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19º Perseguidos Políticos 2002-2010

19º 2002-2010 Perseguidos Políticos.

2010 Revista Cambio. Censura Prensa. 

Indignación por cierre de revista Cambio

La decisión de la casa editorial de clausurar la revista ‘Cambio’ y cancelar los contratos de Rodrigo Pardo y María Elvira Samper, directivos del semanario, causó asombro y desasosiego en el mundo de los medios informativos o de ‘publicidad’. Nadie creyó que las razones económicas que se argumentaron para sacarla del mercado fueran las únicas. Los 2 periodistas creen que hubo motivaciones políticas. Rodrigo Pardo García-Peña, director de la revista ‘Cambio’: “Nos botaron y nos cerraron, pero no nos equivocamos” Por molestias que suscitaba el periodismo de denuncia y análisis que hacíamos. ‘Cambio’ reveló, en 2009, los vínculos de Guillermo Valencia Cossío con la mafia, los acuerdos entre Colombia y USA sobre las bases militares y el escándalo de A.I.S., entre otros temas polémicos.”

       “Algunas personas le atribuyen a José Obdulio Gaviria un poder muy amplio y una vocería autorizada del presidente. Es obvio que me detesta y dicen que es un estrecho amigo de Francisco Solé, representante del ‘grupo Planeta’.”

         “En 2009 hubo ganancias y para 2010 ya se habían vendido más de $1.500 millones. Me he estado preguntando hasta dónde el tipo de periodismo que practicábamos en ‘Cambio’, es decir, un periodismo investigativo, de denuncia, independiente, profundo, cabe en una casa editorial dueña de ‘Cambio’, o en otros grupos que tengan una relación de dependencia con el poder político. Esto limita las posibilidades de existencia de una publicación como Cambio, porque mientras los propietarios necesitan cercanía con el Gobierno, el buen periodismo necesita independencia y distancia. La revista pisaba muchos callos, semana tras semana, que causaban molestias en personas del Gobierno Nacional.”

         “El contenido influyó. Lo que no sé es cuánto. Pienso que coexistían la molestia con la línea editorial y las inquietudes sobre la rentabilidad. Esto último me lo han dicho explícitamente. Lo primero, lo sospecho por indicios y por las preguntas que me hacían desde hace un tiempo. Ahora dicen que van a hacer una revista mensual. ¿Por qué María Elvira Samper y yo no podíamos hacerla? Obviamente no gustaba nuestra línea. No creo en la manguala entre los periodistas y el poder. Llamar a ‘Cambio’ a pedir un favor, por parte de un político, o a negociar un artículo, era tiempo perdido. Lamentablemente, la cercanía entre el poder y los medios ha hecho que los gobernantes, políticos y grandes empresarios se sientan con derecho a influir en los contenidos y a negociar enfoques. Eso no pasaba en la revista. Ahora, yo sí he sido muy radical en mi crítica a la reelección y en enfatizar que la democracia se acaba cuando quien está en el poder cambia las reglas de juego a su favor.”

          “Nos botaron y nos cerraron, pero no creo haberme equivocado. De hecho, pienso que quienes se equivocaron fueron ellos, aunque el que esté pasando un mal rato sea yo.”

         María Elvira Samper, editora
“Ser independiente puede conducir a la muerte profesional”, “Creo que la decisión de cerrar ‘Cambio’ porque hubo arrogancia de poder. Creo que hubo ingredientes políticos que no puedo probar, había miembros de la junta a quienes les parecía que no era conveniente tanto periodismo de denuncia. Es muy difícil pensar que no hubo poderosas razones políticas que influyeron en esta decisión.”

2010 DNE. 
  Dirección Nacional de Estupefacientes
  Robo más de $1 billón. 
  La DNE fue creada para coordinar políticas del Estado en materia de drogas y estupefacientes, relacionadas con el decomiso y administración de bienes adquiridos con dineros producto de la comisión de los delitos de narcotráfico.
El escándalo estalló en 2010, cuando se denunciaron malos manejos que se habían presentado en la DNE.
El Escándalo que se destapó por una investigación hecha sobre los bienes incautados al narco Pablo Escobar a. ‘el patrón’, que se entregaron a Roberto Escobar, a. ‘el osito’, hermano de Escobar. Se descubrió que ‘el osito’ habría retomado el control de esos bienes a través de los depositarios de los inmuebles e intermediarios, quienes firmaron entre sí contratos de arriendo por 50 años para diferentes proyectos productivos y sociales en esos terrenos; todo esto, con la complicidad y beneplácito de los ‘servidores públicos’.​
Se descubrió también que ese mismo ‘modus operandi’ fue utilizado por otros narcos y jefes del crimen organizado en más bienes incautados por la fiscalía a través de la extinción de dominio y entregados en custodia a la DNE. Este escándalo llevó al gobierno a intervenir, ordenando la liquidación de la entidad que concluyó en el año 2014;
Todos los bienes incautados que estaban en manos de la DNE, calculados en 70.000 propiedades, pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE, filial de Central de Inversiones S.A. CISA, encargada de negociar activos de y para el Estado.
         Contraloría
   Desde antes de 2014, el proceso se inició como responsabilidad fiscal y está en ‘reserva’ hasta que no se dé el fallo de imputación, preclusión, prescripción, vencimiento de términos, exoneración, archivo o inhibitorio, según Rafael Romero, contralor delegado para el sector de defensa de justicia y seguridad, encargado de la investigación. 
   Es decir, ’Engavetado’
Corte y Procuraduría
  Los procesos del robo al DNE llevan durmiendo en la Corte Suprema y en la Procuraduría más 17 años. Es decir, ’Engavetados’
         Fiscalía
    Investiga a 41 personas involucradas en el escándalo, entre directores, subdirectores y asesores de la DNE, así como a 13 congresistas, los cuales, por su cargo, debían ser investigados por la Corte Suprema y particulares que actuaban como testaferro e intermediarios. Es decir, ’Engavetados’
Carlos Albornoz Guerrero, director de la DNE, 
  denunciado por préstamos a los Nule, saqueo en los 85 mil bienes incautados que mal ‘administraba’la DNE y entregas irregulares de bienes. Con él, otros 13 congresistas son acusados de intercambiar favores a costa del Estado para su beneficio personal. Sin condenas.
Se descubrió que el sistema F.A.R.O., Fácil Acceso, Rápido y Oportuno, que era el sistema de seguridad de información usado por la DNE para los bienes incautados por la Fiscalía, que costo miles de millones de pesos, era tan vulnerable que se podrían alterar fácilmente datos como los nombres de los propietarios, quien los custodia y el avalúo de los mismos.
         Antecedentes de la DNE
     Desde el 2002 todos los directores de la DNE, han estado involucrados en diversos escándalos de corrupción: expedición y uso de documentos falsos, resoluciones adulteradas, suplantación de personas, esguinces a los procedimientos legales, asignación a testaferros de decenas de millonarios bienes decomisados a narcos, uso de dichos bienes para realizar estafas. Veamos:

         1º Coronel Luis Alfonso Plazas Vega 
   2002-2004 Director DNE
   “Defendiendo la Democracia, maestro”. 
   En 2002  fue nombrado como director de la DNE el coronel Plazas y ahí empezó una serie de anomalías, documentadas y denunciadas por el congresista Javier Cáceres Leal, quien citó al mininterior Sabas Pretelt de la Vega, a un debate de control político en el congreso para ventilar las  irregularidades. 
   Luego de múltiples maniobras dilatorias de los congresistas implicados, dirigidas a impedir el debate, inclusive una ‘recusación’ de Plazas   contra Cáceres, se realizó en octubre 26 de 2004. El congresista documentó varios casos, de cobro de comisiones a cambio del arriendo de casas, fincas y demás bienes muebles e inmuebles incautados a narcos, por celebrar contratos en beneficio de personas cercanas sin cumplir los requisitos legales, por la entrega de bienes incautados a personas con antecedentes penales, situación que involucró a Plazas, entre ellos:
         1.1º La administración de varias empresas en la costa Atlántica, otorgada por Plazas a su ‘amiga’ Lilia Beatriz Sánchez, hija de un oficial retirado;
         1.2º El del sargento del ejército Jorge Alberto Monroy, quien renunció al cargo que tenía en la DNE para convertirse en administrador de cerca de 450 bienes incautados.
         Entrega de bienes a:
         1.3º Napoleón Garavito Acosta, condenado por peculado por apropiación y falsedad en documento;
         1.4º Mario Tomás Mosquera López, condenado por estafa;
        1.5º La corporación CISER, entidad de la cual uno de sus socios había sido condenado a 40 meses por extorsión.
         El caos en la entidad era tal que luego del debate el delegado de la Contraloría calificó el desempeño de Plazas de deficiente y el presidente de la Sala Penal de la Corte indicó que “el presidente se equivocó con Plazas, manejo la DNE como ejecuto el holocausto del Palacio de Justicia, esta es la hora en que debía estar destituido”. Pero no, sin pena ni gloria, el coronel renunció días después del debate. 
    Con base en estas denuncias, la Contraloría confirmo la entrega de predios a terceros sin que mediara un acta de inventario que permitiera la presentación de informes mensuales relacionados con rendimientos y frutos. Por esta razón se encontró mérito para indagar sobre un daño patrimonial al Estado que supera los $700 millones, us359.447.

         2º Juan Carlos Vives Menotti 
   2005-2006 Director DNE
     En noviembre de 2004, tras la dimisión de Plazas, fue nombrado Vives Menotti, cuestionado por:
         2.1º Tener un hermano, Patricio Vives Baquero, condenado en USA por narcotráfico;
         2.2º Su prima Ana Elisa Vives, la esposa de  Rafael Abello a. ‘el mono Abello’ extraditado a Usa por narcotráfico en 1989.
       2.3º Otorgó un préstamo de $26 mil millones al Grupo Nule para financiar la doble calzada Bogotá-Girardot.

      3º Carlos Albornoz Guerrero 
   2006-2008 Director  DNE
     Congresista Conservador. 
   En 2006  fue elegido para dirigir la ‘feria’. La Fiscalía lo acusó de 8 delitos y lo responsabilizó de haber ocasionado un detrimento patrimonial de $25.000 millones.
Se le imputó cargos por prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad en documento privado, falsedad en documento público, fraude procesal, concierto para delinquir, peculado por apropiación a favor de terceros y obtención de documento público falso. Además y de acuerdo con las evidencias y el testimonio de funcionarios de la DNE, Juan Carlos Andrade y Helia Marcela Niño, dejó la administración de cuantiosos bienes en manos de personas allegadas o cercanas a 13 congresistas y excongresistas. Albornoz estaba ‘detenido’ desde septiembre de 2013 en ‘Cespo’ Centro de Estudios Superiores de la Policía, en agosto 2 de 2017 recobró su libertad por haber operado el extraño fenómeno de la impunidad, en lenguaje técnico por ‘vencimiento de términos’.
         La procuraduría lo sanciono con destitución e inhabilidad para ocupar cargos por 14 años, por 3 cargos: dos relacionados con omisiones para evitar que bienes incautados a la mafia terminaran en manos no idóneas y malos manejos:
Enfrenta procesos relacionados con 3 tres Investigaciones:

         3.1º La venta de un predio rural en Cota, Cundinamarca, cuyo avalúo ronda los $3.500 millones y fue ‘vendido’, a precio de ‘feria’, en la módica suma de $1.200 millones.
3.2º La finca cafetera ‘La Argentina’, en Caldas;
3.3º El hotel ‘Chinauta Resort’;
         3.4º Por falsedad en las actas que permitieron que el cuestionado fiscal antimafia Camilo Bula Galeano terminara al frente de bienes que terminaron vendidos por debajo de su precio real.
         3.5º El irregular nombramiento de Bula Galeano, como depositario provisional y luego como liquidador de la DNE en 2007.

         4º Omar Adolfo Figueroa Reyes 
   2009-2010 Director DNE
     En 2009 fue nombrado como director de la DNE, y ahí fue la ‘debacle’. Figueroa, vinculado a la entidad en 2003 como profesional universitario, pasó por la Secretaría General 2006, fue asesor del Despacho del Director 2007, Subdirector de Bienes 2008.

4.1º Adolfo Figueroa Abella, alcalde de Sogamoso y padre de Figueroa, ofrecía en arrendamiento a nombre de su hijo, bienes del narcotráfico administrados por la DNE, a precios insignificantes y cobraba millonarias sumas.
4.2º Figueroa fue separado como director de la DNE por encargar el manejo de bienes a un padrino de Danilo Bustos Suárez, socio de alias ‘el loco Barrera’
4.3º ‘Engavetadas’. Desde febrero 3 de 2012, está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Luego de varios años en prisión y de permanecer en silencio, en 2016 Figueroa entregó ‘La Matriz’   en donde delata a 29 políticos y particulares, poderes, documentos notariales, nombres de predios, precios, áreas, intermediarios, etc. en negocios ‘non santos’ con bienes del narcotráfico:

“A Roy Barreras le dimos bienes en el Valle. En el hotel ‘Plaza Versalles’ en Cali a Carlos Urresty Isaza, quien figura como depositario del hotel”.

Figueroa debe conocer muchos secretos de la DNE desde que su paisano el coronel Plazas Vega lo vinculó en 2003. En junio de 2016 un juez de garantías aceptó el principio de oportunidad suscrito entre Figueroa y la Fiscalía, con lo cual cesa la persecución penal por peculado por apropiación y fraude procesal y se convierte en testigo de la Fiscalía en las investigaciones que se adelantan por la corrupción en la DNE, entre ellas las que involucran a 13 congresistas.   ‘Engavetadas’.
         En julio 26 de 2017 se ordenó su libertad inmediata, igual, por vencimiento de términos, es decir por ‘inoperancia de la justicia’.

5º Camilo Bula Galeano
Director de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía. Liquidador de la DNE 2007 y 2011. También tenía sus recomendados. Bula participo en la entrega de bienes por un precio menor del costo real, entre ellos un centro comercial y varios parqueaderos que fueron vendidos por $27  mil millones los cuales valdrían más de $60 mil millones.

         En 2014 le imputan nuevos cargos
     Al fiscal Camilo Bula la Fiscalía le imputó cargos por fraude procesal, falsedad en documento público y privado, él aceptó su responsabilidad en el delito de peculado por apropiación en beneficio propio y de terceros por $31.500 millones en la administración de bienes incautados al narcotráfico. Bula par­ticipó en la venta irregular de las propieda­des incautadas por el Estado a los narcotra­ficantes e indujo al error a funcionarios de la Cámara de Comercio y varias notarías de Barranquilla. Bula se comprometió a servir de testigo y a devolver bienes que habría adquirido con dineros de inmobiliarias de la costa Caribe encargadas de administración de inmuebles vinculados a procesos judiciales.
   Bula aceptó su responsabilidad en el delito de peculado por apropiación en beneficio propio y de terceros por $31.500’000.000 en la admi­nistración de bienes incautados al narco­tráfico. 
   La Fiscalía se­ñaló que en la costa Caribe, el Centro Co­mercial Villa del Country avaluado por el CTI en $40.000’000.000 fue vendido en $22.000’000.000. El Centro Ejecutivo II ava­luado por la Fiscalía en $14.000’000.000 fue ofertado en $7.400’000.000, es decir un poco más de la mitad por debajo de su costo real.

         6º Publio Orlando Melo Ruiz
             Coordinador y supervisor del grupo de sociedades de la DNE. 
           En 2014 la Fiscalía le imputó cargos por peculado por apropiación, prevaricato por omisión e interés indebido en la celebración de contratos. Melo está involucrado en la adjudicación de las sociedades Movilgas y Estaciones de Servicio Alvarado y Cía, conformadas por 15 establecimientos de comercio; que se efectuaron omitiendo el proceso de invitación pública y sin cumplimiento de los requisitos que exige la ley, además se habrían alterado la razón social de los adjudicatarios. 
          Melo es el responsable del desfalco tras omitir su responsabilidad en “vigilar, hacer seguimiento a las acciones de la compañía”, lo que permitió que las utilidades que producían estas sociedades no fueran reportadas a la DNE y presentando, además, un cambio de razón social de los adjudicatarios.

         7º El 'Hombre del Maletín’
     Las autoridades están detrás de la pista del 'hombre del maletín' quien sería el encardado de entregar las resoluciones de nombramiento de los depositarios y de los pagos en efectivo por la adjudicación de bienes. Vive entre una finca de nombre La Morena, incautada a Eduardo Restrepo Victoria, a. ‘el socio’ y una casa en Chicoral, Tolima, Daniel Torres Torres, uno de los más mencionados y buscados por su vinculación en los escándalos de la DNE.      Facilito las ubicaciones de depositarios para otros predios de a. ‘el socio’, como son el recreo y El Horizonte, ubicados en Picaleña, Tolima. Pero llamo la atención un sitio en especial visitado por este asesor. En septiembre de 2016 se realizó en Barranquilla el XIX encuentro de la justicia, donde estarían todos los magistrados de las altas cortes. Otro tolimense bien relacionado con universidades privadas y con la crema innata de la justicia ayudo al asesor de nuestra historia para inscribirlo en dicho encuentro y a entrevistarse con togados de los altos tribunales. El asesor nunca abandonó su ‘Maletín Negro’.
Torres, tiene más de 600 entradas a la DNE, también apareció en el registro del Congreso. Torres visitó en 2010 a: 1º Pablo Enrique Salamanca, del P. Liberal, en mayo 4; Hernán Andrade, abril 29; 3º Orlando Montoya, el 2 y 9 de febrero.

8º Cuatro Grupos
De acuerdo con la Fiscalía, hubo 4 grupos que saquearon la DNE: 
1 y 2 “dos de esas 4 organizaciones fueron lideradas por Albornoz y Figueroa, directores de la DNE”; 
3 “una funcionaria que manejaba el 3 grupo y que coordinaba el saqueo de los vehículos que ingresaban a la base de datos de la DNE”; 
4 “El 4 grupo, a los que la DNE entregaban los bienes a personas recomendados por 13 congresistas, en casi todas las adjudicaciones se han encontrado irregularidades y detrás han empezado a aparecer los nombres de reconocidos políticos, en este sentido, la Corte investiga si, entre los malos manejos de la DNE, hubo pagos de favores burocráticos, la falta de control en la elección de los depositarios, administradores que no contaban con la acreditación legal suficiente para poder responder a ese tipo de manejo, lo cual permitió que allegados a la mafia terminaran administrando bienes.

La Fiscalía adelanta 110 investigaciones sobre las irregularidades de la DNE, los juzgados especializados 14 y los tribunales 2. Los involucrados están siendo investigados por: lavado de activos, peculado, concusión, estafa, falsedad en documento público, hurto agravado y calificado, además de invasión de tierra. El Valle del Cauca, Puerto Boyacá, el Magdalena Medio y el Eje Cafetero son las zonas del país donde se reportaron estas irregularidades.

         Aún continua la investigación en busca de más implicados y para imputar cargos a 11 servidores públicos. En diciembre 21 de 2011 comenzó la debacle para la organización. Fueron imputados por 8 delitos: concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, concusión, cohecho, peculado, fraude procesal y falsedad. Omar Figueroa Reyes, los servidores públicos de la DNE Javier Mantilla, Manuel Ospino y Jairo Muñoz, así como la agrónoma Liliana Garavito.

         En 2013 se imputan cargos
         La fiscalía investiga por el detrimento patri­monial de la DNE en $25 mil millones a:

1º Guido Alberto Nule Marino
La fiscalía en 2013 le imputo cargos. En desarrollo de la investigación se deter­minó que mediante la creación de una fiduciaria y a través del consorcio Bogotá-Fusa, Nule habría logrado el traspaso de los dine­ros que manejaba el Fondo para la Rehabi­litación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) sin cumplir con los requisitos legales por $25 mil millones.

2º Alejandro Vélez Múnera
Secretario general de la DNE.

3º Freddy Guillermo Hernández Sandoval
Tesorero de la DNE.

4º Luis Fernando Sáchica Méndez
Subdirector de bienes de la DNE en 2008. 
La Fiscalía le imputó a Sáchica, hermano de la actual magistrada de la Corte Constitucional Martha Sáchica
Los cargos de peculado, prevaricarto, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica por presuntas irregularidades en la entrega a un depositario de varias estaciones de combustible en el departamento del Meta. Sáchica es señalado de cometer irregularidades para entregar a dedo bienes incautados por el ente acusador. La investigación de la Fiscalía dice que el funcionario hizo cambios en el cronograma de asignación de depositario y realizó reuniones de trabajo para modificar las condiciones del proceso. 
Según la investigación en 2010 Sáchica nombró como depositario a Petroquality S.A.S. que no cumplía con los requisitos para asumir el control de los bienes. “El proceso de invitación pública simplemente fue una cortina de humo donde se pretendió dar visos de legalidad a la designación del depositario cuando este fue escogido por un comité”, señala la Fiscalía. 
Una vez Petroquality recibe las estaciones “con una cortina de humo” la entrega en arrendamiento a la firma Casamotor S.A que se comprometía a consignar a la DNE cien millones de pesos mensuales “canon que además de ser irrisorio tampoco se cumplió”. Solo dos de las nueve estaciones daban utilidades de mil millones de pesos y Casamotor solo tenía que consignar cien millones de pesos por todas. 
Durante el tiempo que Casamotor tuvo las estaciones tenían que consignar 1.200 millones de pesos y solo entrego 456 millones todo ello consideran los investigadores fue parte de un plan en el que participó Sáchica para beneficiar al depositario.

5º Carlos Enrique Robledo Solano
Subdirector jurídico de la DNE.
Estos procesados serían responsables de incurrir en los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, prevaricato por omisión y enri­quecimiento ilícito de particulares. “Los hechos tienen relación con la venta y la compra de la Granja La 32 en junio de 2007. Ese predio está ubicado en un sector del municipio de Cota, Cun­dinamarca y fue vendido al médico Tito Arcadio Perilla y su esposa por la suma de $1.200 millones. De esta manera se ocasionó un nuevo detrimento patrimo­nial al Estado en una suma cercana a los $2.000.000.000, ya que el predio en reali­dad estaba avaluado en $3.500.000.000. Los fun­cionarios y el médico fueron enviados a una cárcel de la capital del país”, sostiene informe de la UNAC, Unidad de Análisis y Contextos.
En 2013 al proceso fueron vinculadas 34 personas, entre ellas 12 funcionarios de la DNE. Los otros son particula­res que fueron designados como deposita­rios o compradores de bienes de la DNE. De las 37 audiencias de imputación de cargos sólo 13 se hicieron efecti­vas, porque en los demás casos los procesados no comparecieron.

         La DNE y 13 Congresistas
        ‘Engavetados’ desde 2004 en ‘(1), (2), (3)’:
(1) La  procuraduría desde 2004 investiga por indebidos manejos en la DNE, a  Trece (13) congresistas por dar comisiones a funcionarios de la DNE, para que entregaran los bienes a familiares y amigos;
(2) La fiscalía tiene pruebas desde 2004de que se entregaron bienes de la mafia para mantener el respaldo político a 13 congresistas, la mayoría del Partido conservador.   Según denuncias de Helia Niño, siempre que se avecinaba época de campañas políticas en el Congreso de la República los bienes incautados por la DNE se adjudicaban de tal forma que favorecieran los intereses políticos de estos congresistas;
(3) La corte desde 2004 investiga por tráfico de influencias en la DNE, a:

1º Álvaro Ashton Giraldo
  Liberal. 
  Varios testimonios relacionan al congresista con Zaira Samira Villamil Álvarez, a quien Albornoz nombró como depositaria del hotel Chinauta Resort. "La misma depositaria decía que con esos bienes no se podían meter porque eran de ese congresista", dijo en el proceso Publio Melo, servidor de la liquidada DNE. El Hotel Chinauta Resort, que fue de propiedad del capo Justo Pastor Perafán y, después de que el Estado se apropiara de él, pasó a manos de la depositaria Zaira Villamil, en diciembre 17 de 2008.
La Procuraduría resalta que cuando la depositaria recibió el ‘Chinauta Resort’ era “uno de los hoteles mejor posicionados en el mercado y en el momento que fue entregado pasó a ser improductivo”. Villamil Álvarez no contaba con la experiencia para administrar un hotel, poseía un título de abogada y durante su administración Chinauta Resort tuvo un bajón.
Pero, como indicó la funcionaria de la DNE, Helia Marcela Niño, a la depositaria “no se le podía mover porque tenía un respaldo fuerte. Los manejos que se le dieron al hotel fueron muy malos, pero el grupo de sociedades comentó que no se podía mover”. Cuando los empleados le advertían que iban a “elevar quejas ante la Procuraduría y la Fiscalía, Villamil Álvarez manifestaba que pusiéramos las demandas que quisiéramos, porque al fin y al cabo tenía el respaldo del congresista  liberal Ashton y de los dirigentes de la DNE”.
Ashton
  el congresista que más visitó a Francisco Ricaurte. 
  El congresista barranquillero estuvo por lo menos 5 veces en la oficina de Francisco Ricaurte mientras éste fue magistrado del Consejo de la Judicatura, cargo que ocupó entre noviembre de 2012 y noviembre de 2014. La 1ª en noviembre 29 de 2012, fecha en que Ricaurte estaba recién elegido. 14 días más tarde regresó al Palacio de Justicia. La 3ª y 4ª en agosto y diciembre de 2013. La 5ª en febrero 26 de 2014.

2º Hernán Andrade
  Conservador. 
  Juan Sebastián Lozada, asistente de Andrade entre agosto de 2006 y mayo de 2009, la DNE le entregó en 2008 cinco lotes de la finca La Esperanza en la vereda Río Frío, de Zipaquirá. Luego trabajó con el congresista Carlos Ramiro Chávarro Cuéllar. La fiscalía reveló que controlo una inmobiliaria en Santa Marta y otros predios en Baranoa y Barranquilla que pertenecían a testaferros del cartel del Norte del Valle. 
  De acuerdo la Fiscalía, sería Armanio Alberto Iglesias Flórez la cuota de Andrade en la DNE, Iglesias quedó depositario de 3 bienes rurales, 16 sociedades en Barranquilla, 16 establecimientos de comercio y 17 inmuebles, todo de los s Carlos Ernesto Saieh Jamis y Armando Jacobo Jaar Jassir.

         Congresistas nariñenses

3º Óscar Fernando Bravo Realpe
  Conservador. 
  Manuel Jesús Guerrero Pasichana, 2006 y 2007 estuvo vinculado a la UTL del congresista. Recibió entre noviembre de 2007 y julio de 2008 cuatro sociedades, 2 bienes urbanos y 22 rurales en el Valle del Cauca. Uber Giraldo, depositario de unos bienes en Ipiales, Nariño, amigo de Bravo, a quien visitó en 2010 en 4 ocasiones.

4º Miryam Alicia Paredes Aguirre
  Conservador. 
  Figura en resoluciones en las que la DNE le delega a su hermano Luis Gonzalo Paredes la administración de varios bienes y sociedades como la Comercializadora de Plásticos Andino, de la Sociedad Ario Ltda o de Inversiones Rodríguez Ramírez.

5º Eduardo Enríquez Maya
  Conservador. 
  Recomendó el nombramiento de un depositario para los bienes del  Daniel Bustillos. Además, hizo nombrar en la DNE a Doris Amanda Rodríguez como encargada del fondo Frisco.

6º Miguel Pinedo Vidal
  Cambio Radical. 
  Veterano cacique político del Magdalena. Siendo congresista, Pinedo Vidal consiguió que le nombraran a su hermano Alfredo Javier como depositario provisional de cerca de 5 sociedades, entre ellas, la de la sociedad Inversores y Construcciones Lybonnaty propietaria de 14 locales ubicados en el edificio Caribe Plaza en Barranquilla, en resolución 94 de julio17 de 2008, firmada por Omar Adolfo Figueroa, subdirector de la DNE.

