9º 1994-1998

9º 1994-1998

1994-1998 Proceso 8.000. 
“Todo fue a mis espaldas”
Fue el nombre con el que se conoció en 1995 el proceso judicial que se emprendió contra el presidente de la República, Samper, bajo la acusación de recibir financiación del Cartel de Cali para su campaña a la Casa de Nariño y hasta pago por su absolución. El escándalo involucró a decenas de políticos, periodistas, deportistas y personajes de la farándula.

Estalló en abril de 1995, a raíz de unas grabaciones entregadas por la DEA al derrotado candidato presidencial Andrés Pastrana y luego presentadas por éste a los medios, no a las autoridades, se destapo el escándalo conocido como ‘Proceso 8.000’, por la injerencia de dineros del cartel de Cali, de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, para la campaña presidencial, que llevó a la Presidencia a Samper 1994-1998. En agosto15 de 1995 le tocó el turno al mindefensa y jefe de la campaña de Samper, Fernando Botero, quien fue puesto en detención en la Escuela de Caballería del Ejército por haber recibido Botero us8 millones de dólares del cártel de Cali.

En enero 22 de 1996, ocho meses después de su detención, Fernando Botero se decidió a hablar, delatando que esas reuniones, contaban con la participación de los liberales Ernesto Samper, Horacio Serpa y Rodrigo Pardo.

El Cartel de Cali ‘unto’ con su dinero a todo tipo de personajes. Se investigó y condenó a prisión a periodistas, artistas, dirigentes del fútbol, servidor público, congresistas, candidatos, ministros del Samper.

Mogollón y Samper. 
Con todas las pruebas y testimonios para ser inhabilitado de su cargo y encarcelado, la Cámara de Representantes aprobó la preclusión sugerida por la Comisión de Acusaciones y absuelve de manera polémica a Samper, archivando el proceso.​

         Al ser el presidente en ejercicio, se adujo ilegalmente, que no podía ser investigado ni juzgado por la justicia ordinaria sino por el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, a pesar de que cuando recibió el dinero y la financiación del cartel de Cali no era presidente, era un particular.

Fernando Botero Zea. 
La condena más significativa dentro del proceso8.000 fue la de Botero, representante legal y director de la campaña ‘Samper Presidente’, Condenado en octubre de 1996 a 5 años y 3 meses de prisión por enriquecimiento ilícito a favor de terceros, dados los señalamientos de la Fiscalía sobre su conocimiento de la filtración de dineros del narcotráfico en la campaña. En Febrero de 1998, luego de 30 meses detenido, recobró su libertad, aunque quedó ‘debiendo’  la multa que le impuso el juez por us1.655.594.

         Sin embargo, sus deudas con la justicia no quedaron saldadas, porque, según se denunció, en 1993 algunos empresarios y empresas ofrecieron hacer un aporte a la campaña de Samper en el exterior. Botero puso a disposición sus cuentas personales en Nueva York para canalizar esos recursos sin revelar el nombre de los donantes. De esa forma, no habría que registrarlos en la contabilidad oficial y la campaña podría sobrepasar el tope máximo reglamentario que ascendía a us2.069.492. Así, a las cuentas personales de Botero Zea ingresaron us1.725.000 donados por diferentes empresas.

La investigación de la Fiscalía determinó que en 1994, entre la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial, Botero trasladó us1 millón de sus cuentas de Nueva York a Bogotá. El dinero fue transferido a la sucursal del Banco de Colombia en Panamá y allá se expidieron unos bonos Ley 55 que fueron repartidos entre 9 personas allegadas a Fernando Botero. Esas personas recibieron cheques de gerencia que fueron endosados por ellos mismos y entregados a Botero Zea. Según las denuncias, estos dineros provenientes de Nueva York no fueron invertidos en su totalidad en la campaña. Las investigaciones de la Fiscalía, señalaron que Botero Zea se había apoderado de us413.898, que fueron invertidos en la compra de una finca en el municipio de Tabio, Cundinamarca.

