Cartel Toga. 1º Francisco Javier Ricaurte Gómez. Magistrado.

         Implicados. “La justicia está herida”. “Dirigieron, promovieron y participaron en una red criminal de 2008 a 2017, magistrado, fiscales y jueces”. Los siguientes servidores públicos:

         1º Francisco Javier Ricaurte Gómez. Magistrado.

         Por 5 delitos, Ricaurte fue enviado a La Picota: concierto para delinquir agravado, dos cohechos propios a título de interviniente; tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información oficial privilegiada a título de interviniente, cargos que  no aceptó.

Ricaurte Jubilado en 2012. Presidente de la corte, su ‘Portafolio de Servicios’ también incluía asuntos en la Fiscalía. Ricaurte y Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, Gustavo Moreno, fiscal, Leonardo Pinilla, abogado, Gustavo Malo, magistrado de la corte, organización dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad administrativa pública y la recta impartición de justicia. En septiembre de 2017 se captura a Ricaurte y fue remitido a la cárcel la Picota.

Argumentación de hechos delictivos. El fiscal Camacho presentó como hechos jurídicamente relevantes con efectos penales   deberá comparecer en juicio como responsable del delito de cohecho propio en calidad de interviniente:

1º Caso congresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo. Se relaciona con el congresista Ashton, a quien la Corte le adelanta varias investigaciones, entre ellas una por la relación con el Bloque Norte de las Autodefensas, más exactamente con el Frente Pablo Elías que delinquía en el Atlántico.   La indagación preliminar se inició en octubre 10 de 2012 y el defensor para esa época de   Ashton fue el abogado Luis Ignacio Lyons España, y para el 2013 el magistrado ponente de esta actuación era Gustavo Enrique Malo Fernández y su auxiliar el doctor José Reyes, encargado del trámite del expediente.   Indicó la fiscalía que Ashton para evitar que fuera abierta la investigación, así como para evitar su captura, se comunicó de manera directa con Ricaurte, con quien se habría reunido días después en su apartamento, en el Consejo de la Judicatura y en el Congreso de la Republica. La fiscalía reveló que acordaron un precio de $1.200 millones para lograr el archivo del proceso, “al darse cuenta que no prosperaría en la Sala Plena de la Corte pusieron como ejemplo la improbabilidad de éxito, puesto que la tesis del exmagistrado auxiliar José Reyes era fuerte y proyectaba la captura del parlamentario Ashton”.   Agregó el fiscal que “como consecuencia cambiaron la estrategia y decidieron dilatar en el tiempo la investigación, y con ello evitar la apertura formal de un proceso penal contra el congresista”.   “Usted señor Ricaurte instruyó a Moreno sobre el valor que debía cobrarse y la manera de repartir la cifra acordada, recibiendo aproximadamente $400 millones. También recibieron dinero José Leónidas Bustos, Lyons España, Gustavo Enrique Malo Fernández y el propio Moreno”, indicó el fiscal a Ricaurte durante la imputación.

2º Caso Musa Besaile   Fayad Congresista. El fiscal relacionó los hechos que tienen que ver con el congresista Besaile, vinculado a investigaciones preliminares por presuntos nexos con grupos paramilitares. “En este caso otra vez estuvo en la defensa el abogado Lyons España”, indicó la fiscalía. Para el primer semestre de 2015, el dinero acordado fue enviado por Besaile y ascendió a $390 millones. Fue entregado pasada la media noche en la oficina de Lyons España en el norte de Bogotá. De ese dinero, Ricaurte recibió de manera directa $290 millones, sostuvo la fiscalía. Según el fiscal, “la segunda entrega del dinero fue en la residencia del fiscal Moreno hasta donde llegó de nuevo el abogado Lyons España con $300 millones, dinero del que Moreno entrega a Ricaurte 250 millones”.  “Debido a que no aprobó que Moreno Rivera permitiera que Lyons se quedara con $150 millones, los $1.300 millones los recibió directamente del senador Besaile, de ahí debían pagarle a Malo Fernández”, precisó el funcionario.  Igual señaló “que como no fue posible direccionar un auto inhibitorio a favor de Besaile, entonces se acordó sacar del alto tribunal al magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, quien se les convirtió en un obstáculo, una piedra en el zapato para la organización ilegal”.

         3º Caso gobernador de Córdoba Alejandro José Lyons Muskus. Quien según la investigación se contactó con el exmagistrado de la Corte Camilo Tarquino Gallego a través de una amiga en común, el   congresista Muriel Benito Rebollo.  “Tarquino le aclaró a Muriel Benito Rebollo que no se trataba de un cobro de $30 millones para mejorar la imagen en los medios de comunicación, que en realidad era algo más serio y que tenía un costo de $20 mil millones de pesos, porque se trataba de un equipo de magistrados dedicado a esta misión, es decir,  el  de intervenir por los intereses de los procesados en esta clase de investigaciones”, enfatizó el delegado acusador.

         4º Caso Julio Manzur  Abdalá Congresista. Por hechos ocurridos en Bogotá a mediados de diciembre de 2014, días antes de ser capturado por parapolítica.  Indicó la fiscalía que el congresista recibió información privilegiada suministrada por Moreno, según la cual era inminente su captura pero que podía evitar el acto bochornoso con el pago de una alta suma de dinero.   Señaló el fiscal que “el señor Moreno le ofreció sus servicios de intermediación como abogado por $2 mil millones, cifra que Manzur rechazó y como consecuencia fue capturado en enero 24 de 2015”.“Al día siguiente en nombre de la organización, Moreno reitera sus servicios a través de familiares y le insiste en los $2 mil millones que serían repartidos entre el equipo de magistrados involucrados”, argumentó el fiscal.