7º Enrique Rafael Caballero
  Liberal. 
  Condenado por parapolítica a 67 meses y multa de 4.875 salarios mínimos, en calidad de autor de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, cargos que aceptó, de vínculos con Hernán Giraldo Serna, jefe de AUC que operaban en los departamentos del Magdalena y La Guajira desde los 80, denominadas ‘Frente Resistencia Tayrona’ integrante del ‘Bloque Norte’ de las AUC en 2002.

8º Lucero Cortés
  De la U. 
  Personas cercanas terminaron como depositarios administrando 5 carros y 2 fincas, una en la sabana de Bogotá.

9º Omar Yepes Alzate
  Conservador. 
  En reportes de fiscales antimafia aparecen mencionado que intervino para designar un depositario a quien se le adjudicó la finca La Argentina, en Manizales, intervino para designar un depositario a quien se le adjudicó la finca La Argentina, en Manizales. La finca, que era administrada por Luis Vargas Vargas, cuota del congresista, dejó de repente de generar los $700 millones en ganancias que normalmente producía y empezó a tener pérdidas. Vargas y el dueño del predio Jorge Eduardo Mejía, vendían la cosecha sin informar a la DNE sobre estos negocios. 
  Así se desprende de la declaración dada a la Fiscalía por el coordinador del Grupo de Bienes Rurales de la DNE, Juan Carlos Andrade, quien fue enfático en que, por los malos manejos de La Argentina, el predio no le dio ni un peso al Estado. Por ello la propiedad “pasó de ser una finca cafetera productiva a ser un predio que arrojaba pérdidas, situación frente a la cual no se adoptaron medidas que permitieran minimizar el daño”.

10º Cristóbal Rufino Córdoba Mosquera
  Colombia Democrática. Congresista del Choco. 
  Desde 2011, la procuraduría lo investiga por indebidos manejos en la DNE y la Corte Suprema por tráfico de influencias en la DNE.

11º Héctor José Ospina Avilés
  Conservador. 
  Condenado por concusión. Desde 2011, la procuraduría lo investiga por indebidos manejos en la DNE y la Corte Suprema por tráfico de influencias en la DNE.

12º Javier Enrique Cáceres Leal
  Cambio Radical. 
  Entrega de bienes a la empresa ‘Milenio Service’, que administraba hojas de fotocopiadora, y la depositaria del bien era cercana a Cáceres.
           12.1º implicado en las irregularidades de Etesa lo vinculan con desviación de recursos y de crear un Etesa paralela.
            12.2º Condenado por concierto para delinquir y multa de $6 mil millones por aliarse con grupos paramilitares para favorecerse electoralmente, grupos del sur de  Bolívar, con Mancuso y Uber Enrique Bánquez Martínez, a.   ‘juancho dique’. 

13º Luis Humberto Gómez Gallo
  Conservado. 
  Fallecido, condenado por parapolítica.

         Congresistas a Investigar:

14º Efraín José Cepeda Sarabia. 
  Conservador. 
  En agosto 8 de 2010, el depositario de la DNE Antonio Iglesias visitó a Cepeda.

15º Armando Yepes
  La U. Tolima. 
  Nelson Norbey Quintero, depositario de la DNE lo visitó en febrero 22 de 2011. Jaime Armando Yepes Martínez, promete en campaña, puestos en el ICBF y el Departamento para la Prosperidad Social. Es investigado penal y disciplinariamente por irregularidades en la entrega de 9 establecimientos de comercio a la Caja de Compensación del Tolima y tiene una indagación preliminar por vínculos con grupos armados ilegales.

         16º Óscar Mauricio Lizcano
          La U. 
        Recibió la visita de Luis Miguel Pérez, depositario de la DNE, en septiembre 14 de 2010.

  2004 Ingeominas. 
  “Piñata" en títulos mineros
  Robo $70 mil millones. 
  Hubo un alud de autorizaciones anómalas de títulos mineros, por lo la minería ilegal se disparó en todo el país. Un incremento en el otorgamiento de títulos mineros que pasó de 15,9 millones de hectáreas en 2007 a 39,7 millones en mayo de 2009.
         En 2004 Carlos Rodado Noriega, minminas, calificó como una “verdadera piñata” el manejo que se está realizando en Ingeominas, Instituto Colombiano de Geología y Minería, en    la adjudicación de los títulos mineros.

Congresistas manipulan en Ingeominas. Congresistas se pasean por Ingeominas en búsqueda de favores económicos y políticos. La mayoría de ellos conservadores, buscaron aprovecharse de las debilidades del sistema de información del Catastro Minero. 7 de los 9 congresistas, son del partido Conservador, 3 están detenidos en la cárcel La Picota por parapolítica y estafa. Otro ya purgó su pena por nexos con grupos paramilitares. En las visitas de la mayoría de los congresistas, el objetivo era ‘averiguar por contratos’ o en su defecto, pedir que les dieran acceso al Fondo Nacional de Regalías.  Era común ver la fila de camionetas blindadas en los parqueaderos del ente, de los congresistas siguientes:

         1º Ciro Ramírez
Conservador. Boyacá. 
Condenado por parapolítica, salió de la cárcel La Picota en junio de 2001.

         2º Luis Humberto Gómez Gallo
Presidente del Congreso. Conservador. Tolima. 
Condenado en mayo de 2001 a 9 años de cárcel por parapolítica.

         3º Hernán Andrade
Presidente del Congreso. Conservador. Huila. 
Investigaciones por nexos con los cabecillas del desfalco a Cajanal.

         4º Edgar Eulises Torres
Cambio Radical. 
Tiene influencia en Istmina, zona minera del Chocó. Condenado a 9 años de cárcel en mayo de 2011 por paramilitar.

         5º Gerardo Piamba
Conservador. Cauca. 
Llamado a juicio y capturado por estafa agravada y urbanización ilegal.

         6º Augusto Posada
Antioquia. De la U.

         7º Marino Paz Ospina
Conservador. Valle del Cauca.

         8º Jorge Hernando Pedraza
Conservador. Boyacá.

         9º Juan de Jesús Córdoba
Conservador. Boyacá. 
Cuota política del congresista Ciro Ramírez.

Maraña.
. Su debacle se produjo a partir del 2004, cuando le fueron entregadas las funciones que tenía MINERCOL, Empresa Nacional de Minería, como parte del programa de reestructuración del Estado. MINERCOL estuvo varios años al servicio de la clase política de la Costa Atlántica, hasta su liquidación. INGEOMINAS ha pasado de manos ‘paisas’, al control de ‘boyacenses’, y ahora regresa de nuevo a manos ‘costeñas’.

. La Procuraduría
Señaló responsables por: 
1º múltiples irregularidades detectadas; 
2º establecer vínculos con congresistas; 
3º se expidió el Decreto que permitió la vigencia del nuevo Catastro Minero que entró en vigencia en julio 1 de 2008 durante el periodo en el que fue director Ballesteros; 
4º Ballesteros, fue nombrado para satisfacer los intereses del Partido Conservador, cuya proximidad y vínculos con el Procurador, Ordoñez, resultan altamente preocupantes, puesto que podrían constituirse en un obstáculo para llegar al fondo de los hechos y terminar con la sanción de algunos mandos medios, a:
         1º. Hernán Martínez Torres
Ministro de Minas de 2007 a 2010. 
Y como presidente del Consejo Directivo de Ingeominas,

         2º. Mario Ballesteros Mejía
Director de Ingeominas. 
El Gobierno le pidió la renuncia en octubre del 2010

3ª. 2011 La Contraloría. 

Detectó 8 hallazgos fiscales en Ingeominas. Con connotación fiscal, por $70 mil millones, 150 hallazgos administrativos y 26 disciplinarios.   Los más relevantes. Las debilidades encontradas:

         1º Mala administración y manejo del el Registro Minero Nacional y del CMC, catastro minero;
Incumplimiento reiterado en el seguimiento y control de las pólizas minero y ambiental;
       3º Funcionamiento inadecuado del aplicativo Catastro Minero; Por este hueco se perdieron $6 mil millones invertidos en la modernización de la plataforma informática de INGEOMINAS, que ni siquiera pudo pasar la etapa de prueba, según comunicado de minminas, pese a que fue lanzada en 3 oportunidades.
         4º Otorgamiento de concesiones mineras entre títulos, licencias y autorizaciones temporales en Zonas de Reserva Forestal.

         En 2015 la contraloría
Condeno en $60.023 millones por responsabilidad fiscal, en fallo 482 de abril 30 de 2015, a: 
1º Martínez Torres; 
2º Ballesteros; 
3º José Fernando Ceballos, director técnico de Ingeominas; 
4º Prodeco C.I. dueña de la Mina Calenturitas
         Todos estuvieron comprometidos en el detrimento patrimonial que le representó al Estado el ajuste que se hizo, con el otrosí No 8 de enero 23 de 2010, al contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito por Ingeominas con C.I. Prodeco.
         En virtud del otrosí se establecieron  modificaciones en relación con la liquidación de regalías y otras contraprestaciones económicas, que significaron la disminución de las mismas en el denominado período de transición frente a lo que venía recibiendo el Estado por ese contrato de Gran Minería. La modificación, con el otrosí, se realizó sin los estudios previos y sin la debida planeación.
         Lo que causó un daño al Estado, por los cambios realizados en el cálculo de los ítems de regalía básica, regalía adicional y compensación por ingresos brutos, para la producción de 2010, en la Mina Calenturitas, el Estado dejó de percibir $52.214 millones.
         Indexada a la fecha de esta decisión, la suma mencionada se convirtió en $60.023 millones.
         Antes de implementar los cambios consagrados en el otrosí 8, el Estado recibía $129.512 millones, y tras este ajuste se pasó a $77.298 millones, para el período de transición.
         La Constitución establece en los artículos 360, 361 y 362, que toda explotación de un recurso natural causará en favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía, por lo cual desde cuando se detectó que el otrosí No. 8 era contrario a la Carta.

          Resarcimiento a las regiones que no recibieron regalías
Tales regalías estaban destinadas a satisfacer necesidades  básicas de salud, educación y saneamiento básico, de los pobladores de los municipios de Becerril, la Jagua de Ibirico, y El Paso, del departamento del Cesar, que en razón del contrato 044/89 se benefician de los recursos que se reciben por parte de C.I. Prodeco  como contraprestación por la explotación de un recurso no renovable como es el carbón.

. 2012 Mario Ballesteros Mejía. 
Cerro Matoso S.A
La Procuraduría le formuló cargos por irregularidades y extralimitaciones en el ejercicio de su cargo al extralimitarse en sus funciones al someter a Tribunal Arbitramento las diferencias entre Ingeominas y Cerro Matoso S.A. sobre la forma de liquidar las regalías en 2 concesiones, 866 y 1727 de 2004 y 2008, contraviniendo lo dispuesto en la Ley, por cuanto la decisión de Ingeominas era no someter a tribunal de arbitramento las controversias generadas respecto a los contratos de concesión.
         Por otra parte se investiga la conducta de Ballesteros, quien habría declarado insubsistente a la subdirectora de Fiscalización y Ordenamiento Minero, debido a la diferencia de criterios que existía frente al manejo de la suma que debía Cerro Matoso S.A. a Ingeominas por concepto de regalías causadas, según resultados que arrojó una auditoría contable contratada por las misma Ingeominas.

5ª. 2008-2013. 
Destituyen a directivos Ingeominas y Alma Máter
Mario Ballesteros Mejía, director de Ingeominas y José Germán Toro Zuluaga, director de Alma Máter, fueron sancionados por irregularidades en un contrato interadministrativo suscrito en diciembre 26 de 2008 entre Ingeominas y Alma Máter, a quienes la Procuraduría destituyó e inhabilitó por un término de 13 años.

      César David López Arenas, de director de Ingeominas y Edward Adán Franco Gamboa, director técnico del servicio minero del Ingeominas, la procuraduría los destituyó e inhabilitó por 11 años.

       Se trata de un convenio suscrito para realizar acciones conjuntas para la contratación y desarrollo de la interventoría de varios convenios para proyectos de mejoramiento y desarrollo de la actividad minera en el territorio nacional I-2008, II-2008. 

      Los sancionados eludieron el proceso de selección por concurso de méritos, pese a que no se cumplían los requisitos de ley, desfigurando de ese modo la naturaleza de la contratación interadministrativa y fungiendo la Red Alma Máter como un intermediario entre Ingeominas y las firmas subcontratadas.

      López suscribió el convenio de manera directa con Alma Máter, sin que ésta última pudiera por sí misma cumplir lo pactado con Ingeominas, a tal punto que subcontrató a los particulares que finalmente ejecutaron las interventorías requeridas por la autoridad minera, relacionadas con los convenios para proyectos de mejoramiento y desarrollo de la actividad minera. 

         Ballesteros, incurrió en falta disciplinaria al permitir y avalar la ejecución del convenio y corroborar toda la gestión ilegal, firmando 3otrosíes al acuerdo original.  Ballesteros eludió el proceso de selección del concurso de méritos, toda vez que finalmente las actividades de interventoría “las ejecutaron unos terceros que nunca participaron en procesos de selección en igualdad de condiciones, tal y como lo ordena la ley de contratación estatal”.
         Franco, director del servicio minero fue hallado responsable de realizar los estudios previos en los que se estimó conveniente la celebración del contrato interadministrativo con la Red Alma Máter, “cuando tal contratación no cumplía con los presupuestos estipulados en la ley, dado que la Red Alma Máter no tenía entre su objeto social la realización de interventorías, ni contaba con la capacidad técnica, infraestructura y experiencia para ello”.

         6ª. 2013 CAR demandó 29 títulos mineros

Por hallarse en zonas protegidas o de reserva forestal, la CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, demandó la concesión de 29 títulos mineros en Cundinamarca.

         Los procesos se presentaron en mayo 30 de 2013, buscan la “nulidad absoluta de los contratos de concesión minera suscritos entre la autoridad minera y varios explotadores de minas de carbón, en áreas protegidas no compatibles con la minería”.
         Las CAR anunció que “este primer paquete de demandas por títulos mineros afectan el Páramo de Guargua y Laguna Verde, en territorio de los municipios de Tausa, Cogua, Nemocón, La Calera, Zipaquirá, Soacha,  Sutatausa, Carmen de Carupa, Cucunubá y Suesca”.

7ª. Consecuencias.
         7.1ª 
Se creó la Agencia Nacional Minera que arrastra los mismos vicios de Minercol, Carbocol e Ingeominas. La recién creada entidad se puso en marcha a partir de marzo de 2012; han pasado 5 directores: Ballesteros; Paredes; Beatriz Uribe; María Constanza García; el secretario del Ministro Rodado; y nada.
         7.2ª 
Marcha a toda máquina, Locomotora minera, pero sin ruedas, combustible, ni conductor. Por el Ministerio han ‘Rodado’ Cárdenas, Rengifo, embajador en Argentina, sin que hasta ahora se reabra el Catastro Minero, cerrado desde febrero 2 de 2011. Hay sin resolver 19  mil contratos de concesión minera. Permanecen arrumadas 4 mil solicitudes de minería de hecho, sin atender, y 9 mil contratos sin la debida diligencia.
         7.3ª 
Plazos. La Corte Constitucional tumbó la Ley 1382 de 2010 que dio un plazo de 2 años al Gobierno para presentar el nuevo Código de Minas; el término se vence en mayo de 2013 y hasta ahora no ha habido consulta previa, razón por la cual se cayó la anterior ley.

2004-2009 Megafraude a la Dian
Robo más $13 billones. 
Desfalco billonario perpetrado por empresas de exportaciones ficticias que pedían reintegro de recursos por concepto de devolución del IVA. Incluso, involucró el soborno a los investigadores iníciales por $1.400 millones. Dineros habrían sido saqueados de la entidad desde el 2004.  Dentro de los métodos que sirvieron como modalidad del robo se encontraron: 1º el uso ilegal de firmas digitales; 2º el soborno a contribuyentes legales; 3º el robo de datos tributarios de empresas inactivas; 4º la creación de empresas de papel, a través de la cual cientos de empresas ficticias cobraban falsas devoluciones del IVA por la exportación de productos como la chatarra, materiales ferrosos, cobre, cuero, textiles,
         La Contraloría sostuvo, tras un análisis realizado durante 33 meses, las pérdidas en la devolución del IVA, en la revisión de tan sólo 2 expedientes, ascendían a los $13.342 millones.
El fraude a la Dian. 
¿Cuánto podría tardar un fallo de imputación? 
Más de 81 judicializados resultaron implicados en el desfalco a la Dian y de acuerdo con la Contraloría, todavía está en proceso de responsabilidad fiscal, por lo que el desarrollo del mismo se encuentra en reserva hasta que se dé el fallo de imputación. Dicho fallo podría durar 5 años más.
Investigación: 
En el 2007 fueron creadas cerca de 26 empresas, que fueron asesoradas sobre la manera de obtener irregularmente la devolución del IVA por la exportación de la chatarra, por parte de una consultora que pertenecía Blanca Jazmín Becerra. Dato: Existieron 16 empresas colombianas y venezolanas que justificaban irregularmente los activos obtenidos ilegalmente por las empresas de Arias, generalmente de las actividades relacionadas con el contrabando, desfalco, participación y responsabilidad por el delito de lavado de activos, reembolso fraudulento del IVA, utilizando empresas ficticias, documentación contable falsa y simulación de exportaciones de mercancías, a Panamá, China, y otros países, que estarían exentas de este pago.
Implicados
Hay 81 personas las capturadas, de las cuales 24 funcionarios de la Dian, uno de la Cámara de Comercio de Bogotá y representantes legales de estas empresas ficticias. Además, se realizaron 6  extinciones de dominio, en donde la Fiscalía ha ocupado 454 bienes, que sumarían un valor de $70.000 millones.
Blanca Jazmín Becerra Segura.  
La Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio de bienes de los asociados a la red de corrupción. Los inmuebles fueron avaluados por $3mil millones y estaban ubicados en las ciudades de Barranquilla, Valledupar, Riohacha y en el municipio de Maicao en la Guajira. La información fue entregada por el cerebro de la organización al interior de la entidad, Blanca Jazmín Becerra Segura, condenada a 27 años de cárcel. Becerra aceptó su responsabilidad por captación ficticia, concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho, enriquecimiento ilícito, falsedad en documentos públicos y privado, y lavado de activos.
José Norbey Garzón Fierro
Escolta de Becerra; Garzón ha entregado 26 carpetas en las que se encontraron documentos referentes al “manejo ilícito de los cobros que se adelantaban de manera fraudulenta”. Desde julio de 2011, Garzón está detenido en la cárcel La Picota, condenado a 263 meses de prisión y una multa de 18 mil salarios mínimos, por apoderarse de dineros que la DIAN devolvía por concepto del IVA por exportaciones e importaciones.
Guillermo León Rodríguez Morales
Socio de Consultores y Asesores R&B, en 2012 fue condenado a 127 meses y multa de 5.115 salarios mínimos, como autor responsable de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. El condenado, quien se allanó a los cargos.
Sandra Milena Gómez
Otra de las implicadas, estaría negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía, buscando beneficios judiciales a cambio de información.
         5º Un funcionario de la DIAN de Villavicencio
Quien tenía un ingreso bimensual de $120 millones, entre loreportado por la Dijin: “Este hombre se transportaba en vehículos de alta gama, se movía entre Villavicencio y Bogotá, donde tenía varias propiedades, además de 3 escoltas que portaban armas de aire comprimido, 2 de los cuales fueron detenidos. También tenían casas, fincas en poblaciones cercanas, oficinas en sectores lujosos y así por todo el país”. 
6º ‘El zar de la Chatarra’
James Francisco Arias Vásquez. Movió más de us1.300 millones de dólares en solo 6 meses.  Condenado a 10 años de prisión. Acusado de entregar documentos que les servían a empresarios con organizaciones solo existentes en el papel, para simular operaciones comerciales y luego reclamar a la DIAN el valor del IVA. No solo aceptó haber participado en un desfalco a través de registros ilícitos de importaciones y exportaciones ficticias de chatarra a Usa, China y España, si no que se comprometió a colaborar con la justicia en casos relacionados con el desfalco a la DIAN. Además de entregar 273 bienes avaluados en más de $300mil  millones, el acuerdo también contempla que Arias pague $35mil millones, como reparación a la Dian.

DIAN 
Barranquilla
El fraude estuvo encabezado por Franklin Sánchez Toro, jefe de devoluciones de la Dian en Barranquilla. Sánchez, se convirtió en el funcionario de mayor rango de la entidad vinculado a un cartel que desfalcó al estado a través de devoluciones del IVA por falsas exportaciones.

2010Dian descubre contratistas fantasmas en obra vial

Este sería uno de los casos de mayor evasión de impuestos en la historia del país. En él estarían involucrados grandes contratistas y firmas concesionarias de la ANI. Mayo de 2013, la DIAN revelará los nombres de las empresas que hacen parte de la investigación. También se pudo conocer que a través de subcontratistas fantasmas en el año 2010 se cometieron los actos de corrupción y desfalco al Estado. Habrían pagado sumas entre $20.000 y $200.000 para que varias personas sacaran un registro único tributario en el que dijera que ellos prestaban servicios de mano de obra para los desarrolladores del proyecto. ¿’Engavetado’?

2004 Los Nule
El desfalco va en $3 billones
El escándalo que involucró al grupo Nule en Bogotá salpicó al gobierno Nacional, por los nexos de altos servidores con los cuestionados y presos empresarios. Caso concreto señalamientos al secretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo y a directores de la Dian. En 2004 la DNE le otorgó un préstamo de $26 mil millones al Grupo Nule para financiar la doble calzada Bogotá-Girardot.
Los Nule es un grupo de 3 empresarios Guido, Manuel y Miguel, que desde 1992 conformaron más de 30 empresas de ingeniería civil, y facturan al año más de us200 millones. Guido Nule es hijo del Ministro de Minas, Guido Nule Amín y sus primos, Manuel y Miguel Nule son hijos de Miguel Nule Amín, ganadero,  Gobernador del Departamento de Sucre y 3 veces concejal de Barranquilla.
En junio de 2004, el gobierno nacional entrego a los Nule la concesión del megaproyecto vial más importante del país, la autopista Bogotá-Girardot. Su mayor socio en esta obra, que participó con el 25% de la concesión,fueAlejandro Char, alcalde de Barranquilla, hijo del congresista y empresario del Atlántico Fuad Char, cuñado de Guido Nule. Cuatro días después de obtener la adjudicación de concesión de la autopista se empezó a modificar el contrato. Hasta el 2008 se habían presentado 18 variaciones que incluyeron cambios de fechas, ampliación de plazos, cambios técnicos modificaciones de cláusulas y adiciones de recursos.
         Adicional, el INCO, le reconoció a la concesión el pago de us13.957.694, ocasionados por la construcción de nuevas obras.
          Para financiar la construcción de la Autopista Bogotá – Girardot, en el año 2006 la DNE le prestó al grupo us13.441.000, incautados al narcotráfico y destinados a la construcción de cárceles y para la administración de justicia. Los Nule le incumplieron a la DNE con el pago de us7.000.000. Según la Contraloría, dicha transacción “que no revistió ilegalidad” dejó en evidencia debilidades que ponen en riesgo inversiones tan significativas.
         En 2008 fueron señalados de usar recursos de regalías mineras que tienen destinación específica, al encontrar cómo Manuel Nule Velilla, MNV S.A., hace parte de la unión temporal que audita las regalías del Departamento del Casanare.
         Además, que MNV S.A., se benefició de us2.070.000 de esos fondos, a través del consorcio vial de la autopista Bogotá-Girardot.
A finales del 2007, la Procuraduría inicia investigación disciplinaria preliminar por supuesto tráfico de influencias a: Juan Carlos Vives, director de la DNE.
         A Carlos Albornoz director de la DNE y 15 funcionarios de la DNE, la Contraloría en 2008 les abrió un proceso de responsabilidad fiscal por lo que considera "un detrimento al erario" en el préstamo de la DNE al grupo Nule. Por esto instauró demandas contra las firmas MNV y Gas Kpital del mismo grupo.

2006 Los Nule. 
Brigard & Urrutia
Brigard & Urrutia asesoró a 2 fondos ‘buitre’ internacionales: Invertotal y Hansa Holdings LTD, subsidiaria de Arco Capital Corporation, un fondo gringo e Invertotal, mexicano-americano, para que constituyeran la sociedad Solutions and Infrastructure Technologies, con un capital suscrito de $1 millón, un capital pagado de $-0- pesos, sin junta directiva, Alberto Hernández es el gerente, constituida con el propósito exclusivo de tomar el control administrativo de las empresas de los Nule, que le deben a estos 2 fondos $80 mil millones desde 2007. 
Se intentaba blindar la plata de los Nule de los acreedores estatales, comenzando por Bogotá, otras ciudades, gobernaciones y la nación, que les dieron anticipos para obras que no se han entregado y que tendrían que “hacer cola” detrás de estos fondos por la ‘Confianza Inversionista’.
Los Nule firmaran el acuerdo, los Fondos les prometían que se quedarían con el 25% de sus empresas si se salvaban.

2006 Los Nule. 
Electrolima. 
El grupo Nule era propietario de Enertolima, de la empresa de energía de Pereira e iban por la Electrificadora del Cauca. 
Enertolima entro como operador de Electrolima, afectando la infraestructura eléctrica del Tolima, pese a denuncias presentadas a María Eva Uribe, superserviciospúblicos, Manuel Maiguasha viceminas y Luis Ernesto Mejía minminas, candidato vicepresidencial de Noemí  y ministro estrella según el gobierno, no intervinieron.
         Resulta que el 50% de Enertolima y el 25%  de la empresa de energía de Pereira, no es de los Nule, sino de la empresa Solutions and Infraestructure Technologies Colombia S.A.S, que aparece como el dueño mayoritario de la empresa MNV y como un socio importante de Gas Kapital. La Supersociedades en visita a las sociedades MNV y Gas Kapital al revisar el libro de accionistas,  descubrió que éste había sido sustraído de la compañía sin ninguna explicación, que las empresas carecían de contabilidad desde marzo de 2010, que había habido una cesación de la actividad contable y tributaria. Un completo desorden financiero.
         Los Nule tras 15 años de trayectoria, conformaron un emporio de más 35 empresas en los sectores de energía, agua y construcción; llegaron a participar en más de 86 consorcios para las diferentes licitaciones públicas; sus inversiones traspasaron las fronteras, además de varios países de América Latina, desarrollaron proyectos en España y en busca de recursos llegaron a China y Dubai. En su mejor momento facturaron más de 200 millones de dólares al año, y emplearon, directa e indirectamente a través de sus empresas, a unas 15.000 personas. Se convirtieron en las estrellas nacientes de la contratación pública del país. Algunos competidores que perdieron licitaciones frente a ellos, se atreven a decir que como los sobornos a servidores públicos, fueron parte integral de la fórmula del triunfo, lo implicaban un sobrecosto adicional que agravaba los problemas de liquidez.

2006 INCO. 
Instituto Nacional de Concesiones
Entidad pública encargada de identificar y proponer iniciativas de vinculación decapitalespara el desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos o relacionados. Desde el 2006, ha sido mencionada en diversas ocasiones por escándalos de corrupción. 3 directores han dejado el cargo por hechos de corrupción.

1º Luis Carlos Ordosgoitia Santana
director del INCO hasta noviembre de 2006
Ingeniero Civil, 
Se retiró del cargo tras admitir que era uno de los cerca de 30 políticos y congresistas  que en julio 23 de 2001asistióa una convocatoria de la organización paramilitar AUC, que terminó con la firma delllamado ‘Pacto o Acuerdo de Ralito’, para la “refundación” del Estado y la suscripción de un "nuevo contrato social".
Aunque el acto ilegal del que se acusó a Ordosgoitia no ocurrió durante el tiempo que ocupó el cargo de Director del INCO, el proceso de investigación penal y el escándalo se desató durante este periodo, razón por la cual el nombre y la imagen del Instituto se vieron involucrados.
   Luego de la investigación por parte de la Fiscalía, Ordosgoitia fue declarado inocente por el vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago.

