Melissa Aníbal López
El pasado 11 de febrero en esta columna advertimos sobre el inminente tarifazo que el Gobierno impondría a los costeños por el servicio de energía eléctrica. Dicho aumento tarifario vendría por cuenta de la Resolución 015 de la CREEG que busca cobrar las inversiones futuras en el sector eléctrico a través de alzas exageradas de las tarifas y que supuestamente entraría en vigencia el 01 de abril de este año. Aunque la presión y la movilización social lograron postergar la aplicación de la nociva resolución mencionada, para el Gobierno Duque el tarifazo en el servicio eléctrico va porque va.
Las medidas del ‘Capítulo Electricaribe’ que incluye el Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el Gobierno, persiguen 3 objetivos concretos: 1) Liberar a Fenosa Naturgy de sus obligaciones con Bancos, Generadoras, Proveedores, Pensionados y Trabajadores. 2) Mantener y profundizar el esquema de privatización en servicios públicos; y 3) trasladar a los usuarios el riesgo y los costos de las inversiones que necesita la región Caribe para solucionar la crisis eléctrica que atraviesa hace décadas.
El gobierno anunció que asumirá el pasivo pensional de Electricaribe que alcanza los 1,2 billones de pesos. Celebramos que el Estado salvaguarde los derechos de los pensionados de ésta, pero que un gasto tan elevado, realizado con recursos públicos no se capitalice a favor de la nación en la empresa que preste el servicio de energía en la costa, es un verdadero despropósito. Con la plata de todos los colombianos Duque les adelantó la Navidad a los españoles corruptos de Fenosa Naturgy. Por otro lado a los acreedores de Electricaribe sólo les resta esperar que del proceso de liquidación de la empresa logren recuperar algo de lo que les deben.
Ante el evidente fracaso de la privatización del servicio de energía en la costa, el Gobierno reacciona con más privatización. Empeñarse en un nuevo operador privado y segmentar el mercado eléctrico de la costa, como pretende el PND, no sólo ignora las iniciativas y propuestas de las fuerzas vivas de la región, incluyendo a sus gobernadores, también es altamente inconveniente, pues acaba las economías de escala que resultan de un mercado regional unificado, lo que generaría un inevitable incremento de tarifas y una mayor desigualdad en cobertura y calidad del servicio.
Para todo lo anterior el Gobierno planea imponer un tarifazo, ya no sólo a los costeños, sino a los usuarios de todo el país. En primer lugar, para salvar a empresas privadas y fallidas como Electricaribe, Duque y Carrasquilla proponen gravar el bolsillo de los usuarios estratos 4, 5 y 6, los usuarios comerciales e industriales y los no regulados del servicio de energía, con una Sobretasa de 4 pesos por Kilovatio. En segundo término, el PND propone duplicar la contribución especial que las empresas prestadoras del servicio deben hacer a la CREG, CRA y Superservicios y que sin lugar a dudas se reflejará en aumento de tarifas que pagaremos los usuarios a través de las facturas.
La Ponencia del Plan Nacional de Desarrollo señala: “En la Costa Caribe las tasas de energía son las más bajas en comparación de las demás regiones del país(…) lo que quiere decir que las tasas deben subir para que esta región también se ayude”. ¿Desconoce el presidente Duque que el consumo de energía en la Costa es mayor porque así lo obliga el clima y que esta región tiene el 90% de los usuarios en situación de Subnormalidad del país?, ¿Qué país cree que gobierna?. Queda claro que la política oficial es seguir asfixiando el ya maltrecho bolsillo de los hogares costeños, mientras tanto, 12 de los 30 billones de pesos de regalías, que corresponden al Caribe se mantienen congelados en los bancos, con esos recursos podría resolverse la crisis sin descargarla en los usuarios.
Abr 01, 2019, 21:13 Pm935¡El tarifazo de Electricaribe!
By Melisa Anibal López - Es innegable que toda la Región Caribe atraviesa una crisis en la prestación del servicio de energía eléctrica, por cuenta de Electricaribe. Tampoco se puede negar que a todos los gobiernos de turno les ha quedado grande la solución del problema; el pésimo servicio prestado, la escandalosa cifra de víctimas mortales, la falta de inversión en infraestructura y de acuerdo a los hallazgos fiscales de la Contraloría General de la República, la corrupción rampante de los españoles dueños de la empresa, son prueba del fracaso del gobierno en el tratamiento de este tema.
Posterior a que la Superservicios determinara la intervención de la empresa problema, con fines de liquidación, el Gobierno Nacional contrató a la Financiera de Desarrollo Nacional -FND-, para sustentar sus decisiones en esta materia. La FND señaló que se necesita una inversión de 7.1 billones de pesos para salir de la crisis. Sin embargo, expertos del sector eléctrico señalan que el monto de estas inversiones debería alcanzar los 10 billones de pesos, pues Fenosa-Naturgy, la transnacional Española dueña de Electricaribe, adeuda 3.6 billones a proveedores, bancos, generadoras eléctricas y pensionados. En resumen, a partir de ahora y durante la próxima década, deberán garantizarse un billón de pesos cada año, para evitar que empeore el estado de la infraestructura, lograr saldar los pasivos de la empresa y evitar más víctimas y pérdidas materiales.
