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Un Estado débil fingiendo fortaleza

   El Instituto Popular de Capacitación- IPC- en su informe presentado el pasado 8 de agosto sobre seguridad en Medellín, calificó la estrategia de la actual administración como “Populismo punitivo”, haciendo un balance de lo que va corrido del año y de los diferentes anuncios hechos por el alcalde, así mismo, de su Plan de Desarrollo Municipal y de sus propuestas en campaña.
   El informe habla de la “pervivencia de un enfoque autoritario y represivo” bajo el cual, según el IPC, “se pretende esconder la falta de comprensión y debilidad gubernamental” de la actual administración municipal. Lo anterior sustentado por los investigadores en las cifras de aumento de las distintas formas de violencia, siendo enfáticos en afirmar que la principal causa de los homicidios se debe al reacomodo de las estructuras delincuenciales que operan en los barrios periféricos de la ciudad.
   Sin embargo, las cifras presentadas por el IPC, muestran una constante disminución de los homicidios desde 1990 hasta el 2015, siendo este año-2016- el que ha reportado mayores números de muertes violentas. Sumado al aumento de otros flagelos como la desaparición forzada, el desplazamiento intraurbano y la extorsión, los cuáles no han presentado una disminución, sino que, por el contrario, se mantiene el incremento constante cada año.
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Lo anterior demuestra que pese a que entre el periodo 1990-2015 se presentó una disminución de las muertes por causa violenta, esto no quiere decir que la violencia se haya ido de Medellín. Mientras se asesinaba menos, se desplazaba y se extorsionaba más, siendo estos 2 últimos flagelos, formas en como los combos delincuenciales demuestran su fuerte poder que tienen sobre los barrios y la ciudadanía en general.
   No se necesita asesinar para seguir teniendo un control territorial, así lo ejemplifica el siguiente gráfico.
Por otro lado, la disminución de los homicidios en el Valle de Aburrá no necesariamente se deben a éxitos institucionales o a un debilitamiento real de las estructuras armadas que operan en la ciudad. Los pactos ejecutados por la delincuencia con acción u omisión de las autoridades municipales en diferentes periodos han sido los que han brindado esa frágil ilusión de seguridad.
   Es así como en la pasada administración se presentó una reducción significativa de muertes violentas a causa del llamado “Pacto del fusil”, que tendría lugar para el año 2013. La llegada de Federico Gutiérrez a la administración municipal va presentar entonces 2 propuestas fundamentales en campaña: el no llegar a acuerdos con el crimen organizado y e implementar una estrategia de seguridad integral. Dando la expectativa entonces, de un viraje en materia de seguridad implementada por pasadas alcaldías.
La seguridad integral prometida por Gutiérrez brilla por su ausencia según el IPC
En el mes de enero la principal apuesta del alcalde Gutiérrez fue “recuperar el centro de Medellín”, su primera gran tarea se centró entonces en el combate frontal a las estructuras delincuenciales que operan en la comuna 10.
   Según el informe presentado por el IPC, la primera de las intervenciones se realizó en el Parque Berrio. Para ese entonces, las declaraciones de las autoridades ante los medios de información hicieron énfasis en un plazo de 30 días para dicha tarea. El balance de la intervención, según los datos arrojados por el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra y por la misma administración municipal en un acto público que convocó el alcalde en el Parque Berrio, presentó los resultados de 162 capturas, la desarticulación de 2 bandas dedicadas a la extorsión, la incautación de 13 kilos de estupefacientes, el desalojo de 223 venteros ambulantes y la identificación de 70 expendios de licor en espacio público. Datos expresados en el informe del IPC.
   En esa misma lógica se han ejecutado las estrategias por parte de las autoridades de la ciudad en las otras 2 comunas que se identificaron en un principio como las principales a arrebatarle al crimen organizado. Castilla, comuna 5 y Robledo, comuna 7, han sido el escenario en lo que va corrido del año de las principales intervenciones por parte de la administración que encabeza Federico Gutiérrez.
   El IPC nos dice que posterior a la intervención en el Centro de la ciudad, se realizaron una serie de operativos en las comunas de Robledo y Castilla, los cuales consistieron principalmente en la “instalación de retenes y controles policiales”.