2º Fabio Méndez Dangond
Director del INCO de diciembre de 2006 a Marzo de 2007. 
Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, 
Fue destituido por presentar un diploma falso de magister en Finanzas y Evaluación de Proyectos. Hasta la fecha no se conocen fallos de investigaciones de tipo penal en contra del servidor, la sanción disciplinaria fue la destitución de su cargo, no obstante en los archivos de la Procuraduría no se registra ninguna inhabilidad o sanción disciplinaria adicional a su despido.

3º Álvaro José Soto García
Director del INCO hasta Septiembre de 2009
Relevado del cargo, con 3 funcionarios y un asesor del mintransporte, por hechos de corrupción. 
Esto se debió a la aparición de una grabación de una conversación telefónica en la cual se oía a un asesor del INCO hablar de la presunta distribución de dineros a directivas de la entidad para otorgar una millonaria concesión de la obra del ferrocarril central, la construcción y operación del corredor férreo entre Chiriguaná, Cesar y Buenos Aires, Cauca, con un valor de $1.3 billones
Dicho asesor fue identificado como Guillermo Gómez, quien habla con una segunda persona sobre la distribución de los dineros que entregará un licitante. El asesor menciona no sólo al director del INCO, sino a otros 4 servidores, y la distribución de los dineros, que sería del 60% del valor de la licitación. Gómez, según la grabación, dice como sería entregado el porcentaje entregado para Álvaro José Soto, quien lo recibiría a través de una tercera persona.
El proceso sigue en investigación ante los órganos Fiscales, Penales y Disciplinarios. Implicados: Miguel Bonilla,  subdirector de administración y adjudicaciones; Liliana Calderón, coordinadora del Sistema Férreo; Álvaro Arias, asesor contable del mintransporte;

2007 INVIAS 
Instituto Nacional de Vías. 
Ente público del Mintransporte, encargada de la ejecución de los proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional y de la infraestructura marítima.
Daniel Andres García Arizabaleta. 

Director de Invías. 

En 2007, por denuncias anónimas, la Procuraduría abrió un proceso disciplinaria por irregularidades cometidas. La investigación adelantada por la Procuraduría, identifico que había incurrido en una serie de faltas disciplinarias, no solo durante su cargo como Director de Invías, también mientras ocupó otros cargos públicos de importancia como  vicetransporte, Director de  Coldeportes y Asesor de la Presidencia de la República.

         1º y 2º Los dos primeros cargos contra García hacen referencia a un documento que éste entregó para probar su experiencia laboral y que, según la Procuraduría, tiene datos no verídicos. En este sentido, el organismo aseguró que el acusado ejerció funciones de asesor sin cumplir los requisitos legales.

         3º En tercer lugar, García habría incurrido en incompatibilidad porque asumió la Dirección de    Coldeportes aun ejerciendo como asesor presidencial.

         4º El cuarto reparo que hace la Procuraduría es que García se posesionó en esta última entidad sin tener los requisitos, pues él es arquitecto y esta profesión no figuraba dentro de las posibles para la Dirección.

         5º En quinto lugar, dice la investigación, García Arizabaleta nunca acreditó la experiencia profesional requerida para ese cargo, a pesar de que estuvo en Coldeportes hasta agosto del 2006.

         6º Una sexta irregularidad, dice la procuraduría, es que García habría usado su cargo enColdeportes en beneficio propio, al modificar los requisitos para llegar a Director: bajo las nuevas reglas, un profesional en cualquier disciplina académica, incluida la arquitectura, que erala suya, podía dirigir Coldeportes.

         7º y 8º Los cargos séptimo y octavo se relacionan con haberse posesionado y ejercido como director de Invías sin los requisitos de ley. En ese momento, García estaba en el vicetransporte. Entre los requisitos estaba tener un título profesional en ingeniería civil, de transporte y vías, administración de empresas o pública, derecho o economía, que García Arizabaleta no posee.
La Procuraduría sostiene que, haciéndolas  veces de director encargado del Invías y sabiendo que no cumplía con los requisitos legales, modificó el manual de requisitos para ese cargo público e incluyó la arquitectura, como lo hizo en Coldeportes, como una de las profesiones válidas para ocuparlo.

         10º La décima irregularidad que habría cometido García fue posesionarse como director en propiedad del Invías. Una vez más, el cargo está relacionado con la experiencia laboral en la firma de propiedad de su familia que, según la Procuraduría, no tenía. Además, estaba inhabilitado para ejercer la arquitectura, pues carecía de tarjeta profesional. La Procuraduría dice que hay indicios de irregularidades, como usurpación de funciones públicas e indebida ejecución presupuestal en Invías, que trasladó a la Fiscalía. Por las irregularidades mencionadas, el Procurador, ordenó la destitución de García Arizabaleta como Director de  Invías y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 12 años.

2006 Mauricio Ramírez Koppel
Director del Invías.
En 2012 la Contraloría imputó cargos de responsabilidad fiscal contra 6 ex funcionarios y un ex contratista del Invías por un detrimento patrimonial de $13.951 millones, que se dio al no ejercer una adecuada defensa del Estado en el trámite de una millonaria conciliación del instituto con el consorcio conocido como Conigravas S.A.
La medida cobija al ex director del Invías, Mauricio Ramírez Koppel, a los miembros del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del instituto en la época que sucedieron las irregularidades investigadas y al apoderado judicial de INVIAS en la conciliación, Francisco Ernesto Ramírez Vasco.
Los integrantes del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del Invías de 2006 vinculados como presuntos responsables fiscales son:
El Secretario General Administrativo, Augusto Ramírez Gasca; el Jefe de la Oficina Jurídica, Vladimir Fernández Andrade; el Secretario General Técnico, Germán Roberto Rueda Arévalo; el Subdirector Técnico Financiero, Guillermo Alberto Petersson Prychodny; y Gustavo Alberto Montes Villa, en su condición de delegado del entonces director del INVIAS en este comité.
El caso en cuestión involucra la conciliación más cuantiosa de que se tiene antecedente en la historia del país.
El contrato que dio origen a la controversia legal y consecuente conciliación data del 7 de febrero de 1983 y fue adicionado en ocho oportunidades. 
Se trata de un contrato de obra pública por el sistema de precios unitarios, suscrito por el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo Vial Nacional con el Consorcio Conic S.A. Botero Aguilar y Cia Ltda, por un valor de $600 millones, que tenía por objeto adelantar obras de ampliación, rectificación y pavimentación en la carretera Medellín-Turbo, ruta 21, tramo 14. La carretera contratada nunca se terminó. 
El consorcio Conic S.A. Botero Aguilar y Cia Ltda cedió sus derechos y obligaciones a Conigravas S.A. y otros, actuales demandantes.La controversia surgió por una deuda inicial de $690 millones, que en una primera conciliación aceptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en 1998, paso a superar los $25.000 millones, suma que fue reconocida y pagada en ese mismo año.
El problema surgió a finales de 2006 cuando, al atender una nueva demanda, el INVIAS acepto una segunda conciliación, esta vez por $74.00 millones. 
Esta nueva conciliación fue aprobada, otra vez, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que además ordenó embargar las cuentas del Invías. 
Para la Contraloría General de la República no hubo una adecuada y efectiva defensa judicial en el proceso ejecutivo, lo que conllevó a una conciliación soportada en decisiones del Comité de Conciliaciones del Invías, que desconocieron los principios de la administración pública y la gestión fiscal.

       Igual, la Contraloría interpuso denuncia penal ante la Fiscalía para que se investigue la pérdida o destrucción de documentos inherentes al proceso que hubieran sido vitales para modificar la postura que inicialmente tuvo la CGR sobre el caso Conigravas, en lo relativo al doctor Adolfo Weybar Sinisterra Bonilla, actual Contralor Departamental del Valle del Cauca, quien participo en la investigación inicial sobre el tema en la administración del ex Contralor General Julio César Turbay Quintero.


2011 Andrés Uriel Gallego
Ministro de Transporte durante todo 2002-2010. 
En 2011 junio 23, la Contraloría le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por haber hecho pagos sin justificación por más de $193.000 millones para las obras de construcción del túnel de La Línea, que adelanta la empresa Unión Temporal Segundo Centenario. El ente fiscalizador estableció que a la fecha a los contratistas de este proyecto se les han pagado $321.000 millones, pero la obra recibida vale $127.931 millones.

2006 Térmicas
‘Cargo por Confiabilidad’. 
Robo $23 billones. 
La Resolución 071 de 2006, del ministro de Minas y Energía, Tomás González adopta la remuneración del ‘Cargo por Confiabilidad’, que obliga los generadores térmicos a surtir energía en época de crisis energética, pero el gobierno no facultó a la superservicios Públicos Domiciliarios para vigilar estos pagos a las térmicas. En 2015 de las 32 unidades de generación térmica existentes, en la actualidad solo se encuentra disponible Termocandelaria. 
La superservicios, entidad de ‘control’ del sector de servicios públicos informa que sólo vigila que las térmicas cobren las tarifas, más no el destino que se le dé a los recursos. El seguimiento al dinero pagado a las térmicas no tiene doliente en el Gobierno, razón por el cual no se sabe dónde fueron a parar los dineros recogidos en las facturas eléctricas que han pagado los colombianos por 23 billones.
         Los costos de la emergencia energética lo pagan los colombianos: supera los $3 billones. Los recursos se obtendrán vía tarifas y presupuesto de la Nación. Los usuarios ya pagaron más de $23 billones en el ‘Cargo por confiabilidad’.

2008 Aerocafé
Aeropuerto del Café
Robo $1.1 Billones
El aeropuerto del Café que se construye en Palestina, Caldas, se convirtió en un ‘hueco sin fondo’. Además de tragarse millonarios recursos de todos los colombianos, es el elefante blanco más grande y costoso de la Nación. En 2008 el caldense Óscar Iván Zuluaga fungió como impulsor de Aerocafé, obra que alzó vuelo durante el segundo gobierno, cuando Zuluaga era minhacienda, se gastó más de $300 mil millones, a pesar de graves errores técnicos, geológicos y con actos de corrupción. El director de Planeación, el pereirano Simón Gaviria, dijo que le faltan estudios y la estocada final vino del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aclaró que “Se necesitan recursos y hoy no los tenemos”, dijo.
         El problema es que para finalizar la obra tendría un costo cercano a $1,1 billones, cifra exorbitante en comparación con otros terminales de América Latina. Lo insólito es que en 1985, cuando nació la idea, valía $45 mil millones.

   El terminal aéreo tiene varios problemas:
1º La pista tendría solo 1.400 metros de longitud, solo aterrizan aviones pequeños y permanece cerrado la mitad del año por problemas climáticos;

2º Ya hay 4 aeropuertos en la región que quedan muy cerca y que se pelearían los pasajeros, La Nubia en Manizales, El Edén, Armenia, Matecaña, Pereira y Santa Ana, Cartago;

3º El problema de la longitud de la pista plantea 2 enormes dificultades:
La primera es técnica, porque construir la definitiva, de 2.400 metros, es un reto enorme para la ingeniería. La razón es que para construirla es necesario cortar varias montañas y rellenar los espacios para formar una meseta.
La segunda, la financiera, es consecuencia de la anterior, pues hacer una obra de esas dimensiones multiplica el costo del proyecto;

4º Hoy nadie entiende cómo comenzaron obras sin los estudios técnicos, que aparecieron solo en 2014;

5º Lo peor, ignoraron un análisis de 2002 que advertía de los problemas con los rellenos, conocidos como terraplenes. En efecto, varios terraplenes no sirvieron, lo que motivó una investigación de la Contraloría que vinculó a 31 servidores entre exgobernadores y exalcaldes, que fueron absueltos. El proceso sigue abierto solo con los contratistas, a quienes la Corporación Cívica de Caldas, una entidad gremial veedora, les descubrió otra perla: un carrusel de contratistas e interventores. 

         Francisco José Cruz Prada, secretario de Ambiente de Bogotá
En contra de este servidor público cursa una investigación en la Contraloría por un detrimento patrimonial cercano a los $50 mil millones en la construcción del fallido Aeropuerto de Palestina, cuando este se desempeñaba como Gerente de Aerocafé. En Caldas dicen que el único avión que ha despegado del Aeropuerto del Café es su gerente, Cruz. Es el mismo que salió a defender la propuesta de Peñalosa diciendo que el concepto de la CAR sobre la Reserva Van der Hammen, es equivocado: ‘No hay reservas intocables’. Por un lado esto es sorpresivo ya que según la hoja de vida de Cruz, antes de su puesto en la Alcaldía trabajó 3 años como director de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la CAR, es decir que estuvo involucrado en el concepto que ahora desvirtúa. No es claro si hay que creerle al Cruz de Peñalosa o al Cruz de la CAR. Esto es preocupante ya que Cruz no parece tener el mejor prontuario en el tema de los macroproyectos.

2009 Isagén
Los ministros de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, propusieron la venta del 57% de la participación de la Nación en Isagén, negocio que incluía la venta de electrificadoras en Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, confiaban que la venta quedará definido para el segundo semestre de 2009 y por el que el gobierno calculaba que entrarían a las arcas de la Nación $4,3 billones, ya que contaba que esos recursos hicieran parte del plan de financiero de 2010, se adelantaron conversaciones con firmas como JP Morgan, Goldman Sachs, Créditos Suisse y Citibank.

2001. Caso Lezo
Cómo se apoderaron de la Triple A de Barranquilla
En 2000 comenzaron los negocios millonarios para un puñado de empresarios españoles y colombianos con el agua, el alcantarillado y el aseo de Barranquilla, cuando se dio el paso clave para el tránsito de la Triple A, a Inassa, la filial de Canal Isabel II. Se concretó en  noviembre del 2001 y se abrió la compuerta para que entraran a participar del jugoso negocio los empresarios barranquilleros Luis Nicolella de Caro, Enrique Miguel  Gerlein Navas y Nelson Polo Carbonell con un 18.76% de Inassa.
Inassa es el principal accionista de la Triple A de Barranquilla, que factura más de $650 mil millones, tiene el 37% de Metroagua de Santa Marta y de Asaa de Riohacha, entre otras empresas y actividades. Inassa fue constituida en 1996 en Barranquilla por Aguas de Barcelona, que en ese momento había sido contratada como socia operadora de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la ciudad. Al llegar, adquirió el 13% de las acciones. En 2002, cuando se había expandido en varios países, Inassa fue adquirida por Canal de Isabel II a través de Canal Extensia, una filial creada para expandirse en América Latina. Colombia fue la cabeza de playa de esa operación.
         A partir de ese momento, y a través de unas cuestionadas operaciones de disminución de capital, revalorización del patrimonio o emisión de nuevas acciones de la Triple A, Inassa fue aumentando su participación en detrimento de Barranquilla, que terminó con los años con solo el 13% de la propiedad. La única explicación que el Distrito ha dado es que cada vez que había que hacer inversiones o se emitían acciones, Inassa aumentaba su participación porque Barranquilla no tenía cómo capitalizar. Sin embargo, lo que ahora está al descubierto es que lo habría hecho con dineros de la propia empresa.


2001-2010 el Agro
En 2008 se importó 9.8 millones de toneladas de productos del agro, 3.5 de maíz, 1.5 de trigo.

2006 Café
Los cafeteros de Colombia son víctimas de un gran error. No disfrutan del bien más valioso de nuestro Agro, el negocio Cafetero y que creamos hace 50 años entre todos: la marca Juan Valdés®.
         El error se fraguo desde la administración de Jorge Cárdenas, avalado por una legalidad construida sobre el acto de derogar el modelo institucional parafiscal, por cambios de Estatutos, por los votos del Comité Nacional de Cafeteros, por contratos inicialmente verbales como el de Procafecol, y por ciertas modificaciones introducidas cada 10 años en el Contrato de Administración del Fondo Nacional Del Café que aún firman la Federación y el Gobierno Nacional.
         Veamos los hechos. Con el ahorro de los caficultores en promedio de 20.9 centavos de dólar por cada libra de café verde producida y exportada desde 1940 hasta el año 2001 - por 60 años, una cosecha tras otra - en 1960 Don Manuel Mejía, al frente del gremio, dio luz verde a una campaña publicitaria para crear una marca distintiva del Café de Colombia y así se construyó entre todos las marcas Café de Colombia®, más mencionada Juan Valdés®. Cerca de 2.000 millones de dólares hasta el año 2002 se invirtió en Promoción y Publicidad. Y aún se sigue invirtiendo.
         Hoy, una empresa llamada Procafecol creada en 2006 por nuestra Federacion - quien cobró $20 mil dólares por el derecho a usar la marca Juan Valdés®, con accionistas que no fueron los ahorradores que construyeron Juan Valdés® entre los que se cuentan el BID, propietario del 13%, Grupo Santodomingo, Bavaria, Saab Miller, algunos cafeteros con dinero para comprar acciones y otros personajes de los que sabemos - usufructúa comercialmente la marca Juan Valdés®. Además, está autorizada por contrato renovable para establecer todas las miles de franquicias que desee, comercializar artículos diferentes a café ampliando la oferta de productos y otros acápites más. Por números aproximados podemos decir que casi 500.000 familias cafeteras que sí fueron ahorradoras y creadoras de Juan Valdés® no tienen ni una acción en esa - inalcanzable y recién llegada - Procafecol.Vamos a deshacer en Derecho lo que se hizo en Derecho. Libro ‘La Realidad sobre Juan Valdez’by Guillermo Alonso García Peláez, Editorial Papiro, Pereira 2008.

2008. Subsidios ‘no reembolsables’ 
Distrito de Riego Mocarí en Montería
Robo $15 mil millones. 
El minagricultura firmó el decreto 732 de 2008 con el que el gobierno invirtió más de $15 mil millones para el distrito de riego en Montería, Córdoba. Para los predios de la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo SAS, fueron distribuidos recursos en subsidios por $3.200 millones, así: en 2008 recibió $903 millones; en 2009, $1.404 millones; en 2010, $990 millones, gracias al decreto. En 2008 este distrito tuvo la segunda mayor participación en un proyecto de mantenimiento e inversión que hay en el Incoder para los distritos de riego”.

2010 Semillas Resolución 970 de 2010
El ICA hizo 8 brigadas de control a “semillas ilegales” o “semillas de costal” y decomisó más de 1 millón de kilos. Sucedió en el Tolima, Huila, Casanare, Boyacá, Córdoba y Cesar. Eran semillas de arroz, papa, maíz, trigo, pastos, arveja, cebada, fríjol y habichuela. El ICA decomisó 70 toneladas de semilla de arroz a los agricultores de Campoalegre en el Departamento del Huila.
         El ICA expidió y aplicó la Resolución 970 de marzo del 2010, que legisla sobre los requisitos para producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y uso de semillas en el país, su control y otras. Si algo pasa en Colombia, será porque las semillas orgánicas nos han contaminado. Y para mostrar cómo trabaja sobre el tema de semillas, el ICA expidió otras 23 Resoluciones en estos 18 meses, equivalentes alrededor del 50% de toda la actividad normativa. Organismos Vivos Modificados OVM, Organismos Genéticamente Modificados OGM, semillas transgénicas, permisos de importación, permisos para probarlas en diferentes regiones, permisos para multiplicarlas como semilla. Maíz, remolacha, soya, algodón.
         Lo que ha sucedido hoy viene desde años atrás. En 1980 MONSANTO consiguió que el senado de Usa atendiera su solicitud de Patentes Genéticas en La Ley de Patentes. Al día de hoy cuenta con 23 genes patentados. ¡Qué bien por esos hombres y mujeres que deben nadar ahora entre el lujo y el poder, participando de la idea de dominar el mundo! Hoy día el 90% de toda la semilla de soya sembrada, es semilla Monsanto. Desde que aparecieron estas patentes, la semilla de maíz tuvo un incremento de precio del 135% y la soya de 108%.
         Después de la aprobación de la Ley, el proyecto corporativo de Monsanto y sus otros compañeros Templarios como BAYER, BASF, SYNGENTA, DOW, han quedado dentro de la Ley. Y todos los demás productores de semillas – hombres, árboles, arbustos, pasturas, frutales, flores, cultivos de pan coger, tubérculos, - han quedado fuera de la ley. Sí señores. Para que veamos qué tan visionarios y buenos administradores de empresas son estos empresarios trans-fronterizos, y unos cuantos criollos avisados que se apresuraron a subirse a la locomotora de las semillas. Hermosa manera de hacer negocios.

2009 Carimagua. 
Es la denominación de un conjunto de predios ubicados en el departamento del Meta, con una extensión de 17.000 hectáreas, que el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, en el acuerdo 005 de septiembre de 2004 el gobierno nacional ordeno la entrega a 700 familias víctimas de desplazamiento forzoso, por la violencia paramilitar.
         Sin embargo en 2008 el entonces minagricultura Andrés Felipe Arias, cambio la destinación y ordeno la entrega en concesión de Carimagua, a empresarios, para sembrar palma, caucho, madera, incluso propuso venderles los terrenos y anunció que dichos terrenos serían entregados en concesión a empresas privadas para la explotación de cultivos de palma a quienes demostraran un patrimonio neto de $15 millones, us7.702 en 2006 e ingresos por negocios agrarios de $50.000 millones, us25.674.807 en los últimos 7 años. 
         El ministro argumento:

1º ‘Que la tierra no servía’

2º ‘Que no había desplazados interesados’

3º ‘Que sólo podrían vivir 50 familias en los mencionados terrenos’

4º ‘Que ese predio no tiene infraestructura para entregarlos a un ‘grupito’ de desplazados’

5º En cambio dijo Arias, en manos de los grandes empresarios darían mejor uso a la tierra, generará jugosos dividendos lo que representaría mayores dividendos para el Estado, que luego serán reinvertidos en otras tierras para desplazados

         6º Pese a lo anterior, en 2004, el ministro Arias viajó a Japón para hacer el lanzamiento del proyecto Carimagua en Tokio, exaltando la fertilidad del suelo y las posibilidades de renta que ofrecían las tierras para cosechar palma, caucho, madera y, además, producir oxígeno, demostrando que las 17.000 hectáreas eran aptas para la explotación agrícola y ganadera, y donde era posible ubicar al menos 500 familias campesinas. La exposición hecha por parte del ministro, desató una serie de polémicas y acusaciones contra el Gobierno Nacional por la contradicción en la destinación de las tierras de Carimagua, las que favorecían a grandes empresarios en contravía del bienestar de las familias desplazadas.

         A raíz del escándalo suscitado, el ministro Arias suspendió la entrega a la gran hacienda de 15.000 hectáreas del predio Carimagua; sin embargo, a pesar de detener la convocatoria, el Gobierno no revertió los actos administrativos con los cuales le cambió la destinación de las tierras de Carimagua, por lo que en la actualidad siguen en curso el acuerdo 06 y la resolución 1791, del 6 y el 10 de julio del 2007 con los que fue aprobada la cesión de dichas tierras para cultivos de palma, caucho y maderables. Los sucesos que rodearon el cambio en la destinación de los suelos destinados a los desplazados de la violencia, para ser vendidos a empresarios.
Hasta el momento no han sido investigados por las autoridades disciplinarias, penales o fiscales, este escándalo de corrupción, por Abuso de funciones y de autoridad Ilegal, Licitación pública fraudulenta Ilegal, Negociación incompatible, Conflicto de Interés a los implicados el ministro y las empresas privadas.

2009 Agro Ingreso Seguro AIS
Detrimento $350 mil millones. 
“El exministro de Agricultura "no robó" "ni se aprovechó" del programa Agro Ingreso Seguro (AIS)”.

Despilfarro y Pillaje
Más de 14 mil millones en publicidad del programa AIS. 
Se contrató y pago a los Grandes Medios de Comunicación y a prestigiosas Agencias de Publicidad, para diseñar, programar, implementar, mantener y actualizar la divulgación, Manejo de Imagen y campañas del programa AIS; Con empresas de Encuestas para: Asesoría, consultoría, realización, diseño, digitación, tabulación y análisis de Sondeos de opinión pública sobre el AIS; La elaboración de Vallas, pendones y pasacalles de diferentes tamaños y la producción y fabricación de pocillos, gorras, camisetas, manillas, calendarios, llaveros, botones, lapiceros, para promocionar el programa AIS. AIS era la plataforma financiada por el Estado para que el exministro de Agricultura llegara al ‘Solio de Bolívar’. Recursos sobrantes del programa AIS, no se reintegraron debidamente al Tesoro Publico y se destinaron a sufragar gastos de publicidad, a través de una agencia, que fue la misma encargada de producir los volantes de la campaña presidencial del minagricultura.

Génesis
Los entes de control determinaron una gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la pérdida de recursos del Programa AIS: 1º Por gastos distintos a difusión, divulgación y socialización de ciencia y tecnología; 2º Por la pérdida de recursos, derivada de gastos distintos a los destinados para la administración de dineros para la ejecución, implementación y otorgamiento de los distintos apoyos, incentivos y demás instrumentos que integran el programa ‘AIS’.

Créditos al sector agropecuario
Convenios 003 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009 hechos entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto Interámericano de Cooperación para la Agricultura. Convenio 040 de 2010 suscrito con Finagro.

Daño. 
Que los recursos que debieron ser invertidos en la divulgación y socialización de ciencia y tecnología, y cuyo objetivo era difundir entre los actores del sector agropecuario las técnicas y los usos agrícolas para mejorar la productividad, el desarrollo y los recursos presupuestados para incentivos hayan sido destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegaran a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario.

Efectos
El sector ciencia-tecnología se vio afectado por la falta de recursos que permitirían mejorar la productividad y desarrollo en materia agraria; 

2º Gran parte de los dineros fueron destinados a la financiación publicitaria al programa AIS afectando la inversión social; 


3º La apropiación de $25 mil millones entre 4 familias y algunas más, se destaca la familia Dávila, de subsidios ‘no reembolsables’ destinados hacia campesinos medianos. La Fiscalía en las investigaciones sobre los desvíos de dinero determino que tenían como destino principal a políticos, empresas privadas y hasta al  extraditado Ismael Pantoja Carrillo, a. 'el negro'.


Trama
El gobierno  nacional y el minagricultura, impusieron uno de los programas más polémicos en la historia de Colombia, a partir de la inversión económica de recursos para la ciencia y tecnología dentro del sector agropecuario.

Agro Ingreso Seguro, 
era el nombre del programa ‘estrella’ del gobierno 2002-2010, que tenía como objetivo prestar asistencia agrícola a campesinos, en teoría este iba a ser un programa para impulsar el sector agro, pero esos recursos fueron destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegarán realmente a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario. Además, muchos de esos recursos se otorgaron a poderosas y millonarias familias. Es decir, era un programa que beneficiaría a campesinos pobres pero el dinero resultó en manos de los millonarios.

En noviembre del 2006
el presidente lanzó el programa AGRO INGRESO SEGURO. 
En septiembre del 2009, la revista CAMBIO, denunció irregularidades en el diseño e implementación del programa que debía ser destinado a familias campesinas de escasos recursos, el cual terminó asignando subsidios rurales ‘no reembolsables’ por más de $200.000 millones en 2009 a narcos y prestantes familias del Magdalena y Valle del Cauca, ante ese hecho, el zar anticorrupción Oscar Ortiz, pidió investigar la entrega de dineros a particulares que no lo necesitaban

Vinculados, Implicados y Condenas
El escándalo de AIS, tiene tras las rejas a varios empresarios y altos funcionarios del gobierno nacional. También resultaron afectados los siguientes funcionarios del Ministerio de Agricultura.

1º Andrés Felipe Arias Leiva 
2005-2009 ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Condenado en 2014 a 13 años, por peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, por aprobar un convenio con el IICA, para la implementación del programa AIS, que se le entregó el contrato de manera directa sin convocar o recurrir a licitación pública por más de $300 mil millones en 2006,
Según la corte, terminó desviando millonarios recursos que debía dar en forma de subsidios ‘no reembolsables’ y ayudas técnicas a los campesinos que quisieran trabajar la tierra, a familias ricas y poderosas del país. Después de haberle sido concedida casa por cárcel, el ministro Arias escapó a Usa, siendo capturado por la Policía migratoria de ese país y dejado en libertad bajo fianza pero con vigilancia judicial, mientras se estudia la viabilidad o no de su extradición a Colombia.​

Procuraduría
En mayo de 2014 pide el minagricultura $532 millones para no demandar al Estado. La indemnización debe hacerse por daños emocionales que sufrieron su familia y su reputación por la sanción disciplinaria impuesta por la procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos.

