22º Robos Financieros en Colombia

22º Robos Financieros

Robos Financieros

Fecha           Entidad                         Fraude Millones      Personas Afectadas

1982            Grupo Grancolombiano     $10 mil                  80 mil

1988            Los Picas                         $3 mil

1997            Invercolsa                       $9mil                    50mil

1999            Banco del Pacifico

2007            Probolsa                         $16 mil

2008            DMG                               $4 billones             240 mil

2008            DRFE                              $4 billones             400 mil

2012            Interbolsa                       $400 mil                1.260

2013            Factor Group                   $146 mil                1.560

2015            I. C. de Financiamiento     $365 mil

2016            Elite Inter. Américas         $800 mil                6 mil

2016            Estraval                          $500mil                 4mil

2016            Rédito                            $12 mil                  50

2016            Vesting Grup                   $150mil                 1 mil

1982 Crisis Financiera. 
Grupo Grancolombiano, 
Corporación Financiera Santa Fe, 
Banco Nacional, Banco del Estado, 
Furatena. 
1982 marca un hito en la cronología de las defraudaciones económicas. Después de varios meses de omisiones de las autoridades de control y de debates políticos, estalló la llamada crisis financiera de los años 80, que obligó al Estado a intervenir a 17 instituciones crediticias que, a través de autopréstamos, captación ilegal de ahorros o maniobras financieras y bursátiles para apoderarse de empresas, terminaron defraudando a más de 80 mil ahorradores privados que, en su momento, perdieron más de $10 mil millones.

         Estas entidades financieras y múltiples compañías inmobiliarias, entre otros, se dieron a los malos manejos y, a través de operaciones ficticias o falsificando documentos, desataron una crisis financiera sin precedentes. El asunto desbordó en la declaratoria de la emergencia económica en 1982 y la expedición del decreto 2920 para meter en cintura a los banqueros defraudadores. Terminaron condenados, sujetos como Jaime Michelsen Uribe, Félix Correa, Jaime Mosquera. La crisis mostro el deterioro de la banca:

1º el Banco de los Trabajadores. Oficializado en 1986 por manipulación del ahorro del público, con un accionista mayoritario: Gilberto Rodríguez Orejuela.

2º La Caja Vocacional. Fondo pastoral de la Iglesia Católica, que también cedió a la tentación de captar dineros y promover acciones dolosas hasta defraudar a sus cuentahabientes. Las autoridades descubrieron que Monseñor Abraham Gaitán Maecha creó la llamada ‘Caja Vocacional’, también conocida como el ‘Banco de los Curas’. Se trató de una fundación que captó dinero de forma ilegal en 1986. Gaitán fue condenado en 1993 a 30 meses de prisión, sentencia de la que fue absuelto por cumplir 65 años de edad.

3º Grancolombiano. Jaime Michelsen Uribe. Representante del Grupo Grancolombiano, acusado de manipulación de acciones en la bolsa a través de operaciones ficticias y autopréstamos entre las empresas del conglomerado.

Michelsen volvió al país luego de haber estado exiliado en Panamá para pagar una corta condena en la cárcel Modelo de Bogotá, alrededor de 7 meses estuvo internado antes de recibir la libertad condicional. A Michelsen se le recuerda por haber orquestado uno de los modelos más complejos en el sector financiero para lograr captar dineros de terceros.

1988. Los Picas. Robo $3 mil millones. Puso al descubierto toda una serie de acciones similares por parte de otros comisionistas de la Bolsa de Bogotá, e incluso de personas ajenas a ella, que mediante habilidosas maniobras captaron millonarias sumas de dinero, dejando en la calle a numerosas personas. Las defraudaciones, calculadas en más de $3 mil millones, fueron perpetradas a través de 8 empresas, la Compañía de Asuntos Bursátiles y General Financiera, Factores S.A., Rentando Maquinaria, y Hacienda Frigorífico Vita Vira S.A.

Condena. En 1992 fueron condenados por violación al Decreto 2920 de 1982 captación ilegal de ahorros privados, abuso de confianza, falsedad en documento, estafa: Juan Escobar Bonitto, 7 años de prisión, Guillermo Uribe Holguín-Piedrahíta Picas, 8 años, 6 meses y Guillermo Acosta Bonilla, como persona ausente, 4 años, 6 meses.  Los Picas fueron capturados en Chile el 29 de septiembre de 1988, y deportados a Colombia. Ernesto López Navarrete, revisor fiscal, y María Elena Duque reo ausente durante todo el proceso fueron absueltos.

