2013 Carrusel de
Pensiones. Magistrados del Consejo de la Judicatura. Robo $14 mil millones.
Denunciado por María Mercedes López Mora, Magistrada de la Judicatura, al encontrar que magistrados de las altas
cortes, nombraron, a familiares y personas allegadas a ellos para que, en
períodos cortos, se hicieran acreedores a pensiones que podían triplicar el
salario que devengaban antes de llegar a la Judicatura. En manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara,
cuestionada desde la absolución de Samper en el ‘Proceso 8.000’, estaba la
misión de investigar a los magistrados que habrían promovido este ‘chanchullo’.
Sin embargo, en 2013 la Comisión decidió archivar el proceso. Pese a ello, la
Contraloría abrió investigación fiscal en 2012 a los magistrados implicados por
detrimento patrimonial al Estado en más de $3.500millones.
La Contraloría, dio inicio a las
investigaciones de los magistrados por un incremento sus salarios y ascensos de
cargos para elevar el promedio de la pensión, un año antes de jubilarse. Dentro
de la polémica que se generó, también cayó el gobernador del Cauca, Temístocles
Ortega Narváez, por sus actuaciones cuando fue presidente del Consejo de la
Judicatura, razón por la cual la Contraloría lo llamó a Juicio Fiscal junto con
20 magistrados y ex magistrados de la rama judicial y a 200 magistrados de las
altas Cortes, que estaban siendo investigados por las entidades reguladoras.
Según los cálculos de la Contraloría, el valor del detrimento patrimonial
ocasionado, llega a más de $14.000
millones año a año.
La investigación fue anulada por la Corte Suprema, al
considerar que la Contraloría no tiene la jurisdicción para investigar, sobre
el destino de los dineros de los colombianos, ni a magistrados de las altas
cortes, ni al fiscal de estos magistrados, ni al Presidente y Vicepresidente, es
el incorruptible congreso quien los destituye de sus cargos, para que luego
sean investigados, ya sin investidura, por los respectivos entes de control.
El `carrusel
de las pensiones` es un asunto que viene desde años atrás, está relacionado con
una costumbre de los sectores privilegiados de servidores públicos que hacen un esguince ilegal para obtener
pensiones por encima de la ley, ningún órgano de control investiga ni sanciona,
quedan en total impunidad. Los magistrados, jueces y funcionarios judiciales
incrementan sus salarios, vía ascensos de cargos, un año antes de jubilarse.
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