Contraloría
En abril de 2014 la contraloría declaró responsables fiscales solidarios por irregularidades en el programa  AIS, por cuantía de $12 mil 985 millones a los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural Andrés Felipe Arias Leiva y Andrés Darío Fernández Acosta, y al IICA, Este fallo cobija también a los  viceministros Fernando Arbeláez Soto y Juan Camilo Salazar Rueda, igual que a algunos directores del Ministerio: Camila Reyes del Toro, Carolina Camacho Vergara, Nohora Beatriz Iregui González y Mario Andrés Soto Angel.
En el caso del IICA se le declaró responsable fiscal en su calidad de Cooperante dentro de los Convenios de Cooperación de Ciencia y Tecnología No. 078 de 2006, 003 de 2007, 018 de 2008 y 037 de 2009, suscritos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

2º Andrés Darío Fernández Acosta, 
minagricultura.

3º Juan Camilo Salazar Rueda
viceministro de Agricultura. 
Contratista del IICA. 
En octubre de 2014 condenado a 7 años de prisión por peculado culposo y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a raíz de la ejecución del AIS y por la suscripción para el mismo con el IICA, “de los Convenios 078, 018 y 037, el primero de 2006 y los demás de 2008, por valor de $14.000.000.000”. Salazar aceptó los cargos por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, en calidad de interviniente, y paga la pena en detención domiciliaria.

Juan David Ortega Arroyave, 
secretario general del minagricultura.

5º Camila Reyes del Toro, 
directora de Financiamiento y comercio del minagricultura.

6º Javier Romero, 
director de Desarrollo Rural.

7º Juan David Castaño, 
director de Desarrollo Rural.

8º Alba Sandoval, 
directora de Seguimiento Presupuestal.

9º Gisela Torres,
 interventora. 

10º Edelmira Riveros,
 interventora. 

Tulia Eugenia Méndez, 
exjefe de la Oficina Jurídica,

11º Óscar Scrhoeder Muller
secretario jurídico del minagricultura. 
La Procuraduría los destituyo e inhabilito a 12 años para ejercer cargos públicos por irregularidades presentadas en convenios especiales de cooperación científica y tecnológica celebrados en el marco del Programa de AIS. La procuraduría calculó que el daño social generado por la omisión en sus funciones supera los $500 mil millones.
    Según el órgano de control, Scrhoeder no cumplió con sus funciones de asistir y asesorar al ministro de agricultura, frente a la suscripción de los convenios de cooperación científica y tecnológica 055 de 2008, 037 y 052 de 2009 y permitió que éste celebrara los señalados convenios sin el lleno de los requisitos legales. 
    “En desarrollo de la investigación el Ministerio Público advirtió que se incumplieron los requisitos de planeación contractual, pues el convenio 055 de 2008 se suscribió sin que se hubieran realizado y adelantado los estudios previos correspondientes y en el caso de los convenios 037 y 052 de 2009, si bien hubo un documento denominado estudios previos, los mismos no reunían la totalidad de las exigencias requeridas, es decir el análisis de los aspectos técnicos, financieros y jurídicos”, indica el fallo disciplinario.


12º y 13º María Eugenia Cadena Holguín y Marcela Guevara Ospina, de la Oficina Jurídica del Ministerio. La procuraduría las suspendió por 10 meses.

14º IICA
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 
En febrero 1 de 2013 la Contraloría los vincula por detrimento patrimonial en la administración de los recursos del programa AIS por $ 14 mil millones, por contratar servicios y productos ajenos al objeto de dichos convenios.

Casa por cárcel para 4 funcionarios del IICA investigados por AIS por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales: Julio César Daza, jefe de la oficina jurídica del IICA; Julián Alfredo Gómez, director del programa AIS, hijo del magistrado de la Corte Suprema, Alfredo Gómez Quintero; Daniel Montoya y Jairo Casa Gallego no; Según la Fiscalía, el IICA con el cual laboraban los 4 funcionarios fue contratado por el ministro de Agricultura, para la entrega de ‘apoyos económicos no reembolsables’ a los beneficiarios del programa del gobierno nacional.

15º Finagro
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario. 
En febrero 1 de 2003 la Contraloría lo vinculo al proceso por su concurrencia en convenios interadministrativos del mismo programa AIS, en los cuales encontró ejecución de los recursos para actividades de publicidad, que presuntamente no se avienen a la destinación para la que fueron entregados.

16º Rodolfo José Campo Soto
gerente del Incoder. 
Medida de aseguramiento en su contra, por celebración directa de los contratos que hizo cuando se desempeñaba como gerente del Incoder, desde donde se giraron más de $10 mil millones para el programa AIS. Destituido e inhabilitado quedó Campo Soto para ejercer cargos públicos por la Procuraduría, por un periodo de 13 años, al considerar que incurrió en graves fallas disciplinarias al intervenir de manera irregular en una cooperación científica.

17º, 18º, 19º 
Jorge Francisco Tribín Jassir, Andrés Felipe Vives Prieto y Santiago Vives Prieto. 
Empresarios del Agro. 
En abril de 2015 fueron condenados a 26 meses de prisión por peculado por apropiación y falsedad en documento privado, para recibir de manera irregular más de $3 mil millones en subsidios para programas agrícolas de riego y drenaje. Debido a que el monto de la pena es excarcelable continuarán en libertad.

20º Víctor Maldonado
AIS otro eslabón en Interbolsa. 
Aparece en la lista de  beneficiarios de AIS, a través de la firma Las Tres Palmas Ltda, mediante la cual recibió un crédito por $2.450 millones. Esta compañía es una organización que administra empresas o negocios relacionados con la adquisición de bienes inmuebles. Las autoridades tendrán ahora que entrar a investigar por qué dineros que eran exclusivamente para desarrollar el agro en Colombia terminaron en una empresa de bienes inmuebles, así como si estos recursos fueron utilizados para financiar otros negocios del empresario.

21º y 22º 
Inés María y José Francisco Vives Lacouture
En abril de 2016  fueron condenados a 12 años de prisión por peculado por apropiación y falsedad en documento privado por AIS. Para la Fiscalía, los Vives Lacouture habrían fraccionado sus predios para recibir beneficios en 3 desembolsos, de $1.700 millones, $1.400 millones y $1.200 millones, entre otros, mediante subsidios contrarios a la naturaleza de la Ley 1133 de 2007. La familia Vives Lacouture para poder beneficiarse de los dineros del programa parceló de manera irregular los predios de la finca San Diego, ubicada en el Cesar, en 8 terrenos.

23º María Claudia Lacouture
directora de Proexport. 
Recibió subsidios de AIS de manera irregular; ella y su familia recibieron casi us3 millones de dólares en subsidios   ‘no reembolsables’. Era miembro de la junta directiva de Palomino S.A, empresa a través de la cual la familia Lacouture Pinedo recibió los millonarios subsidios, por esto sorprende que su familia esté súbjudice y ella no. La fiscalía investiga a Alberto Mario, Victoria Eugenia y Alfredo Luis Lacouture Pinedo, hermanos de María Claudia, pero logró salvarse del escándalo, lo cual sorprende porque era parte de la junta directiva de la empresa que recibió los subsidios de manera irregular.

24ºFamilias X”. 

Recibieron subsidios AIS por más de $21.400 millones. “El total adjudicado por subsidios ‘no reembolsables’ del programa AIS otorgados por el Ministerio de Agricultura estuvieron dirigidos a destacadas familias de la costa caribe colombiana, que corresponden al 17% en 2007 son $5.508 millones; el 23% en 2008 con $15.165 millones y para el 2009 el 1%, con $741 millones para un total de $21.414 millones de pesos”, aseguró la Fiscalía ante la Corte.  

Se trata de las familias Dávila Abondano, Dávila Jiménez, Vives Lacouture y Vives Pinedo que estaban referenciadas en los registros del propio Ministerio como “Familias X”. La fiscalía señaló que esta información fue extraída de los computadores del ministerio. “En los CDs se encontró unos estudios realizados por el Ministerio en donde se clasificaba de manera específica a los grupos familiares (…) ‘Apoyos económicos Familias X’, es la identificación que el mismo Ministerio le dio”. 

El documento leído en la Corte por la fiscalía indica que:

1º “La familia Dávila Abondano recibió en 2007, $1.350 millones y $440 en 2009”;

2º “Dávila Jimeno; papá, y Dávila Fernández de Soto; hijo, en 2008, les entregaron subsidios por $2.213 millones de pesos y para el 2009, $307”;

3º “Al grupo Lauture Dangond en 2007 recibió subsidios por $2.343 millones y en  2008 por un total de $2.888 millones”.

4º “Al grupo Vives Lacouture, recibió subsidios por $435 millones en 2007 y por $6.285 millones en 2008”.

Ante los magistrados de la Corte, el evaluador de la firma consultora Econometría, Arturo José García, aseguró que a mediados del 2008 le enviaron cerca de 15 recomendaciones al ministerio de Agricultura sobre un posible fraccionamiento de proyectos en AIS. Según el perito, precisó que una de las advertencias hechas por Econometría al ministerio, estaba dirigida a disminuir los exagerados montos de financiamiento para los subsidios, al igual que advirtieron que durante el desarrollo de AIS, “no existía una política pública sobre subsidios para riego y drenaje”. Igual que “Dicho programa tenía por objeto brindar un importante subsidio para riego y drenaje a los pequeños campesinos del país, los cuales terminaron en manos de grandes hacendados”.

Odebrecht
La fiscalía definirá la situación jurídica del minagricultura, quien empezó a aparecer en las declaraciones de testigos claves de la investigación que lleva el ente acusador por el escándalo de sobornos de Odebrecht. Ante esos testimonios, y varias pistas que lo ubican en reuniones con empresarios de la multinacional, el exministro tendrá que explicar qué relación tuvo con esa firma. Un alto funcionario del gobierno que está en Usa venía siendo mencionado en las declaraciones como una de las personas que recibieron dinero de Odebrecht, incluso con un salario mensual para su sostenimiento en ese paísLa Fiscalía dijo que para el momento de los hechos investigados Arias ya no era ministro, por lo “va a tener que explicar su presencia en una reunión en Palacio en el gobierno a la que asistió uno de los más altos directivos de Odebrecht”.

‘Perseguido Político’
El minagricultura siempre se ha declarado inocente y dice ser una víctima de ‘persecución política’ por parte del gobierno de Santos, fue arrestado en agosto del 2016 en Usa y en noviembre de 2016 año recibió la libertad bajo fianza.

2004-2017 Acumulación irregular de predios baldíos.  
La Contraloría solicitó a la ANT, Agencia Nacional de Tierras, emprender acciones judiciales para anular casos de despojo y venta irregular de baldíos en casos de acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares, UAF, o enajenaciones de adjudicatarios originales sin el lleno de los requisitos legales.
         La acumulación irregular de predios baldíos recaen sobre 322 predios, para un total de 123.482.89 hectáreas. Por ahora el ente de control advierte sobre 33 casos concretos, 12 de ellos ubicados en Córdoba, 3 de familiares del minagricultura, Aurelio Iragorri, del ministro de esa misma cartera, Rubén Darío Lizarralde.
         Los informes de actuaciones especiales sobre "la acumulación irregular de predios baldíos", uno sobre la altillanura, Meta, Caquetá, Vichada de 240 páginas, y otro sobre Antioquia y Córdoba, de 67 páginas, presentados por el ente de control fiscal en febrero y septiembre de 2014, respectivamente, y que sirvieron de insumo para la decisión que se anuncia. Los documentos han sido remitidos la Fiscalía y Procuraduría,  para que determinen si existe responsabilidad penal y/o disciplinaria, por violación de los topes establecidos en la ley, como son 450 hectáreas o de la Unidad Agrícola Familiar, orientados promover la función social de la propiedad y a evitar la concentración de la misma.

         Ministro Iragorri
La Contraloría señala a primos del ministro Aurelio Iragorri Valencia, por tierras situadas en La Primavera, Vichada, que corresponden a 3 predios de 3.816 hectáreas, "se logró evidenciar la adjudicación irregular de tres predios en el Vichada por el Incora y su posterior acumulación de cuatro empresas". Se pone de presente que "se omitió verificar el requisito de la explotación económica por los solicitantes por espacio al menos de 5 años, teniendo en cuenta que los beneficiarios con la adjudicación no son habitantes de la zona sino de la ciudad de Bogotá y con actividad económica en otras ramas de la economía".

         Ministro Lizarralde
También se destaca el caso que tiene que ven con familiares del exministro Lizarralde, con tierras ubicadas en La Primavera y Puerto Carreño, Vichada, correspondientes a 4 predios de 5.064 hectáreas. El informe del organismo revisor, indica al que "los predios El Nudo, La Cola, El Gorro y la Costa hacen parte del denominado 'Bloque Dávila', dentro del proyecto de producción de caucho en el departamento del Vichada, promovido por Indupalma. En las sociedades por acciones simplificadas que adquieren estos predios se cuenta con la participación de la mineducación, María Fernanda Campo 2010-14-; del minagricultura, Rubén Darío Lizarralde, del hijo de la expareja y de 4 hermanos de la ministra". Y agrega el ente de control en este aparte que "los predios que se acumulan tiene origen en terrenos baldíos de la Nación, adjudicados a particulares y que desde el año 2010 han sido adquiridos por sociedades por acciones simplificadas y particulares".

Los 12 casos en Córdoba
Entre los baldíos señalados en Córdoba por la Contraloría se encuentra:

. Con 17 predios de 570 hectáreas en Montería, Tierralta y Valencia de William Gánem, María Victoria Gánem, Abraham Gánem y Rosa María Gánem, ganaderos y algodoneros

. Con 5 predios de 223 hectáreas en Puerto Libertador de Cerro Matoso -Níquel;

. Con 17 predios de 808 hectáreas en Canalete, San Pelayo y Tierralta de Pedro Ghisays Chadid, Exgobernador de Córdoba, dueño de Apuestas Córdoba. Testaferro de Mancuso, señalado por el gobernador de Córdoba Jaime Manzur de haber recibido dineros del Cartel de Cali y de ser el puente entre esa organización y el congresista Jorge Ramón Elías Nader, condenado por el proceso 8.000. La Fiscalía determinó que Ghisays era un testaferro de Mancuso que aportó $382 millones y unos predios para el desarrollo de proyectos productivos para desmovilizados. Con el fracaso de los proyectos, este sujeto y otros empresarios le devolvieron la mayoría de los predios a Mancuso a través de negociaciones simuladas para que luego el jefe paramilitar pudiera entregarlos para la reparación de las víctimas. Según la investigación, Ghisays adquirido 17 predios adjudicados como baldíos entre 1997 y el 2004, once de dichas adjudicaciones fueron realizadas en diciembre 31 del 2004 por la regional Montería del Incora.

. Con 3 predios de 49 hectáreas en Canalete de la Sociedad de Inversiones Casa Grande, con Domicilio en la Cl 36 A sur 46 A 81 of. 204, Envigado, Antioquia, objeto social compra y ventas inmobiliarias.

. Con 8 predios de 77,6 hectáreas en San Carlos y Montería de William Enrique Salleg Taboada, Propietario y director de los diarios El Meridiano, de Córdoba y de Sucre. Como antecedente, en grabaciones entregadas a la Corte Suprema por Clodomiro Castilla, periodista que posteriormente fue asesinado en marzo de 2010, se escucha a William Salleg conversando con Mancuso y coordinando una estrategia mediática para las AUC en medio del proceso de desmovilización. La Corte ordenó a la Fiscalía investigar a Salleg, proceso en el cual Clodomiro Castilla iba a ampliar su denuncia, pero 5 días antes fue asesinado.

. Con 6 predios de 152 hectáreas en Canaletes y Puerto Libertador del empresario antioqueño William Vélez, cabeza del Grupo Ethus y accionista mayoritario de Inversiones Las Cumbres, según la investigación, Vélez y empresas de sus familiares acumularon predios adjudicados como baldíos, así: 

. 6.1º Con 2 predios de 43 hectáreas en Canalete de Lina María Vélez. Hija de William Vélez Sierra.

. 6.2º Con 2 predios de 43 hectáreas en Puerto Libertador de Sandra María Vélez;

. 6.3º Con 2 predios de 66 hectáreas en Canalete de la Sociedad W de Jesús Vélez Sierra. Hijo de William Vélez;

. Con 6 predios de 580 hectáreas en Tierralta de la Reforestadora Kandecord; Domicilio Mamonal km 4, Cartagena, Bolívar.

10º. Con 44 predios, de 1.450 hectáreas en Tierralta de la Reforestadora Industrial Paramillo; Domicilio Mamonal km 4, Cartagena, Bolívar.

11º. Con 58 predios de 3.274 hectáreas en Ayapel, Córdoba y Caucasia, Antioquia, de la Sociedad Garlema, de Ernesto Garcés Soto, gerente de la empresa Garlema S. A., dedicada a la producción especializada de café, y a la cría especializada de ganado vacuno. Garcés Soto congresista Conservador y, en 1995, tuvo orden de captura por la conformación del grupo paramilitar ‘La Escopeta’, investigación que precluyó por vencimiento de términos. Garcés fue señalado por el ‘tuso Sierra’ como paramilitar, estuvo involucrado en el connotado caso ‘Tasmania’.

         En diciembre 31 de 2001 Héctor Manuel Pineda Gómez
         gerente regional del extinto Incora en Antioquia, 
        el servidor público más diligente y eficaz de todo el Sector Público en la historia de la república de Colombia, firmó 42 resoluciones de adjudicación de predios baldíos, es decir del Estado, a un grupo de solicitantes que “acreditaron todos los requisitos y condiciones para la expedición del título de dominio”, adjudicaciones que no se las hicieron a campesinos pobres, como dice la norma, para su supervivencia y la de su familia en lo que se llama una Unidad Agrícola Familiar.
Quienes recibieron esos 42 predios, ubicados en el corregimiento Margento, de Caucasia, Antioquia, frontera con Ayapel, departamento de Córdoba, hacían parte de una intrincada red familiar, empresarial y clientelar de Garcés Soto, en la que participaron hijos, parientes, empleados, miembros de las juntas directivas de sus empresas, políticos de su tierra natal, Concordia, Antioquia, para hacerse a por lo menos 2,500 hectáreas en una zona de explotación minera y ganadera, y en una época en la que el Bloque Central Bolívar de las Auc tenía la hegemonía armada en la región.

   Para lo cual se crearon camarillas de beneficiarios de las adjudicaciones de baldíos, realizadas por la Gerencia regional de Antioquia del extinto Incora en diciembre 31 de 2001:

1ª. Familia directa y su parentela
Recibieron predios sus 4 hijos, Dora Cristina, Victoria Eugenia, Marta Isabel y Julio Alberto Garcés Lema. Pero además de ello aparecen como beneficiarios una serie de personas, hombres y mujeres, que a partir de sus apellidos se podría inferir una relación de parentesco, se trata de Lema Salazar, González Lema, Lema Restrepo, Lema de González, Garcés Acosta, y quienes tienen un gran porcentaje de las tierras adjudicadas como baldíos.

2ª. Miembros de junta directiva
En las resoluciones de adjudicación hay 3 empresas de propiedad de Garcés Soto, Garlema S.A., Inversiones Balsora S.A. y Trilladora Unión S.A., todas ellas del sector agropecuario, registradas en la supersociedades. Los integrantes que salieron ‘favorecidos’ por el Incora, son: Honorio Vélez Uribe, quien hace parte de la junta de las 3 empresas; Luis Guillermo Gaviria Osorno, está en las de Garlema S.A. y Balsora S.A.; Pedro José Garcés Maya, en de Balsora S.A., quien recibió dos predios, el mismo día y con dos resoluciones distintas.

3ª. Políticos locales y sus parientes
Juan Jairo Montoya Correa, alcalde de Concordia, elegido en las elecciones de octubre de 2007 para el periodo 2008-2011, pero fue destituido del cargo por irregularidades en contratación. Su esposa, Gladis Helena Hernández Barrera, aparece también en la resolución de adjudicación. Diego Alejandro Guerra Restrepo, quien se desempeñó como secretario de Gobierno de Concordia para el periodo 2008-2011. Pues resulta que uno de sus hermanos, Juan David, también recibió predio del Incora el 31 de diciembre de 2001.

4ª. Empleados de las empresas
Predios otorgados a: Ángela María Betancur Cañola, secretaria de Garlema; Jesús Emilio Agudelo Sánchez, contador de Balsora S.A. y Trilladora Unión S.A.; Beatriz Elena Betancur Cañola, hermana de la anterior.

5ª. Personajes representativos
Sergio Alonso Vélez Sierra, hermano de William Vélez Sierra, uno de los empresarios más poderosos del país en renglones las empresas de aseo, la infraestructura y el sector eléctrico. En el título de adjudicación aparece junto con Victoria Eugenia Garcés Lema, hija de Garcés Soto.

12º. Con 11 predios de 103 hectáreas en los municipios de San Carlos y Montería, de la persona natural o jurídica que posee las tierras que corresponden a la Sociedad Agropecuaria 'El Ubérrimo', según el informe de la Contraloría, en 2012 estos predios resultaron beneficiados de inversiones por parte del Incoder y de Corpoica que privilegiaron el Distrito de Riego Mocarí. Allí se ubican los 59 predios que conforman esta Sociedad Agropecuaria, y agrega, que esta Sociedad adquirió 17 predios adicionales entre 2008 y 2012. Antes de eso, se había beneficiado con 4 terrenos baldíos y adquirido un predio de reforma agraria".

2010-2014 Ley Urrutia – Zidres

Brigard & Urrutia. 

Apropiación indebida de tierras mediante la Ley Urrutia - Lizarralde

Deja sin vigencia el artículo 72 de la ley 160 que establece que los baldíos son para campesinos pobres y sin tierra. 

Busca legalizar la acumulación ilegal de baldíos en la altillanura y en todo el país, deja abierta la puerta a la extranjerización de las tierras en Colombia, brindar ‘Seguridad Jurídica’ a toda suerte de gamonales, grandes hacendados, especuladores financieros, rentistas y mafiosos que lavan dinero del narcotráfico acumulando tierras, se torna importante dimensionar el problema, cubicarlo, tenerlo claro, definir quiénes son sus beneficiarios, para identificar las acciones jurídicas y de movilización que lo confronten. El informe de la Contraloría indica las reales intenciones del gobierno.

         El golpe demoledor fue cuando revelaron que el gobierno tramitaba una ley para legalizar los negocios hechos por su flamante embajador en Usa. Además, que Urrutia mismo habría participado en la redacción de ese proyecto ley junto con los abogados de los implicados. Entre ellos Néstor Humberto Martínez, hoy Fiscal, el abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Con el escándalo tocando la puerta de la Casa de Nariño, Urrutia renunció. Pero la salida de Urrutia y varios ministros no desanimó al Gobierno de Santos que volvió a presentar la ley 6 veces hasta que por fin logró que se la aprobaran pero esta vez con el nombre de Ley Zidres. 
     Son más de 300 mil hectáreas las que se apropiaron multinacionales, políticos, empresarios, banqueros. Todos usando el mismo modelo jurídico. ‘Confianza Inversionista’

2013 Riopaila y Carguill. 
Brigard &  Urrutia. 
Francisco Uribe Noguera diseño un entramado legal que le permitió a Riopaila y Carguill acumular tierras baldías en la altillanura colombiana. Brigard & Urrutia elaboran el esquema jurídico que  le permitió a otros emporios económicos, apropiarse de miles de hectáreas de tierras baldías. Se comprobó que detrás de todo estaba el embajador en Washington: Carlos Urrutia Valenzuela. 
Cómo se hizo. 
Uribe Noguera creó 27 compañías de papel de las cuales él era el legal y con cada una de ellas compró el límite legal permitido de baldíos. Esas empresas de papel, la mayoría recién creadas habían pagado $40 mil millones, cuando nunca habían operado y su capital social era ínfimo.
Para ocultar quien estaba detrás de la operación Uribe Noguera cedió sus 27 empresas de papel a 5 sociedades españolas controladas por Asturias Holding una empresa de Luxemburgo, un paraíso fiscal en el que las leyes impiden conocer la identidad de los verdaderos propietarios.
         Pero un informe de la empresa de auditoría Deloitte & Touche, revisora fiscal de Riopaila, reveló que el verdadero dueño de la operación que había hecho Uribe era el ingenio azucarero Riopaila Castilla.
         Además, la firma del embajador Urrutia y Uribe Noguera había usado la misma estrategia con Carguill, multinacional que compró 52.575 mil hectáreas en el Vichada.
         Las revelaciones continuaron dejando al descubierto que  Corficolombiana, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Pacho Santos, la familia Matos Barrera, Manuelita, Pacific Rubiales, Poligrow, Mónica Semillas, The Forest Group, entre otros, se hicieron adjudicar baldíos del estado, que la constitución y la ley destinan a los campesinos colombianos. Aunque no habían sido asesorados por la firma de Uribe Noguera, habían copiado el modelo. ‘Confianza Inversionista’.


Escándalo del 'Tolemaida Resort'
CRM, Centro de Reclusión Militarde Tolemaida 
¿ Club o penal ?
Indignantes privilegios de los que gozaban los más de 345 internos, militares, oficiales, suboficiales y soldados condenados por las más graves violaciones y delitos, entre ellos de lesa humanidad como los ‘falsos positivos’, homicidios, masacres, torturas y secuestro, tenían cabañas privadas con aire acondicionado y negocios de todo tipo, tienen negocios dentro y fuera de la prisión, desde restaurantes, supermercado, droguerías, papelerías y un pequeño centro comercial; taxis, microbuses y mototaxis que movilizan a la gente por toda la región; no viven en celdas sino en cabañas, muchos vivían por fuera del CRM;  hasta iban de vacaciones a la playa a pesar de estar sentenciados a penas de más de 20 años.
Existía en el CRM 39 Quioscos que edificaron allí  los mayores:

         1º Juan Carlos Rodríguez, a. ‘Zeus’, condenado a 12 años por ser el jefe de seguridad del  jefe del narco cartel del Norte del Valle ‘don Diego’;

         2º el de César Maldonado, condenado a 25 años por participar en el año 2000 en el atentado contra el congresista Wilson Borja;

         3º el del teniente coronel Orlando Pulido, condenado a 30 años de prisión como responsable de la masacre de La Cabuya, ocurrida en Tame, Arauca, en noviembre 20 de 1998 fueron asesinados 5 campesinos, entre ellos una mujer con 7 meses de embarazo.
         Los habitantes de estos quioscos tienen condenas superiores a los 25 años. 
      "Si usted tiene plata, puede hacer su quiosco. Eso puede costar entre $5 y $15 millones. Muchos ahorramos y los construimos. Pero desde hace como unos 6 años comenzó a llegar mucha gente. Llegaron los de las Afeur, Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas, de la IV Brigada de Medellín, condenados por la Operación Orión y desapariciones. También los de los Gaulas militares, condenados por 'falsos positivos', o los costeños del Batallón La Popa de Valledupar, por' falsos positivos', y los de la VI Brigada, como los asesinatos de varios campesinos, en 2004, en Cajamarca o las masacres, una serie de 20 ejecuciones extrajudiciales, en 2003 de Viotá, cuenta uno de los internos. Ahí los comandantes comenzaron a regalar quioscos para todos esos muchachos. Mi general Montoya regaló como unos 4 o 5 a los soldados de las Afeur. Mi general Óscar González también gestionó para la construcción de otros 8 a 10 quiosquitos. Mi general Montoya estuvo por lo menos 10 veces acá y mi general González, más de 20", explica el interno. 

         Visita Conyugal
      “Por esos servicios, o para que la familia se quedara, uno pagaba $8.000 por el día y $16.000 si era para quedarse en la noche", cuenta uno de los suboficiales encarcelados. 