1997 Invercolsa. Robo $9 mil millones. A principios de los años 90, Ecopetrol organizó parte de sus inversiones en Invercolsa ‘Inversiones de Gases de Colombia S.A.’, contratando la asesoría de ‘Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda.’, del abogado Fernando Londoño Hoyos, mininterior y de justicia durante los años 2002 y 2004. Londoño actuó como representante legal hasta 1995, a través de un contrato comercial de mandato con representación. Dos años después, Ecopetrol decidió vender las acciones que tenía en Invercolsa. De acuerdo con el artículo 60 de la Constitución, cuando el Estado quiere vender una empresa, debe ofrecerla primero al sector solidario, a los trabajadores y ex trabajadores, en condiciones preferenciales. Londoño, comprobando su relación laboral con Invercolsa a través de una falsa certificación dada por el nuevo representante de la firma ‘Enrique Vargas Ramírez’, compró un paquete equivalente al 20% de la empresa, 145 millones de acciones por $9 mil millones, us4.657.000.

         Ecopetrol inició acciones para exigir que los compradores pertenecieran efectivamente al sector solidario, alegando que Londoño Hoyos había presentado un documento laboral que no reunía los requisitos legales. Londoño inició contra Invercolsa un proceso ordinario laboral para reclamar el pago de salarios y prestaciones causados entre 1990 y 1995 años en los que fue representante legal por delegación de la consultora ‘Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda.’ Si se le reconocían estos pagos, implícitamente se legitimaría su estatus de ex empleado.

         Pero mientras las investigaciones judiciales avanzaban, Londoño entregó las acciones a un encargo fiduciario para respaldar un crédito del Banco del Pacífico, del que era miembro de la junta directiva. Así, a partir del 27 de mayo de 1999 el beneficiario de las acciones es la Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana, Afib, de Panamá. En diciembre de 2003, el Consejo de Estado falló una acción popular en la cual determinó que Londoño Hoyos adquirió las 145 millones de acciones de Invercolsa de manera irregular, y ordenó devolver esos dineros al Estado. Londoño apeló esa decisión y en 2005 el Consejo de Estado dejó sin efectos la sentencia. No obstante, Ecopetrol y la Procuraduría insistieron en la ilegalidad de los hechos y la Corte Constitucional, en el 2007 les dio la razón.

La Procuraduría sancionó disciplinariamente a Fernando Londoño con 15 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos por este caso. Este presentó su carta de renuncia como Ministro del Interior luego de que la Supersociedades le impusiera una sanción por la adquisición de las acciones.

         Londoño Hoyos y la Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana S.A., deben devolver a los accionistas de Invercolsa un total de $4.223.896.809 millones, us2.185.000, por concepto de dividendos percibidos durante el tiempo que las acciones estuvieron bajo su custodia. Hasta el momento no se ha hecho efectivo.

         Durante el período de Londoño como ministro del interior y de justicia, en el período presidencial, la supersociedades le impuso una sanción a Londoño por adquirir de manera indebida 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de $9 mil millones en mayo de 1997, obligándolo a presentar su renuncia al cargo de ministro en 2004.​

        En febrero de 2007, una sentencia judicial ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa adquiridas, al ratificar que el ministro presentó una certificación falsa que lo acreditaba como propietario de esas acciones.

        El Juzgado determinó que Londoño no adquirió ni fue poseedor de buena fe de los $145 millones de acciones de Invercolsa S.A. y ordenó que, en término de 5 días, el ministro Londoño debiera restituir a Ecopetrol los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos en que los percibió.​ Decisión que fue inmediatamente apelada por el ministro y en 2005, una sala de conjueces del consejo de estado dejó sin efecto la sentencia, ante lo cual Ecopetrol y la Procuraduría siguieron insistiendo.

         La Corte Constitucional les dio la razón a ambas entidades, aunque al día de hoy las acciones no han sido devueltas.

1997 Banco de Colombia. Lio por un banco. La compra del Banco de Colombia por parte del Grupo Empresarial Antioqueño en 1997, ha sido el escándalo más importante del sector privado en la última década. La familia Gilinski, antigua propietaria de la entidad, ha llevado a los tribunales un reclamo, porque según ellos, los paisas hicieron operaciones irregulares para bajar el precio de la acción en contra de los socios minoritarios.   El caso ha pasado por tribunales de Colombia y Usa con demandas y contrademandas ante diferentes instancias y todavía no se ve una luz que permita determinar su culminación definitiva. La Fiscalía reabrió la etapa de investigación del conflicto en vista de un llamado de la Procuraduría para que se adicionaran al proceso unas pruebas que la Comisión del Mercado de Valores de Usa y la firma JP Morgan realizan.

