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Retórica y práctica autoritaria en Medellín: las ficciones y confusiones de la (in) seguridad

   Con gran acierto intelectuales como Robert Castel (2008) o Zygmunt Bauman (2008), han señalado que el concepto y la práctica de la seguridad han sufrido en las últimas décadas un empobrecimiento en su comprensión, pasando de ser concebida de manera amplia e integral, asociada a la protección, certeza y bienestar de todas las personas, hacia una concepción restringida, circunscrita a la protección personal y de la propiedad privada, así como a los problemas de la ley y el orden. En el mismo sentido, han señalado el debilitamiento que han sufrido las protecciones sociales –dirigidas al aseguramiento de los derechos socioeconómicos- que entraña el concepto de seguridad, concentrándose la gestión gubernamental, casi que de manera exclusiva, en las protecciones civiles.
   Estos autores, como otros tantos (Santos, 2005 y 2009; Zolo, 2006; Martínez, 2006; Bourdieu, 2003) coinciden en señalar que los procesos políticos y económicos desatados por la globalización neoliberal son los responsables de la erosión de los mecanismos estatales y comunitarios de protección social, en aras del fortalecimiento de los mecanismos de libre competencia en el mercado. Al mismo tiempo señalan que, ante la incapacidad de los gobiernos para resolver los crecientes problemas sociales de la gran mayoría de las personas y comunidades, han logrado desviar la atención en materia de seguridad hacia los también progresivos problemas de delincuencia, fenómeno que han caracterizado como el paso del Estado Social hacia el Estado Penal o de Seguridad. Así las cosas, las medidas represivas que implementan los gobiernos de esta nueva forma estatal, tratan de ocultar sus flaquezas a la hora de atender las principales demandas sociales, exhibiendo en su lugar fortaleza interna a partir de la gestión y el control del delito.
   Desde esta perspectiva teórica, consideramos que es necesario realizar un proceso de transformación profunda de las formas como se comprenden, explican y sienten los diversos problemas de inseguridad, violencia y criminalidad armada en la ciudad. En primer lugar, debe reconocerse que la pervivencia y persistencia de estructuras delincuenciales y criminales en la ciudad es un asunto que atañe a toda la sociedad y no a una determinada y pasajera administración municipal.
   En este sentido, las políticas que se tracen, deben tener una vocación de permanencia más allá de los exiguos períodos de cuatro años que dura el mandato de un determinado alcalde. Es por esto que la definición de los problemas y las agendas para superar las problemáticas que hemos venido enunciando, debe hacerse a partir de debates púbicos, colectivos y democráticos, que incluyan a la totalidad de los diversos sectores de la sociedad civil, en aras de ir construyendo una comprensión mucho más amplia de los problemas de seguridad.
   Del mismo modo, es necesario superar los discursos y las prácticas securitarias que se han instalado en la ciudad. Una administración municipal no puede imponer, con cálculos electorales y fundamentados en el populismo punitivo, modelos de seguridad inconsultos y caprichosos.
   Existen múltiples procesos organizativos de la sociedad civil que desde hace varias décadas le apuestan a una política de derechos humanos que incluya los problemas de seguridad como uno de sus elementos y no a la inversa como sucede en la actualidad.
   Así las cosas, consideramos que es necesario dar un gran salto cualitativo en las políticas de seguridad, el cual se centre de manera prioritaria en la garantía de los derechos humanos, reconociendo la integralidad e interdependencia que existe entre ellos, pero que además de ser transversales, sean los presupuestos para la definición de los diferentes elementos y componentes del Plan de Desarrollo.

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