Fonade
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
Robo 1 billón. 
La fiscalía imputó por fraude, peculado y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, en relación con algunas obras de cárceles a:

Diana Isabel Nasiff de Rima representante legal de la empresa Cipecol y Rapiscan, su esposo José Santiago Porras Navarrete, 


Gustavo Adolfo Domínguez ‘lobista’ de contratos con Diana Nasiff, 


Aaron Rabinovich representante de Interamericana de Sistemas y Seguridad,


a los servidores públicos 
Mauricio Parada de Fonade, 

José Vicente Casanova secretario general encargado del mininterior, 


María Fernanda Álvarez Castañeda directora técnica de infraestructura del Ministerio,


Edgar Ortega Ramírez, profesional especializado asignado al despacho del Ministro y


Carlos Carrillo Yañez interventor del contrato. 

La Fiscalía solicitó la captura de los citados a imputación.

La Contraloría anunció indagación preliminar contra Valencia Cossío.  
Interventor al grupo Nule. 
Cuando fue mininterior y justicia, se contrató la construcción de 11 cárceles, entre las que se encontraba una en Cartagena, por $900 mil millones. Sin embargo, esas prisiones tienen problemas de diseño, retraso en las obras y no cuentan con interventoría, y al final el problema terminó costando cerca de $1,1 billones. De hecho, la Cárcel del Pedregal, en Medellín, tuvo como interventor al grupo Nule. La contraloría agregó que los objetivos de la inversión no se cumplieron, ya que se tenía como meta bajar el nivel de hacinamiento de 44% a 4%, pero éste solo llegó al 25%. Así mismo, dijo que dicha situación “significa un claro detrimento patrimonial en el buen manejo de los recursos públicos”.
La indagación preliminar para determinar si el mininterior y justicia y Elvira Forero, directora de Fonade, habrían incurrido en alguna conducta punible por el fracaso de la política de construcción de 11 cárceles que generaron sobrecostos por cerca de $100 mil millones. Además, la obra no justifica la inversión pues, según el funcionario de la Contraloría, las metas previstas era bajar el nivel de hacinamiento de 44% a 4% y solo se llegó a 25%.
         En cuanto al nivel de hacinamiento el vicejusticia, Pablo Robledo reveló que “El Gobierno anterior utilizó una metodología equivocada, porque pretendía establecer la cifra de los cupos actuales y del futuro que iban a hacer entregados y eso, obviamente es antitécnico. La cifra real se saca de los cupos realmente habilitados, versus los intramuros”, indicó el servidor. El ministro Cossío estaba contando como cupo carcelario celdas que aún no se habían construido.

Falsas Desmovilizaciones. 
Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado de Paz.             
Quedaron al descubierto las falsas desmovilizaciones de guerrilleros y paramilitares, al punto que el alto comisionado de Paz, terminó en la mira de Fiscalía y Procuraduría y hoy se encuentra prófugo de la justicia, como ‘Perseguido Político’. El exfuncionario ha dicho que todo se trata de un montaje en su contra urdido por el Ejército y la Fiscalía.

1ª. Compañía ‘Cacica Gaitana’
Los integrantes que fueron presentados no eran subversivos sino en su mayoría indigentes que fueron reclutados a última hora.Olivo Saldaña’ habría pagado $3’000.000 a quien consiguiera la gente y $500.000 a cada uno de los falsos desmovilizados, quienes fueron llevados a una finca donde les enseñaron a marchar y a ejecutar algunos ejercicios militares para presentarlos durante la ceremonia”, según José Alfredo Pacheco a. ‘Darío’, testigo de la Fiscalía, en 2005 el comisionado Luis Carlos Restrepo envió al coronel Hugo Castellanos a hablar con ‘Saldaña’, quien se encontraba recluido en la cárcel La Picota, para coordinar la falsa desmovilización y para que reuniera la gente. Restrepo, por su parte, dijo a la Fiscalía que el coronel Castellanos, hacía puente entre su oficina y el Ejército. En las declaraciones dadas por los desmovilizados José Alfredo Pacheco Ramos y Luis Eduardo Montero Vargas se asegura que lo sucedido en marzo de 2006 había sido un montaje Esto concuerda con la versión de uno de los falsos desmovilizados, quien afirmó que es finca está ubicada en cercanías de Alvarado, Tolima, junto al batallón militar instalado en el municipio, y con las declaraciones de ‘Rojas’, 2 años atrás, en el sentido de que los desmovilizados eran delincuentes y desempleados, recogidos de las calles de Pereira, Bogotá y Ibagué.

2ª. Bloque Cacique Nutibara
En el proceso de Medellín nos revolvieron delincuentes callejeros 48 antes y nos los metieron en el paquete de desmovilizados”, declaración del alto comisionado para la paz.

2006 Pactos de Ralito, 
Chivolo, 
Pivijay.
 La   narco   parapolítica. 
Se propusieron armar un proyecto político a nivel regional y local para luego proyectarlo a nivel nacional, incluso se firmaron acuerdos entre políticos y paramilitares, los más conocidos, pactos de Ralito, Chivolo y Pivijay, con el propósito de articular un proyecto político de repercusiones nacionales. Corrupción política en el que se descubrieron vínculos de políticos con paras posterior al proceso de desmovilización que adelantaron las AUC, mediante un documento firmado por los implicados y conocido como el pacto de Ralito. Se descubrió, entre otras cosas, que el director del DAS, Jorge Noguera, habría puesto el organismo de seguridad a disposición del paramilitar Jorge 40; por este hecho, fue privado de la libertad y condenado por concierto para delinquir, homicidio agravado. Por este hecho se han condenado a más de 50 congresistas, del periodo 2002-2010; además de funcionarios del gobierno, departamentales y municipales.

2008 Las Frac política. 
En el marco de la ‘Operación Fénix’, que terminó con la muerte de a. Raúl Reyes de la Farc, donde fue abatido se hallaron computadores portátiles que pertenecían al líder guerrillero, donde existía información que involucraba líderes políticos nacionales e internacionales con el grupo subversivo, entre estos líderes se encontraba la  senadora Piedad Córdoba   con alias ‘Teodora de Bolívar’, el  presidente Hugo Chávez, con el seudónimo de ‘Ángel’. Ronald Hayden Coy Ortiz de la Dijin, aceptó ante un juez y en audiencia pública que se rompió la cadena de custodia en los computadores de Raúl Reyes; es decir, en un determinado tiempo, los computadores estuvieron expuestos a manipulaciones. Esto hace que cualquier información que se quiera tomar de los computadores no se pueda usar como evidencia para un caso judicial, ya que no existen las certificaciones necesarias de la cadena de custodia, las cuales afirmen que no se produjeron manipulaciones a los equipos incautados.
Sin embargo, este material fue suficiente para que el procurador, destituyera e inhabilitara de ejercer cargos públicos a la senadora Córdoba por 18 años, fallo anulado en 2016 por el Consejo de Estado y la Procuraduría fue condenada a pagar $1.800 millones a Córdoba.

2002. Falsos Positivos
Crímenes de Estado. 
Seguridad Democrática. 
En total han sido más de 4.000 pelados que han sido ‘falsos positivos’ desde el 2002.
En 2017 el mindefensa notificó al Fiscal de la CPI que 1.400 militares han sido condenados por la práctica de asesinar a civiles y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. 
‘Falso Positivos’: Involucramiento de miembros del ejército en asesinatos de civiles inocentes haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate, promovida por el gobierno. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados al gobierno por parte de las brigadas de combate. A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal como Homicidio en Persona Protegida. Han sido destituidos e investigados disciplinaria y penal, muchos oficiales y suboficiales del Ejército. Este escándalo de ‘falsos positivos’, tuvo su auge entre 2002 y 2008.
La fiscalía tiene bajo investigación 946 casos relacionados con ‘falsos positivos’ y la Procuraduría 1.043.Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3.430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.
         Esta práctica obedeció a la directiva 029 de 2005 del Mindefensa avalada por el presidente, se autorizaba el pago de $3'800.000 por cada guerrillero muerto ¿en combate? Estas directivas propiciaron las alianzas criminales para fabricar cadáveres y recibir por ellos una recompensa económica.  
         Cerca de 1.300 soldados o suboficiales han sido condenados, frente a coroneles y generales, las investigaciones no avanzan o son demasiado lentas. Ante ello, son 7 los generales y coroneles implicados en estos crímenes según lo han denunciado ante la CPI. La CPI solicita que 29 coroneles y generales sean juzgados por ejecuciones extrajudiciales.

1º General Mario Montoya Uribe
Comandante del Ejército de 2006-2008; embajador en República Dominicana.  
Según la Fiscalía, Montoya tiene responsabilidad  en el asesinato de 3 jóvenes de Soacha, Daniel Pesca Olaya, Eduardo Garzón Páez y Fair Leonardo Porras. El general implementaba "una política de presión por resultados", por lo que debía responder por al menos 10 casos de ejecuciones extrajudiciales. La Fiscalía asegura que era imposible que el general no tuviera conocimiento, ya que “Estaba en capacidad de evitar los resultados, lo cual puede inferirse a partir del número de muertes cuestionadas durante el periodo de su comandancia y posterior a ella".
         Por otra parte, se dice que al menos 44 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Brigada 4ª, se presentaron durante el período en el cual el General estuvo al mando. No obstante, no se trata únicamente de esos casos, sino de los más de 4.300 'falsos positivos', cuando Montoya fue comandante de la 4ª Brigada de Medellín. Se han documentado cuando del 2001 al 2003 Montoya se desempeñó como máximo mando de la Cuarta Brigada, mientras se llevaron a cabo la operaciones como Orión, Meteoro, Mariscal, Marcial, que arrojan un sin número de víctimas, que no son hechos aislados sino que son una política de Estado, encargada de convertir a las fuerzas militares en una empresa criminal.
         Montoya, rindió indagatoria con un fiscal delegado ante la Corte, está pendiente de la decisión. Montoya, pidió la baja del servicio activo y renunció a su cargo; ya como civil, fue nombrado Embajador en República Dominicana. Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio, los procedimientos de la PSD ‘Política de Seguridad Democrática’ emprendida desde el gobierno.
En 2009 la Fiscalía le abrió a Montoya investigación por la participación de los paramilitares en la Operación Orión. Esta operación se llevó a cabo en octubre de 2002, y consistió en la entrada de uniformados en la Comuna 13 de Medellín, con el objetivo de atacar las milicias urbanas. En febrero de 2010 varios coroneles acusaron a Montoya de haber planeado la Operación Fénix, que terminó con la masacre de 8 civiles en San José de Apartado.

2º General Óscar González Peña
Comandante del Ejército de 2008 a 2010; 
De acuerdo con un informe de junio del 2015, durante el período 2008-10, se cometieron mínimo 113 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la 4ª Brigada. Se han encontrado evidencias creíbles que evidencian que el general estuvo implicado en estos casos. González Peña fue comandante del Comando Conjunto del Caribe, y luego pasó a ser el reemplazo del General Mario Montoya, luego de que este presentara su sorpresiva renuncia al presidente. Lo hizo luego de que se empezara a investigar los primeros casos de ejecuciones extrajudiciales, por lo cual fueron separados de sus cargos 27 oficiales, entre ellos 3 generales, y suboficiales. El presidente designó a González, por tener “eficacia, transparencia y eficiencia” como “la base para que una política de seguridad democrática sea creíble y por ende sostenible”.

         3º General Jorge Enrique Navarrete Jadeth
        Pese a las advertencias, en noviembre fue ascendido a brigadier general. 
        Este militar fue el segundo comandante de Barrios Jiménez en la 8ª Brigada en 2008, y  por su cargo y el tiempo en el que estuvo en ese cargo, es investigado por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Brigada 8ª, así como por su presunta cooperación con grupos paramilitares. Las investigaciones evidenciarían que en 2008 él y el General Emiro José Barrios Jiménez firmaron el pago de $2 millones a un informante por “la muerte en combate de 2 terroristas”.

         4º General Emiro José Barrios Jiménez
     Además de la evidencia sobre el pago de $2 millones para los informantes. 
Al brigadier general Barrios, la Fiscalía lo investiga por su rol en ‘falsos positivos’ durante su comandancia de la 8ª Brigada del Ejército durante el 2007-09. Las investigaciones son por al menos 19 muertes perpetradas en 2008 por soldados de la brigada que el comandaba.

         5º General Ricardo Andrés Bernal Mendiola
     Fue comandante de la 1ra División del Ejército. 
     Bernal es investigado por su participación en las ejecuciones extrajudiciales de 2 personas a manos de militares en Norte de Santander. Bernal Mendiola es recordado por su participación en la operación Jaque, a él un subalterno lo acusó de participar en la masacre de 12 personas  que luego fueron presentadas como guerrilleros muertos en norte de Santander.

         6º General Jorge Salgado
     Director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova
     ascendió al grado de general en 2012. 
     Comandante de la Brigada 11.
      Su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales se investigó en  2007 y 2008. Salgado es una de personas que ha salido como denunciantes de las ejecuciones extrajudiciales, pero las víctimas lo presentan ante la CPI como uno de los implicados.
         La Fiscalía le archivó un proceso por homicidio en persona protegida tras encontrar que sus acciones al llegar a la Brigada 11, con sede en Montería, evitaron que se cometieran más ejecuciones de civiles, pues habría nombrado a un asesor jurídico para impulsar las investigaciones disciplinarias y las denuncias empolvadas contra sus hombres, reforzó el control de las operaciones militares y descubrió la máquina criminal del coronel Luis Fernando Borja.

         7º General Henry Torres Escalante
     Jefe del Comando Conjunto Número 2 del Suroccidente, 
     tuvo a su cargo los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 
     Realizó un curso básico de Ascenso, Estado Mayor y de Altos Estudios Militares y fue titulado como Ingeniero de Obras Civiles y Militares, en Gerencia de Proyectos Integrales y cursó un seminario acerca del narcotráfico en la Universidad de la Sabana.
         El informe recuerda que este general estuvo en la Brigada 16, responsable de 113 casos de ‘falsos positivos’ entre diciembre de 2005 y junio de 2007.  
Contra Torres Escalante existen expedientes donde reposa uno de los casos en los que se documenta el asesinato 2 hombres. Ocurrió en marzo 16 de 2007 en la vereda El Triunfo, en Casanare. Esa fecha, algunos militares adscritos a la Brigada XVI que dirigida Torres, asesinaron al campesino Daniel Torres y a su hijo menor de edad Roque, y luego ambos fueron presentados como guerrilleros del ELN.Por este crimen el general fue detenido, se documentan pruebas contra el general: 41 inspecciones judiciales, 9 pruebas periciales, 207 pruebas documentales y 86 declaraciones en el acervo probatorio.

         2004-2017 Primer General del Ejército llamado a Juicio por ‘Falsos Positivos’.
      Henry Torres Escalante, general, 
     comandante de la Brigada XVI del Ejército en Yopal. 
     Existen suficientes pruebas para demostrar que participó en el asesinato de 2 personas en la zona rural del municipio de Aguazul en Casanare quienes fueron presentados como ‘falsos positivos’, así lo aseguró la Fiscalía, en el juicio en contra de Torres, luego de casi 13 años de cometidos los asesinatos.
         Las 2 personas asesinadas, eran campesinos, padre e hijo y sus nombres eran Julio Torres de 38 años  y Daniel Torres Arciniegas de 16 años, ambos fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, razón por la cual el general Torres tendrá que responder por el delito de homicidio en persona protegida.
Según la Fiscalía, el objetivo de asesinar a Julio y Daniel era poder silenciarlos ya que eran testigos claves en otro caso de ejecución extrajudicial o ‘falso positivo’.
         Asegura la fiscalía que el general Torres tuvo conocimiento de cómo, cuándo y dónde sería realizado el operativo por parte de algunos hombres que estaban bajo su cargo en la Brigada XVI. Así mismo, dice que dichas muertes estuvieron planeadas con suficiente tiempo de anticipación.
         La Fiscalía dice que el general Torres no solo se trata de impartir órdenes para que fueran cometidos los crímenes, sino que como comandante de la Brigada fue quien confirmó la información de inteligencia que serviría para sustentar la misión táctica que estaría a cargo del Grupo Especial Delta 6, pese a que la vereda donde vivían Daniel y Julián no estaba dentro de la jurisdicción de dicho grupo especial.
         A pesar de que la orden de ejecutar la operación fue dada por el mayor Carlos Alirio Buitrago Bedoya, la Fiscalía dice que la orden fue de Torres Escalante, quien por ser comandante de la Brigada era el único para hacerlo.
   Por estos dos asesinatos ya fue condenado a 22 años de cárcel el teniente Fabián García, quien se convierte en testigo esencial en el proceso contra Torres. 
         Son 180 los batallones investigados por ‘falsos positivos’ y algunos altos mandos que aún se encuentran activos y en algunos casos condecorados también estarían implicados en algunos de estos casos.
         La Fiscalía, ha dicho que investiga más de 3000 casos, en los cuales según víctimas, familiares y organizaciones sociales pocos han sido los avances.

2008 Madres de Soacha
Falsos Positivos. 
“Los 19 jóvenes de Soacha no se fueron a recoger café”. 
En mayo 7 de 2017, AUV se pronunció vía Twitter ofreciendo perdón virtual a las víctimas, pero la Corte no aceptó ese acto y obligó a que fuera presencial.
En 2013 el Tribunal de Cundinamarca declaró de lesa humanidad el asesinato de un joven de Soacha con síndrome de Down que fue presentado como miembro de una banda delincuencial muerto en combate, al que le pegaron 3 tiros en la cara y 10 más en el cuerpo, en un caso de los llamados ‘falsos positivos’. El fallo condeno a 53 y 54 años de prisión a 6 militares por la muerte del joven Fair Leonardo Porras Bernal, quien desapareció del municipio de Soacha y fue reportado como un guerrillero abatido en combate en el municipio de Ocaña en Norte de Santander. Fair fue uno de los 19 jóvenes de Soacha trasladados mediante engaños al municipio de Ocaña, Norte de Santander, donde fueron entregados a militares del BAEV, Plan Meteoro, agregado al Batallón Francisco de Paula Santander, quienes los asesinaron y los reportaron como muertos en combate.
En abril de 2017, un juez condenó a 21 militares que estaban involucrados en la desaparición y muerte de 5 jóvenes de Soacha, entre ellos un coronel que fue condenado a 46 años de prisión; a los demás militares, sus condenas oscilaron entre los 37 y 52 años de cárcel. El mismo juez declaró estos crímenes relacionados a los falsos positivos como delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, población que además era vulnerable y que de alguna manera era considerada de poca importancia para los victimarios.​

2000-2005 Las Chuzadas del DAS
Como en el tiempo de la Popol de Laureano Gómez y del SIC de Rojas Pinilla, el DAS fue usada y obedeciendo intereses de Presidencia. 
Con el DAS, no solo fueron chuzadas sino también torturas, amenazas, asesinatos. 
En febrero 21 de 2009, se publicó un informe en el que se detallaba cómo funcionarios del DAS, grababan de manera ilegal conversaciones telefónicas a líderes de oposición, magistrados, periodistas y servidores del Estado. 
Una vez presentadas las pruebas por la fiscalía, la situación fue calificada de una «empresa criminal» dirigida desde la Casa de Nariño, por la Corte Suprema. Este escándalo fue determinante para que Santos, decretara en 2011 la desaparición del DAS.
Denunciantes
Se mantiene en anónimo la identidad de los denunciantes Técnicos del DAS por temor a ser asesinados.

         Fueron capturados altos funcionarios del gobierno. La cúpula del DAS se encuentra presa y condenada. Implicados:

1º Bernardo Moreno. 
Secretario de Presidencia
La Corte lo condena a 8 años de prisión por las ‘chuzadas’.
Procuraduría. Destituido e inhabilitado por 18 años, por haberse extralimitado en sus funciones al solicitarle al DAS y la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis financiero sobre los magistrados de las altas Cortes.

2º Edmundo del Castillo. 
Secretario de Presidencia. 
La fiscalía lo acuso por chuzadas, y será procesado por interceptaciones y seguimientos a la Corte Suprema.

3º César Mauricio Velásquez. 
Jefe de Prensa de Presidencia.  
Acusado por  la  fiscalía de chuzadas y es procesado por interceptaciones y seguimientos a la Corte Suprema de Justicia

Jorge Aurelio Noguera Cotes
 2002-2005 Director del DAS
Cónsul en Milán. Primera Condena. 
Fue sentenciado a 25 años de prisión tras ser hallado responsable de concierto para delinquir agravado y de participar en el homicidio del profesor de sociología Alfredo Correa de Andreis, así como de la supresión de los documentos públicos relacionados con el caso.
Segunda Condena. En 2017 la Corte Suprema condenó a 7 años, 10 meses y 15 días de prisión como coautor de concierto para delinquir agravado, responsable de las chuzadas entre 2002 y 2005 en un grupo llamado G-3. La sentencia compulsa de copias de las piezas procesales ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investiguen al presidente por concierto para delinquir agravado.
Por su parte, Edgar Ignacio Fierro, a. 'don Antonio', dijo que 80 empresas privadas financiaron el bloque de las AUC que él comandó, y que descubrió que una camioneta del DAS era utilizada por el comandante paramilitar 'Jorge 40'. 'Don Antonio' aseguró que el director del DAS del Magdalena, que investigaba la muerte de Alfreda Correa, recibió un arma ilegal por parte de un jefe de las AUC, Autodefensas Campesinas Unidas de Colombia.
Noguera  acusado como determinador de 3 homicidios ejecutados por los paramilitares. También está acusado por abuso de autoridad y uso de información privilegiada. Como director usó la inteligencia del Estado, mediante el G3, para ‘chuzar’ e intimidar a magistrado, periodistas y opositores, y parte de la información habría llegado a los grupos paramilitares.
Procuraduría. Destituido e inhabilitado por 20 años.

5º Andrés Peñate 

2005-2007 Director del DAS.  

‘El cerebro de las Chuzadas’, 

"Cumplía órdenes del presidente". 

El director del DAS Peñate dijo a los magistrados de la Corte Suprema que el grupo G3 del DAS, le hizo seguimientos a él cuando se desempeñaba como viceministro de la Defensa.

Peñate   llamado a indagatoria por las ‘chuzadas’ del DAS. Según la Fiscalía, durante la administración de Peñate continuaron las interceptaciones ilegales e intimidaciones bajo un nuevo grupo conocido como ‘Goni’.
Procuraduría. Sancionado por 8 meses.

         6º María del Pilar Hurtado 
      2007-2008 Directora del DAS
     En 2015 fue condenada a 14 años por abuso de autoridad en la función pública, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones, multa de 43.3 salarios mínimos, $27 millones 900 mil. La sanción económica se desprende por su culpabilidad en el delito de peculado. En 2010, cuando se iniciaba el proceso en su contra, Hurtado se fugó a Panamá en donde consiguió asilo como ‘Perseguida Política’.
         La directora del DAS María del Pilar Hurtado, dijo que el Presidente de la República había ordenado investigar a los Altos Magistrados de las Cortes, dados los rumores de sus nexos con narcotráfico. Durante meses fueron interceptadas más de 2.000 llamadas de los magistrados de las Cortes.
         Procuraduría. Destituida e inhabilitada por 18 años

7º Joaquín Polo   Montalvo 
2008-2009 Director del DAS. 
Nombrado por el presidente, por renuncia de María del Pilar, tras el escándalo que se desató por el espionaje a las líneas telefónicas de miembros del partido político Polo.

8º José Miguel Narváez 
2004-2005 Director del G-3 del DAS
Condenado a 7 años y 8 meses de prisión como responsable de las interceptaciones ilegales.  Aseguró que las actividades se realizaron como parte de una estrategia política de ‘seguridad democrática’ impulsada por la Presidencia. Implicado en el asesinato de Jaime Garzón. Tiene además, un tercer proceso por la tortura de la que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque.

9º Carlos Arzayus 
Director de Inteligencia del DAS
Condenado a 9 años y 10 meses de prisión por concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos receptores y abuso de autoridad. Arzayús, es reconocido como el primer funcionario de alto rango del DAS que relacionó directamente los seguimientos ilegales que se hacían desde el DAS con la Casa de Nariño. 

10º Fernando Tabares 
Jefe de inteligencia del DAS. 
Tabares manifestó “que en reunión privada con el secretario de Presidencia, Bernardo Moreno, se le pidió información sobre los congresistas, periodistas y magistrados de las cortes, Moreno le dijo que el Presidente estaba interesado en información de los magistrados y los congresistas, los resultados eran entregados a la directora del DAS y luego a la Presidencia”. Tabares, suscribió un preacuerdo con la Fiscalía para una pena no superior a 8 años de prisión y al pago de una multa de $20 millones por su responsabilidad en el escándalo de las ‘chuzadas’.

11º Jorge Alberto Lagos 
Jefe de Contrainteligencia del DAS. 
Firmó preacuerdo con la Fiscalía, en el que pagaría 8 años de pena efectiva por convertirse en testigo en el proceso contra otros funcionarios del DAS involucrados en el escándalo de las ‘chuzadas’. Germán Ospina, uno de los jefes del ‘Goni’, iniciales de: Grupo de Observación Nacional e Internacional, fue el primero que recibió beneficios. Ospina manejaba uno de los grupos de inteligencia asignados a temas externos de altísima importancia estratégica para el Gobierno. Pero, en algún momento, según confesó a la Fiscalía, su jefe directo, el capitán Jorge Lagos, le ordenó dejar de lado todas las demás actividades que estaba realizando y concentrarse en el caso Paseo, por el interés de la Dirección  y del Gobierno.

12º William Romero 
subdirector de Fuentes Humanas del DAS
“El mismo Peñate, entre 2006 y 2007,  me presionó para sacar adelante el llamado Plan Escalera, operativo de contrainteligencia de Estado, que tenía como objetivo averiguar todo lo concerniente con los magistrados de la Corte que le hacían la vida imposible al Ejecutivo en ese momento”.

         13º Martha Leal. 
Dirección de Inteligencia. 
La ordenadora de los gastos reservados y empiezan a aprobar los planes operacionales del DAS de acuerdo con los objetivos institucionales. Como del Plan Escalera, Éste tenía una fachada y unos gastos de operación.

14º Alba Luz Flórez 
detective del DAS
Conocida como ‘Mata Hari’,  
Quien recolectaba información del blanco político: las cortes y el Congreso. 

15º Mario Aranguren 
director de la UIAF
La Fiscalía lo acusó por concierto para delinquir agravado, prevaricato y abuso de la función pública, en relación con las ‘chuzadas’ a magistrados, periodistas, opositores y ciudadanos. Aranguren, habría sido quien entregó a la Presidencia información financiera reservada sobre los magistrados de las altas Cortes.

16º Rafael García 
director de informática del DAS. 
Condenado a 27 años.

Renuncias y despidos:
1º Jorge Castro, 
Director de la Policía

2º Guillermo Chávez, 
Director de Inteligencia de la Policía

3º 11 generales de la policía salieron de sus cargos

Investigaciones de la Procuraduría:
1º Bernardo Moreno, 
Secretario General de Presidencia, destituido.

2º César Mauricio Velásquez, 
Secretario de Prensa de Palacio.

3º Jorge Mario Eastman Robledo, 
Asesor Presidencial.

4º Mario Alejandro Aranguren Rincón, 
director UIAF, Unidad de Información y Análisis  Financiero.