         1999. 
Banco del Estado, 
Banco del Pacífico, 
Banco Andino, 
Banco Central Hipotecario. 

Lección no aprendida porque, 15 años después, la insolvencia de varias entidades financieras repitió la película. Fue necesario crear, a través de la Ley 510 de 1999, una comisión de la verdad para informarle al país las causas y responsables de una nueva crisis del sector financiero estatal. Los directores de estos bancos fueron objeto de falsedades, peculados, sobregiros, autopréstamos u otras irregularidades que los llevaron a su intervención estatal.

2007 Probolsa. Robo $16  mil millones.  Se remonta a 2007 al 2009, cuando entidades estatales decidieron invertir un dinero que tenían como excedentes temporales de liquidez con una empresa que resultó ser una más de las pirámides o compañías financieras piratas que estafaba a las personas. Entidad de propiedad de la familia de Germán Montoya, secretario general de la Presidencia de Barco.

         Probolsa, una compañía considerada como mesa de dinero, que resultó ser una pirámide o compañía financiera pirata, se encargó de visitar a las Gobernaciones de Nariño y del Cauca, el Municipio de Silvia, Cauca, el Hospital Francisco de Paula Santander, Acuavalle e Incentiva ofreciendo la inversión en bonos o deuda pública con rendimientos favorables para los entes públicos, el negocio que terminó con un desfalco que asciende a los $12.760 millones.

         Las entidades públicas tomaron recursos destinados a la salud y a la educación pública para hacer estas transacciones debido a que resultaba más rentable invertirlos.

         La súper sancionar en octubre de 2009 a la firma por un monto de $580 millones, por violación a las normas relacionadas con conflicto de interés, inducción al error, deber de asesoría y deber a la información. Según la Resolución 1509, se modificó dicha sanción y la redujo a $420 millones.

         La Comisionista Serfinco tendrá que responder en el caso de Probolsa. Un hecho que pasó desapercibido en la sanción impuesta por la Superfinanciera. Según la Superfinanciera, 2 funcionarios, uno de Serfinco y otro de Probolsa actuaron de manera delincuencial y manejaron recursos de entidades públicas bajo 2 modalidades:

1ª El registro de una operación de compra en MEC, a nombre de la entidad pública, pero los recursos para el cumplimiento de esta operación eran girados por Serfinco afectando las cuentas de Probolsa S.A. en la comisionista.

2ª El traslado de los títulos en el Depósito Central de Valores -DCV-, sin que mediara una operación en los sistemas transnacionales o de registro. En estos casos, los títulos ya habían sido adquiridos por Probolsa S.A. y se encontraban en su portafolio y simplemente eran trasladados en el mencionado Depósito a través de las denominadas operaciones libres de pago'.

         A través de estas 2 modalidades, Probolsa y Serfinco, lograron millonarios resultados a su favor pero no para sus clientes. Para Serfinco, 'ambos tipos de operaciones son legalmente viables y, además, comunes en el mercado de valores colombiano, y no se constituyen en infracciones a la normatividad vigente'.

         Probolsa, se declaró insolvente y a parte no tiene un doliente específico para atender las demandas.

         Hoy, cuando los entes estatales necesitan de los recursos invertidos para educación y salud no cuenta con ellos y esto es lo que hace que, se demande a los operadores de las transacciones en este caso estaría Serfinco como primer objetivo. Probolsa y Serfinco tenían un contrato de comisión. Probolsa S.A. fue cliente inversionista profesional de Serfinco desde mayo de 2006 hasta finales de 2008.

         La Fiscalía y la Procuraduría, responsabilizan a los tesoreros, por peculado y detrimento patrimonial.

2012 Probolsa, 

Cargos al gobernador del Cauca Guillermo Alberto González Mosquera. 

En el multimillonario desfalco incurrió en 2 delitos: peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por $16  mil millones depositados en la firma Probolsa, que no estaba autorizada para captar recursos.

         La Procuraduría lo destituyo e inhabilito por 10 años por haber participado en irregularidades presentadas en el manejo del Fondo Territorial de Pensiones, poniendo con esto en riesgo la salud y la educación del departamento. No obstante, en fallo de segunda instancia el Minpúblico lo eximió en su momento de cualquier responsabilidad disciplinaria en el marco de ese proceso.