En noviembre del 2002 la Fiscalía y la Procuraduría pidieron condenarlo por hurto, al plantear que, como director de la campaña de Samper, se apoderó de la cifra mencionada destinada a la misma. El dinero habría sido consignado en 3 cuentas que Botero tenía en bancos de E.U. En Abril del 2003 el Tribunal de Bogotá lo condenó a 30meses de prisión por hurto agravado. El 24 de Enero de 2007 Corte Suprema falló en contra de Botero Zea. No obstante, él se encontraba viviendo en México, donde se instaló después de cumplir su primera condena. Por haber nacido en México, país que prohíbe la extradición de sus nacionales, Botero Zea no ha regresado al país a pagar su condena.

‘Pacto de Recoletos’.  
Samper se reunió en España, cuando era embajador, con Alberto Giraldo y Eduardo Mestre,

Medina.

La ‘monita’ Retrechera. Asesinada.

         El chofer de Serpa. Asesinado.

          Ecosalud quiebra

falta

         1995 Alvaro Gómez Hurtado. 
       Asesinado en noviembre 2 de 1995. 
    Magnicida que sigue en total impunidad. 
Hernando Gómez Bustamante a. ‘rasguño’ declaro que los autores fueron: ‘el hombre del overol’   máximo jefe del ‘cartel del norte del Valle’, ‘don efra’, la orden vino de alias ‘el gordo’ y Horacio. Danilo González, coronel en activo de la Policía, comandante del Gaula, la unidad de operaciones más importante de la Policía, había asesinado directamente a Gómez y el mismo Danilo se lo reconoce a.  ‘rasguño’. El motivo era que si Gómez llegaba al poder los narcos serían extraditados. Porque a pesar de que buscaron caminos para sobornarlo, para que dejara de hacer oposición al gobierno nacional, nunca tuvieron cómo ni dejó siquiera acercar los emisarios para que se callara. 
   A 23 años del asesinato totalmente impune de Gómez Hurtado, pese a todo tipo de intentos de la familia para levantar el velo espeso que rodea el caso, sus ideas vuelven a cobrar vigencia inusitada cuando el país se desploma en el desbarrancadero del régimen. 

1996-1998 Cartel Azul. FAC. Coca y Heroína. 
En noviembre de 1998 fueron hallados 725 kilos de cocaína avaluados us18 millones en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, que aterrizó en el aeropuerto de Fort Lauderdale en Usa. La cocaína estaba camuflada en 4 plataformas metálicas de carga, y 1.304 gramos netos de heroína mimetizados en una de las mallas de la aeronave.

         Los 700 paquetes en lo que estaba empacada la droga fueron introducidos en hangares del Centro Aéreo de Transporte Militar, Catam en Bogotá. Este evento, evidenció la existencia de una organización al interior de la FAC que se dedicaba al tráfico de estupefacientes llamada el ‘cartel azul’, que estaría operando desde Catam. Desde 1996 se había iniciado un juicio que seguía a 3 técnicos de la institución armada, sindicados de haber ocultado heroína en uno de los compartimentos del avión en el que el entonces Presidente Samper viajaría a Nueva York en septiembre 19 de 1996. Uno de los técnicos detenidos, dio las listas de oficiales y suboficiales que, según él, habían estado vinculados a la actividad clandestina del trasiego de drogas y explicó cómo operan las rutas en las que se utilizan aviones de la institución. Estos hechos fueron investigados por la Fiscalía que mencionó nexos de miembros de la FAC con el  Jairo Correa Alzate.

Además de propiciar la renuncia del General de la Armada Manuel Sandoval, la tripulación de la aeronave, oficiales y suboficiales de la FAC, fue enjuiciado por ese caso y en abril 10 del 2002 fueron condenados el Teniente Ricardo Ramírez Ruiz y al Cabo Ismael Pulido Gómez a 15 años de prisión. Sin embargo el Teniente y el Cabo presentaron a la FAC una de la sentencia de absolución firmada por el magistrado  Sigifredo Espinosa con el fin de no ser retirados de la institución. El documento resultó ser falso y por tal motivo fueron capturados, aceptando sus cargos por fraude procesal.