5º José Miguel Narváez, director de Inteligencia del DAS

Afectados. ‘Chuzados’. 
1º Ciudadanos; 
2º Columnistas de Medios de Comunicación; 
3º Directores de Medios de Comunicación; 
4º Alcaldes de Bogotá 2004-2011; 
5º Congresistas, Diputados; 
6º Colaborador, Asesor legal, Abogado del magistrado César Julio; 
7º Magistrados de las Altas Cortes

Maraña
El DAS es señalado de interceptar las líneas telefónicas y los correos electrónicos a diferentes personajes públicos desde el 2000. El escándalo estalló al revelarse que entre abril y mayo de 2006, época preelectoral donde el presidente hacía campaña para su primera reelección, habían sido interceptadas más de 100 personas. Entre éstas se destacan candidatos a la presidencia, miembros de la oposición, magistrados de las Altas Cortes, periodistas, entre otros.
Se destacaba el énfasis hecho en Iván Velásquez, magistrado auxiliar, jefe de la investigación de la -para-política. También fueron interceptadas las llamadas de los fiscales de ‘justicia y paz’ encargados de las investigaciones a paramilitares, y la oficina de protección de testigos de la Fiscalía, entre cientos de otras llamadas.
         Según un detective del DAS, al estallar el escándalo fueron destruidos CDs, discos duros, archivos de voces y documentos confidenciales en la sede principal del DAS en Bogotá. Se evidenció una relación entre la Presidencia de la República y el DAS en la cual cualquier alto funcionario de Palacio podía hacer solicitudes a esa entidad.
         También se reveló que interceptar los teléfonos era un servicio cobrado con tarifas que dependían del tiempo y de la persona objeto de vigilancia.

2007 Jorge Noguera 
Director del DAS 2002-2005
Acusado por el jefe de informática la institución, Rafael García, de tener vínculos con grupos narco paramilitares.

Las autoridades judiciales señalaron que durante su paso por el DAS, el funcionario facilitó la base de datos del DAS a  narco paramilitares;

Eliminó antecedentes penales a narcos y a otras personas requeridas por la justicia, entre los cuales se encontraba Nodier Giraldo,  hermano del jefe paramilitar Hernán Giraldo solicitado en extradición por el gobierno de Usa.
         La Procuraduría concluyó que fueron más de 10 las reuniones que Noguera sostuvo con líderes de los paramilitares en Santa Marta y el Parque Tayrona en el departamento del Magdalena. Noguera llegó a ser uno de los hombres más cercanos al presidente, toda vez que en 2002 se desempeñó como jefe de su primera campañaa la Presidencia en el departamento del Magdalena.
         En 2005, tras su salida del DAS fue nombrado Cónsul en Milán, Italia.

Rafael García acusó al director del DAS de sostener vínculos con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ reconocido paramilitar de la zona norte del país y Álvaro Pupo, primo de ‘Jorge 40’, quien viajaba hasta Bogotá y se reunía con ellos en el despacho de Noguera. Después de realizarlas investigaciones pertinentes, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra Noguera por el delito de concierto para delinquir agravado.

Según García, Álvaro Pupo le entregó a. 'Jorge 40' la información secreta del DAS, incluyendo la lista de 15 sindicalistas que fueron asesinados en Barranquilla, razón por la cual Jorge Noguera se encuentra sindicado por homicidio.
Noguera, al llegar a la entidad nombró en la sede nacional del DAS a dos de sus hombres de confianza: Gian Carlo Auqué De Silvestri, Secretario General y Director de Inteligencia y Rafael García, Director de informática, y continuó con Emilio Vence, Rómulo Betancourt y Mauricio Rosales, a quienes nombró en las direcciones de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Norte de Santander. Hoy dichos funcionarios se encuentran investigados y juzgados por delitos conexos, al igual que el mismo denunciante Rafael García, quien fue condenado por la Fiscalía por promover y permitir la infiltración paramilitar de la entidad.
Auqué De Silvestri tiene un pliego de cargos de la Procuraduría en el mismo proceso abierto contra Noguera. Emilio Vence fue detenido por los falsos atentados al Presidente; Rómulo Betancourt fue declarado insubsistente y Mauricio Rosales renunció tras conocerse que trabajó con la polémica empresaria del chance,  ‘la gata’.

Rafael García entregó una declaración a autoridades de Usaen la que aseguró que usando el DAS, Jorge Noguera y él hicieron envíos de cocaína a Usa y a otros países.En su declaración García asegura que el Presidente conocía y aprobaba las relaciones entre el DAS con grupos paramilitares.

García también declaró que Jorge Noguera viajó a México en razón de su cargo como Director del DAS; dicho viaje oficial y pagado por el Estado, tenía como propósito establecer alianzas con la organización  de los Hermanos Beltrán Leiva, lo cual se concretó, consiguiendo de esta manera que las lanchas rápidas con droga fueran recibidas en México por esta organización, la cual se encargaba de trasladarla a los estados de la costa este de Usa.

García aseguró que entre el 2003y 2004 con funcionarios del DAS, la Aeronáutica Civil y la DIAN, se introdujeron al país de 100 millones de dólares, producto del narcotráfico. En 2006 se abrieron 2 procesos penales en la Fiscalía, y otro disciplinario, en la Procuraduría, contra Jorge Noguera.En 2007 Noguera fue destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos.
En junio 11 de 2008, Jorge Noguera fue puesto en libertad debido a que el Fiscal Mario Iguarán delegó la función de investigación, pero en diciembre de 2008fue recapturado y llamado a juicio por la Fiscalía.
         8º 
Alfredo Correa de Andreis. El director del DAS, Jorge Noguera Cotes, fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato del sociólogo cienaguero, investigador y docente universitario Alfredo Rafael Correa de Andréis. El 17 de septiembre de 2004 paramilitares en cooperación con miembros  del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, lo ejecutaron.

2013 Santoyo. 
Jefe de Seguridad del Presidente.
Condenado a 13 años de prisión. 
Se declaró culpable de haber colaborado con el narcotráfico ante una corte en Usa.El alto oficial cometió los delitos por los cuales se le condeno entre octubre del 2001 y noviembre del 2008, es decir, hasta un año antes de que se retirara de la Policía. En ese período, dice el expediente contra Santoyo, "miembros de alto nivel de las AUC habrían pagado sustanciales sobornos al acusado a cambio de asistencia y apoyo en sus operaciones". El documento precisa que Santoyo les daba información a los paramilitares sobre las investigaciones que autoridades nacionales y extranjeras estaban adelantando contra ellos, los alertaba sobre las operaciones de captura de sus integrantes y hasta llegó a avisarles cuáles teléfonos de la organización estaban interceptados por los investigadores.
El general de la policía, Mauricio Santoyo, estaba siendo investigado por narcotráfico en Usa, admitió en una corte de Virgina haber ayudado a las AUC. Debido a la controversia, el presidente indicó que desconocía las "andanzas" de su funcionario y que estaba "decepcionado" de este, además de que no había influido en la elección de Santoyo como su Jefe de Seguridad ni en su promoción de coronel a general.​ Sin embargo, sectores políticos y los periodistas manifestaron que si había intervenido en la promoción de Santoyo y que éste contribuyó en el establecimiento de la relación del presidente con el paramilitarismo.
En diciembre de 2004, la Procuraduría destituyo a Santoyo por 5 años por ser el responsable de cerca de 1.800 interceptaciones ilegales a ciudadanos en Medellín. Santoyo demandó la decisión ante el Consejo de Estado y fue restituido al servicio activo.
​         Aparte del presidente, Santos mindefensa, Luis Carlos Restrepo comisionado de paz, prófugo de la justicia desde 2012 y Oscar Narango, el director de la Policía, sabían de las "andanzas" de Santoyo. El sindicado llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, por el cual solo pagaría de 10 a 15 años de cárcel y otorgarle libertad bajo fianza, además de protección para su familia en territorio norteamericano. En tanto, la Fiscalía ejecutó el proceso de extinción de dominio​ a todas las propiedades de Santoyo y su familia.​

         Carrera pública de Santoyo. 
Jefe de seguridad durante la campaña a la presidencia en 2002. Informes del departamento de estado de Usa de 2003, 2004 y 2005 advirtieron la situación de Santoyo y del Gaula en Medellín. Lo trajo al Palacio de Nariño. Lo defendió. Lo condecoró. Lo llevó al servicio consular en Italia, como agregado militar. “Me complace mucho haber entregado esta noche la Orden Nacional al Mérito al general Mauricio Santoyo, protector de todas las horas con su lealtad y toda su eficacia”, el presidente2 días antes de dejar el gobierno, en agosto 5 de 2010. La Procuraduría en fallo de octubre 7 de 2003, lo sancionó con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de 5 años. Providencia confirmada en noviembre 30 de 2004. En abril 7 de 2006 se dispuso la suspensión de la sanción. De la sala del consejo de estado que tomó la decisión hacía parte el hoy Procurador Alejandro Ordóñez.
Se revelaron las relaciones de varios oficiales y suboficiales de la Policía con el General Mauricio Santoyo, señalados de participar en actividades ilegales, tanto en la época en que algunos acompañaron al oficial en el Gaula de Medellín, como en su paso por la presidencia como jefe de seguridad del presidente. En Usa tendría abiertos 8 expedientes de altos oficiales de la Policía y el Ejército por nexos con paramilitares. La investigación relaciona a la Policía y el ejército con el general Santoyo, con:

1º Mario Montoya Uribe

comandante del Ejército; intocable. ¿Está bloqueando la Fiscalía la imputación al general Montoya? En mayo de 2016 se suspendió la audiencia de imputación contra el que fuera jefe del ejército entre 2006 y 2008. Ahora, HRW dice que hay nuevas pruebas que indican que Mario Montoya supo de las ejecuciones extrajudiciales de civiles y no hizo nada para frenarlas.

2º Jorge Daniel Castro
general, comandante policía Antioquia, en la época en la que Santoyo era el jefe del Gaula en esa ciudad, y cuando asumió la dirección general de la institución fue él quien promovió el ascenso de Santoyo. En 2007, 11 generales son relevados por el caso de las ‘chuzadas’ entre ellos el director de la policía general Jorge Daniel Castro.

3º Rubén Carrillo
comandante policía Antioquia;

4º Luis Alfredo Rodríguez Pérez
comandante de la Policía de Medellín y director de la Dijin;

5º Carlos Arturo Ceballos
jefe de la sala técnica del Gaula, quien llevaba los oficios de las interceptaciones ilegales en Medellín. En una carta dirigida al entonces fiscal Alfonso Gómez, Ceballos amenazó con contar sobre la participación del Coronel Luis Alfredo Rodríguez en las interceptaciones en complicidad con Santoyo.

6º Mario Fernando Herrera Ariza, 
mayor. Jefe de Seguridad de Tomás Uribe y mano derecha de Santoyo. Éste concertaba las citas de ‘El Canoso’ y Tomás Uribe. Tiene empresa de seguridad que es fachada para lavado de activos, Seguridad Silver Ltda. Santoyo y Herrera se reunían en la sede de la empresa Seguridad Silver, para hacerle seguimientos a Daniel Coronell.

7º Teodoro Campo, 
general. En octubre de 2000 Campo fue retirado de la policía pero 2 años más tarde gracias a su cercanía con Pedro Juan Moreno, logró que aprobaran su reintegro a la Policía y fue designado director general por recomendación de Moreno. Campo fue quien designó a Santoyo como jefe de seguridad de Presidencia. Tras una accidentada gestión fue retirado de nuevo en noviembre de 2003, pero Santoyo continuó.

8º Jorge Vargas Peña, 
coronel. El ‘tuso’Sierra, afirma que el general Santoyo, siendo jefe de seguridad del presidente, nombró al coronel Jorge Vargas como principal enlace entre él y las AUC. Sierra afirma que, a pesar de que estaba expulsado del proceso y de que sobre su cabeza pesaba una recompensa de 5 millones de dólares, estuvo refugiado en Santa fe Ralito. Asegura que el coronel Jorge Vargas, jefe de seguridad de la zona, tenía pleno conocimiento de eso. “Él, Vargas, sabía que yo estaba y, yo, le aportaba dinero”.

9º Julio César Santoyo, 
general. Hermano de Santoyo, era el correo entre la Casa de Nariño y Santafé de Ralito, en calidad de jefe de seguridad del comisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo. A. ‘el tuso’ Sierra también lo menciona en una de sus declaraciones: “Julio le llevaba las razones a ‘el alemán’”. Entre los paramilitares que tuvieron nexos con los oficiales Jorge Vargas y Julio Santoyo, están a. ‘don Berna’ y a. ‘gordo lindo’. Antes de ser asesinado el teniente Néstor Eduardo Porras, aseguró que Julio Santoyo estaba en la nómina del Cartel de Cali.

2009 Flavio Buitrago Delgadillo. 
Jefe de seguridad del Presidente.
Condenado a 9 años de prisión por el Juzgado 9 Especializado de Bogotá. 
Acusado de recibir dinero del narco paramilitar a. 'macaco' y de Marco Antonio Gil Garzón a. 'el papero', ‘el rey de Corabastos’. La esposa del policía, Elba Pulido Solano, también fue encontrada culpable, como él, de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, con condena  de 6 años de cárcel. Buitrago no pudo justificar la procedencia de $690 millones que ingresaron a sus cuentas. La investigación contra el oficial se inició con las declaraciones juramentadas de ‘macaco’ y ‘el papero’ a jueces de ‘justicia y paz’.
Fue comandante de la policía Antioquia, reemplazo a Santoyo como jefe de seguridad del presidente. Condecorado junto a Santoyo en agosto 5 del 2010.
El General Buitrago instruyó a un denunciante para que señalara al senador Petro de presentar testigos falsos en sus debates sobre parapolítica. Sergio Tovar Pulido se presentó en Palacio para denunciar al entonces senador Petro por ofrecer dádivas a testigos para que declararan contra dirigentes involucrados en la parapolítica. Se intentaba presentar como una trampa la caída del director del DAS Jorge Noguera. El general Flavio Buitrago instruyó al denunciante sobre cómo actuar ante la Fiscalía, lo cual éste hizo 2 días después.

2002 Enilce del Rosario López Romero ‘la gata’. 
Aporta $100 millones a campaña presidencial en 2002. 
La empresaria del chance ‘la gata’ fue condenada por el asesinato de Amaury Fabián Ocho Torres, acribillado en junio 12 de 2000, quien era el celador del peaje en la vía entre los municipios de Ovejas y Carmen de Bolívar, en Sucre, por este delito fue sentenciada a 37 años de prisión, multa de 2.000 salarios mínimos y a indemnizar a la viuda de Ochoa Torres, Mabel María Ochoa Blanco, con 500 salarios mínimos, por homicidio agravado y concierto para delinquir. Enilse paga la condena en su casa en Barranquilla, cumpliendo además una pena de 9 años por su participación en el delito de concierto para delinquir por sus vínculos con grupos paramilitares, entre ellos, el comandante de Policía de Magangué, John Milton Arévalo Rodríguez, el director regional del DAS, paramilitares como Lido Romero Contreras, a. ‘mono lidio’,  Sergio Manuel Córdoba, a. ‘ciento veinte’, Antonio Castillo, a. 'pitirri',  los autores del homicidio, a. ‘el niche’ y Luis Fernando Caro Solano a. 'magensio'.
         “En mi campaña presidencial del 2002, hay un cheque por $100 millones fueron girados por ‘la gata’ según admitió el propio mandatario.
Fabio Echeverry, gerente de la campaña, negó que hubiera recibido cheques con la firma de López: “hizo los aportes a través de Uniapuestas, un consorcio de empresas de chance de la Costa, de la que López es socia”. La empresaria del chance, hoy detenida en el búnker de la Fiscalía, acusada por lavados de activos y peculado por apropiación. Cuando esos dineros ingresaron, ‘la gata’ no tenía investigaciones y la contabilidad pasó las pruebas de la lista Clinton y de la Fiscalía. Todo se hizo sobre la mesa, dijo Echeverry.
‘La gata’ aparece referida en varias investigaciones desde finales de la década de los 80. La primera es un oficio radicado como DNPI-741, en el que miembros del Bloque de Búsqueda de la Policía que abatieron a Gonzalo Rodríguez Gacha, a. ‘el mexicano’, cerca de Coveñas, Sucre, en diciembre 15 de 1989, indicaban que el capo tenía amistad estrecha con una joven llamada Enilce López, y que ella le manejaba sus inversiones en la Costa. En julio 8 de 1998, una comisión de investigadores de la Fiscalía que instruyó 14 procesos por masacres, desapariciones y crímenes selectivos entre Carmen de Bolívar, Magangué y la parte norte de Sucre, donde ‘la gata’tenía intereses en desplazar campesinos y apropiarse de sus tierras en de políticos de la región.
         Desde hace 3 décadas el nombre de Enilce López ha circulado por igual tanto en escenarios de poder de la costa Atlántica y los negocios del gota a gota, el chance o la brujería, como en expedientes judiciales y reportes de inteligencia de las autoridades de Colombia y Usa que la relacionan con las mafias del sanguinario Gacha y Mancuso.
         Después de la muerte del capo del narcotráfico Gacha a. ‘el mexicano’, en diciembre de 1989, paisano del policía Héctor Julio Alfonso Pastrana esposo de ‘la gata’, la pareja se habría quedado con una finca que en vida les encargaba cuidar el narco cerca de Tolú, donde fue abatido. El negocio de apuestas creció tan rápido, que se asegura que a. ‘el mexicano', había sido amigo y socio de ‘la gata’ y en su desesperada huida antes de caer muerto en una persecución del Bloque de Búsqueda en el Golfo de Morrosquillo, entre Sincelejo y Tolú, le había dejado unas canecas llenas de dólares. El control del negocio del chance dejó una estela de crímenes que jamás fueron aclarados. En los años 90, en menos de 72 meses, fueron acribillados 18 empresarios. Varias investigaciones contra empresas de ‘la gata’, como Uniapuestas, ya prescribieron.
Condena. ‘La gata’ está recluida en su casa de Magangué, condenada por concierto para delinquir por financiar grupos paramilitares, a los que les ayudaba a legalizar el dinero del narcotráfico. Tiene en su contra, además, un proceso en la Unidad Anticorrupción por manejos irregulares de dineros de la salud en Magangué y 3 procesos por lavado de activos de 2010 y 2011.
‘La gata’, en indagatoria ante un fiscal, negó las sindicaciones e insistió en que se trata de una ‘Persecución Política’.

2014 Casos Andrómeda
Andrés Sepúlveda. 
El CTI allano un local en Bogotá con el nombre de ‘Restaurante Andrómeda’, que resultó ser una fachada de una central de inteligencia del ejército, que realizaba interceptaciones de manera ilegal a teléfonos celulares y correos electrónicos de diferentes personalidades, entre ellos, los miembros del equipo negociador del gobierno con la frac en el marco de los diálogos de Paz de la Habana; en este lugar se hallaron videocámaras, cajas fuertes, memorias usd, planos de diagramas para crear páginas electrónicas, agendas y cientos de documentos.
​         En el allanamiento, el CTI capturó al hacker Andrés Sepúlveda, quien compró información de manera ilícita al ejército sobre el proceso de paz, para utilizarla en favor de la campaña presidencial del candidato del Centro Democrático Zuluaga. Un colaborador de Sepúlveda, Daniel Bajaña Barragán, ecuatoriano, fue capturado por interceptar ilegalmente aFrancisco Santosvicepresidente.
         La Fiscalía capturó a 3 miembros del ejército por los seguimientos irregulares y por sus nexos con Sepúlveda, además de anunciar la captura de 4 miembros más.
En informe de la comisión especial creada por mindefensa, concluyó que no se cumplieron con los protocolos de seguridad, hubo desorden en el manejo de la información y no hubo control que permitiera a civiles tener acceso a la fachada Andrómeda, por lo que se determinó separar de labores de inteligencia a 20 uniformados relacionados con la central de espionaje, de los cuales, a 5 se le solicitó su retiro del ejército.
A pesar de estos hallazgos, el gobierno ratificó que Andrómeda era una operación legal de inteligencia.​

2004-2006 ‘Carrusel de las Notarías’
Surgió a raíz de las declaraciones del supernotariado y Registro, Manuel Cuello Baute, quien reveló ante la Corte Suprema el nombre de cerca de 34 congresistas a los cuales acusó de recibir nombramientos y notarías después de entregar el voto favorable al proyecto que buscaba cambiar un artículo de la Constitución con el fin de permitir la reelección presidencial.

Maraña. 'Cuellopolítica'. 
Cuello Baute, supernotariado, denunció ante la Corte Suprema la entrega de notarías a cambio de votar a favor de la primera iniciativa reeleccionista, que permitió que continuara por 4 años más en la Presidencia en 2006. Aseguró que 34 congresistas se vieron beneficiados con la entrega de 79 notarias a cambio del voto en favor de la primera reelección presidencial. Después de ser aprobado el proyecto de reelección, Cuello Baute empezó a ser contactado por miembros del gobierno, quienes no estaban de acuerdo con la iniciativa que permitiría nombrar a los notarios por un concurso de méritos y no por recomendaciones políticas, como era la costumbre, pues el gobierno no podría cumplir con compromisos que ya habían sido adquiridos de entregar notarías a políticos.
         La principal prueba de Cuello Baute fue un listado en el que aparecen 72 decretos por medio de los cuales, se crearon y entregaron notarías a recomendados de políticos. El 25 de noviembre de 2005 se expidieron 21 decretos para nombrar igual número de notarios. "El afán básicamente consistía en que había que cumplir con los acuerdos que se habían hecho con los políticos para la reelección, y el último plazo para hacerlo era ese día", explicó Cuello a la Corte. En efecto, dos días más tarde, el 27 de noviembre, anunció que iba a ser candidato a la Presidencia. El lunes 28 entró a regir la Ley de Garantías, la cual le prohibía al gobierno realizar nombramientos en cargos públicos hasta las elecciones presidenciales de mayo de 2006.
         No obstante, Cuello Baute fue señalado por el zar anticorrupción, Rodrigo Lara, de presionar a notarios, a quienes pedía dinero a cambio de medidas que los favorecieran, por lo que fue condenado en abril de 2008 a cien meses de prisión por concusión. El testimonio que permitió probar la culpabilidad de Cuello fue el del coordinador de actividades notariales de la Superintendencia, Milton Amell Contreras, quien aseguró a la Fiscalía que el ex superintendente hizo que un notario le llevara 10 cabezas de ganado a la finca de propiedad de su familia.

Congresistas investigados
Tras estas revelaciones la Corte abrió investigación y citó a versión libre a los siguientes congresistas:
1º Eduardo Enríquez Maya                             
2º Carlos Enrique Soto Jaramillo
3º Plinio Edilberto Olano Becerra                   
4º Milton Arlex Rodríguez Sarmiento
5º Jorge Hernando Pedraza.                          
6º Jaime Alejandro Amín Hernández
7º Hernando Torres Barrera                          
8º Flor Gnecco Arregocés
9º Tony Jozame Amar                                   
10º José Luis Arcila Córdoba
11º Luis Fernando Almario Rojas                   
12º José Renán Trujillo
13º Mario Uribe Escobar                               
14º William Vélez Mesa
15º Camilo Hernando Torres Barrera

Congresistas mencionados
1º Mauricio Pimiento                                    
2º Roberto Gerlein
3º Hernán Andrade                                      
4º Luis Alfredo Ramos
5º Nancy Patricia Gutiérrez                           
 6º Santiago Castro

Congresistas Condenados
1º Yidis Medina                                           
2º Teodolindo Avendaño. Habría 'vendió' la notaría por $200 millones.
3º Alirio Villamizar

2006 Alirio Villamizar Afanador
Partido Conservador
La Corte lo condeno por concusión a 9 años de cárcel.  
El congresista  santandereano fue favorecido por el Gobierno Nacional con 2 Notarias en 2006, como retribución al apoyo que él dio a la aprobación de la reelección presidencial. La Corte lo interrogará para que explique por qué tenía en su cuenta más de $ 5 mil millones.      Hechos Probados:

         1º En agosto 4 de 2006 en el edificio del Congreso de la República, el congresista Villamizar y la dra. Luz Yaneth Rojas Portilla, para entonces notaria de El Playón-Santander, acordaron que él "la haría nombrar" notaria de primera categoría, a cambio de lo cual ella le entregaría mensualmente el 50 % de los ingresos notariales; como garantía de cumplimiento, ella y su marido firmaron y entregaron al congresista una letra de cambio con valor en blanco.

         2º En efecto, mediante Decreto 3459 octubre 3 de 2006, el gobierno nacional creó la Notaría 11 del Círculo de Bucaramanga-Santander, y por recomendación del congresista Villamizar, a través de ese mismo acto administrativo, suscrito por el Presidente de la República y el Mininterior y de justicia, nombró en interinidad a la dra. Luz Yaneth Rojas Portilla, quien en noviembre 3 de 2006 tomó posesión del cargo.

         3º La Notaría 11 deBucaramanga, Santander, empezó a funcionar en noviembre de 2006 y mes a mes desde entonces, hasta julio de 2009, a pesar de lo gravoso que le resultó, la dra. Luz Yaneth Rojas Portilla entregó la suma acordada a la esposa del congresista Villamizar, presionada por la amenaza latente de que se hiciera efectivo el citado título valor.   

2004 Yidis Política
Compra de Reelección. 
“Vallan votando mientras los arrestan”. 
A partir de las condenas penales por cohecho propio a los congresistas Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus por parte de la Corte Suprema, quedó judicialmente demostrado que existieron ofrecimientos de dádivas de parte de funcionarios del gobierno a cambio del voto favorable al proyecto de reforma constitucional que le permitió aspirar a un segundo mandato presidencial. 
El Alto Tribunal expidió copia de los expedientes a los organismos judiciales con el fin de que se adelantarán las investigaciones correspondientes a los funcionarios públicos que participaron de los hechos, entre quienes se encuentran Diego Palacio, minproteccionsocial y Sabas Pretelt, mininterior y de justicia y embajador en Italia. 
Este es, por mucho, el hecho de corrupción más importante en la historia reciente del país, no sólo porque genera profundos cuestionamientos sobre la legitimidad y la legalidad de todo el segundo mandato del presidente, sino también por lo que implicó la figura de la reelección para el diseño institucional la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata del Presidente de la República, en lo que relativo a los efectos frente al nombramiento de organismos de control, la desigualdad manifiesta entre el presidente-candidato y los demás candidatos y el acceso a los recursos del Estado en la época de campaña, por mencionar sólo algunos.
         La Corte Suprema determinó que Yidis Medina dio su voto a cambio de prebendas en Barrancabermeja, para aprobar el proyecto de reforma constitucional que permitiría al presidente, aspirar a un segundo mandato de manera inmediata. Si Medina hubiera votado en contra, el proyecto de reelección se habría caído.

         1ª Yidis Medina 
       Sentenciada a 47 meses de cárcel con detención domiciliaria y una multa de 85 salarios mínimos por el delito de cohecho propio.

2º Teodolindo Avendaño 
fue condenado a 8 años de prisión, por cohecho propio y enriquecimiento ilícito, al ausentarse para dar vía libre a la reelección presidencial en 2004.

3º También fue condenado el congresista Iban Díaz Mateus.

         En 2015 fueron condenados altos funcionarios del gobierno:

4º Sabas Pretelt, 
mingobierno 2003-2006,  embajador en Italia, condenado a 80 meses de prisión;  por las dádivas que habría entregado en 2004 a cambio del voto favorable de algunos congresistas a la reelección presidencial. En 2010 la Procuraduría destituyó en inhabilitó a Pretelt por 12 años al concluir que  “formuló ofrecimientos que terminaron por sesgar, incidir o afectar de manera efectiva la intervención de los 2 congresistas, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, en el trámite de acto legislativo sobre la reelección presidencial”.

5º Diego Palacio, 
minsalud. Condenado a 60 meses;

6º Alberto Velásquez Echeverri, 
secretario de Presidencia 80 meses de cárcel.

         La Corte Suprema afirma que sin esas actuaciones por parte de los funcionarios del gobierno condenados, la situación del país cambió drásticamente y si esos delitos no hubiesen sido cometidos serían otras las circunstancias en las que las instituciones tanto de la justicia como de los otros estamentos del Estado se encuentran en crisis y con una considerable pérdida de credibilidad y respeto por parte de la ciudadanía.