Harold Casas, Secretario de Hacienda y María Helena Ramírez, Tesorera de la administración de Gonzales Mosquera, dicen que el gobernador fue el responsable de la inversión en esta firma, y que el fallo de la Procuraduría fue un fallo político.

         2013 La Fiscalía presentó cargos contra González Mosquera, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, al destinar $16  mil millones, recursos propios del Departamento y de la salud y educación, provenientes del SGP por que fueron trasladados a Probolsa,  entidad que no contaba con los permisos legales para captar dinero.

         2016 Tesorera de la Gobernación del Cauca, Primera Condenada en el Caso Probolsa. En preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y María Elena Ramírez Rengifo, tesorera de la Gobernación del Cauca, fue condenada a 48 meses de prisión por peculado culposo.

Héctor Jairo Bonilla. Representante de Probolsa, Se encuentra vinculado al proceso como persona ausente. ‘Perseguido Político’

2008 Las Pirámides.   Robo $2.16 billones en 2008. En esta ocasión el estado tuvo que intervenir drásticamente, declarando el estado de emergencia social en el país, debido a una serie de acontecimientos ocurridos a raíz de la quiebra de varias empresas que, bajo diferentes figuras, ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes y que han sido acusadas por las autoridades de actividades ilegales como esquemas piramidales, captación masiva e ilegal de dinero y lavado de activos las más importantes y protagonistas de este escándalo; Proyecciones DRFE y DMG. La sospecha de inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se refieran originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque se sospecha que algunas de ellas escondían otro tipo de delitos como lavado de dinero, producto de otras actividades ilegales como el narcotráfico. Estas empresas afectaron la economía del país.

2008 DRFE. Robo $4 billones. Victimas 400 mil personas. Sedes 74 en 11 departamentos, principalmente en los departamentos de Cauca, Huila y Nariño. Carlos Alfredo Suárez, representante y cerebro, condenado a 18 años de prisión, por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, lavado de activos. Está recluido en la cárcel de La Dorada.

Por los hechos que protagonizaron miembros de la captadora ilegal DRFE en el año 2008 y que dejaron como resultado más de 400 mil víctimas en todo el país, fue sentenciada a 22 años, 6 meses de prisión y multa de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, Margarita Mélida Tovar Velasco.

2008 DMG. David Murcia Guzmán. Robo $4 billones. Afectados 240 mil personas. En el año 2008 el emporio que DMG, David Murcia Guzmán, comenzó a construir 3 años antes se desplomó tras ser capturado en Panamá, después de que le imputaran captación ilegal de dinero y lavado de activos. Murcia Guzmán, quien fue relacionado con reconocidos narcos como a. ‘Macaco’ y Juan Carlos Abadía a.  ‘chupeta’, habría defraudado a centenares de ahorradores en cerca $4 billones, según la Supersociedades.

Suscitada a raíz de la intervención, por parte del Estado, de la empresa de esquema piramidal D.M.G. Grupo Holding S.A., luego de la crisis económica, social y de orden público generada por esta empresa.​

Después de estar preso en Usa por 7 años, como parte de la negociación con la justicia en USA en 2010, Murcia reconoció la posesión de us7 millones de dólares en bienes que fueron entregados al Gobierno Norteamericano. Saldrá de la prisión en noviembre 11 de 2017. El creador de la pirámide DMG, David Murcia Guzmán, deberá volver a Colombia a cumplir una condena de 22 años de cárcel.

DMG Política. Aporte campañas políticas por más de $1 mil millones. La fiscalía advirtió que también existen nexos entre DMG y algunos congresistas para favorecer, mediante leyes, intereses comerciales de la compañía. ​       El Procurador Maya, anunció investigación disciplinaria contra gobernadores, diputados y alcaldes que estuvieran vinculados a este escándalo y anuncio también que le pedirá al consejo electoral los resultados financieros de las campañas para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, con el propósito de establecer si estas campañas recibieron dineros de DMG.

En grabaciones Murcia, gerente de DMG, conversa con su cuñado William Suárez ambos condenados, dejando en evidencia la entrega de $400 millones en 2008, como contribución a la campaña política del candidato a la gobernación de Boyacá y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, magistrado del consejo de la judicatura, a quien nunca se le abrió investigación por estos hechos.​ En dicha grabación, Murcia Guzmán manifestó haber apoyado a más de 10 congresistas y políticos ganadores en las elecciones de 2007.

