1983-1992 Carrusel de la Contratación. FVS Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito

1983-1992 Carrusel de la Contratación. FVS, Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito. Otro fortín de la corrupción. El FVS, hace parte del conjunto de instituciones y dependencias públicas que se han constituido al pasar de los años, en fortines políticos y económicos; donde no se tomaban ningún tipo de decisiones, particularmente contractuales, sin el visto bueno del jefe político de turno.

         Bogotá venia sumida por décadas en el caos, producido por la  mala administración; la modernización administrativa es relativamente nueva; la misma se remonta a la administración de Jaime Castro en el periodo de 1992 a 1994, quien consiguió la aprobación del Estatuto Orgánico de la ciudad, poniéndolo a tono con lo establecido por la recién aprobada Constitución de 1991; reorganizó las finanzas distritales y sentó las bases para que administraciones, en uso de la autonomía relativa de la ciudad, acometa las reformas administrativas que se requieren para la recuperación del concepto de lo público.

         Lo que se observa en la actualidad es la tensión producida entre el gobierno de la ciudad y los otrora dueños de las secretarías, dependencias e instituciones, quienes no se dan al dolor de ver como son sacados de sus feudos, sin que se les consulte o participe de las iniciativas en los sectores que dicen representar y donde decidían impunemente quienes eran los actores de la contratación, muchas veces, generando dividendos ilícitos, en contra de los intereses colectivos.

         El ejemplo de FVS puede resultar paradigmático: En el Acuerdo 9 de 1980 de creación, en el Acuerdo 18 de 1983 que derogó el anterior, la clase política a través de los concejales había asegurado la participación en la junta administradora del FVS, el Acuerdo 28 de 1992 incluyó, además, un parágrafo que supedita cualquier compra destinada a la Policía Metropolitana, Mebog, a las especificaciones, niveles técnicos, cantidades y referencias indicadas por el comando respectivo, o aprobadas previamente por él. Cabe señalar que algunos actos administrativos posteriores, han tratado de tecnificar y organizar el objeto social del referido FVS, no obstante, los niveles de corrupción, ineficiencia y falta de control se mantienen.

         El FVS que maneja para 2015 alrededor de $170 mil millones para dotar a la Policía y otros organismos de seguridad en sus labores, se había  convertido en una “mina” para muchos contratistas amigos de poderosos políticos capitalinos, y más aún, en una “piñata” frente a la cual era válido para los mismos entes de seguridad, particularmente para la MEBOG, justificar cualquier tipo de contratación, con el único fin de ejecutar tan generoso presupuesto. Lo anterior ha dado como resultado que permanentemente se descubran actos de corrupción como el sobrecosto del 300% en los vehículos “autobalanceados”, que representan un detrimento de $894 millones en un contrato de $1.264 millones, la compra de cámaras de televisión que se instalaron en colegios públicos, las cuales tienen una serie de problemas y las que no se han instalado en su totalidad; contrato que se firmó por $40 mil millones. Adquisición de equipos de comunicación por 7,5 millones de dólares, los cuales no pudieron ser utilizados y hoy tiene que ser destruidos. Los $5 mil millones invertidos en la construcción de la Estación de Policía de Usaquén; la cual por quedar mal construida debe ser demolida, lo que representa la perdida de esa inversión. El contrato de mantenimiento del parque automotor de la Mebog, que asciende a los $6 mil millones anuales con la empresa Autoexpress Morato, la misma que le vendió los “autobalanceados” al Distrito Capital, empresa contra la cual existen denuncias penales y disciplinarias, entre otros claras pruebas de corrupción.

