todas las fichas de este carrusel.
Servidores Públicos
Condenados
1ª Liliana
Pardo Gaona. Directora del IDU. Le
dieron casa por cárcel durante 3 años pero como dejó de asistir a 5 audiencias
profirió medida de aseguramiento consistente en detención en centro carcelario,
tras solicitud de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema como responsable
del delito de cohecho propio en concurso homogéneo.
De acuerdo al
expediente, la directora recibió promesa remuneratoria de funcionarios públicos
y de contratistas a cambio de adjudicación de contratos por $7.500 millones
representadas en bienes y efectivo, los cuales habrían sido entregados al
congresista Germán Olano y a Miguel Ángel Moralesrussi, implicados por los
mismos hechos.
2º Inocencio Meléndez
Julio. Abogado,
jefe jurídico del IDU. Condenado en 2011 a 7 años de prisión. Ya recobro su
libertad y es actual testigo de la Fiscalía. Aceptó la responsabilidad por interés
indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de
requisitos legales, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
Meléndez fue
el primer condenado por carrusel y por ende, en el acuerdo que llegó con la
Fiscalía, entregó pruebas que hoy tiene tras las rejas a más de una docena de
personajes.
Estuvo 3 años privado de la libertad y pagó multa de $12
millones, regresó a casa en donde cumplirá el resto de su sentencia.
Entre los
testimonios que deberá rendir Meléndez: contra el concejal de Bogotá José Juan
Rodríguez Rico, que demostró un contubernio con la directora del IDU, Liliana
Pardo Gaona.
3º Héctor Zambrano Rodríguez. Secretario de salud de Bogotá.
13 años de prisión por recibir dinero para la adjudicación del contrato que iba
a prestar el servicio ambulatorio en Bogotá. Participación en el contrato por $69
mil millones para el servicio de ambulancias. En principio se declaró inocente
pero después llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Debido a que conoce la
administración pública, se convirtió en el testigo estrella del carrusel.
4º Iván
Alberto Hernández Daza. Director de la UAMV,
Unidad Administrativa de Mantenimiento Vial. Condenado a 16 meses de prisión y
20 salarios mínimos como multa, colaborará con la justicia. La Fiscalía le
imputó cohecho impropio.
Entre julio de 2009 y junio de 2010, habría recibido dinero
de empresas contratistas para beneficio propio y de concejales. Se hizo un
‘pacto’ entre los concejales Andrés Camacho Casado, Orlando Parada e Hipólito
Moreno para burocratizar la entidad y ponerla al servicio del crimen, indica el
expediente. Recibió el dinero para los 3 concejales en recibos tramitados por
la firma contratista ‘Empresa de la Patria’ que a la vez se sirvió de varias
adjudicaciones de contratos.
5º Francisco Rojas Birry. Personero. Condenado a 8 años
de prisión por haber recibido dinero para no ejercer sus funciones como
vigilante de los recursos públicos. Recibió $200 millones de la captadora ilegal DMG. En
la cárcel La Picota fue involucrado en el escándalo de las ambulancias y aceptó
su participación. Hoy está a la espera del juicio.
6º Miguel
Ángel Moralesrussi. Contralor. Desde que
fue privado de la libertad se ha declarado inocente. La principal acusación es
que no ejerció sus funciones y a cambio recibió dinero por las adjudicaciones
irregulares. Según la investigación hay
responsabilidad penal del contralor por exigir comisiones para favorecer a
contratistas de obras. Se le investiga por el delito de concusión.
7º Samuel
Moreno Rojas. Alcalde. Condena: 24
años de cárcel. Privado de la libertad en la Escuela de Caballería. Siempre se
ha declarado inocente porque es una ‘persecución política’.
En septiembre
26 de 2011, un juez Penal del Circuito con funciones de control de garantías
acogió la solicitud de la Fiscalía y profirió medida de aseguramiento, de
detención preventiva sin beneficio de excarcelación.
La medida afectó a Moreno Rojas por su responsabilidad en: interés
indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de
terceros. Se tuvo en cuenta las modificaciones a los requisitos de experiencia
de los proponentes en los contratos, la reducción del patrimonio, las
condiciones de experiencia, los cambios a los pliegos en general, en beneficio
de ‘Transvías’ de los Nules, y posterior, de ‘Vías de Bogotá SAS’. Suspendido por la Procuraduría.
Carrusel de las ambulancias. Mientras
Moreno Rojas esperaba el turno para el juicio aplazado en varias oportunidades
por los sobrecostos en las obras de la calle 26 por cerca de $195 mil millones,
en abril 30 de 2017, ante la Juez 41 Penal Municipal de Bogotá, con función de
control de garantías, una fiscal delegada ante la Corte Suprema imputó al
alcalde Moreno Rojas, cohecho propio en concurso con interés indebido en la
celebración de contratos por la compra de ambulancias.
Según el
expediente Moreno le pidió al secretario de Salud Héctor Zambrano que
tuviera confianza en Emilio Tapia, quien debía manejar el dinero.
Zambrano
recibió dineros del contrato que buscaba la consecución de ambulancias, dotadas
con equipos para atender a la población, contrato en el que se habían puesto de
acuerdo el presidente del Concejo de Bogotá Hipólito Moreno y los
contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez.
Contratistas Implicados y
Condenados
1º Héctor
Julio Gómez González. Condenado a 10 años.
Por sobornar en el IDU para beneficiar a sus empresas con la contratación
estatal. Sentenciado por peculado por apropiación en concurso homogéneo y
sucesivo, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio
también en concurso homogéneo y sucesivo.
Arquitecto y
contratista de los Nule. Obraba como contratista e inició las llamadas
“comisiones de éxito”. Su propósito era el de apropiarse del totalde la
contratación del IDU. Gómez en la adjudicación de los contratos de la troncal
Calle 26 se benefició de una suma millonaria. En coautoría con Samuel e Iván
Moreno, Liliana Pardo y otros funcionarios, que habían aceptado el beneficio
del 8%, en la adjudicación de los contratos de la malla vial de Bogotá,
colaborando para que las empresas de los Nule salieran favorecidas con estos
contrato de obra e interventoría.