​         De estas investigaciones, sólo una dio frutos al destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos al personero de Bogotá; Francisco Rojas Birry, además de ser enviado a prisión por 8 años.​

De igual manera, la Fiscalía abrió investigación contra los gobernadores y alcaldes, por sus vínculos con D.M.G., señalados de recibir recursos para la financiación de las campañas políticas, por parte de DMG:

1º Pedro Alonso Sanabria, Gobernación de Boyacá;

2º Jorge Enrique Guáqueta; Alcaldía de Suesca, Cundinamarca;

3º Juan Pablo Díazgranados Pinedo, Alcaldía de Santa Marta, Magdalena

4º Omar Díazgranados Velásquez, Gobernación del Magdalena

5º Joaco Berrío, Gobernación de Bolívar

6º Felipe Guzmán, Gobernación de Putumayo

7º Raúl Iván Flores, Gobernación de Casanare

8º Jorge Pérez, Gobernación de La Guajira

9º Pedro Gallardo, Gobernación de San Andrés

10º Darío Vásquez, Gobernación del Meta

11º Mario Aristizabal, Gobernación de Caldas

12º Arturo García y Pedro Alonso Sanabria, Gobernación de Boyacá

13º Juan Carlos Abadía, Gobernación del Valle

14º 50 alcaldes municipales

2012 Interbolsa.  Robo $400  mil millones. Trama. En el momento menos esperado, en las circunstancias más ilógicas, durante el año 2012, la comisionista Interbolsa fue intervenida, el principal corredor de bolsa en Colombia. Una de las razones principales por las cuales se empezó el proceso, fue la deuda que la comisionista tenía con el banco español BBVA por una suma de $20 mil millones. El descalabro de la firma, con un portafolio de 174 millones de dólares, es quizás el más sonado de los últimos años, una historia de corrupción que defraudó a 1.260 inversionistas que perdieron más del billón de pesos. Efectos. El desvío de dineros obtenidos mediante préstamos por $248 mil millones, utilizados por la directiva de Interbolsa para uso personal. La incautación de bienes y empresas intervenidas por una deuda pendiente de Fondo Premium, por un valor de $350 mil millones. El descalabro de varias empresas intervenidas por Interbolsa en operaciones financieras de altas sumas de dinero. La consolidación de una feria de contratos para el registro de los incrementos superiores en materia de alquiler de andamios y contrataciones. El escándalo estalló por el del desvío de millonarias sumas de dinero por parte de la directiva de Interbolsa  a su ‘Fondo Premium’ para su uso personal.

Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz montaron un entramado que estafó a inversionistas de Interbolsa y Premium. El expediente de la Fiscalía revela que Jaramillo y Ortiz fueron claves en el manejo irregular de los dineros del Fondo Premium, pues utilizaron varias sociedades en las islas Caribe para ocultar los dineros de los inversionistas de la comisionista. Dichos dineros reposaban en cuentas de las Islas Bahamas, Curazao, Islas Vírgenes Británicas, así como en Panamá, Usa y Colombia, reposaban en el mercado de valores del extranjero para luego desviarlos a otras empresas como las de Víctor Maldonado, -Rentafolio Bursátil y Valores Incorporados- quién fue el mayor beneficiario de Interbolsa.

         La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el presidente de la comisionista Interbolsa, Álvaro de Jesús Tirado, y a 2 miembros del comité de riesgo de la compañía, Luis Fernando Restrepo y Álvaro Andrés Cámaro. Los 3 son responsables de manipulación fraudulenta de especies, concierto para delinquir, administración desleal y falsedad en documento. “Conocían de forma directa las irregularidades que se estaban presentando al interior de la firma comisionista”. No solo no detuvieron las irregularidades que permitieron el descalabro de la corredora, sino que permitieron la conformación de un grupo que favorecería el desfalco. “Manipularon a su antojo el precio de la especie de Fabricato, que durante el año 2011, Fabricato representó uno de los mayores aumentos en el mercado accionista, su acción pasó de $26,20 en enero, a $84,99 en diciembre. Lo que llevó a que la corredora tuviera un daño financiero de más de $66.200 millones en 2012, permitiendo las transacciones del grupo Corridori, sin tener en cuenta su falta de liquidez. Los funcionarios tenían la obligación de tomar las medidas para proteger el dinero de los inversionistas y no la cumplieron; al contrario, pusieron a la comisionista al servicio de Alessandro Corridori y otras personas que se terminaron por lucrar de esas operaciones. Además fueron claves para que Corridori recibiera $248mil millones en préstamos.