         Maraña
El Presidente fue reelegido para 2006-10 después de impulsar una reforma a la Constitución, que prohibía la reelección presidencial.
La aprobación de la reforma en el Congreso fue controversial pues los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño cambiaron su decisión a última hora; Medina votó favorablemente la reelección después de comprometer su voto en contra, mientras que Avendaño se ausentó de la votación. El escándalo se desató en abril de 2008, cuando se transmitió un video en el que Yidis Medina admitió haber aceptado sobornos de parte de algunos de los más cercanos colaboradores del Presidente: Sabas Pretelt de la Vega, mininterior y de justicia y Diego Palacio, Minprotección Social; quienes pretendían que Medina cambiara su voto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en el proyecto de acto legislativo tramitado por el gobierno para permitir la reelección presidencial inmediata. El video fue grabado en agosto de 2004 pero la entonces congresista solicitó que éste solo fuera revelado en caso de que a ella le sucediera algo, pues afirmó haber recibido amenazas contra su vida. Medina dijo que el video también podía revelarse en caso que ella no recibiera lo pactado con el gobierno a cambio de su voto. En sus denuncias, Medina involucró a otros altos funcionarios del Gobierno, los cuales, según ella, también ofrecieron dádivas a los Congresistas para incidir en su intención de voto.
Entre ellos se encontraban: 
Alberto Velázquez, secretario general de presidencia; 
Hernando Angarita, viceinterior y de justicia; 
Jorge Noguera, Director del DAS y José Félix Lafaurie, supernotariado y Registro. 
De acuerdo con Yidis Medina, ella era intermediaria para entregar sobornos a otro Congresista, Teodolindo Avendaño, quién habría recibido us103.500 por no asistir a la votación de la reelección. Avendaño admitió haber recibido dineros de Medina aunque negó que esos dineros tuvieran relación con su ausencia en la votación del proyecto.
Cuando la Corte Suprema dictó la resolución de acusación en contra de Medina, aseguró que "el cargo que se le imputa a la procesada es el de autora de cohecho propio, toda vez que en su condición de congresista aceptó promesa remuneratoria con el fin de ejecutar actos contrarios a sus deberes".

Procuraduría
Por su parte, en materia disciplinaria, Sabas de la Vega, Diego Palacio y Alberto Velázquez, fueron exonerados de toda responsabilidad, la procuraduría argumentó falta de pruebas y contradicciones en el testimonio de Medina; en materia Penal, actualmente el proceso se encuentra en investigación en la Fiscalía.
El viceinterior y de justicia Hernando Angarita, Jorge Noguera y el ex supernotariado y Registro, José Félix Lafaurie, quedaron por fuera del proceso disciplinario que en su contra cursaba en la procuraduría.
La diferencia entre la decisión del Procurador y la de la Corte parece radicar en la clase de pruebas que cada instancia tomó en consideración para fundamentar su fallo. El Procurador le dio enorme valor a las declaraciones públicas de Medina y respaldó su decisión de absolver al ministro Palacio y al embajador Pretelt no solo en la falta de coherencia de Medina sino en la imposibilidad de confrontar su versión con la de los incriminados.
Para la Corte Suprema, en cambio, la declaración de Medina es solo el punto de partida de una investigación que adelanta contra los dos funcionarios que incluyó, además de su testimonio, una serie de pruebas documentales y testimoniales que la llevaron a concluir que, en efecto, se había configurado el delito de cohecho. "La Corte no fundamentó el delito de cohecho con base en un solo testimonio", dijo un magistrado del alto tribunal.
Se considera pertinente señalar que jurídicamente el cohecho supone, mínimo, la existencia de dos actores: quien ofrece y quien recibe. En este caso los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, receptores de los pagos derivados del cohecho, están pagando una pena impuesta por las autoridades por dicho delito; no obstante a la fecha las autoridades penales y disciplinarias no han procesado a ninguna persona por el delito de la entrega y/u ofrecimiento del soborno, por parte de los altos servidores públicos del gobierno nacional.

2010 Referendo para reelegirse a un tercer período. 
Luis Guillermo Giraldo.
El presidente intentó habilitar su nombre para una segunda reelección mediante un referendo y el comité promotor de la consulta, en cabeza de Luis Guillermo Giraldo, estuvo en un largo proceso judicial por graves irregularidades en la recolección de las firmas.
El Congreso, en horas de la madrugada, aprobó la convocatoria al referendo. Pero la Corte Constitucional, en la histórica sentencia del 26 de febrero del 2010, tumbó la segunda reelección. Entre otras razones tras comprobar que hubo irregularidades en la financiación de la campaña y que se gastó hasta seis veces más plata de lo permitido.
El congresista Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo, como representantes de la asociación ‘Primero Colombia’, las cabezas visibles de esa campaña, terminaron imputados por fraude procesal y falsedad en documento público. Fueronexonerados por falta de pruebas a pesar de que aceptaron su responsabilidad y firmaron un preacuerdo con la Fiscalía para pagar 54 meses de cárcel.

2010 DMG y el Referendo Reeleccionista.  
DMG es la sigla con la que se dio a conocer la multimillonaria empresa de David Murcia Guzmán, captadora ilegal de dinero que funcionaba bajo el esquema de ‘pirámides financieras’, en el que los responsables pagaban altos rendimientos con el dinero de nuevos clientes captados en cadena. Luego de 3 años de estar operando bajo el esquema de pirámide y con más de 30 empresas constituidas, el Gobierno Nacional decide intervenir DMG por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir, captación ilegal de dineros del público y cohecho.
Después de algunos meses de ser intervenida la empresa DMG, se conoció quela empresa intervenida tenía en sus bodegas guardados los documentos con las firmas para convocar al referendo para la reelección presidencial, y que la empresa de transporte de valores Transval, que transportó los documentos sin cobrar por este servicio, tenía como accionista a ‘Proval’, la cual a su vez tenía acciones en DMG.
         Debido a esto se inició una investigación sobre la financiación de la campaña por la reelección en la que se encontró que $5.000 millones us2.590.000 no fueron declarados a las autoridades competentes, y la violación de los topes fijados por la ley. Se recibieron y gastaron más de $1.900 millones, us98.300.
David Murcia Guzmán en declaraciones hechas durante la audiencia de juzgamiento señaló que aportó más de $5.000 millones o us2.590.000 para la financiación del proceso logístico del referendo: aviones, helicópteros y vehículos blindados, y en la compra de camisetas, gorras y papelería, actividades que se realizaron a solicitud del Comité Promotor del Referendo para la Reelección.
El Consejo Nacional Electoral 
investigó cómo se financió la recolección de millones de firmas de respaldo a un proyecto que busca convocar a los electores a las urnas para que aprueben una enmienda constitucional que permita que el presidente, sea reelegido y determinó que la campaña no recibió dinero por parte DMG.

2006 Negocios de los hijos del presidente
El escándalo de corrupción que mayor trascendencia mediática tuvo fue el relacionado con los negocios de sus hijos Tomás y Jerónimo, quienes compraron a Bavaria SABMiller un terreno por $33 millones en el municipio de Mosquera, que en sólo 2 años pasó a valer $3 mil millones un incremento de 9.100% en virtud de las decisiones oficiales tomadas:
1º  Por el POT del municipio de Mosquera y 
2º  Al declarar en el lugar donde se encuentra ubicados dichos predios, La Zona Franca de Occidente, los ministros y altos funcionarios del estado.

2006 Notaría en Tunja
Tuvo su punto más álgido en julio de 2010, cuando la Corte instó a la Fiscalía a investigar a Tomás Uribe por injerencia en la asignación a un recomendado suyo de una notaría de Tunja, en un hecho que se suma al escándalo de ofrecimientos de prebendas para la reelección en 2006. La Corte compulsó copias contra Tomás, porque interfirió en la asignación de una notaría en Tunja. Junto a Moreno serán escuchados: Bernardo Angarita, Roberto Burgos y la notaria de Tunja  Luz Marina Campo Hernández.

2008 Panamá Papers
Los Uribe Moreno, aparecen conectados con Asia América Investment Corporation, desde 2008, con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas. 
“La compañía fue creada para vender artesanías en el mundo pero que, el negocio nunca despegó”. 
La dirección registrada en Colombia es la carrera 8 No. 7-26, es decir, la Casa de Nariño. Igual, con fecha noviembre de 2012, figura el registro de ‘UM Holdings Global Inc.’ a nombre de la sociedad Uribe Moreno S.A.S. Dueños de ‘empresas de maletín’, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ, encontró la ubicación de las empresas en ese ‘paraíso fiscal’ donde invierten los evasores de impuestos, ladrones empresarios, mafiosos, políticos corruptos, asesinos en fuga.
         Hecho que han generado debates éticos sobre los diferentes negocios de los Uribe Moreno, quienes han sido presentados ante la opinión pública como 2 exitosos jóvenes emprendedores, de 20 y 22 años de edad, en el sector de la propiedad raíz, construcción y financiamiento de centros comerciales, artesanías, compra de Cobre y reciclaje de basuras con ‘Residuos Ecoeficiencia’, pero que en virtud de su calidad de hijos del presidente obtuvieron enormes ventajas comerciales respecto de sus competidores.

2002-2010 ‘Contra la Corrupción y la Politiquería’
Un manto de podredumbre por la comisión de varios delitos cubre al entorno más próximo del cuestionado mandato, quien en 8 años de gobierno dejó desinstitucionalizada a Colombia. Los escándalos han salido a la luz pública han estremecido a la opinión pública y demuestran el talante y la catadura de una gestión que utilizó el gobierno para favorecer sus intereses y los del gran capital.
         Escándalos de gran magnitud que tiene en la cárcel a altos servidores públicos. Bernardo Moreno secretario de Presidencia, Mario Aranguren director de la Unidad de Análisis e Información Financiera UIAF, Jorge Noguera director del DAS, Andrés Felipe Arias minagricultura. Irán más integrantes de ese gobierno a prisión dada la gravedad de los desafueros cometidos durante los 2 periodos.

2016 Plebiscito por la Paz
Juan Carlos Vélez Uribe
"Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca", "dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación". “Crear un clima de desinformación, manipulación y distorsión de la verdad”. 
         "En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos.  En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó sin pagar un peso. En municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas";
         “La campaña se hizo con  $1.300 millones de 30 personas naturales y 30 empresas, entre las que se destaca la Organización Ardila Lülle, Grupo  Bolívar, Grupo Uribe,  Colombiana de Comercio, Alkosto y Codiscos.”
En la campaña, ‘No a los acuerdos de paz’, en octubre 2 de 2016, fue el propio gerente de la actividad, Juan Carlos Vélez Uribe, quien salió a reconocer que habían puesto en marcha una densa estrategia de mentiras aconsejados por asesores de Brasil y Panamá y financiados por importantes empresarios del país.
         La degradación de la contienda electoral no es el único daño que le ha infligido a la democracia esta corriente política, en el mandato 2002-2010 se han descubierto más de 27 grandes escándalos de corrupción. Pero es el más profundo: 6 campañas nacionales, 6 escándalos. No obstante, para importantes sectores resultará más creíble la ‘Cruzada Anticorrupción’ del Ordoñez-uribismo.

Los 3 huevitos
‘Seguridad Democrática’ 2º ‘Cohesión Social’ 3º ‘Confianza Inversionista’.

1º ‘Cohesión Social’
Propuesta de paramilitarizar la sociedad. 
El propio presidente al día siguiente de su posesión, legalizo la ‘red de informantes del César’, compuesta por 1.220 persona, con un salario de $309.ooo mensuales; La mindefensa, indico que se estudió la posibilidad de darles armas y recordó que las convivir, consumían $31.800 mil millones anuales en armas, fuera de los gastos de comunicación, capacitación y personales.
Esta legalización dio pie para que la policía revelara y le hiciera publicidad a los ‘frentes de seguridad’ que venía promoviendo desde los años 90: en Bogotá 6.667 con 70.129 personas, 1,134 en el Valle de Aburrá, 649 en Medellín. Integrando 160.000 celadores de 4.200 empresas de vigilancia privada con la fuerza pública mediante el decreto 3222 de diciembre 27 de 2003.

2º ‘Confianza Inversionista’
Consistió en entregar el país a la voracidad de las multinacionales mineras, en pactos de congelamiento de pago de impuestos a las principales empresas del país, zonas francas distribuidas por todo el territorio, gabelas a los capitales transnacionales, en fin, la confianza inversionista no es más que darle todo tipo de beneficios al capital internacional. Obvio ante tales condiciones hubo un importante incremento de la inversión extranjera.
La estrategia ‘funcionó’: entre el 2000 y el 2015 ingresaron al país $131.400 millones de dólares. Lo que se escondió, con la cortina de la euforia por los altos precios internacionales del petróleo y los minerales, es que la renta de esa inversión era mayor, como debía de esperarse, a lo que estaba ingresando. Para el mismo período la plata que salió del país como renta de la inversión extranjera fue de $158.427 millones de dólares. Es decir, cada dólar rentaba el 20% en renta bruta de inversión, un rendimiento extraordinario. Una economía bulímica, que expulsa más capital del que le ingresa.
         Las reformas al código minero, la reducción del pago por regalías, sacar a Ecopetrol como socio incondicional de las operaciones de las petroleras foráneas, eliminar el impuesto de 7% de remesas, las reformas de flexibilización laboral, los contratos de estabilidad jurídica y las zonas francas fueron parte fundamental de la estrategia para atraer ese capital extranjero en forma de inversión extranjera directa.
         Para beneficios de particulares, el gobierno da en concesión las vías, los recursos naturales, estatizamos los territorios con Zonas Francas, pero vende y privatizarlas empresas estatales de Alta Rentabilidad.

3º ‘Seguridad Democrática’. 
Política destinada a atacar y debilitar a las organizaciones criminales que actúan en el país. 
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, reconoce que en 2011 los grupos armados ilegales hacían presencia en 700 municipios, es decir, en el 65% del país. Las Farc, en 166 municipios, el ELN, en 117, las bandas criminales ‘los rastrojos’, en 166, ‘los urabeños’, en 176, ‘Erpac’, en 28 y las ‘Águilas Negras’, en 84 municipios.
Los actores armados le disputan al Estado el uso de la coacción y ésta se orienta en controlar instancias de decisión y de estructuras económicas e influir en las decisiones de las autoridades. La ‘seguridad democrática’ colapsa, ante el vertiginoso crecimiento de la delincuencia común y el rearme de los supuestos desmovilizados, sin decisiones y acciones del gobierno para controlar estos fenómenos y derrotarlos. Después de malgastar más de U$30.000 millones en el guerrerista ‘Plan Colombia’, la coca sembrada 2008 es superior a la registrada en 2007.

2005 Congresistas y parapolítica
Es la máxima expresión de la corrupción mediante la captura y la reconfiguración cooptada de Estado por parte de grupos paramilitares o de actores y sectores relacionados con ellos. En Junio de 2005, se denunció la vinculación de congresistas con bandas parapolíticas, AUC, luego de que Mancuso, líder del grupo narco paramilitar, en su desmovilización en 2004, señalara que un 35% del Congreso eran “amigos" de su cuadrilla.
Atendiendo la infidencia de Mancuso, en noviembre de 2006, la Corte Suprema ordenó la detención de 3 congresistas: los congresistas Álvaro García a. ‘el gordo García’ y Jairo Merlano, y el representante Eric Julio Morris, a quienes se les imputaron concierto para delinquir, homicidio y promover, armar y financiar grupos paramilitares. El proceso adelantado en contra de dichos congresistas se convirtió entonces en el primero de una serie de procesos que la Rama Judicial inició en contra de decenas de políticos.
Desde 2006 a 2009, las investigaciones han identificado que más de 200 políticos entre dirigentes políticos y funcionarios del Estado se habrían beneficiado de alianzas con grupos paramilitares, los cuales por medio de la intimidación y la acción armada contra la población civil habrían, presionado para que esta votara por determinados candidatos a cargos en alcaldías, concejos, asambleas municipales y gobernaciones así como al Congreso de la República y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.
El proceso de ‘destape’ del caso ha estado marcado por diferentes escándalos a lo largo de los más de 3 años de conocimiento público y de investigación por parte de la Fiscalía y la Corte Suprema. Entre los momentos más importantes se pueden destacar 2:

         1º La incautación por parte de las autoridades de un computador portátil a alias 'don Antonio', hombre de confianza de Rodrigo Tovar Pupo, a.‘Jorge 40’, jefe del bloque norte de las AUC, con documentos que revelaban crímenes contra líderes sociales, y una alianza de las AUC con autoridades políticas. Estos hallazgos llevaron a abrir investigaciones contra 4 congresistas de la coalición del Gobierno: Zulema Jattin, Dieb Maloof, David Char y Álvaro García Romero.

         2º El descubrimiento del ‘Pacto de Ralito’, documento firmado en 2001 en un encuentro entre el Estado Mayor de la AUC y 7 representantes a la Cámara, 4 senadores, 2 gobernadores y 5 alcaldes. Hoy la mayoría de los firmantes se encuentran en la cárcel acusados del delito de concierto para delinquir agravado aunque algunos de los involucrados pidieron ser juzgados por el delito de sedición, iniciativa que no prosperó.
         El Pacto estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley con la financiación del narcotráfico y concretar, a futuro, la toma del poder político, inicialmente en la Región Caribe para más tarde consolidarse a nivel nacional. Actualmente, más de 140 personas han sido involucradas en procesos de investigación adelantados por las autoridades Judiciales.

         Jorge Visbal
   El embajador de Colombia en Perú, Jorge Visbal fue cobijado por medida de aseguramiento de la Fiscalía el mes pasado, ya que durante su dirección en el gremio de ganaderos Fedegan, 'promovió y financió a las AUC', según argumentos del ente de investigación. Tras la renuncia que presentó a la embajada, Jorge Visbal llegó a Colombia a someterse al debido proceso. Las pruebas recopiladas en su contra, también provinieron de los nombramientos que se le hicieron en las declaraciones de presos paramilitares, como es el caso de Mancuso. A Visbal se le acusa de homicidios y contacto con el grupo armado.

         2002-2005 Seguridad Democrática. Ley de ‘justicia y paz’
         Ley 975 de 2005.
      En diciembre de 2002 se inició el proceso de negociación entre el gobierno de Colombia y los grupos paramilitares. En junio 22 de 2005 el congreso aprobó el marco jurídico de la negociación de la ‘Ley de justicia y paz’. ‘j. y p.’
Justicia y Proceso de Paz
En la negociación con los paramilitares, se ofreció perdón para crímenes de lesa humanidad y el gobierno se comprometió con bloquear la acción de la Corte Penal Internacional. En ninguno de los proceso adelantado con grupos de alzados se ha concedido perdón por delitos atroces, el homicidio fuera de combate, la sevicia, los tratos crueles, degradante e inhumanos y los delitos conexos han estado excluidos. No ha existido perdón para delitos de secuestro, terrorismo y para quien reclute menores de edad.
         Tal como propuso el gobierno nacional, no quedo obligatorio la confesión de delitos, ni la entrega de bienes, el ofrecimiento de perdón y no repetición, la reparación a las víctimas se realizar con trabajo social. El proyecto del gobierno también incluía a los paramilitares en el delito de sedición, dando carácter político e impunidad a las acciones de las cuadrillas paramilitares, decreta rebaja de penas para condenados por parapolítica y reconocía el narcotráfico como delito conexo.
         Con la Ley de ‘J.y P.’ Ley 975 de 2005
Los responsables de crímenes atroces permanecen en la zona de concentración y los demás regresan a sus lugares de origen, donde recibirán los beneficios socioeconómicos pactados.
     La Procuraduría anuncio que 163 acusados de atrocidades, como secuestro, desaparición forzada, han recibido indebidamente beneficios judiciales. Incluso, antes de aprobar la ley de ‘j. y p.’ miles de paramilitares desmovilizados recibieron el beneficio que les mantiene fuera de la cárcel.
         Crítica
     Cualquier crítica al proceso fue calificada por el gobierno ‘como un ataque a la Paz y un posicionamiento al lado de la insurgencia”. La sociedad recibió el mensaje permanente y la intimidación de regresar a la ‘motosierra’. El gobierno nacional adelantó una campaña creando un clima de desinformación, manipulación, distorsión de la verdad, relacionada con la definición del destino de los colombianos sobre un asunto fundamental para la vida del Estado y la sociedad. Un engaño generalizado que anuló la libertad de la ciudadanía con mentiras expuestas de forma masiva y sistemática. ‘A cuchillo muere, el que a moto sierra mata’.

Bloque, frentes y AUC desmovilizadas
   En 2003: 
   En diciembre de 2003 se desmovilizaron 874 en La Ceja, Antioquia.
1º Bloque Cacique Nutibara, comandado por a. ‘don berna’. , jefe oficina de envigado, fundador de ‘los pepes’, ‘la oficina de envigado’.

   En 2004: 
   En octubre de 2004 se entregaron 3.000 hombres de 5 bloques:
2º Bloque Bananero, liderado por Mancuso
3º Bloque Catatumbo, comandado por Mancuso.
4º Bloque Calima, comandado por Ever Veloza a. ‘HH’.
5º ‘Isla San Fernando’
6º ‘Cundinamarca’.

   En 2005:
7º AUC de Córdoba, comandado por Carlos Castaño. . Hermano de Fidel y Vicente a. ‘el  profe’.
8º Frente Héroes de Tolová. En junio de 2005 se desmovilizan 456 integrante, que operan en Córdova.
9º Bloque Héroes de los Montes de María, comandado por Mercado Pelufo, a. ‘cadena’.
10º Bloque Libertadores del Sur
11º Bloque Héroes de Granada
12º Bloque Centauros
13º Bloque Central Bolívar, comandado por Ramón Isaza a. ‘el viejo’, a. ‘macaco’ y a. ‘Ernesto Báez’.
Para finalizar el 2005 se deberían de desmovilizar el total de paramilitares, calculados en 15.000.

   En 2006:
14º Bloque Mineros, comandado por a. Cuco Vanoy.
15º Bloque Resistencia Tayrona, comandado por Hernán Giraldo Serna.
16º Bloque AUC Campesinas de Puerto Boyacá
17º AUC Campesinas del Magdalena Medio
18º Bloque Norte, comandado por a. ‘Jorge 40’.El desarme. Se desmovilizó en El Cesar. La entrega de armas de Rodrigo Tovar Pupo, a. ‘Jorge 40’, y su banda de narco asesinos se hizo en 2 fases: la 1ª, en marzo 8 en el corregimiento ‘Chimila’, municipio El Copey; la 2ª en marzo 10 en el caserío El Mamón, vereda de La Mesa, Valledupar.

Édgar Fierro Flórez a. ‘don Antonio’ fue capturado en Santa Marta en 2007, después de la entrega de armas, y comenzó sus versiones libres en ‘Justicia y Paz’.

Como parte de ese proceso, varios desmovilizados se postularon para acceder a la pena alternativa de 8 años de prisión, y no purgar otras más altas que juzgados les han impuesto por delitos como homicidios, desapariciones, concierto para delinquir y desplazamientos en la costa caribe. Uno de los compromisos de los paramilitares fue colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de estos crímenes. Por eso varios han declarado tanto en versiones libres, como en indagatorias ante fiscales que tienen investigaciones en el sistema ordinario.

19º Frente Héroes del Guavire
20º Frente Héroes de los Llanos
21º Bloque Elmer Cárdenas, comandado por los hermanos Fredy a. ‘el alemán’ y Daniel Rendón a. ‘don Mario’. Narcos.

Los Señores de la Guerra
Carlos Castaño aparece como jefe rodeado de un ‘estado mayor’, presentando un proyecto político y social, reconociendo que “las AUC se convirtieron en una nube oscura donde se ocultan la corrupción nacional, el narcotráfico, los feudos políticos locales y otras actitudes criminales como el hurto de petróleo, gasolina, el control del negocio de sicariato, mercenarismo, el secuestro, robo de valores, ganado y vehículos, tráfico de armas y contrabando”. 
         Los capos del narcotráfico y sus ‘lava perros’ se transformaron en jefes paramilitares y fortalecen su estructura militar y amplían su control territorial. Se puso en marcha ‘el mercado de bloques y frentes’ paramilitares, donde los capos mafiosos pagan millones de dólares para obtener un cupo en el proceso de negociación, que les ofreció perdón por la legalización de propiedades y garantía de no extradición.

         1º Diego León Montoya, 
a. ‘don diego’, de los 10 más buscados por la DEA, la CIA, el FBI, la Interpol, y la policía y el ejército de Colombia, jefe del cartel del norte del Valle, compro el bloque ‘Héroes de Rionegro’;

         2º  ‘Los mellizos’, Víctor Manuel y Miguel Angel Mejía Múnera, 
con orden de captura por narcotráfico, pagaron 2 millones de dólares por una franquicia paramilitar bloque ‘Vencedores de Arauca’;

3º  A. ‘Pablo Sevillano’, 
condenado por narcotráfico, pago varios millones de dólares por el control de la ruta de cocaína entre Buenaventura y Tumaco, asumiendo como flamante Comandante paramilitar del ‘bloque Libertadores del Sur’.

4º La ‘comandancia’ del bloque ‘Centauros’, que opera en el Meta, Vichada y Casanare, se vendió por más de 5 millones de dólares;

5º  La ‘comandancia’ del Guaviare, por más de 10 millones de dólares;

         Los 14 jefes paramilitares sentados en la ´’Mesa de Negociación’ están procesados en Usa por narcotráfico, lavados de activos, enriquecimiento ilícito y pedido en extradición:
         Salvatore Mancuso; Diego Fernando Murillo Bejarano, a. ‘don berna’ o ‘Adolfo paz’, comandante del bloque ´Cacique Nutibara; ‘el tuso’Sierra; Guillermo Pérez Alzate, a. ‘pablo sevillano’; Víctor Mejía Múnera, a. ‘pablo Mejía’

         ‘Don berna’. 
De muchos casos, el más ilustrativo. De los más de 70 mil presos que hay en la República de Colombia, Diego Fernando Murillo a. ‘don berna’ es uno de los que más caro le sale a los colombianos. El Estado se gasta mensualmente más de $250 millones en su custodia, en la Finca – Cárcel de su propiedad en Valencia, Córdova, donde permaneció recluido, con 150 policías que lo ‘vigilan’ día y noche.

2003  Latifundios
En 2003 el Banco Mundial, el Instituto Agustín Codazzi y Corpoica rindieron un informe donde afirma que el 97% de propietario tienen el 24% de la tierra y el 0.4% el 61%. “La tierra abandonada por desplazados asciende a 4 millones de hectárea, cifra que triplica la redistribuida en 40 años de reforma agraria”. “Los narcos han adquiridos tierras en más de 400 municipios, duplicándose la extensión de fincas de más de 500 hectáreas y reducido en 1 millón el de propiedades menores de 5 hectáreas”.
         El Incora y la Contraloría informaron que 4 millones de hectáreas de las mejores tierras productivas están en manos de los capos de las drogas, de sus familias o testaferros. Dos integrantes de un clan del cartel de Medellín, estando en la cárcel por narcotráfico, celebraron la llegada al millón de hectáreas de tierra de su propiedad.
         Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, afirma que el narcotráfico tiene el 75% de las tierras del Quindío, el 72% en Risaralda y el 56% en Caldas.

2003 Eudaldo ‘Tito’ Díaz Salgado. 

“¡Señor presidente, a mí me van a matar!”

Hechos:

1º Eudaldo fue elegido en 2002 como alcalde de El Roble, Sucre. Luchó más de 10 años para que El Roble se volviera un municipio de Sucre. Mientras construía su carrera política, Eudaldo vivía de su farmacia en Magangué, Bolívar.

2º   En noviembre de 2002, en un consejo de seguridad en la Escuela de Carabineros de Corozal, Sucre, acusó al gobernador de Sucre Salvador Arana Sus, al congresista Álvaro García, alias ‘el gordo’ y al ex gobernador Eric Morris, de corrupción, de malos manejos públicos y de nexos con narco paramilitares. Además se quejó frente al presidente porque el DAS lo incluyó en un informe por ser auxiliador de la guerrilla.

3º Unas semanas más tarde la Procuraduría regional de Sucre lo suspendió como alcalde por supuestos “por malos manejos de recursos públicos.