         Sin contar con lo que sucede con la administración de los bienes de propiedad del FVA, con sus inmuebles, 150  apartamentos que tiene en este momento la Mebog, sus vehículos, equipos, muchos entregados bajo la figura de los comodatos; los que son vigilados en forma precaria por 26 servidor de planta y una gran cantidad de contratistas que hoy están pero mañana no, en ultimas no existe continuidad y garantía de resultados. Frente al tema de los 416 comodatos cabe precisar que las entidades más beneficiadas con este tipo de préstamos son la Mebog, Brigada 13 del Ejercito, Secretaría de Gobierno, Fiscalía, CTI- Bogotá, Medicina Legal, se sabe que muchos de ellos ya se encuentran vencidos, y otros no se sabe si están siendo usados adecuadamente.

         El gobierno incluyó en uno de los ejes de la ‘Bogotá Humana’, la recuperación de lo público; recuperar lo público es arrancarlo de las manos de quienes desde una posición privilegiada lo han explotado por décadas para su propio beneficio económico y electoral. Quienes desde esta posición ven en el Alcalde una amenaza contra sus intereses; tienen razón, los contratos ilícitos, los negocios torcidos, y el respeto por los fortines históricos no serán consultados en esta administración. Esto se evidencia en todos los sectores: en movilidad, educación, aseo, integración social y en seguridad y convivencia. Hoy se observan reconocidos empresarios y políticos alterados frente a las iniciativas de la administración distrital, tildan al alcalde de dictador y crean un cerco mediático en su contra, la ciudadanía bogotana hoy entienden que con su triunfo democrático perdieron las mafias corruptas, lo preocupante sería que no.

2003-2017 Carrusel de la Contratación.Recolección de Basuras. Cuatro 4 contratistas o concesionarios manejan el billonarios negocio de recolección de basura en Bogotá y el resto del país:

         1º William Vélez Sierra. ATESA. Quien recibía $4mil millones mensuales por su servicio de recolección de basuras en las localidades de Fontibón y otras.

         2º Aseo Capital. Empresa de Alberto Ríos Velilla y familia, que le vendió a la familia Patiño Ocampo. Percibían más de $5mil millones mensuales.

         3º LIME. Limpieza Metropolitana.Cuyos accionistas son argentinos y perciben $15mil millones por la recolección del 45% de la basura en Bogotá.

         4º Ciudad Limpia. De propiedad de Herrera Barona y Losada Salcedo.

         Estas empresas y empresarios fueron los que, según denuncias de Emilio Tapia, se alienaron para hacer el complot una semana antes de diciembre 18  de 2013 para que La Sabana se quedara sin quien recogiera la basura y le crearon un trauma sin precedentes a Bogotá.

1988-2017

Recuento del Sistema de Recolección de Basuras. Es Operado por la empresa estatal del acueducto ‘Aguas de Bogotá’, que ha dejado dividendos positivos para el ciudadano de a pie. Este se refleja en la rebaja de la factura del aseo que ahora llega mes a mes. Si no se hubiese creado este esquema, los contratos con los anteriores operadores se hubiesen prorrogado automáticamente por otros 8 o 10 años más. Estos 4 operadores privados por ley deben restituir todo el parque automotor, software, equipos de compactación, etc. Que se negaron a hacerlo, por ello Bogotá tomó la decisión de alquilar volquetas u otro equipo de emergencia para comenzar a recolectar las basuras.

         La corte constitucional obligó a vincular a los recicladores por ser población vulnerable. Pero apareció la empresa ‘Residuos Ecoeficiencia S.A.’ que comenzó el negocio del reciclaje a gran escala y por supuesto, sacaron de tajo a los recicladores pequeños;

         Los anteriores concesionarios de las basuras de Bogotá, continúan en el negocio, pero se vieron afectadas por la llegada del Estado como nuevo competidor:

         1º ATESA. William Vélez Sierra. Desde 2003 está en Bogotá. Propietario del  Grupo Ethuss con el que maneja el negocio de las basuras en Cali, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Riohacha, Maicao, Pereira, Ibagué y una decena de ciudades más.

