2013 Magistrado Henry
Villarraga. Fallos a $400 millones. En octubre de 2013, unas
grabaciones fueron reveladas, conversaciones entre el magistrado Villarraga y
el coronel del ejército Robinson González Del Río, condenado en julio de 2014
por peculado y nexos con bandas criminales, donde el magistrado ofrece ayudarlo
con un proceso en su contra a cambio de $400 millones; Del Río tenía 3
investigaciones en su contra: 1ª Por irregularidades en contratación, Peculado;
2ª Por ‘Desapariciones Forzosas’; 3ª Por ‘falsos positivos’ asesinato de
civiles haciéndolos pasar por guerrilleros. En las grabaciones hablan sobre un
almuerzo con los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y
Julia Emma Garzón y para lograr, que el proceso en contra del militar quedara
en manos de la justicia penal militar, donde los militares investigados podrían
ser ‘engavetados’. Pero mejor aún, la investigación quedó en manos de la
Comisión de ‘Absoluciones’ de la Cámara; Llamando a indagatoria en 2014 a los
magistrados implicados en este caso, provocando la renuncia, tiempo después,
del magistrado Villarraga ante el senado, renuncia aceptada por el congreso en
pleno, sin condena alguna y las pensiones de $30 millones siguen vigentes.
Lo que va de Villarraga al fuero penal militar. El asunto de Villarraga tiene más implicaciones, que su renuncia
irrevocable, con su actuación queda al descubierto la poca decencia de los
altos funcionarios del Estado, los alarmantes niveles de corrupción de la administración
de justicia y la impunidad.
El
servidor público de marras, quien entre otras cosas, es de los pocos
colombianos que tenían el honor de hacer parte de los más de 100 magistrados de
las altas cortes, y con ello, de los privilegios que dicha dignidad representa:
ganan los mismos $30 millones de los honorables congresistas, de los 365 días
al año, pueden trabajar sólo 169, con 60 días de permisos remunerados, como el
que disfrutó la presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz Rueda, bien
utilizados en su crucero por el Caribe, también son merecedores de un régimen
tributario especial, además de poder burocrático. Como Magistrados de
altascortes,participan de la escogencia del Procurador, Contralor, Registrador,
Auditor, 3 magistrados de la Corte Constitucional y 2 de la Corte Suprema, como
si fuera poco, en autos oficiales o privados, no pagan gasolina, no tienen pico y placa, pueden
transitar por la vía del Transmilenio. ¿Prosigo?
Debe
hacerse énfasis en que el Consejo de la Judicatura, por conductas como la de
Villarraga, quien ya había estado relacionado con otros casos de corrupción,
está manchada por el desprestigio desde su creación en la Constitución de
1991, según el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, es la corporación judicial
encargada de administrar la rama judicial, como tal, le corresponde decidir
sobre contratación, nombramientos de magistrados y funcionarios judiciales,
aprobar inversiones, determinar la planta de personal de la rama, administrar
la carrera judicial, es decir, administra y decide sobre los más de $3billones
de presupuesto anuales, y claro, su sala disciplinaria, de la que hacía parte
de Villarraga, decide sobre el conflicto de competencias entre jurisdicciones,
como en el caso, la justicia ordinaria sobre la penal militar o viceversa.
La
Corte Constitucional declaró inexequible por vicios en el procedimiento un
proyecto de ley que ampliaba el fuero penal militar, y entre otras gabelas,
creaba un ‘Tribunal Especial’ para juzgar militares por la comisión de delitos,
el ejecutivo, congresistas, los militares activos y retirados mostraron su
inmediata indignación por lo que dicen es un “fuerte golpe a la moral de la
tropa”, un “triunfo de los enemigos del ejército, la policía, el Esmad”, es
más, muchos se atrevieron a poner en tela de juicio la decisión dela corte. El
gobierno y elmindefensa, manifestaron el interés del gobierno por presentar
otro proyecto de ley que blinde la actuación delos uniformados.
Con
dicha posición tratan de ubicar a los amigos y a los enemigos del ejército,
nadie pone en duda su importancia y su legitimidad, empero, hablar de la
comisión de delitos por parte de sus miembros tampoco es herejía, menos,
comprobar que el fuero penal militar es un privilegio en desuso, que le estorba
a la justicia. En los peores momentos del conflicto, el fuero permitió la
impunidad respecto a los masivos y reiterados abusos contra la población civil;
por ejemplo en las ejecuciones extrajudiciales, mal conocidas como ‘falsos
positivos’, vienen siendo procesados 47 coroneles, 66 mayores, 133 capitanes y
otros 4.354 uniformados. Pero desde que se hizo pública dicha “práctica contra
insurgente”, se han dictado solo 639 condenas.
No se debe olvidar que los militares
no son jueces, asumen con las armas del Estado la defensa del establecimiento.
En la praxis democrática lo sensato es avanzar hacia una
justicia única, ‘una sola corte’, fuerte, imparcial, y civilista, para todos,
sin distingo alguno. El fuero Penal Militar es una medida para la guerra, y
como ‘esto no es una guerra, sino terrorismo y narcotráfico’.
No
bastando con las implicaciones éticas, políticas e institucionales que arroja
el comportamiento de Villarraga, quien a pesar de ser beneficiario de los
mejores tratos dispuestos por el Estado para consentir a sus máximos
representantes, venía impartiendo
justicia ejerciendo por adicionales $400 millones por proceso, que no son nada,
si se analiza las implicaciones de sus actuares irregulares y de favorecimiento
dirigidas a salvar de la jurisdicción penal ordinaria y mandar a la justicia
penal militar al Coronel Robinson González del Rio acusado de perpetuar
asesinato contra 2 humildes campesinos, de otros ‘falsos positivos y
peculados’.
Surgen
algunos interrogantes: ¿por qué a un oficial vinculado a estos delitos de lesa
humanidad le piden $400 millones para no ser juzgado por la justicia ordinaria,
a que temen, si está también se compra y se vende?, ¿qué representa pasar a
conocimiento de la justicia penal militar?, ¿impunidad?, ¿a quién o a quienes
les conviene entonces revivir el fuero penal militar? Para terminar, ¿hasta
cuándo funcionarios venales decidirán sobre las víctimas del conflicto?,
¿cuáles son las garantías reales que ofrece a los colombianos la administración
de justicia?
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