2º Manuel Sánchez Castro. De la U. Abogado, cónsul, alcalde local, edil y aspirante
a Personero. Uno de los llamados ‘cerebros’ del ‘carrusel’. Está a la espera de
la condena después que se acogió al principio de oportunidad, en noviembre de
2013 negoció con la Fiscalía convertirse en testigo del proceso.
Sánchez fue contratista
estrella en el Distrito. Los lobistas Álvaro Dávila, Emilio Tapia entre otros,
sacaron del ‘ponqué’ de la contratación a Sánchez, hasta el punto que perdió el
cargo de Personero de Bogotá.
3º Emilio Tapia Aldana. Contratista. Condenado a 17 años de prisión. Está preso en la cárcel
La Picota. La mayor
condena por el escándalo, es testigo de la Fiscalía. De testigo ‘estrella’ a lavado de activos. Tapia, se autodenominó
en la estructura del ‘carrusel’ como el testaferro de los Moreno Rojas. Es uno de
los mayores beneficiados con la justicia porque fue de los primeros que se
declaró culpable y dispuesto a delatar con pruebas a sus cómplices.
Tapia gozó de
libertad debido al valor de las pruebas que presentó, pero fue capturado junto
a su testaferro Jesús David Sierra por el delito de lavado de activos.
Tapia se hizo
visible en un restaurante del exclusivo centro comercial Andino y en un
concierto de Carlos Vives donde la boleta valía $1 millón. Los testimonios de
varios contratistas, entre ellos los hermanos Nule y Julio Gómez, permitieron
la apertura de la investigación en contra del empresario luego de establecer
que tenía un plan para ocultar y comprar bienes usando testaferros.
Extinción de
dominio: Agentes del CTI realizaron allanamientos en las propiedades de Tapia y
sus familiares en Montería, Valledupar, Córdoba y Bogotá. Fueron embargados
bienes por más de $20mil millones, 27 bienes embargados con fines de extinción.
4º Federico
Gaviria Velázquez. Contratista. Condenado
a 31 meses. ‘Carrusel de las
Ambulancias’. Estructuró el negocio de los $67.203 millones para la prestación
del servicio de ambulancias. En reuniones con Zambrano Rodríguez, Tapia Aldana
e Hipólito Moreno, entre mayo 27 de 2009, fecha de publicación del proyecto de
pliego de condiciones y septiembre 30, cuando se suscribió el contrato, se
pusieron de acuerdo para otorgarlo irregularmente. Además fue quien realizó los
documentos del contrato 1229 de abril de 2009 entre la Secretaría de Salud y la
Unión Temporal de Transporte Ambulatorio de Bogotá para quedarse con un 9% de
la contratación.
Se aprobó un principio de oportunidad, al comprometerse a
servir como testigo en los procesos que se adelantan por el ‘Carrusel de las
Ambulancias’.
5º Álvaro
Dávila Peña. Asesor de los Nule. La
Fiscalía lo acusó de ser autor de concierto para delinquir agravado en concurso
con interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio dentro del
proceso que se adelanta por el desarrollo irregular de obras en la malla vial
de Bogotá.
En el juicio
se establecerá si actuó con dolo y su proceder lesionó de manera grave las
finanzas de Bogotá cuando participó en los contratos de la Calle 26 y malla
vial porque habría orientado el pliego de condiciones del IDU para favorecer al
grupo Nule. Fue cobijado con medida de
aseguramiento de detención preventiva.
6º Mauricio
Galofre. Socio de los primos
Nule. Condenado a 14 años. Lo detuvo la Fiscalía por la comisión de 5 delitos.
Se ha convertido en una piedra en el zapato hasta el punto que se fue a golpes
con sus socios Nule.
7º Miguel
Nule Velilla. Contratista. Condenado
a 14 de cárcel por peculado, en diciembre 15 de 2011, pagarían la mitad porque
aceptó el cargo. Anunció que colabora con la justicia. La Fiscalía le imputó 5
delitos. El Grupo Nule -Miguel, Manuel, Guido y Mauricio Galofre- después de
estar prófugos regresaron al país en abril de 2011 y desde entonces han estado
recluidos donde han negociado y perdido la obtención de beneficios a cambio de
la delación de otras personas que participaron.
Otros delitos por los que está acusado, son fraude procesal, falsedad en
documento privado, concierto para delinquir y cohecho.
8º Manuel
Nule Velilla. Contratista. Hermano
de Miguel. Condenado a 14.
9º Guido Nule
Marino. Contratista. Condenado
a 14. Primo de Manuel y Miguel. Entre los puntos que falta investigar en este
proceso está además del papel que cumplían las alcaldías locales, lo que el
país espera y que los Nule se han negado a contar, el carrusel de la
contratación a nivel nacional.
10º Andrés Jaramillo López.
Gerente de Conalvías. 2017-2010. Robo $197 mil
millones. Tiene 3 cargos, cohecho por dar u ofrecer, e interés indebido
en la celebración de contratos. De acuerdo con la fiscalía, para obtener un contrato
con la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá para el reparcheo y mantenimiento
de vías secundarias en Bogotá, que era de los Nules, en el 2010, habrían pagado
sobornos al director de la UMV, Iván Hernández y a los concejales Hipólito
Moreno, Andrés Camacho Casado y Orlando Parada Díaz. Lo que implicó un sobrecosto de
$197 mil millones, en la obra. Según informe de la
Contraloría de 2017, Conalvías
incurrió en daños en la construcción de la troncal de Transmilenio de la
calle 26, en Bogotá por $174.000.
Congresistas
Condenados
1º Iván Moreno Rojas. Congresista. Condenado a 14
años de prisión por beneficiar al grupo Nule en la adjudicación de los
contratos de la fase III de Transmilenio. Destituido por 20 años por la Procuraduría. El abogado
defensor solicitó emitir fallo absolutorio a favor del congresista porque no se
presentó una sola prueba documental o testimonial que permitiera inferir ‘que
utilizó su cargo’ para presionar la
entrega y celebración de contratos viales. Procesado por su participación en de
tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos en
calidad de determinador y concusión.
Iván
Moreno de quien dicen estaba dispuesto a todo para “llevar a Samuel a la
presidencia y si no es Samuel por débil, soy yo”
2º Germán Olano. Congresista del P. Liberal.