2013. El empresario Jorge Hernán Echavarría, uno de los principales accionistas de Fabricato,  se suicidó el pasado miércoles en la noche en su apartamento en Medellín. Según sus familiares, Echavarría estaba en tratamiento psiquiátrico, a causa de su crisis económica. Su salud mental se agravó luego del escándalo de Interbolsa, pues Echavarría figuraba como uno de los responsables en el desfalco. El empresario paisa, que tenía 73 años, fue gerente de la Bolsa de Valores de Medellín en el 2003.

Implicados. Entre enero y febrero de 2014, la Fiscalía realizo 20 imputaciones a implicados en el caso Interbolsa y espera a que los jueces encargados del sonado desfalco concreten fechas para continuar el proceso de imputaciones.

Quedaron en libertad: Luz Andrea Colmenares, Eduardo Colmenares y Mauricio Infante Niño.

Los cargos son administración desleal, manipulación fraudulenta de especies, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir. Con medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación por el desfalco de Interbolsa.

1º Rodrigo Jaramillo Correa. 
Cabeza de Interbolsa, condenado por manipulación fraudulenta y administración desleal, a 7 años de prisión domiciliaria, multa de $7 mil millones.

2ºTomás Jaramillo. 
En marzo de 2017 fue condenado a 5 años y 9 meses de prisión, con beneficio de casa por cárcel. Como principal implicados en el caso del millonario desfalco de Interbolsa, luego de aceptar en febrero del 2016 cargos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional. Pasaron cerca de 6 años para que los responsables en el caso de Interbolsa, que salió a la luz en noviembre del 2012, recibieran una condena. Jaramillo le debe a la Dian cerca de $27.000 millones, 

3º Juan Carlos Ortiz. 
Condenado a 5 años y 9 meses de prisión, con beneficio de casa por cárcel en marzo de 2017. Como principal, luego de aceptar en febrero del 2016 cargos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional. Ortiz debe  $16.000 millones a la Dian.

La fiscalía aseguró que tanto Ortiz como Jaramillo seguirán en juicio por captación masiva e ilegal de dinero del público y el no reintegro, cargos que no reconocieron, y les negó el derecho de oportunidad.

4º Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez. 
Imputado en el 2015 por los cargos de manipulación fraudulenta de especies y estafa masiva agravada. Con el 30% de acciones dentro de la comisionista.   Maldonado ya no tendrá brazalete electrónico ni restricción de movilidad y se convierte en el décimo implicado en el caso Interbolsa y Fondo Premium que es liberado de la pena carcelaria por vencimiento de términos.

5º Alessandro Corridori, 
mayor accionista de Fabricato, directivo de Interbolsa, libre en enero de 2015.

6º Claudia Jaramillo Palacios. 
Esposa  Corridori. Libre en enero de 2015.

7º Ricardo Martínez. 
Gerente de Valores Incorporados, filial del Fondo Premium. Condenado a 5 años. En libertad condicional. Martínez había logrado un principio de oportunidad con la Fiscalía. Imputado en el 2015 por manipulación fraudulenta de especies y estafa masiva agravada.

8º Clemencia Soto, 
asesora comercial de la comisionista, paga 4 años, en su residencia.

9º Johan Alexánder Muñoz, 
gerente de Valores Incorporados, recibió la condena más severa tras aceptar todos los delitos imputados por la Fiscalía. Paga 13 años de cárcel en centro penitenciario. Irónicamente, un mando medio se llevó el mayor castigo.

10º Javier Tomás Villadiego.

Investigado por manipulación fraudulenta de especies, administración desleal y concierto para delinquir.

11º Carlos Arturo Neira Llache. 
Representante de P&P Investment, Libre en enero de 2015.

12º María Eugenia Jaramillo. 
Le fue asignada la casa por cárcel.

         13º y 14º Rafael Saravia Pinilla y Alfredo Ramos Bermúdez, 
integrantes de la junta directiva. En 2013 la Fiscalía los imputo por malos manejos administrativos al “no adoptar las medidas pertinentes ni las políticas necesarias para cumplir con la administración de los recursos de las personas inversionistas, que por el contrario elevaron el riesgo al autorizar cupos de endeudamiento presuntamente irregular”.