         5º Caso gobernador del Valle Juan Carlos Abadía. Este evento se relaciona con lo ocurrido en Bogotá, entre los años 2015 y 2016, cuando aparece vinculado el fiscal 9º delegado ante la Corte, Alfredo Betín Sierra, quien para la época adelantaba varias investigaciones por actos de corrupción en el departamento vallecaucano, contra.   “Usted señor Ricaurte y Betín Sierra acordaron por un lado orientar las investigaciones a decisiones de archivo, dos de la cuales se alcanzaron a proferir, y del otro, impedir que se hicieran imputaciones contra el exgobernador”, insistió el fiscal.

         6º Caso Fonade. El sexto caso revelado por el fiscal es el relacionado con Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, entre 2014 y 2015, cuando el actual magistrado Malo tenía asignados los casos de relaciones entre congresistas y grupos paramilitares.   Entre el equipo de trabajo de Malo se encontraba el abogado Carlos Andrés Bula Dumar, cuyo hermano Alfredo Ramón Bula Dumar fue nombrado en abril de 2015 gerente del Fonade, nombramiento en el que intervinieron al parecer, además de congresistas, el magistrado Ricaurte.   Para la Fiscalía “esta entidad es reconocida como el fortín político de los congresistas Musa Besaile y Bernardo Elías”.   “Hay evidencia que permite inferir que en muchos casos relacionados con esta organización criminal, Fonade fue utilizado para hacer favores burocráticos, comercializar puestos  en favor de unos de los procesados”, recalcó el fiscal al solicitar la medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Ricaurte Gómez rechazó los cargos endilgados y advirtió que es víctima de testigos pertenecientes a organizaciones al margen de la ley.

         Prontuario

         1.1º En marzo de 2016, se reveló una investigación por peculado en denuncia presentada por el apoderado de la UGPP, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, que señala que Ricaurte, en 1992, siendo Juez 3º Laboral de Cartagena, habría fallado una reliquidación pensional de manera irregular a favor de Álvaro Ortega Barragán. 

         1.2º La Cámara de representantes lo convirtió en asesor jurídico, con un contrato de 3 meses,   de   octubre a diciembre 31 de 2012, por más de $26 millones, $9 millones mensuales.   En esta fecha, ya se desempeñaba como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

         1.3º Luego de jubilarse como magistrado de la corte, fue elegido por la propia Corte para magistrado Consejo de la Judicatura, decisión anulada por el Consejo de Estado en 2014 por ser un caso típico de ‘yo te elijo, tú me eliges’. Sin consecuencias penales para ningún magistrado elector.

         1.4º En 2017 fue Descalificado como aspirante a la JEP, luego de ser magistrado de la Corte y del consejo de la judicatura. Motivos: 1º Por su paso de una Corte a otra; 2º por la captura y orden de extradición de su hermano Rafael de Jesús Ricaurte Gómez por narcotráfico; 3º por una investigación que le abrió la Fiscalía.

         1.5º Barú. Los tentáculos de Ricaurte, también llegan a la Corte Constitucional, en la cual movía sus influencias y presionaba fallos. Ricaurte litiga en la Corte Constitucional, en forma oculta, en casos como el de los herederos de las tierras de Barú, Bolívar, predios costeros de inmensa belleza, recursos ecológicos y atractivos turísticos. El magistrado apoya al Clan Ochoa, narcos de Medellín, que pretenden tierras en Barú, que por ley le pertenecen a unos humildes moradores de la zona. El abogado Luis Alfonso Barrios, quien forma parte de la familia de herederos de las tierras de Barú, reveló que tuvo que ceder el poder a otros juristas para que lo representen en este espinoso caso, porque ha sufrido varios ataques por denunciar estos hechos. Barrios manifestó, que uno de los obstáculos que enfrentan los propietarios originales de esos predios costeros, es que la esposa de Fabio Ochoa Vásquez les afirma en repetidas ocasiones que nada pueden en su contra, porque la justicia está del lado de ella. “Ella inclusive me lo manifestó a mí, que ellos tenían el dinero y el poder para manejar los procesos, que tenían a un magistrado, Francisco Ricaurte y las decisiones evidencian que sí se ha manipulado”, afirmó el abogado Luis Alfonso Barrios.

         1.6º Contratos de Ricaurte. Fonade y la Auditoría General son ‘la Caja Menor’ de Ricaurte:

         1º Tres contratos con Fonade, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. Entre noviembre de 2015 y septiembre de 2017, Ricaurte suscribió contratos con Fonade por cerca de mil millones. El más reciente en mayo de 2017 por $340 millones; Otro por $214 millones; un tercero por $202 millones.

         2º Cuatro contratos con la Auditoría General. Por $150 millones. El primero en febrero 2016, vigencia de 7 meses, por $66 millones, para “la elaboración de un documento que contenga lineamientos sobre la prevención de riesgos asociados a las situaciones y novedades laborales que se presenten en la Auditoría General y en las Contralorías Territoriales, que puedan ocasionar demandas en contra de estos órganos de control fiscal”; otro en febrero de 2017 por 9 meses, de $90 millones para “asesorar y conceptualizar jurídicamente sobre asuntos solicitados por el Despacho de la Auditoría Auxiliar de la Auditoría General de la República”, con terminación anticipada, a raíz del escándalo del ‘cartel de la toga’.