Condenado a 12 años de prisión. Por colaborar en la entrega de comisiones entre
los miembros del grupo Nule y los hermanos Moreno Rojas. Aceptó su participación
en el ‘carrusel’.
En una grabación
se escucha al congresista pidiendo al empresario Miguel Nule, el 6% para Iván
Moreno y el 2% para el Contralor Moralesrussi.
Concejales
Condenados
1º
Orlando Parada. Concejal. 9 años. Por usar la Unidad de
Mantenimiento Vial para influenciar contratos.
2º Andrés Camacho Casado. Concejal. 5 años y 7 meses.
Por entregar coimas de contratistas a funcionarios de la Unidad de
Mantenimiento Vial
3º Hipólito Moreno. Concejal. 6 años y medio. Por
recibir ‘coimas’ para no hacer control político de las irregularidades por el
contrato de ambulancias.
Concejales de Bogotá
Implicados. El número de concejales y ex concejales involucrados asciende a
24. Proceso de los concejales, en veremos.
En octubre 19 del 2011,
la Fiscalía llamó a interrogatorio a 17 de los 45 concejales de Bogotá, por el 'Carrusel de la Contratación'. La indagación
preliminar se inició por interés indebido en la celebración de contratos y
peculado por apropiación, delitos relacionados con irregularidades cometidas
entre 2008 y 2011 en diferentes entidades del Distrito. Sin embargo, no se ha
conocido ninguna decisión. Once de los 17 concejales investigados fueron reelegidos en las pasadas
elecciones y actualmente
ocupan su curul sin ningún inconveniente. Son ellos:
Partido
Cambio Radical
1º
Darío Fernando Cepeda. Concejal.
Cambio Radical. Denunciado por beneficiarse con
contratación del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. Se menciona su
participación en el nombramiento irregular de gerentes de hospitales y centros
médicos públicos y de favorecer a allegados con contratos y puestos. La
Fiscalía lo investiga por su responsabilidad en los nombramientos de Carlos
Lizcano en el Hospital Meissen y Carlos Eduardo Pineda en el Hospital San Blas.
Para las elecciones de 2015, optó por no lanzarse sino apoya a su esposa, Luz
Marina Gordillo, pero por el liberalismo. Gordillo fue elegida con casi 12 mil
votos y Cepeda empezó a armar su campaña a la Cámara por ese partido.
2º Fernando
López Gutiérrez. Concejal. Cambio Radical. Extinción
de dominio: 4 inmuebles por $800
millones.
3º Julio César Acosta Acosta. Concejal. Cambio Radical. Llegó
al Concejo de Bogotá en 2007. Hace parte de los concejales acusados por el
secretario de Salud del Distrito, Héctor Zambrano. Se le investiga por haberse
beneficiado con contratos en el Acueducto de Bogotá. El gobernador de Arauca, Julio Acosta Bernal,
padre de Acosta Acosta, fue condenado en 2013 a 28 años de prisión por ordenar
el homicidio del registrador Juan Alejandro Plazas Lomónaco en 2003 y porque se
comprobó nexos con paramilitares en su paso por la gobernación.
Extinción de
dominio: 5 inmuebles, 7 vehículos, 2 establecimientos comerciales y 17
productos financieros para un total de $1.200 millones.
4º
Jorge Lozada.
Concejal. Cambio Radical. Investigado.
5º
Nelly Patricia Mosquera. Concejal.
Cambio Radical. Investigado.
6º Henry Castro. Concejal. Cambio Radical. Investigado.
Partido
de la U
1º
Édgar Alfonso Torrado García. Concejal. La U. Señalado
como parte del ‘Grupo Torrado’, integrado por varias empresas registradas como
cooperativas. Este grupo incrementó su contratación, durante el ‘Carrusel’, con
el Distrito en más de mil por ciento (mil%).
Entre
2008 y 2009 les adjudicaron a los hermanos Torrado, Edgar y Efraín, más del 30%
de los contratos para el suministro de alimentos en Bogotá, por la Secretaría
de Integración Social. Los Torrado celebraron contratos por más de $160 mil
millones. Durante las investigaciones Édgar fue objeto de extinción de dominio.
Efraín, cónsul en Chicago, llegó
al Senado por el partido de la U en 2006, concejal en Cúcuta del P. Liberal en
2 ocasiones y en 2007, su hermano Édgar fue elegido para el Concejo de Bogotá,
con el Partido de la U. Extinción
de dominio: 40 bienes por valor de $7 mil millones.
2º
Hipólito Moreno Gutiérrez. Concejal. La U. Presidente del Concejo de
Bogotá. Condenado a 6 años. Por interés indebido, reconoció sus delitos y pidió
perdón a la sociedad. Cobijado con el beneficio del principio de oportunidad,
porque es un testigo clave en el proceso que se adelanta sobre el desfalco a Bogotá.
En abril de
2010 Manuel Nule lo denunció por haber pedido comisiones y afirmó que
sostuvieron una reunión cuyo fin era buscar agilizar los giros en un contrato
de vías en el Distrito con el consorcio ACC para pagar con ese dinero una serie
de comisiones. En octubre de 2010, la Fiscalía lo citó para rendir
interrogatorio sobre el tema.
En octubre de
2012 el contratista Emilio Tapia, involucrado en el cartel de la contratación,
afirmó que Hipólito obtuvo una ‘mordida’ del 9% en el contrato para proveer
ambulancias al Distrito, equivalente a unos $6mil millones, torcido que aceptó
Hipólito.
Aceptó haber
hecho parte del cartel y haberse quedado con un porcentaje de los $67 mil
millones del contrato para ambulancias que entregó el Distrito durante la Administración
de Samuel Moreno. Afirmó que también se beneficiaron Emilio Tapia, Federico
Gaviria y el secretario de Salud, Héctor Zambrano.
3º Orlando
Parada Díaz. Concejal. La U. Condenado
a 9 años por tráfico de influencias y cohecho impropio. La Fiscalía lo acusó de tráfico de influencias de
servidor público y cohecho impropio, a título de autor y determinador. Preso en
la cárcel La Picota. En 2009 habría usado sus influencias para lograr que
Hernández Daza, director de la Uaesp, Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá,
lo favoreciera en contratos para arreglar la malla vial, así como en el
nombramiento de recomendados en cargos de la entidad y la obtención de recursos
económicos para financiar su campaña política. Para ello, designó al asesor
Manuel Sánchez, persona de su confianza, para que representara sus intereses al
interior de la Unidad y obtener beneficios.