         Durante 2001-2010 fue beneficiado con varias adjudicaciones: 1º socio principal de concesiones ganadoras como la construcción de la malla vial de Cúcuta por $180 mil millones; 2º la construcción del corredor vial Bogotá – Girardot-Cajamarca por $350 mil millones; 3º Y el triunfo mayor, ganó la concesión para la remodelación del aeropuerto Eldorado de Bogotá por cerca $600 millones de dólares, concesión en la que participó con un 14%; 4º socio en la concesión para la remodelación de la troncal de la 26, en sociedad con los hoy detenidos primos Nule.

         2º Aseo Capital. Desde 1993 está en Bogotá. Muy a pesar de las jugosas utilidades que deja el negocio de las basuras, la familia Ríos Velilla, vendió su empresa Aseo Capital a la familia Patiño Ocampo. Una operación por más de $25 mil millones. Aseo Capital operó en 9 localidades de Bogotá, pero con la llegada de su nuevo competidor pasó a manejar, aunque no tan pequeñas, las localidades de Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Tunjuelito. Es decir pasaron de recibir más de $5.000 millones mensuales a una tarifa fija mensual de $3.400 millones.

         Alberto Ríos Velilla. Esposo de la informadora Darcy Quinn, y su familia son accionistas de una empresa de nombre ‘Land Developer Investment Inc.’ quien tiene una participación del 20% en la sociedad que ganó la licitación de recaudo por pasajes de Bogotá por la no despreciable suma de $64 billones por los próximos 16 años. Los Ríos Velilla también tienen un entuerto con Enertolima y Enerpereira.

         3º LIME. Desde 1988 está en Bogotá. Una cifra menos onerosa comenzaría a recibir mensualmente la operadora LIME. Aunque con dueños argentinos LIME tiene su mayor operación en Bogotá. Desde principios de los años 90 y con la eliminación de la EDIS en 1993, esta empresa comenzó a concesionar millonarios contratos con el Distrito. En el año 2003, ganaron una licitación para prestar el servicio en 7 localidades: Suba, Usme, Rafael Uribe, Antonio Nariño, San Cristóbal y Usaquén, una cobertura superior al 45% del total de la ciudad. Tras la llegada de ‘Aguas Bogotá’, LIME pasó de recibir utilidades por más de $60mil millones a obtener la no despreciable suma de $46.800 millones mensuales.

         4º Ciudad Limpia. Desde 1988 está en Bogotá. Pasó de ganarse más de $4.500 millones mensuales para recibir una retribución fija de $3.900 millones. Esta empresa es propiedad de 2 familias caleñas, los Herrera Barona y los Losada Salcedo, quienes han estado en el negocio del aseo desde la alcaldía de Andrés Pastrana cuando se privatizó la recolección de basuras, EDIS.

   Esta empresa tiene también participación en las operaciones de Transmilenio en rutas como la del portal de la 80, Usme, Molinos y la avenida NQS, así como también son dueños de buses del SITP que transitan en Engativá y Bosa y participan en el negocio de las basuras en varias ciudades de Colombia.

Desacatos en el proceso de Recolección de Basuras en Bogotá.

1º Lime y Ciudad Limpia están a cargo del servicio de Aseo en Bogotá desde 1988; Aseo capital ingresó en 1993; ATESA en el 2003

         2º Entre 1993 y el 2003 se declararon múltiples ‘Urgencias Manifiestas’ que permitieron dilatar los procesos de licitación y mantener la exclusividad de este servicio entre los mismos operadores

         3º En el 2003 se realiza la segunda Licitación para la concesión del Servicio de Aseo y se adjudica por 8 años a ATESA, Lime, Aseo Capital y Ciudad Limpia

         4º En sentencia T-724 de 2003 la Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales de los recicladores ordenando que, en futuras ocasiones, fueran incluidas acciones afirmativas a favor de esta población

         5º Una vez vencido el contrato, año 2011; se realiza la tercera Licitación donde no se acataron las indicaciones de la Corte

         6º La Corte ordenó suspenderla por el supuesto incumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003

         7º A partir de entonces, se han venido declarado ‘Urgencias Manifiestas’; las cuales permitían ampliar los contratos a los mismos 4 operadores

         8º El Auto 275 de 2011 la Corte ordenó a la Alcaldía de Bogotá:

         8.1º ‘Proyectar un esquema que dignifique la actividad del reciclaje indicando las metas a cumplir, en corto plazo; para ser entregado a la Corte el 31 de marzo del año 2012’

         8.2º ‘Normalizar, en el menor tiempo, la prestación pública de aseo’.

