2006 Conigravas. INVIAS

2006 Conigravas. Conciliación $143 mil millones. Afectada: la Nación. La nueva demanda es por $ 143.000.000. Pero En el Invías estaba de jurídico el señor Vladimir Fernández Andrade quien propuso una nueva Conciliación por $ 74.000.000.000, ya que el embargo perjudicaba al Invías. Pero al llegar al comité de conciliación un abogado pidió la palabra y le recordó a Vladimir que no podían conciliar porque el título original lo tenía el Invías desde el pago de los $ 25.000.000.000.

                Vladimir se acordó y dijo: – “Uffffff, por favor doctor guarde el título y “custódielo”, no podemos conciliar”.

         Dos meses después el señor Vladimir volvió a presentar la conciliación, pero esta vez decidió no invitar al abogado que le había advertido no conciliar, pero sí invitó al Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario que le aconsejó conciliar. No mencionaron que tenían el título en su poder, ni que podría ser falso y decidió que había que conciliar y concilió en $ 74.000.000.000.

         Después la Contraloría de Julio César Turbay Quintero emitió un concepto respaldando la conciliación sin referirse a que era imposible que tuvieran el titulo los demandantes. Por ello Turbay abrió investigación diciendo que cada día que se demorara en el pago, se generaría daño patrimonial. Turbay Quintero había sido jurado en uno de los reinados de Miss Mundo, del señor Edgar Botero.

         Luego llegó la contralora Sandra Morelli, quien recibió denuncia del ministro de transporte Germán Cardona y al analizar el tema ordenó investigar, lo cual se hizo en conjunto con la Fiscal General Vivian Morales.

Se advirtió que el Invías debía tener el título en su poder y que por lo tanto no podía estar en un proceso que era la base de cobro de $ 143.000.000.000, que había llevado a conciliar en $ 74.000.000.000, una ganga según ellos.

Igualmente se pudo establecer que el señor Botero y sus amigos habían logrado cobrar una suma cercana a los $14.000.000.000 ya que con la conciliación firmada en el 2.006 habían ordenado la entrega de esos recursos que se encontraban embargados.

La Fiscalía ordenó cancelar los pagos pendientes por $ 60.000.000.000 en el año 2.011 dentro del proceso 2350. En el mismo se investigó y se decidió abrir proceso contra el señor Vladimir Fernández, Augusto Ramírez Kopel y otros miembros del comité de conciliación del Invías, por haber realizado la conciliación sabiendo que tenían el título en su poder.

Luego llegó el señor Eduardo Montealegre, con el señor Jorge Fernando Perdomo, y el proceso penal dio un giro absoluto, y pidieron la preclusión de la investigación, pero una jueza de la República se la negó y ordenó seguir adelante.

De otra parte instauraron denuncia penal contra Nelson Izáciga, Contralor de Infraestructura, quien había realizado la investigación que determinó el daño fiscal por la suma cercana a los $ 14.000.000.000. La denuncia la pusieron Vladimir Fernández y los otros miembros del comité de conciliación a quien la Fiscalía de Montealegre decidió absolver.

El Fiscal General decidió cambiar de radicación, es decir de Fiscal en 2 oportunidades el proceso contra el Contralor Izáciga. Ninguno de los fiscales asignados encontraba mérito para hacer nada en contra de Izáciga, hasta que finalmente se lo asignaron a una Fiscal Delegada ante la Corte, de la confianza de Montealegre, la misma a quien le asignaron los casos de Natalia Springer, el avión de la Fiscalía y la Universidad de la Fiscalía.

Esta fiscal de manera rápida decidió imputar al contralor Izáciga, quien investigó con la Fiscalía la posible falsedad del título y la indebida conciliación.

Es importante resaltar que el señor Vladimir Fernández era asiduo visitante de la oficina del señor Jorge Fernando Perdomo de quien es amigo desde la Universidad.

De otra parte, de la oficina del señor Vladimir Fernández salió a trabajar a la Fiscalía el señor Juan Pablo Duque, quien posteriormente fue nombrado como secretario de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con notorio respaldo del señor Eduardo Montealegre

Mientras que por otro lado, la Fiscalía trata de absolver a quienes conciliaron a sabiendas de que tenían el título en su poder.

Vale anotar que existe otro proceso penal contra el señor Botero. La Fiscalía determinó que existió fraude procesal y falsedad en documento por parte del señor Botero, es decir que el contralor Izáciga y la Fiscalía de Vivian Morales tenían razón y que por lo tanto no debió haberse conciliado ni pagado las sumas que se pagaron.

No obstante lo anterior la Contraloría de Edgardo Maya, en cabeza de la vice contralora Gloria Masmela actuando como contralora encargada, decidió archivar el proceso de responsabilidad fiscal en contra del señor Vladimir Fernández y sus socios, acogiendo la tesis del excontralor Julio César Turbay, es decir que la conciliación era un ganga. Lo extraño es que no realizó ningún análisis sobre por qué o cómo el señor Botero había obtenido el original del título para demandar, ya que el mismo se lo había entregado al Invias.

Adicionalmente tampoco vio ni tuvo en cuenta los informes de la Fiscalía que al respecto alertaban sobre esa irregularidad, ni lo que la misma Contraloría había investigado. Solo dice que es mejor pagar $ 74.000.000.000 que $ 143.000.000.000.

Por lo tanto el país está próximo a que el Estado pague $60.000.000.000 del año 2.006 con base en fraude procesal y una falsedad en documento, suma que traída a valor presente superará los 200 mil millones de pesos. O sea 5 veces lo que costeó la conciliación de Dragacol.