Manuel Sánchez Castro, contratista, es
uno de los más importantes involucrados en el Carrusel.
Un
grupo de denunciantes coincide en señalarlo como “dueño” de la nómina de la
Uaesp, organismo cuya directora fue destituida por problemas en los contratos
de aseo público.
Extinción de
dominio: 8 inmuebles, 8 vehículos, 2 establecimientos comerciales y 5 productos
financieros valorados en $6mil millones.
4º
Javier Manuel Palacios Mejía. Concejal. La U.
Señalado como el concejal que tenía a su cargo la contratación del Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotá. Extinción
de dominio: 7 inmuebles por $1.300 millones.
5º
Isaac Moreno de Caro. Concejal. La U.
Investigado.
6º Andrés Camacho Casado. Concejal.
La U. Condenado a 40 meses, le aumentaron la peña a 5 años, por su
participación en tráfico de influencias en servidor público y cohecho propio.
Se estableció
que influyo para nombrar a Iván Hernández Daza como director de la Unidad
Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, quien en marzo 26 de
2009 tomó posesión. Reconoció además que influyó sobre Hernández Daza para que
este nombrara las personas por él recomendadas para los cargos en dicha
entidad, así como para favorecer a contratistas en las licitaciones públicas,
como aquellas en las que estuvieron interesados Emilio Tapia y Julio Gómez.
Estos hechos
fueron aceptados por Camacho, como el delito de cohecho impropio, al recibir de
Hernández Daza $300 millones como contraprestación por haberle sido adjudicada
una licitación.
Héctor
Zambrano: Involucra a Camacho. Aseguró que “Solicitó dinero del contrato
de las ambulancias. Contrato que era por $4mil millones del Hospital de Fontibón".
Camacho: deberá
explicar su papel en la contratación con entidades públicas manejadas por
empresas que funcionaban en casas de su familia y su intervención indebida en
negocios manejados a través de la red de universidades ‘Alma Mater’.
Pedro Rojas. Camacho,
concejal de ‘la U’, condenado por corrupción, inhabilitado por 13 años para
desempeñar cargos públicos y con una condena de 5 años y medio por tráfico de
influencias y cohecho, busca reencaucharse a través de Pedro Rojas, su amigo y
socio político. “Soy amigo personal de Andrés, dice. No podemos perder el
trabajo político”, calculado, según ellos, en los 16.862 votos que obtuvieron
en la última elección.
7º Severo Correa. Concejal.
La U. Durante la administración de Moreno, se
denunció que Severo tenía cuotas políticas en las secretarías de Gobierno,
Salud y Fondo de Vigilancia de la capital.
Héctor
Zambrano: Sobre Correa. "Ellos manejaron un contrato de remodelación de un
Centro de Atención Médico Integral de Bogotá por $4mil millones. Eso se manejó
con la gerente Gloria Polanía".
Correa
es concejal de Bogotá desde 1990, su hijo mayor, Carlos Andrés es congresista y
ahora pretende dejar como reemplazo suyo en el Concejo a su otro hijo, Ricardo
Andrés Correa. Severo Correa quien fue edil por el partido conservador y luego
por el de la U pretende que los 17 mil votos que tuvo en las elecciones de 2011
los herede su hijo Ricardo.
Deberá responder cargos sobre el manejo de
las nóminas y la contratación de hospitales públicos. Correa es considerado la
autoridad en la sombra del hospital San Pablo, de Bosa;
8º
Liliana de Diago. Concejal. La U. Esposa del
concejal Leo César Diago. Liliana de Diago volvió al concejo, porque la fiscalía ordenó la
detención del concejal de La U Andrés Camacho.
Partido
Conservador
1º
Omar Mejía Báez. Concejal. P.
Conservador. Señalado de ser parte del grupo de
concejales de Hipólito Moreno, que arregló la entrega de los contratos de las
ambulancias de la capital. Héctor
Zambrano: al concejal Mejía "Se le entregaron $120 millones en la oficina
que queda al lado del Partido Conservador".
Extinción de dominio: 7 inmuebles por $250 millones.
2º Soledad Tamayo. Concejal. P. Conservador.
Fue inspectora de policía, luego asesora de Catastro Distrital y en 1995 llegó
al Concejo de Bogotá por el partido conservador y se mantuvo en el cargo por 6
periodos consecutivos. Para las elecciones de octubre del 2015 no se inscribió,
para apoyar la candidatura de Nelson Cubides, también apoyado por Fernando
Tamayo. Tanto Soledad como Fernando han sido los mentores políticos de Nelson
Cubides.
Soledad
ha estado involucrada en investigaciones por el llamado ‘carrusel’, también por
faltas relacionadas con inasistencia a sesiones en las que simuló haber
participado y el uso indebido de teléfonos y otros bienes del Estado. De todos
ha salido bien librada. También estuvo envuelta en un escándalo porque presentó
un proyecto en la Comisión de Gobierno, para permitir el canje de un terreno a
un ciudadano, por otro de similares características, solo para favorecer a su
hermano, Leonardo Tamayo. De ese lío también sacó su nombre en limpio.
Fernando Tamayo tiene un amplio
recorrido político. Fue concejal en Paipa, luego concejal en Bogotá,
representante a la Cámara y 2 veces senador. Tamayo estuvo envuelto en una
investigación preliminar que la Corte Suprema le abrió por el nombramiento de
un allegado suyo en una notaría ubicada en Bosa, al sur de Bogotá, a cambio de
votar a favor del proyecto reeleccionista presidencial. Esa investigación fue
archivada, según el tribunal porque el reproche contra esos hechos tenía que
ser algo ético y no penal.
Partido
Liberal
1º
Jorge Duran Silva. Concejal. P. Liberal. El contratista
Emilio Tapia, en declaraciones ante la Fiscalía por ‘carrusel de la
contratación’, mencionó a dos concejales VIP con los que había tenido vínculos
en dicho desfalco, uno de ellos es Hipólito Moreno y el otro Jorge Durán Silva. Deberá responder cargos sobre el manejo de
las nóminas y la contratación de hospitales públicos. Durán, es considerado la
autoridad del hospital Rafael Uribe.