         9º En abril de 2012 la Corte Constitucional aprobó el esquema presentado por la Administración Distrital titulado: ‘Metas a cumplir para la Inclusión de la Población Recicladora en la Gestión Pública de los residuos sólidos en Bogotá’

         10º En agosto 16 de 2012, se amplía de nuevo el contrato con los mismos concesionarios, por de 3 meses contados a partir de septiembre 18  de 2012

         11º El Distrito manifiesta la necesidad de constituir una Empresa Pública que asuma la prestación de este servicio a partir de diciembre de 2012

         12º A partir de entonces se implementaría un modelo de ‘Área Limpia’ donde NO se paga por tonelada de basura enterrada en el relleno Doña Juana, sino por la ejecución de procesos para generar materia prima reciclada

         13º El 11 de octubre, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, EAAB, celebraron el contrato interadministrativo 017 en el cual, la EAAB asume la prestación del servicio público de aseo. Con fundamento en este contrato la EAAB suscribió contratos para la adquisición de maquinaria y equipos con destino a la prestación del servicio de aseo

         14º El 4 de diciembre, la EAAB suscribió, con ‘Aguas de Bogotá’, un contrato por 4 meses y 14 días a partir del 18 de diciembre, para la prestación del servicio de aseo.

         15º Debido a que los Operadores Actuales no devolvieron el equipo de compactadores a la ciudad (Primera acción de desacato), Aguas de Bogotá se ve obligada a suscribir, el 7 de diciembre, un contrato con la ‘Unión Temporal Districapital’ donde solicitaba en calidad de urgencia “el servicio de alquiler de compactadoras para prestar el servicio de aseo en la ciudad’; los compactadores empezaron a llegar el 22 de diciembre y su ingreso fue torpedeado por entes de control, al punto que solo pudieron entrar en servicio a partir del 18 de enero de 2013

         16º El 10 de diciembre, la Alcaldía expidió el Decreto 564, llamado por los medios ‘el decreto de la basura’, donde ordena adoptar ’un esquema transitorio de prestación del servicio público de aseo’; allí se indica que la EAAB celebrará los contratos que se requieran para adoptar el nuevo esquema.

         17º Los operadores indican que no participaran ni colaboraran con el empalme y no suministraron información sobre el servicio que prestaban (Segunda acción de desacato)

18º Los entes de control estatal reaccionaron apoyando a los 4 operadores que entraron en Desacato Reconocido; (Tercera acción de desacato)

         19º El 14 de diciembre el distrito expidió el decreto 570 por medio del cual ‘se decreta el estado de prevención o alerta amarilla para el manejo y control adecuado de los residuos sólidos urbanos’; donde se declara el estado de alerta por 4 meses, con el objetivo de prevenir la amenaza de afectación al medio ambiente y la salud. Igual, en vista que los Operadores del Aseo no accedieron a reversar los equipos se autorizó el uso de volquetas, mientras llegaban los compactadores alquilados

         20º Como los 4 operadores se negaron a aceptar la autoridad conferida a la EAAB por el decreto 564 de 2013, el 17 de diciembre, la EAAB, y la UAESP, debieron suscribir un otrosí a este Decreto, adicionando una cláusula que permitía a la UAESP subcontratar a los operadores privados (Cuarta acción de desacato).

         21º Cuando se acercaba el 18 de diciembre, los 4 operadores de recolección de basuras empezaron a aplicar el ‘Plan Tortuga’ (Quinta acción de desacato) acumulándose los desechos a lo largo de Bogotá; en especial en Usaquén, Chapinero y el Centro.