         14º Álvaro de Jesús  Tirado. 
Presidente de la comisionista Interbolsa.    También recibió negación en segunda estancia de la solicitud de nulidad presentada por su representante.

15º Luis Fernando Restrepo. 
Del comité de riesgo.

16º Álvaro Andrés Cámaro. 
Del comité de riesgo.

17º Rachid Maluf Raad. 
Gerente del Fondo Premium de Interbolsa. En libertad en 2016. Imputado en 2015 por manipulación fraudulenta de especies y estafa masiva agravada.

18º Claudia Patricia Aristizábal González. 
Representante Rentafolio Bursátil y Financiero, directivos del Fondo Premium. En 2016 libre por vencimiento de términos. Imputada en 2015 por manipulación fraudulenta de especies y estafa masiva agravada.

         19º Natalia Zúñiga Isaacs. 
Representante de Valores Incorporados. Directivo del Fondo Premium.  En 2016 libre por vencimiento de términos. Imputada en 2015 por manipulación fraudulenta de especies y estafa masiva agravada.

20º Juan Andrés Tirado Moreno. 
Directivo del Fondo Premium. En libertad en 2016.

21º Jorge Mauricio Infante Niño. 
Director de la Unidad Administrativa de Inversión de Interbolsa. En 2014 le imputaron cargos por el delito de falsedad material en documento privado.  Además, está siendo investigado por concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especie, operaciones no autorizadas y administración desleal.  Infante, como presidente de la Sociedad Administradora de Inversiones de Interbolsa, habría permitido que se le otorgaran “créditos a favor de la empresas de Corridori”, a pesar de que estos estuvieran fuera de la ley. Para ello habría falsificado varias actas de la junta directiva de la Clínica Candelaria para realizar las operaciones bursátiles sin el aval de los inversionistas. En 2015 Infante salió del país y está tramitando ‘Asilo Político’ en Usa.

2015 Internacional Compañía de Financiamiento. Robo $365mil millones. Los vinculados al desfalco son: el español Sergio Cortés Rodríguez; los venezolanos José Alejandro Rodríguez Roquett y José Cayetano Morao Patiño, y los colombianos Rafael Alberto Jaimes Viloria y Víctor Alfredo Vargas Irausquén.

         La superfinanciera ordenó liquidar la ‘Internacional Compañía de Financiamiento’, una empresa financiera relativamente insignificante. Lo que debería ser un acto algo rutinario de supervisión efectiva se convirtió, en escándalo financiero. 

         Empresarios españoles, dinero oficial cuantioso, ahorros del público, de viudas y huérfanos, de órdenes religiosas, que nunca faltan. Además, compañías de papel, autopréstamos y cheques chimbos guardados en bolsas de plástico.

         El desfalco involucra recursos por más de $365.000 millones, la mitad de los cuales son ‘recursos públicos’, provenientes de 3 entidades Findeter, Finagro y Bancoldex. El crédito otorgado por Bancóldex a Internacional Compañía Financiera por $6  mil millones, se logró establecer que el retorno de estos recursos será muy complejo debido a que la prioridad en el proceso de liquidación son los ahorradores.

         Se trata de cartera de redescuento, colocada en unas 234 operaciones de fomento, cuyo cobro se ha trasladado a las entidades fondeadoras.

         El seguro de depósito de Fogafín cubrirá el 100% de las inversiones de 6.600 personas, casi el 85% de los ahorradores. O sea, el Estado es el asegurador de última instancia de todo lo que pase y deje de pasar en la economía, la privatización de las utilidades y la socialización de las pérdidas.

         Quienes deben responder por la gestión y por la defraudación, son en primer lugar los administradores y empleados directivos de la compañía, su junta, la firma auditoría y la calificadora de riesgos. La responsabilidad deberá ser primero civil, es decir, reparadora de los daños económicos y, subsidiariamente, penal.

2016 Las Libranzas

Rédito. 
Elite. 
Estraval. 
Vesting Grup. 

Robo $2 billones. Más de 250 entidades y empresas, entre ellas 54 alcaldías, 29 concejos, 18 cooperativas, más de 10.000 inversionistas, fueron  estafadas al invertir en el mercado secundario de libranzas, a través de empresas como Rédito, Estraval, Elite, Vesting Grup, aliadas con ciertas cooperativas de libranzas.