2º Jorge Ernesto Salamanca Cortés. Concejal. P.
Liberal. Señalado de tener injerencia en
millonarios contratos en el sector de la salud en el distrito.
Héctor Zambrano: se refirió a Salamanca.
"A quien se le entregó $500 millones, ‘carrusel de ambulancias’, por
intermedio de Roberto Baquero. Esto se realizó en una casa de La Calera". Deberá
responder cargos sobre el manejo de las nóminas y la contratación de hospitales
públicos. Salamanca, es considerado la autoridad del hospital Santa Clara. Extinción de dominio: 57 inmuebles por $1.900 millones.
Tiene acercamientos para llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
Los zares del
acueducto. En una
de las versiones más comprometedoras, los concejales Ernesto Salamanca y Jorge
Durán Silva son señalados como los ‘responsables’ de manejar los contratos de
mayor cuantía en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB.
Dentro sus tareas habría estado la
de servir de enlace entre el Concejo y dos contratistas que se movían como pez
en el agua en el Acueducto: Orlando Fajardo Castillo y Luis Gabriel Nieto
García. Estos dos personajes, según informes de la Contraloría Distrital,
obtuvieron contratos en la EAAB por $252.300 millones y $269.082 millones
respectivamente; en buena medida, anotan los testigos, gracias a los ‘buenos
oficios’ de los 2 concejales mencionados.
Además, dice un testimonio,
Salamanca y Durán habrían participado en el contrato del túnel Tunjuelo Canoas.
Una megaobra adjudicada a un consorcio integrado por la firma brasilera
Odebrecht y cuyo valor fue de $230.000 millones. Para rematar, Durán también
habría estado presente en el contrato de $50.000 millones con el que el
Acueducto pretende poner en pie una nueva planta operativa.
3º
Angela Benedetti. Concejal. P. Liberal. En el apartamento de Bogotá de la concejala Benedetti, Embajadora de
Colombia en Panamá, se realizó un ‘desayuno’ en noviembre de 2009 al que
concurrieron el empresario Guido Nule, el contralor de Bogotá, Miguel Ángel
Moralesrussi, el congresista Germán Olano. El desayuno, se dio con el fin de
que Benedetti acercara al empresario Nule al contralor para que hicieran causa
común en los negocios de la contratación en Bogotá. Benedetti y Moralesrussi
han negado esa teoría. Lo cierto es que la concejala terminó libre de apremios
judiciales pero quedó en evidencia que quiso prestarle un servicio al
cuestionado Grupo Nule. De ese encuentro se conoce una grabación que se
convirtió en pieza clave para el destape del escándalo de la contratación.
Entrega de $200 millones.
Partido
PIN
1º Rafael Alberto
Escrucería Lorza. Concejal. PIN. Habría sido beneficiado con contratos en las empresas
de acueducto y de energía de Bogotá. Extinción de dominio: 5
inmuebles por mil millones, en Colombia como en el exterior.
Partido
Verde
1º José Juan
Rodríguez Rico. Concejal. Verde. Denunciado
por estar en complot con la directora del IDU, Liliana Pardo para direccionar
las licitaciones pero como el juicio venció los términos fue dejado en
libertad. Fue recapturado por interés indebido en la celebración de contratos
agravado en concurso homogéneo y sucesivo como coautor interviniente, por su participación en el manejo indebido de
contratos de la fase III de Transmilenio.
David Ballén
Hernández. El concejal Rodríguez, fue destituido e inhabilitado por 13 años y
salió de La Picota por vencimiento de términos, quiere hacer transferencia de
votos a su asesor y amigo David Ballén Hernández.
El Fiscal Delegado ante la Corte
deberá determinar si es cierto o no que este dirigente manejaba cerca de 500
cuotas burocráticas en el IDU, la mayoría de ellas a través de una nómina
paralela. Según informes del programa ‘Bogotá, cómo vamos’, este concejal es el
líder del ausentismo. Sin embargo, nunca faltó a los debates en los que se
presentó su amiga Liliana Pardo, entonces directora del organismo. También será
investigada su relación con los contratos del Fondo de Vigilancia del Distrito.
El director de
orquesta. En
octubre 28 de 2012, el subdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez,
aseguró ante la Corte Suprema que “el cerebro de las cesiones del contrato de
la calle 26 había sido el concejal Rodríguez Rico”.
Junto al concejal Hipólito Moreno,
lo mencionan como ‘el director de orquesta’ de un contrato firmado en diciembre
24 de 2008 entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad y la empresa Renting S.A.,
con el que alquilaron 517 vehículos para los concejales, la Policía y el
Ejército. El monto del contrato fue de
$65.000 millones, de los cuales Rodríguez Rico e Hipólito Moreno habrían
recibido una importante tajada.
2º
Edward Arias. Concejal. Verde. El secretario de salud, Héctor Zambrano mencionó en
varias oportunidades durante sus interrogatorios a Edward Arias, de quien dijo
influenció el nombramiento de directivos en hospitales de la ciudad.
3º
Antonio Sanguino. Concejal. Verde. De acuerdo con
funcionarios del Concejo entrevistados por la Contraloría Distrital, él habría
ejercido presiones indebidas sobre concejales de su bancada para votar el
proyecto de vigencias futuras que sirvió luego como fuente para el saqueo de
recursos destinados a obras de infraestructura.
PDA
1º Wilson
Duarte Robayo. Concejal. PDA.
Asegurado por su participación en las irregularidades cometidas en la
contratación de las ambulancias y de la malla vial de Bogotá. Violó las normas
establecidas como la transparencia y la vigilancia del bien público, pues en su
calidad de concejal tenía la facultad de velar por la correcta administración
de Bogotá. Héctor
Zambrano: A Duarte. "A él se le entregaron $80 millones ‘carrusel de las
ambulancias".
2º José Fernando Rojas
Rodríguez. Concejal. PDA. Se le atribuye
el manejo de la mitad de los comedores comunitarios y el control de nóminas y
contratos de la Secretaría de Integración Social y de la Caja de Vivienda
Popular.
Extinción de dominio: 3 inmuebles por $180 millones.