4º En febrero 1 de 2003, el presidente de la República volvió a hacer un consejo comunal en Corozal. Eudaldo volvió a la carga y advirtió que Arana, a. ‘el gordo’ García y Eric Morris tenían un plan para asesinarlo. Díaz denunció ante el presidente que lo iban a asesinar: “Señor Presidente, soy el alcalde de El Roble para los que no me conocen, y suspendido por una sola razón injusta, porque en el primer conversatorio que tuvimos en noviembre de 2002 yo fui capaz de denunciar al gobernador de Sucre, Arana y me lo acaba de cobrar la Procuraduría de Sucre, con esto se están buscando 2 cosas y se van a conseguir, ya hubo la destitución y después viene mi muerte, ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar, señor presidente, le voy a pedir una cosa, que usted medie, mire lo que voy a decir: es la vida de una persona”.
         La única respuesta Estatal, fue retírale los escoltas a finales de marzo. Díaz advirtió a su familia que si algo le pasaba, el único responsable sería el primer mandatario. 

5º Para resolver sus líos políticos en abril 5 de 2003 Eudaldo fue citado por el gobernador Arana en ‘El Mirador’ sobre la carretera entre Sincelejo y Tolú. Según sus familiares la Policía le había asegurado que su seguridad iba a estar garantizada.

6º Ahí lo esperaban varios narcos paramilitares de Mercado Peluffo, a. ‘cadena’ y servidor público, ex escolta del alcalde del alcalde asesinado, Alberto Anaya, a. ‘el chino’. Estos fratricidas  lo secuestraron y se lo llevaron a la finca ‘El Palmar’ en San Onofre, Sucre, donde estuvo 2 días. Los narcos paras después lo trasladaron a la finca de Said Isaac Tatis, cuñado de Arana, donde lo asesinaron.

7º En abril 10 de 2003, en la ‘Boca del Zorro’, a un kilómetro de la finca de Tatis,  en una carretera que comunica Sampués y Sincelejo, encontraron el cadáver de Eudaldo. Presentaba signos de tortura y 9 impactos de armas de fuego. Quien había desaparecido 5 días antes, en abril 5 de 2003.

8º El proceso contra Arana. En noviembre de 2005 se inició la investigación contra Arana a partir de declaraciones de a. ‘Pitirri’, sicario y guardaespaldas del empresario y ganadero Joaquín García, hoy asilado por asesino y ‘perseguido político’ en Canadá, y de varios narco desmovilizados. No fue sino hasta un año después cuando se ordenó su captura, estando también ‘perseguido político’ y prófugo de la justicia, hasta mayo de 2008, fecha en la que fue capturado por agentes del CTI escondido dentro del closet de un lujoso apartamento en Santa Marta. 

         Condenas

1º El Estado fue condenado por el asesinato y tortura del alcalde del El Roble, Sucre, Eudaldo, 12 años después de sudesaparición y posterior asesinato, el Juez condenó a la Nación representada en el mindefensa y la policía: 1º al pago de perjuicios morales en $64.435.000 a favor de la cónyuge y de sus 3, así como a su hijo de crianza; 2º una indemnización de $32.217.500 para los hermanos del alcalde asesinado; 3º una indemnización por perjuicios materiales de lucro cesante en favor de los hijos, a la esposa y el hijastro en sumas que oscilan entre los $300.000 y los $13 millones.

2ª Diana Luz Martínez, 
directora de la cárcel ‘La Vega’ de la capital de Sucre, Sincelejo, condenada a 28 años de prisión, por homicidio agravado y concierto para delinquir como coautora del homicidio, tras las declaraciones entregadas por a. ‘convivir’ y a. ‘orbitel’, quienes manifestaron, que la funcionaria les dio un permiso extramural para salir de la cárcel, para que durante esa licencia,  perpetraran el  crimen.

3º A Emiro José Correa 
a. ‘convivir’ y José Tomas Torres a. ‘orbitel’, como autores materiales del homicidio. 

4º Edelmiro Alberto Anaya González, 
a. ‘el chino’ y a Carlos Enrique Verbel Vitola, a. ‘caliche’, a 37 años de cárcel como autores materiales del crimen.
En 2002 el ‘chino’ Anaya, era empleado público, el jefe de escoltas Eudaldo. En 2003 ingresó al Bloque ‘Héroes de los Montes de María’ y era uno de los jefes paras en Sucre. En sus versiones Anaya y Verbel denunciaron a decenas de políticos de Sucre, a los organizadores de las corralejas de Sincelejo por sus vínculos con las narco AUC.  Investigaciones ‘engavetadas’.

5º Salvador Arana Sus. 
Gobernador de Sucre 2001-2003. La Corte en febrero de 2010 lo condenó a 40 años de prisión como autor intelectual del homicidio, por concierto para delinquir  y nexos con narco paramilitares, al desviar $500 millones de recursos estatales  de 15 contratos de Tolú,  para financiar al ‘Bloque Héroes de los Montes de María’, en 2001 y 2002. Arana fue nombrado por el presidente como embajador colombiano en Chile entre 2003 y 2005.

         6º Álvaro ‘el gordo’ García, 
congresista del partido liberal, condenado a 40 años.

Testigos silenciados
Después del homicidio de Eudaldo, varios testigos claves fueron asesinados o amenazados para que cambien su versión.

1º A principios de febrero de 2009 fue asesinada Grey Mercado, esposa del ‘chino’ Anaya.

2º Unas semanas antes de la muerte de la esposa de Anaya, a finales de diciembre de 2008, Munir Cadavid, amigo de Eudaldo, también fue asesinado en Chinú, Córdoba, bajo extrañas circunstancias que serán perpetuamente investigadas por la Fiscalía. Cadavid también fue acusado por la Fiscalía de ser cómplice en el crimen, ya que fue una de las personas que convenció a Eudaldo para que asistiera a la reunión con Arana, y camino al lugar del encuentro fue secuestrado y asesinado  Eudaldo. Cadavid había señalado al gobernador como responsable directo de la muerte de Eudaldo, en indagatoria ante un fiscal de Derechos Humanos.

3º Otro atentado que se ha presentado en el caso es el de Tatis, cuñado de Arana en cuya finca las autoridades creen que los narco paramilitares mantuvieron secuestrado a Eudaldo y en donde presuntamente fue asesinado. Tatis quedó parapléjico tras recibir varios impactos de bala en Sincelejo en septiembre de 2008.

4º Otro de los testigos silenciados fue Diógenes Mesa Villacob, mesero del restaurante 'La Becerra' de Sincelejo quien testificó ante la Fiscalía, después de un atentado en su contra en septiembre de 2005, que había escuchado cómo Tatis había planeado con el jefe de sicarios de a. ‘cadena’, a. 'el cocha', el asesinato de Eudaldo, tras haber recibido el pago de Arana. Villacob murió 5 meses después del atentado. ¿Cuántos muertos provocó el embajador de Chile por $500 millones o se robó más del Departamento de Sucre, como en el de Cordoba?

         2004 Alfredo Rafael Correa De Andreis
       “¡Hey, loco, no dispare!” últimas frases. 
Sociólogo cienaguero, investigador y docente universitario. 
Para la época de su muerte, septiembre 17 de 2004, CorreaDe Andreis llevó a cabo investigaciones sobre patrimonios y personalidad jurídica de los desplazados en ‘La Cangrejera’, ‘Pinar del Río’ y ‘Loma Roja’ del área rural de Barranquilla. Cuatro años antes hizo un estudio en ‘Nueva Venecia’, en Magdalena, sobre los riesgos que tenía para el medio ambiente y para la comunidad el montaje de un puerto carbonífero en el sector de Palermo. Sus trabajos defendían a los colombianos y eso le estigmatizó.
Jorge Noguera Cotes
director del DAS, fue condenado a 25 años de prisión.
Aunque inicialmente los principales implicados negaron su participación en el asesinato de Correa De Andreis y su escolta Edelberto Ochoa Martínez, en una declaración del abogado Jorge Enrique Palacios Salas, asesor jurídico al servicio del narco ‘Bloque Norte de las AUC’, al que después ellos mismos asesinaron, resultó clave para comenzar a esclarecer el doble crimen. 
En declaración jurada que rindió en agosto 2 de 2005, ante la Fiscal 33 Especializada Delegada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Luz Gladys Cuartas Rangel,  Palacios narró los detalles del repudiable hecho, de la siguiente manera:
“Preguntado: ¿Diga por favor si usted conoce antecedentes respecto del homicidio del que fuera víctima el Congresista Alfredo Correa De Andreis?
“Contestó: Si. Estando yo asesorando jurídicamente a Wilmer Samper, a.‘pupi’, me manifestó que acababan de matar a un duro, a alguien importante de la ciudad de Barranquilla, por guerrillero, que quien lo mató fue a. ‘el gato’, que es de apellidos Rodríguez De León y quien fue el mismo que mató al Alcalde de Santo Tomás, Nelson Mejía Sarmiento, en cercanías al DAS, con el apoyo de Henry Arbey Patiño Hurtado, a.‘Felipe’, quien era el jefe de sicarios en esos momentos de los paramilitares en Barranquilla y en estos momentos está muerto, que dicha muerte fue ordenada por a.‘Antonio’, cuyo nombre es Edgar Fierro Flórez, Capitán retirado del Ejército, quien es el comandante de las autodefensas en el Atlántico y el jefe inmediato de a.‘don Antonio’es a.  ‘Jorge 40’, quien dio la orden de asesinar a Correa De Andreis, porque así lo manifestó ‘pupi’.

         “Preguntado: ¿Supo usted cuál fue el procedimiento mismo del homicidio?  
“Contestó: Según lo manifestado por ‘pupi’, a él le tocó pagar unos viáticos a quienes cometieron el hecho, que utilizaron un carro taxi, no sé detalles del taxi, y 2 motos, quienes se encontraban parqueados en la esquina de la carrera 53 mientras se realizaba el homicidio y coordinaron con los Policías del sector para que estuviera el área libre, no sé quiénes eran los Policías. ‘Pupi’ le dio plata a ‘Felipe’ para que coordinara con los Policías. Quien disparó fue ‘el gato’, ‘Felipe’ lo apoyó en el carro. ‘El gato’ vino caminando, disparó, se fue caminando, se montó en la moto y luego se pasó para el taxi. El operativo fue grande, se gastaron como $8 millones en viáticos.
          “Había otra moto que utilizaron para el despiste que entró en contravía, pero sólo era para el despiste. Al muerto lo acompañaron hasta la Clínica del Prado para ver si efectivamente estaba muerto y si no para rematarlo. Todo esto me lo dijo el ‘pupi’. ‘Pupi’ no me dijo cuánto pagaron  por la muerte de este señor, me dijo que ese era un trabajo por la causa, no sé qué intimidades hay.

         “Preguntado: ¿Le hizo algún comentario el ‘pupi’ sobre el tiempo que duraron los seguimientos, la inteligencia pare el homicidio del Dr. Correa?“
Contestó: Me dijo que una semana.
“Preguntado: ¿Le comentó algo ‘pupi’ sobre el por qué se había decidido la muerte de Correa De Andreis, cuál fue el móvil?“
Contestó: Porque era colaborador de la guerrilla. Pero exactamente decía ‘pupi’ que él no era guerrillero, lo que pasaba era que se metía mucho con la Red de Solidaridad porque no estaba haciendo el aspecto social y con la Corporación Regional Autónoma CRA”.

         Poco tiempo después tanto Jorge Palacios Salas como los 2 participantes en este plan criminal, Wilmer Samper Meléndez, a.‘pupi’  y Henry Arbey Patiño Hurtado, a.‘Felipe’,fueron ejecutados por las AUC.
         En septiembre 11 de 2017, seis días antes de cumplirse los 13 años del asesinato de Alfredo Correa De Andreis y de su escolta, Edelberto Ochoa Martínez, se conoció la decisión del Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado de Bogotá sobre la condena a 40 años de prisión del subdirector del DAS en Magdalena Javier Alfredo Valle Anaya. Este asesino, quien hasta ahora ha recibido la pena más alta por el crimen del profesor y sociólogo oriundo de Ciénaga, incluso por encima del director del DAS Jorge Noguera, de a. ‘Jorge 40’ y de a. ‘Don Antonio’, se conoce que vive ‘asilado’ desde 2007 en el condado de Brooklyn, Nueva York. “Amenazas contra su vida” lo hicieron solicitar esta condición y así se voló a la ‘Gran Manzana’. Otro ‘Perseguido Político’ del Gobierno.

2004 Nelson Mejía Sarmiento
“¿Que yo me robe plata para darte a ti?”: Mejía, 
“¡Las AUC se respetan, nojoda!”: ‘el pollo’.
Mejía, Alcalde de Santo Tomás, Atlántico en 2004. 
De 46 años, médico egresado de la Universidad de Cuenca, en Ecuador. 
Apenas completaba 120 días como alcalde, fue asesinado junto con su asesora jurídica Edith Carrillo en abril 29 de 2004,  por un sicario de las AUC, tras una reunión a la que fue citado junto con otros mandatarios de municipios del Oriente y Sur del Atlántico, zona donde está Malambo, Soledad, Santo Tomás, Sabanagrande, Palmar de Varela, Santa Lucía, Santo Tomás, por los narco paramilitares, que los presionaban para que desviaran recursos públicos a las arcas del frente narco ‘José Pablo Díaz’ de las AUC, “que toda la contratación en salud de las Alcaldías debería hacerse con las AUC”.

Dieb Maloof Cusse
congresista del movimiento ‘Colombia Viva'. 
Fue capturado por la Fiscalía como “determinador” del asesinato de Mejía. Una medida por la que este caso revivió, a casi 9 años de la condena al ‘chacal’. El congresista fue vinculado porque ‘cochebala’ lo incriminó ante la Fiscalía. “Dieb Maloof necesitaba la alcaldía porque, como Maloof hacía parte de las AUC, le había hecho una exigencia a Nelson Mejía del 10% de los contratos que entraban a la Alcaldía, y como que el señor se había negado y por esa razón se ordenó su muerte”. En 2015 en el momento de la detención alegó sentirse mal y pidió al CTI que lo ingresara a la clínica La Misericordia, de su propiedady director científico de este centro asistencial. Un médico dictaminó que había sufrido un infarto.La Fiscalía precluyó la investigación que adelantaba en contra Maloof, por el homicidio del alcalde Mejía.
         Se condenó a la Nación por las ‘fallas del servicio’, a la policía y el DAS. Y en 2006 a Jaime Rodríguez Hernández a. ‘el chacal’, sicario del frente J.P.D., ‘José Pablo Díaz’ de las AUC, por el homicidio del burgomaestre.
         Édgar Fierro Flórez, a. ‘don Antonio’, capitán del ejército, jefe de la célula sicarial del ‘J.P.D.’, admitió en una de sus versiones libres en ‘justicia y paz’ que ordenó el asesinato, pero advirtió que el pistolero no fue a. ‘el chacal’, sino otro de sus ‘patrulleros’: Juan Carlos Rodríguez de León, a. ‘el gato’. En indagatoria, ‘el gato’ corroboró la declaración de Fierro. “Yo le disparé por detrás de la cabeza 2 veces”. La Policía arrestó en 2008 a ‘el gato’ y un juez Bogotá lo condenó en 2011 a 40 años de prisión, por el asesinato de Alfredo Rafael Correa de Andréis.
El asedio de los ‘paras’ a dirigentes municipales del Atlántico como Mejía. “Comenzó la presión del comandante ‘Rubén’, de apellido Navarro, que había sido alcalde de Sitionuevo, y del comandante ‘Evaristo’, que eran los que acosaban”.
Hernán Navarro Manga fue entre 2000 y 2003 alcalde de ese municipio del Magdalena, poseía varias investigaciones por malos manejos administrativos, ‘engavetadas’. Era aliado de las AUC en el contacto con funcionarios, para captar dineros públicos y financiar al ‘Bloque Norte’ que tenían que aportarle a la organización o se hacían matar. Pese a ello, Navarro fue asesinado en enero de 2005. ‘Don Antonio’ indicó que “se ordenó su muerte” porque “quería aliarse en la zona con otro grupo armado al margen de la ley”.
Mejía vivió el acecho en carne propia. Hay varios miembros del Bloque Norte que así lo han contado, como José Mauricio Acuña Oñate, a. ‘leo’. “A la primera persona que le dieron la orden de matar al Alcalde de Santo Tomás fue a mí. Desde la jefatura de las AUC en el Atlántico. Que hicieran ese homicidio rápido, había políticos pidiendo la muerte de ese señor”.
A Mejía lo siguieron durante días y no solo la comisión oriental, la célula criminal del ‘J.P.D.’ en las poblaciones de esa zona del Atlántico. “También llevaron gente de Barranquilla para ver si lo podían asesinar en el mismo pueblo de Santo Tomás, pero no se ubicaba”, confesó Leo.
Eliécer Remón Orozco a. ‘cochebala’, desmovilizado y postulado a ‘justicia y paz’, de la Oriental, declaró que Luis Modesto Montero Jiménez a. comandante ‘diego’ reunió a un policía activo que apodaban ‘Isaac’, a ‘Leo’, a ‘Cáceres o Joaquín’ y a él. “El comandante ‘Diego’, que está por fuera y libre, nos dijo que la orden era asesinar a Nelson Mejía”. El desmovilizado recordó que una noche fueron a la finca del Alcalde, “por el camino de los Robles, de Santo Tomás a Polo nuevo”, pero abortaron el plan. “Después le hicimos varias veces la cacería y nunca lo pudimos coger”.
Ever Ruiz Pérez, a. ‘coyara’, conoció la orden criminal contra el Alcalde porque también era sicario de la Oriental. “Antes de asesinarlo ya tenía un mes que lo estaban siguiendo, yo lo sé porque yo trabajaba en esa comisión y a. ‘Diego’ dio la orden de seguir a este señor y asesinarlo”.  El testimonio de ‘coyara’ toma relevancia al cotejarlo con los pormenores sobre la cita en la que Mejía, literalmente, se le paró a las AUC. “Les dijo categóricamente que no iba a contratar con las AUC y por eso, empezaron a amenazarlo”.
Según ‘coyara’ la segunda semana de febrero de 2004 se citaron a los alcaldes por orden del ‘comandante Rubén’, por lo menos, 8 burgomaestres arribaron en sus carros oficiales, alrededor de las 7:30 de la noche. A esta cita acudieron los alcaldes del sur y oriente del Atlántico. Los delegados de a. ‘Rubén’ eran a. ‘el pollo, ‘el calvo o Manuel’: José Antonio Castro Castillo, del ‘J.P.D.’, este último confeso partícipe en el triple homicidio de los hermanos César y José Fonseca Morales, y José Ramón Fonseca Cassiani, afiliados a Sintragrícola. Los paramilitares los secuestraron en septiembre 2 de 2003, en Ponedera. Al día siguiente, sus cuerpos descuartizados y cubiertos con cal fueron hallados en la finca ‘La Montaña’, en Puerto Giraldo, corregimiento de ese municipio.
De acuerdo con ‘coyara’, ‘el pollo’ sacó una pistola y la puso sobre una mesa pequeña, y les dijo a los alcaldes: Ustedes deben aportar a la empresa, a la organización, dinero y contratos.
Todos guardaron silencio. Mejía fue el único que lo enfrentó: ¿Que yo me robe plata para darte a ti? Y, agarrándose los genitales, exclamó: Me la tendrás que... para que yo lo haga.
‘El pollo’, enfurecido, le respondió: ¡Las AUC se respetan, nojoda!
El paramilitar apagó las luces y todos los alcaldes “salieron despavoridos”.
Sabía que lo iban a matar. Mejía nunca manifestó su temor a sus hijos e hijas y a su esposa, Onésima Beyech Cure. Tampoco dejó que notaran su preocupación. Mucho menos a los habitantes de Santo Tomás.

El desarme del bloque norte
El Bloque Norte de las AUC se desmovilizó en 2006, en el departamento de Cesar. La entrega de armas de Rodrigo Tovar Pupo, a. ‘Jorge 40’, y sus secuaces se hizo en 2 fases: la 1ª en marzo 8, en el corregimiento ‘Chimila’, municipio El Copey; la 2ª en marzo 10, en el caserío El Mamón, vereda de La Mesa, Valledupar.
Édgar Fierro Flórez a. ‘don Antonio’, capitán del ejército, fue capturado en Santa Marta en 2007, después de la entrega de armas, y comenzó sus versiones libres en ‘Justicia y Paz’. Como parte de ese proceso, varios desmovilizados se postularon para acceder a la pena alternativa de 8 años de prisión, y no purgar otras más altas que juzgados les han impuesto por delitos como homicidios, desapariciones, concierto para delinquir y desplazamientos en la costa caribe. Uno de los compromisos de los paramilitares fue colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de estos crímenes. Por eso varios han declarado tanto en versiones libres, como en indagatorias ante fiscales que tienen investigaciones en el sistema ordinario.

         2006 Pedro Juan Moreno Villa
     En febrero murió en un extraño accidente aéreo. Pese a que las autoridades han declarado que se trató de un hecho fortuito, para la opinión pública la muerte de Moreno Villa podría ser considerada como un crimen de Estado.

         2002 Orlando Sierra Hernández
       Sub director del periódico La Patria de Manizales, asesinado en Enero 30 de 2002. 
     El periodista denunciaba a la clase política del departamento de Caldas a través de su columna “Punto de Encuentro” del periódico. En 1998 solicitó escoltas por las amenazas recibidas después de denunciar a Ferney Tapasco, dirigente Liberal en Caldas, por cobrar dinero por la gestión para la expedición de libretas de servicio militar. Ferney Tabasco, quien perdió su investidura como congresista en 1998, fue señalado por varios testigos de ser el autor intelectual del asesinato de Sierra, "Yo estaba con don Ferney y Dixon Tapasco un martes, cuando Ferney cogió el periódico y dijo: a ese hp de Sierra no quiero verlo vivo mañana a la hora del almuerzo. Dixon dijo: hay que salir de ese problema de una vez. Al otro día mataron al periodista. ", dijo uno de los principales testigos. Después desapareció en extrañas circunstancias. 
      Según los reportes de la Fiscalía, en los meses siguientes al asesinato de Sierra, 6  personas, entre sicarios y testigos del crimen, fueron acribilladas. La mayoría de ellos habían sindicado al ex diputado Ferney Tapasco como el autor intelectual del asesinato. Sin embargo, investigadores afirman que hasta el año 2007, transcurridos 5 años de la investigación, la cifra real de homicidios relacionados con el caso Sierra Hernández es de 27 personas.
         En agosto de 2009 el Procurador solicitó abrir una nueva investigación sobre el asesinato de Orlando Sierra Hernández donde solicita vincular a los Ferney y Dixon Tabasco, congresistas. Dixon Tapasco, hijo del ex diputado Ferney, está preso dentro del proceso de parapolítica por los señalamientos que en su contra ha hecho el jefe paramilitar de las AUC, 'Ernesto Báez'. Las condenas este caso son: Luis Fernando Soto Zapata, autor material del crimen recibió una condena de 19 años y 6 meses. Luis Miguel Tabares y Luis Arley.

         2010 Clodomiro Castilla Ospino.   
        "Seré asesinado"
      Director de la revista ‘El Pulso del Tiempo’, 

    Periodista, reportero radial, investigador, testigo y valiente denunciante de la parapolítica en Montería, Córdoba, capital del narco paramilitarismo, de Mancuso y Carlos Castaño vieron crecer en cantidades sus fortunas y matanzas en las fronteras de El Ubérrimo. Ospino fue quien hizo públicas varias interceptaciones telefónicas, incluso ante la Corte, en las que el empresario de los medios mostraba su cercanía con Mancuso.


         Tras a escuchar a Clodomiro como testigo contra el congresista liberal Juan Manuel López Cabrales, condenado por concierto para delinquir en alianza con grupos paramilitares, en julio de 2008 la Corte ordenó a la Fiscalía investigar a Salleg Taboada y a la defensora del Pueblo de Córdoba y Cónsul de Colombia en Nueva York, Milene Andrade, por sus nexos con la cúpula de las AUC.

     En marzo 24 de 2010 Clodomiro tendría que haberse hecho presente en la Fiscalía 1ª Especializada de Montería para ampliar sus denuncias contra Salleg en el proceso que se le sigue por concierto para delinquir. Pero no alcanzó: fue asesinado 5 días antes.

         En enero de 2009, Castilla Ospino denunció en El Pulso del Tiempo a Salleg Taboada por el arrasamiento de la finca ‘Nuevo Paraíso’, ubicada en el municipio de Cereté, de propiedad del ingeniero Emilio Renhals Soto, ocurrido en mayo 28 de 2004. El periodista incluyó en la publicación fotografías que prueban la acción combinada de paramilitares y de la Policía, quienes destruyeron los cultivos de pan coger, incendiaron casas, cortaron y hurtaron árboles maderables y robaron el ganado. En las fotos se observa a Salleg dirigiéndose a su camioneta, luego del que Clodomiro calificó como un "acto terrorista".

         El director de El Meridiano de Córdoba fue procesado por perturbación a la propiedad privada, amenazas de muerte y constreñimiento, y aunque fue precluído en primera instancia, a finales del año 2009 un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Córdoba, Alfonso Marimón Isaza, emitió resolución de acusación en su contra al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte civil. En la actualidad, Marimón afronta una denuncia penal por prevaricato instaurada por el propio Salleg.

         En forma extra rápida el caso llegó a juicio y en enero de 2010 la juez Primera Penal Municipal, Mercedes Usta de León, absolvió a William Salleg Taboada bajo el argumento de que éste era un "ignorante invencible" y no sabía que sus actos constituían delito.

         El caso fue apelado por el representante de la parte civil en el proceso, el defensor público Raúl Benítez Hernández, quien a los pocos días de esa acción jurídica sufrió un atentado que por poco le cuesta la vida. De acuerdo con Rafael Gómez, director de la Voz de Montería, para la cual laboraba Clodomiro, el periodista decía constantemente ‘que el próximo sería él’.

En un nuevo artículo titulado "¿Quién ordenó el asesinato del abogado Raúl Benítez?", Castilla Ospino denunció la injerencia del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub, en el proceso penal contra Salleg. La revista fue ‘recogida’ o comprada en su totalidad al poco tiempo de salir a la venta.

         Hora y media antes de ser asesinado, Clodomiro informó al presidente de Fecolper, Eduardo Márquez, que había recibido en forma indirecta una solicitud de rectificación por parte del jurista: "El dr. Pretelt, Magistrado de la Corte Constitucional me llamó a través del Procurador en lo Penal, Guido Gómez Ordosgoitia, y escuché atentamente sus descargos y los publicaré. Buenas noches".

         Gómez Ordosgoitia en los años 90 fue juez segundo penal del circuito de Montería, donde fue investigado porque fue visto en un restaurante con el alcalde de Montería, Juan Bautista González Petro, sindicado de peculado, días antes de que el propio Gómez dictara un fallo en su favor. También trabajó en la Contraloría regional y hasta diciembre de 2009 se desempeñó en la Procuraduría seccional, de la que fue declarado insubsistente sin mayores explicaciones.

         Por su parte, Pretelt Chaljub, también monteriano, se hizo famoso como uno de los 2 únicos magistrados de la Corte Constitucional que salvaron su voto en la declaratoria de inexequibilidad del referendo reeleccionista que hubiera abierto la puerta a un tercer mandato del presidente.

         Nada ha dicho hasta ahora la gobernadora de Córdoba, Martha Sáenz, otra de las denunciadas por Castilla, y quien a través de otro absurdo fallo judicial logró algo impensable: que en Colombia se rectificara una caricatura.

         Aún retumbaban y resuenan en Montería las palabras del presidente durante la conmemoración de los 15 años del diario El Meridiano de Córdoba cuando un sicario descargó 8 tiros, 7 de ellos por la espalda, en el reconocido periodista Clodomiro, "¿cómo en medio de tanta violencia ha logrado Colombia que florezca y se consolide un periodismo libre e independiente de la calidad del nuestro que hoy se refleja en el Meridiano?". La única respuesta que parece posible es la recompensa de $50 millones ofrecida por el gobierno para esclarecer el asesinato de otro periodista, cuya libertad e independencia le costaron la vida.

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