¿Quién pagará la crisis? El Gobierno Duque en el caso de Electricaribe actúa tal como el Gobierno Santos, pues respalda la idea de que la única salida a la crisis es un “tarifazo” a los usuarios. Así lo propuso la Financiera de Desarrollo Nacional, y lo estableció la resolución 015 de la CREG, que impone nuevas y exageradas alzas en las tarifas que pagarían los hogares costeños a partir del 1 de Abril.
Diversos sectores políticos, gremiales, académicos y sociales han planteado distintas alternativas para la salida a la crisis y evitar con otras fuentes de inversión afectar al bolsillo de los usuarios. Por ejemplo, las regalías mineras, de las que se conoce existen en fondos sin ejecutar cerca de 10 billones de pesos de vigencias pasadas y 20 billones más que se esperan en el bienio 2019-2020, lo que arrojaría un total de 30 billones de pesos, por este concepto se espera que lleguen a la costa 5 billones de pesos anuales. Es evidente que sí existen alternativas para encontrar los recursos requeridos, pero lo que no existe es la voluntad política ni del Gobierno Nacional ni de los locales para evitar seguir golpeando el ingreso de los usuarios.
Coda: este miércoles 13 de febrero a las 9:00 a.m en las instalaciones de Electricaribe de la Costa Atlántica se realizarán concentraciones para rechazar el aumento de las tarifas del servicio público de energía eléctrica, convocadas por usuarios y diversos sectores gremiales y políticos. En Barranquilla será en la sede ubicada en la Carrera 59 con calle 77 B.
@mejanlop
Melissaanibal@hotmail.com
Melissaanibal@hotmail.com
¿Qué hacemos con Inassa y Triple A?
By Melisa Anibal López - En los próximos días el Tribunal de Cundinamarca debe citar a Triple A, INASSA y a la Superservicios, a una nueva audiencia de Pacto de Cumplimiento dentro del trámite de una Acción Popular en donde la Procuraduría General de la Nación como demandante, establece los altos niveles de corrupción con la que se ha administrado la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla. Por parte de la Fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez no se ha conocido mayor avance dentro del proceso de Extinción de Dominio, donde con justa razón se busca la recuperación de las acciones del Distrito de Barranquilla que los españoles se apropiaron ilícitamente.
La Procuraduría en su escrito tutelar, relata los antecedentes al contrato donde se acuerda cancelar a INASSA un valor adicional de 4.5% sobre los ingresos netos de Triple A, por concepto de costos de gerenciamiento o asistencia técnica. De esta forma se han pagado desde el año 2.000 más de 237.000 millones de pesos y aunque el 30 de octubre de 2017 se suspendió la ejecución de dicho contrato, el Ministerio Público concluye que estos dineros dejados de recibir por la ciudad constituyen una erogación que afecta el flujo de caja libre sobre el cual se determina el monto que Triple A debe pagar al Distrito por regalías y utilidades, es decir, que es aún mayor lo que tanto a los usuarios como al Distrito nos robaron los españoles.
El analista económico Aurelio Suarez explicó en columna para bluradio.com cómo ese ilícito contrato de asistencia técnica fue pieza clave en el escabroso negocio de compraventa de acciones de la sociedad Inassa S.A., entre un grupo de reconocidos empresarios Barranquilleros, Aguas de Barcelona y la empresa madrileña Canal Isabel II. Además, tras analizar diversos indicadores que permiten evaluar el impacto del cuestionado contrato de asistencia, Suárez concluye que los resultados de dicha gestión son bastante deficientes. (Ver Cuadro)
Cuadro elaborado por Aurelio Suárez Montoya. Imagen tomada de https://goo.gl/ujcNCW
La Procuraduría adelanta otras investigaciones relacionadas con la dudosa administración de los recursos que el Distrito ha transferido a Triple A por concepto de subsidios (70.000 millones de pesos) y otros actos de corrupción por simulación de órdenes de servicios y contratos de consultoría ficticios por más de 27 mil millones de pesos, para beneficiar a altos directivos de Triple A y a la sociedad Inassa S.A. Por este último hecho la Fiscalía imputó cargos a Ramón Navarro, ex gerente de Triple A, quien asumió parcialmente su responsabilidad en estos hechos.
Todas las formas de enriquecimiento ilícito perpetradas por Inassa S.A. son base suficiente para que el proceso de Extinción de Dominio que adelanta la Fiscalía culmine con la recuperación de la participación accionaria del distrito de Barranquilla en Triple A, la reparación en favor del distrito y de los accionistas tipo B asaltados en su buena fe por parte de Inassa, y la reparación a los usuarios, quienes han visto reflejados en la tarifa los efectos de la corrupción rampante de los españoles.
Coda: En noviembre de este año vence la prórroga del contrato entre Triple A y Aseo Técnico. ¿No debería Triple A empezar a asumir directamente la operación del aseo, para evitar seguir pagando los sobrecostos que supone la subcontratación de este servicio?, ¿No sería una forma de empezar a resarcir a los barranquilleros por todo los daños causados? La ciudad necesita abrir este debate con prontitud.
Coda: En noviembre de este año vence la prórroga del contrato entre Triple A y Aseo Técnico. ¿No debería Triple A empezar a asumir directamente la operación del aseo, para evitar seguir pagando los sobrecostos que supone la subcontratación de este servicio?, ¿No sería una forma de empezar a resarcir a los barranquilleros por todo los daños causados? La ciudad necesita abrir este debate con prontitud.
MELISSA ANIBAL LÓPEZ
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