3º
Orlando Santiesteban Millán. Concejal. PDA. Héctor Zambrano: Santiesteban "Pedía plata por
el contrato de la construcción del Centro de Atención Médico Integral de
Chapinero".
Progresistas
1º Diana Alejandra Rodríguez. Concejal. Progresista.
Investigada.
El ventilador de Hipólito Moreno. Carrusel de la Contratación. Presidente del concejo de Bogotá,
de la U. Salpica en contratación a más Concejales
de Bogotá, funcionarios, embajadores:
1º
Podría extenderse a las
administraciones de Enrique Peñalosa y Lucho Garzón.
2º La interventoría de los tramos de la
calle 26 de la fase III de Transmilenio. Le fue entregada a un recomendado
del entonces personero Herman Arias. Existen
tierras en poder de testaferros con las que se habría pagado el
papel de Edgar Ruiz, el gerente del Acueducto en esa administración. Dentro de
la declaración de Hipólito, confiesa que se pactaron alianzas para escoger a
los actuales contralor y personero para formar mayorías y bloquear al alcalde
Petro
3º
Las comisiones y las grandes empresas. “Las
comisiones no solo se pagaron en las obras incumplidas como las de los Nule,
que no solo falseaban los documentos, se robaban los anticipos y no pagaban las
comisiones. Las comisiones se pagan en todas y cada una de las obras de
la ciudad. “
4º Por la obra del puente de la calle 100
con 15. Que estuvo a cargo de la empresa Sainc Ingenieros Constructores
S.A., dirigida por Daniel Reyes, el contratista también habría sido obligado a
pagar la comisión.
5º Los hermanos Carlos Alberto y Luis
Héctor Solarte. Quienes se unieron con la firma brasilera Odebrech S.A.
para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá, contrato que
involucra us247 millones de dólares, tuvo
una adición del contrato para favorecer a Orlando Fajardo, señalado como uno de
los principales contratistas de la Empresa de Acueducto manejada por Andrés
Cardona, quien habría sido el mayor beneficiado económicamente con el
carrusel. Hipólito asegura que la interventoría fue adjudicada a una firma de
Fajardo con empresarios mexicanos. Fajardo es, según esta versión, financiador
del concejal liberal Jorge Durán Silva
6º Patria y Pavimentos Colombia S.A. Relaciona Hipólito
contratos en los que están estas empresas,
donde resulto beneficiado el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz.
7º Yuri Chillán. Secretario general de la alcaldía. Uno de los aspectos más relevantes de la
declaración de Hipólito, ha sido sobre Chillan, de quien dice que se movía en varios escenarios, en
especial en “su calidad de miembro de la Junta Directiva de la EEB y
con el concejal del Pin Rafael Escrucería, para repartir lo necesario que
garantizara la gobernabilidad
8º Mónica
de Greiff. Presidenta de EEB. Denuncia que la entonces y su esposo el publicista
argentino Miguel Palai se habrían beneficiado con comisiones de diversos
contratos y señala la compra de tubería a través de TGIa Techint
por más de 292 millones de dólares, con una comisión de 40 millones. Dice que
de Greiff llegó a tener la confianza de los Moreno por recomendación de la
entonces concejal Ángela Benedetti quien después le habría reclamado su
enemistad. De Greiff defendió su idoneidad y aseguró que su hoja de vida no
requería del apoyo de ningún político
9º Contratos de la EAAB y la EEB. Yuri Chillán repartía por $400 y $600
millones a los concejales en varios listados que le habría entregado a Jorge
Enrique Pizano, gerente de la EAAB y luego al contratista Andrés Cardona para
que le diera instrucciones al gerente del Acueducto Fernando Ulloa para asignar
los contratos de los concejales Rafael Escrucería, del PIN; Javier Palacio de
la U, José Juan Rodríguez, del partido Verde, y Antonio Sanguino también del
partido Verde
10º Recolección de Basuras. En el contrato que se cayó en la Corte
Constitucional y que dividía a la ciudad en 6 zonas, iba a beneficiar a las
cabezas del carrusel. Una zona quedaría en manos del propio Chillán, otra sería
para Emilio Tapia, Manuel Sánchez quien al final tuvo diferencias con la
administración de Samuel Moreno y Andrés Cardona, el hombre del acueducto
11º San Victorino. Un frustrado negocio y de donde salió un cheque de más de $1mil
millones a una constructora de Bucaramanga, dinero que fue devuelto días
antes de la captura de Iván Moreno. Ya se había registrado este contrato a
cargo del ERU, empresa de renovación Urbana y mencionando a Emilio Tapia.
12º Darío Fernando Cepeda
Peña. Concejal. Cambio Radical. Se
benefició con la contratación en el cuerpo oficial de bomberos;
13º Julio César Acosta
Acosta. Concejal. Cambio Radical. Con contratos en el
Acueducto
14º Jorge Lozada
Valderrama. Concejal. Cambio radical. Manejaba contratos en hospitales del distrito
15º Efraín Torrado. Congresista. Y su
hermano el concejal Edgar, de La U, recibieron un contrato a dedo de $44.000
millones.
Embajadores salpicados por Hipólito:
16º Ángela Benedetti. Carlos Lizcano, director del hospital de
Meissen, adiciono un contrato de
dotación y la interventoría a favor de Jannet Arévalo, esposa de Julio Gómez, quien además señala de
financiar con varios cheques de $100 millones a Ángela Benedetti, entonces
concejal del partido Liberal y actual embajadora en Panamá
17º Andrés González. Gobernador de
Cundinamarca. Embajador ante la OEA. Lo
acusa con contratos superiores a los $100 mil millones para las construcciones
de escuelas, plazas de mercado y la nueva sede de la Empresa de Licores de
Cundinamarca.
18º UAESP.