   Los operativos tuvieron lugar en los meses de enero y mayo especialmente. En el mes de enero las acciones de las autoridades dieron lugar a la incautación de 8 armas de fuego, mientras que en el mes mayo se realizaron 3 operativos que presentaron como resultados la realización de 2114 requisas con solicitud de antecedentes judiciales a civiles, 377 verificaciones de antecedentes judiciales a motocicletas, con inmovilización de 126; así mismo se realizaron 46 comparendos y se incautaron 65 armas blancas.
   Por su parte, en lo que respecta al decomiso de drogas, se incautaron 139 gramos de sustancias alucinógenas y se capturaron 6 personas, una de ellas por tener posesión de 75 gramos de base de coca y otro por falsedad en documento público. Las otras 4 personas se capturaron por diversos delitos que no detalla el informe del IPC.
   Por otro lado, también se presentaron intervenciones en 4 colegios y en 6 parques, sellando 5 establecimientos y confiscando 2 carros de comidas rápidas y 3 carpas por parte de la Subsecretaria de Espacio Público.
   El enfoque de reacción y militarista con el que las autoridades han asumido la seguridad en Medellín se ejemplifica con el anuncio hecho por el alcalde a principios de julio, que para el mes de agosto la ciudad contará con la instalación de un batallón de fuerzas especiales para la seguridad urbana, el cual se concentrará principalmente en operaciones en Castilla y Robledo.
   ¿Seguridad integral en las comunas con mayores índices de violencia por parte de la administración municipal? Sus estrategias y sus intervenciones demuestran que esta no se ha visto materializada. El combate frontal contra el crimen organizado se ha presentado y en esto el alcalde cumple con lo prometido en campaña, la forma en como prometió ejecutarlo es lo que no se ha visto en estos 8 meses de administración.
   Así las cosas, en lo que va corrido del año, las autoridades municipales en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez han continuado la estrategia de seguridad implementada por pasadas administraciones y no han presentado un cambio en la forma de ejecutar esta. La necesidad de un cambio de estrategia se ejemplifica en las acciones por comunas, en donde Robledo y Castilla siguen siendo los territorios que más se intervienen, pero al mismo tiempo son en los que este año ha aumento la violencia.
Problemas entremezclados, positivos ante la opinión pública
   Presentar como resultados de la estrategia de seguridad la realización de requisas, de comparendos, el desalojo de venteros ambulantes y el decomiso de menores cuantías de sustancias alucinógenas, es entremezclar problemas y dejar de lado diversas realidades mucho más crudas para la ciudad.
   El aumento de los homicidios en la ciudad, de la desaparición forzosa, del desplazamiento urbano y de la extorsión, no se ven solucionados con este tipo de operaciones policiales y represivas. Esto no solo puede generar incomodidad en la ciudadanía, sino que estigmatiza de ante mano al consumidor y excluye del fenómeno de desempleo a las ventas ambulantes.
   No hay solución con esto al empleo informal ni al tráfico de drogas y tampoco ayuda a evitar los homicidios en las comunas de Medellín.
   El crimen organizado renta de la extorsión y del lavado de activos en economías legales que tienen lugar en los barrios populares y en el centro de la ciudad. El combate se debe direccionar en ese sentido y no se trata de ganar popularidad con más efectivos de la fuerza pública en la calle y con el desalojo de ventas ambulantes en el centro; a eso es a lo que el IPC califica de “populismo punitivo”, ya que estos operativos no ayudan a solucionar los problemas presentados en materia de seguridad y convivencia en los barrios de Medellín.
   El Valle de Aburra presenta problemáticas en materia de seguridad, convivencia, criminalidad, espacio público y consumo de drogas. Diferenciar cada una es un primer paso para la administración, entremezclar estos problemas con ambición de popularidad es fingir fortaleza en donde todavía el Estado es débil; la presencia institucional, como en pasadas alcaldías se reduce al pie de fuerza, a la reacción y a la coerción.
   Crear entornos protectores en los barrios de la mano de las organizaciones sociales es una apuesta por la cual Federico Gutiérrez no se la ha jugado. Ni en el Plan de Desarrollo Municipal, ni en las acciones ejecutadas en lo que va de este año aparecen este tipo de cosas de la mano de la comunidad. Tampoco aparece en Plan ni en las declaraciones del alcalde un compromiso con los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las guerrillas de las Farc y del Eln.
   Pareciera que la paz territorial a Medellín se materializa en un batallón y en el aumento de fuerza pública, pues como concluye el IPC, a falta de una política de seguridad integral, “Un Estado fingiendo fortaleza”.
Fuentes:
“Un Estado débil fingiendo fortaleza en Medellín”: IPC

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