Los pagarés-libranza ofrecidos estas empresas de libranzas resultaron no estar respaldados por los montos establecidos. Según la Fiscalía, esto no fue por omisión, sino que estas empresas modificaron el mercado secundario, para introducirse y hacer captación masiva e ilegal de fondos; básicamente, un  esquema pirámide. Este desfalco llevó al cese de pagos a los inversionistas y la pérdida de sus ahorros. Se estima que las pérdidas pueden ascender a más de $1.5 billones​ en 2016 de más de 10.000 pequeños ahorradores o personas naturales, así como de grandes instituciones y fondos de pensiones.

La  supersociedades inició acciones contra Estraval y Élite desde agosto de 2015. La supersolidaria, ha liquidado a 6 cooperativas de libranzas, y ha abierto investigaciones a más de 12 cooperativas por el caso Estraval, y 12 por el caso Elite.​ La Fiscalía imputó cargos contra miembros de Estraval y Elite por captación masiva e ilegal de dinero.​

         1º Rédito S.A. . Robo  $12 mil millones. Con domicilio en Medellín. Otra captadora ilegal, objeto de intervención. Donde figura Juan Carlos Tavera, ex Global Securitires, Proyectar Valores, quien captó dineros del público a más de 50 inversionistas por valor de $12 mil millones. Aquí el interventor Javier Suárez ha brillado por su falta de gestión a pesar de haberle denunciado oportunamente todos los bienes que tenían los captadores. El hombre no fue diligente en embargarlos y fueron en su mayoría traspasados a terceros, al igual que los bienes del gerente Edwin Lopera. Ni siquiera ha iniciado las acciones revocatorias del caso.

         2º Elite International Américas.  Robo $800 mil millones de pesos. 6 mil clientes. La supersociedades ordenó la liquidación de sus bienes en agosto de 2016 para Élite.  La supersolidaria, ha liquidado 12 cooperativas por el caso Elite.​ La Fiscalía imputó cargos contra miembros de Elite por captación masiva e ilegal de dinero.​

Elite nació en octubre de 2011 con la visión de “ser reconocida en el 2012 y en los años venideros como la compañía más visionaria e innovadora del mercado para en 2016 ser la compañía con mayores ventas y utilidades de sector”, es así como Francisco Odriozola, Marino Salgado y José Alejandro Navas Vengoechea, representante de Elite, empezaron a convencer a sus clientes de adquirir libranzas con una rentabilidad de 2,08% mensual a 60 meses, es decir, un retorno total del 76% a cinco años.

3º Vesting Group Colombia S.A.S. Robo $150 mil millones. La supersociedades adoptó la medida que cobija bienes, haberes, negocios y patrimonio de Vesting Group Colombia S.A.S., Vesting Group S.A.S., así como de 3 particulares: Hernán Ospina Clavijo, Rodrigo Moreno Navarrete y Mario Humberto Chacón Martínez, responsables del desfalco.

4º Estraval. Estrategias en Valores S.A. Robo $500 mil millones. Afectados 4 mil personas. Se ha conocido que Fernando Joya, alto directivo de Estraval, está haciendo acercamientos con la Fiscalía para buscar rebaja en la pena y ha suministrado información que permite esclarecer lo que ocurrió al interior de esta firma y quienes son las personas que participaron en todo el descalabro financiero por más de un $1 billón, y si se pagará capital e intereses a los inversionistas.

         Dentro de las personas mencionadas hay un expresidente y un superintendente. Y también se espera que haya un Estraval 2, con una serie de órdenes de captura a más involucrados en el descalabro financiero.

         Estraval. El lote de Colombian Land tiene un avalúo máximo de $214.000.000.000, de los cuales se han pagado $12.391.160.731. La supersociedades decide que el monto actualizado de los valores que debe restituir a la intervención, María Matilde Carrasquilla Sicard, es de $ 13.316.092.692. Lo que significa que de un plumazo los afectados de Estraval perdieron $200 mil millones.

4.1º Banco Agrario y Estraval. Detrimento patrimonial de $20 mil millones para el BAC, Banco Agrario por Estraval. Lo estableció la Contraloría, derivado de la celebración y ejecución del contrato de compra de cartera de libranza a descuento celebrado por el BAC y Estraval.

         En virtud del mencionado negocio de compra de cartera, el BAC compró a Estraval créditos de libranza no vencida, originados por varias cooperativas, por valor de $24.126 millones, correspondiente a 5.359 libranzas, y le delegó a Estraval funciones esenciales, como lo eran la administración, el cobro y el recaudo de dicha cartera.