Hace referencia a contratos, como el que Javier
Ríos obtuvo para la recolección de residuos hospitalarios, adicional al que ya
tienen sobre desechos, por valor de 60 millones de dólares a través de la UAESP,
en coordinación con Andrés Cardona, el hombre del cartel en el Acueducto, quien
habría manejado los contratos de la UAESP porque Miryam Margot Martínez, quien
fuera la gerente de servicio al cliente del acueducto, fue nombrada en la UAESP
“para seguir dándole el servicio de atención pero a los grandes clientes”
19º Cámaras de vigilancia de Bogotá. En la declaración afirma que el contrato por
$40.277 millones, se le dio a la sociedad Verytel S.A. de propiedad de Raúl
Arias Guarín, amigo y vecino del entonces gerente del Fondo de Vigilancia y
Seguridad, Mauricio Solano, favoreciendo a los concejales de la U. Javier
Palacio y Edgar Torrado y Fernando López de cambio radical
20º
La historia de Orlando Parada Casado. Explica cómo Parada,
concejal de la U, terminó involucrado en el carrusel. Iván Hernández,
director de la Unidad Especial de Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla
Vial, era el mejor amigo del concejal Camacho de la U, por lo que Hipólito y
Camacho convencen a Parada para involucrarse en el negocio y respaldar a Iván
Hernández. Fue por esto que Hipólito en su aceptación de cargos menciona a Parada
y reconoce que estuvo involucrado en el contrato de las ambulancias que entregó
a la Fiscalía el propio Emilio Tapia, en su declaración
21º Contrato de las Ambulancias. Explicó que Federico
Gaviria estructuró el contrato, creando la unión temporal que ganó la
licitación por $67 mil millones, y agregó que ese negocio pasó por
Interbolsa vía encargo fiduciario para manejar un anticipo que terminó siendo
usado por Iván Moreno en Bucaramanga para la compra de acciones en la empresa
de aseo. José Antonio Bonnet,
representante legal de la unión temporal se les habría volado a las
autoridades.
Faraute. Si así se contrata en la capital de la República,
como será en Córdoba, La Guajira, Guaranda, Timbiquí y Titiribí.
2009 Carrusel de la
Contratación. Gobernador de
Cundinamarca. Álvaro Cruz Vargas. En 2011, Cruz se lanzó
como candidato a la gobernación de Cundinamarca, por el Partido de la U, con el
apoyo del gobernador Andrés González y de toda la Unidad Nacional, Partido
Liberal, de La U, Conservador y Cambio Radical. Además, tuvo el apoyo directo
del presidente AUV. No terminó su período pues en 2015 fue capturado por la
Fiscalía por el carrusel de contratos de Bogotá, pues pagó sobornos por $700
millones para que el Distrito le diera obras a empresas representadas por él en
el año 2009. Aceptó cargos y fue condenado, en diciembre de 2016, a 6 años de
cárcel por delitos contra la administración
pública, interés indebido en la celebración de contratos, en concurso
heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer.
Además, Cruz entrego $2 mil millones al
procurador Jovel Muñoz, con el fin de retardar el proceso penal en su
contra. También, intentó sobornar al Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, para
que su proceso fuera archivado, congelado o prescrito. Cruz y su esposa,
la abogada Luz Zoraida Rozo Barragán, quien fue Secretaria General de la
Alcaldía de Bogotá durante la administración de Peñalosa 2000, ocultaron
pruebas en el proceso tras las investigaciones adelantadas por el carrusel
de contratos de Bogotá. Cruz se desempeñó como concejal de Bogotá, diputado,
secretario de Hacienda y de Obras Publicas de Cundinamarca y 2 veces Gobernador
de este departamento.
Al menos 10 facturas
encontradas en los allanamientos realizados en las oficinas de la empresa ‘ICM
Ingenieros’ en Bogotá enredan a Cruz, contra quien se imputarán cargos por el
escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá. La Fiscalía señala que
esas facturas soportaron operaciones ‘de papel’ que permitieron sacar de la
empresa $900 millones
que fueron a parar en los bolsillos de los concejales Hipólito Moreno, condenado a 6 años de cárcel, Orlando Parada y Andrés Camacho, todos condenados por la corrupción en ‘carrusel de los
contratos’ en Bogotá. La plata salió del anticipo del contrato 193 del 2009,
que por valor de $24 mil millones fue adjudicado a unión temporal en la que ICM
Ingenieros fue parte clave. “Esos pagos no tenían justificación ni soporte y
solo tenían un objetivo: pagar los sobornos a los concejales que presionaron la
adjudicación del contrato”, señalo la fiscalía. Cruz ha señalado que solo era
un asesor de la empresa, pero “hay evidencias de que él la controlaba, era el
dueño y era quien tomaba las decisiones”. La fiscalía, dijo que Cruz tendrá que responder por interés indebido en la
celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza, por los que podría pagar más de 12 años de cárcel.
El concejal Hipólito Moreno, reconoció que recibió el pago del soborno en efectivo para
que el contrato fuera entregado a la empresa vinculada a Cruz. Igual, el
testimonio del cuestionado contratista Julio Gómez, quien dio cuenta de
reuniones de Cruz con Emilio Tapia, otro condenado por el ‘carrusel’, en las
que se habrían hecho acuerdos para la adjudicación de contratos. Tapia también
testificó contra Cruz. La Fiscalía destapo durante la audiencia de imputación
el testimonio del abogado Manuel Sánchez, que negoció con la Fiscalía y recibió
un principio de oportunidad, y quien dijo a los investigadores que Cruz hizo
parte de “una organización criminal” que se conformó para obtener millonarios
contratos de obra en Bogotá.
2011 Carrusel
en Bogotá. Recolección de Basuras en Bogotá. Robo $348 mil
millones. Desfalco: A
la UAESP, Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos. Génesis. El proceso de estructuración de la Licitación
Pública 01 de 2011, que debió adelantar la UAESP para los servicios de
recolección, barrido y limpieza de Bogotá. El desarrollo de actividades que
hacen parte de las obligaciones pactadas con los operadores del servicio de aseo
en los contratos de concesión. La contratación celebrada por la UAESP con
recursos obtenidos vía tarifa, cubriendo gastos de funcionamiento por fuera del
presupuesto aprobado y autorizado por la UAESP. El sistema de información
integrado el ‘SIISA’, Sistema de Información Integrado del Servicio de Aseo.
Daño. Los bogotanos son los afectados, pues los recursos con los que se realizó
la contratación fueron obtenidos de las tarifas que ellos mismos pagan por la
recolección de residuos y se afirma que se destinaron a gastos no aprobados en
el presupuesto de la entidad.
Vinculados.
-César Augusto
Villamil Gómez -José Róbinson
Gómez Trejos
-Fabiola Ramos
Bermúdez -Victoria
Eugenia Virviescas Calvete
-Tanny Liliana
García Lizarazo -Gerardo
Enrique Cuenca Melo
-Miriam
Margoth Martínez Díaz -Juan
Carlos Junca Salas
-Fiduciaria
Bancolombia
-Gloria Lucía
de la Candelaria Ospina Sorzano
2003-2017 Carrusel
en Bogotá. Recolección de Basuras. Cuatro 4 contratistas o concesionarios manejan el
billonarios negocio de recolección de basura en Bogotá y el resto del país:
1º William Vélez Sierra. ATESA. Quien recibía $4mil millones mensuales por su servicio de
recolección de basuras en las localidades de Fontibón y otras.
2º Aseo Capital. Empresa de Alberto
Ríos Velilla y familia, que le vendió a la familia Patiño Ocampo. Percibían más
de $5mil millones mensuales.
3º LIME. Limpieza
Metropolitana. . Cuyos accionistas son
argentinos y perciben $15mil millones por la recolección del 45% de la basura
en Bogotá.
4º Ciudad Limpia. De propiedad de
Herrera Barona y Losada Salcedo.
Estas
empresas y empresarios fueron los que, según denuncias de Emilio Tapia, se
alienaron para hacer el complot una semana antes de diciembre 18 de 2013 para que La Sabana se quedara sin
quien recogiera la basura y le crearon un trauma sin precedentes a Bogotá.
2017 UAESP Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos de Bogotá. Robo $47 mil Millones. La contraloría encontró
irregularidades por más de $47mil millones durante la alcaldía de Moreno. El
Contralor confirmó el fallo de responsabilidad fiscal en contra de 4
concesionarios del servicio público de aseo en Bogotá:
1º
Consorcio Aseo Capital S.A.;
2º
Aseo Técnico de la Sabana, Atesa S.A.;
3º
Ciudad Limpia Bogotá S.A.;
4º
Limpieza Metropolitana S.A.;
5º La
fiduciaria Bancolombia y 9 ex funcionarios
directivos de la Uaesp.
Las irregularidades encontradas en
contratos celebrados entre 2008 y 2011, en los que “se financiaron de manera
irregular con recursos provenientes de las tarifas de aseo cobradas a los
usuarios” de la capital. “De acuerdo con la investigación adelantada por la
Contraloría, se evidenció que las tarifas de aseo que pagaron los usuarios del
servicio de aseo de Bogotá se desviaron en el pago de más de 300 contratistas
vinculados a la Uaesp, durante la Alcaldía de Moreno, por un valor total
indexado de $47.425 millones”, declaró
la contraloría en comunicado público.
“Algunos
contratos irregulares tuvieron como propósito realizar actividades como
cerramiento y compra de predios, que eran gastos propios que debía asumir el
operador del relleno Doña Juana. Otros contratos financiaron gastos de
cafetería, equipos de computación, transporte y arriendo de oficinas para los
contratistas de la UAESP, lo cual no guarda ninguna relación con la prestación
directa del servicio de aseo que pagan los usuarios de Bogotá con las tarifas”,
señaló el documento de la Contraloría.
De esta
manera, se declararon responsables fiscales a Fabiola Ramos, Miriam Margoth
Martínez, Victoria Virviescas, Juan Carlos Junca Salas, Gerardo Cuenca,
Rigoberto Morales, Bertha Cruz Forero, Julia Esther Prieto y Catalina Franco
Gómez, directivos de la Uaesp que celebraron los contratos cuestionados.
Los recursos
menoscabados deberán reintegrarse a la Uaesp, con la advertencia de que dichos
recursos no podrán ser incorporados al presupuesto de esta entidad distrital, y
deberán reintegrarse a todos los usuarios de la ciudad.
2016 En La Contraloría de Bogotá. La fiscalía ordenó la captura de 3 servidores de
la Contraloría de Bogotá, debido a unas grabaciones, donde se expone a una de
las capturadas, Hermelina Angulo, exigiendo $60 millones a un interventor de
obras, para archivarle una investigación por irregularidades encontradas en
auditorías hechas por el ente fiscalizador. La Fiscalía descubrió además una
‘red de sobornos’ que operaban en varias localidades y alcaldías de la capital,
en cabeza de estos servidores.
2017 Carrusel de las Alcaldías en Bogotá. Irregularidades por
contratación ‘a dedo’ a fundaciones ‘de
papel’ y de ‘objeto social amplio’ de parte de las alcaldías locales o menores
de Bogotá, para realizar todo clase de servicios sin pasar por los procesos
regulares de licitación establecidos por la ley. La Fiscalía ordenó la captura
de alcaldesas de Usaquén, Julieta Naranjo; de Bosa, Diana Calderón Robles; de
Suba, Marisol Perilla Gómez, y los exalcaldes de Kennedy, Jesús Antonio Mateus
y de Los Mártires, Ernesto Rincón; a todos se les imputó celebración indebida
de contratos. Las 20 alcaldías locales o menores de Bogotá, adscritas a la
Alcaldía Mayor, manejan en conjunto un presupuesto anual aproximado de $300 mil
millones a razón de $15.000 millones por localidad, se busca determinar cuánto
dinero terminó en manos de las fundaciones ‘de papel’ por contratos ‘a dedo’.
2017 Caso Judy Pinzón. Robo
$4.300 millones. El 17 de mayo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá pidió a la
Personería Distrital realizar indagaciones por irregularidades en la contratación
con 5 alcaldías locales de Bogotá por parte de la Fundación para el Desarrollo
Sociocultural Deportivo y Comunitario Fundesco, dirigida por la concejala Judy
Pinzón. Fundesco logró contratos superiores a los $4.300 mil millones; en un
documento Fundesco contrato con las alcaldías para instalar equipos de cómputo,
campañas de prevención contra la violencia, la celebración del bicentenario de
una localidad.
En 2004 Judy Pinzón, Directora de
Fundesco fue condenada, junto a 2 concejales, a 6 años de prisión, además de 20
años de inhabilidad para ocupar cargos públicos por haber recibido coimas de
$100 millones para modificar el Código de Policía permitiendo las ventas
ambulantes.
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