Implicados: Luis Fernando Cañaveral, Privado, Gonzalo Alberto Noguera, Mayor FAC, Jairo Alberto Payán Bolaños, Teniente Coronel de la FAC, Ismael Pulido Gómez, Cabo FAC, Ricardo Alberto Támara Gómez, Teniente FAC, Juan Ricardo Ruiz Ramírez, Teniente FAC,

1998 Termorío. Corelca. 
Corto circuito.  
En 1997, la Electrificadora del Atlántico, Electranta, abrió una convocatoria para adquirir energía, proceso que se le adjudicó a TermoRío, filial de Sithe Energies de Usa. Para la época se presentó la crisis de las electrificadoras de la Costa Atlántica que no pudieron cumplir con sus obligaciones. Ante esta situación TermoRío acudió a un Tribunal Internacional de Arbitramento que en diciembre de 2000 condenó a Electranta a pagarle a TermoRío más de 60 millones de dólares. Pero el gobierno llevó el fallo ante el Consejo de Estado por considerar que dicho tribunal con sede en París, no estaba autorizado por la legislación local colombiana en el momento de efectuar el arbitraje. Y este año el Consejo acogió la tesis del gobierno y anuló el proceso que ganó TermoRío, con lo cual el país se salvó de pagar 61 millones de dólares. Sin embargo, la empresa dueña de TermoRío, Sithe Energies, anunció que no compartía la decisión de los jueces colombianos y que recurriría a todas las instancias nacionales e internacionales para lograr que se cumpla el fallo inicial.

Corelca, Gendelca y Transelca.
Electrificadoras, fortines burocráticos de los políticos de la Costa, debido a un laudo arbitral del Tribunal Internacional de Arbitramento, condena a la Nación a pagar la suma de us60.3 millones de dólares, por concepto de indemnización al Consorcio Termorío S.A. E.S.P., por el incumplimiento de un contrato por parte de Electranta, empresa subsidiaria de Corelca, una generadora de energía de propiedad del estado. Esa suma equivale al monto del presupuesto anual para el programa de vivienda de interés social VIS. Se condenó a 134 meses de prisión al superserviciospúblicos, Enrique Ramírez Yáñez, al abogado Marino Zuluaga y a Marlén Valderrama, por peculado por apropiación, interés ilícito en la celebración de contratos y multa de $111 millones a cada uno.​

En abril 30 de 2002 estuvo en Bogotá William Lash, Secretario Adjunto de Comercio de Usa, quien vino a presionar el pago de sendos contratos en litigio a 2 transnacionales de su país: el famoso de Termorío y uno de los de ‘riesgo compartido’ de Telecom. 

Su tono imperial no pudo ser más explícito: "Le enviamos al gobierno un mensaje muy claro: para gozar de los beneficios del ATPA, que está pendiente en el Congreso de Usa, tiene que demostrar que está honrando las decisiones de los tribunales de arbitramento, lo cual está seriamente en duda dado lo ocurrido en Nortel, para poner un ejemplo". Y cuando se le preguntó por qué relacionaba una cosa con la otra, le contestó a la prensa: "El ATPA fue creado para compensar a los países en su lucha contra las drogas, pero los beneficios no pueden ser gratuitos". Además, se sabe que la primera condición estadounidense para iniciar la negociación del TLC, es darles solución a los reclamos de sus monopolios.

Electricaribe. 
Robo 8 Billones. 
El gobierno de Samper, lidero y realizo la más grande privatización del sector Eléctrico y activos de Energía en la historia de Colombia, en asocio con los ministros Rodrigo Villamizar de Energía y Minas y Saulo Arboleda de Comunicaciones, del ‘Miti-Miti’.

         Vendieron pronto activos de generación propiedad de la Nación, y las actividades de generación, transmisión y distribución de la antigua CVC, empaquetados en una nueva sociedad, Empresa de Energía del Pacífico EPSA. Además se vendieron las 7 empresas electrificadoras de la Costa Caribe. Se vinculó capital privado a ISA e ISAGÉN, se convirtió la EEB en accionista mayoritario de empresas de generación y distribución con accionistas minoritarios en ejercicio del control administrativo, y se impulsaron inversiones en generación con gas, para acelerar el proceso para reducir la excesiva dependencia de la energía hidráulica.

Electricaribe y los líos del sistema eléctrico. 

Cuatro presidentes Gaviria, Samper, AUV, Santos están comprometidos en las fallas que mantienen a Colombia siempre ad portas del apagón. 

Electricaribe, preocupan las implicaciones económicas y sociales derivadas de las elevadas pérdidas comerciales y técnicas en la Costa Atlántica, problema permanente desde que se vendieron las electrificadoras públicas de la región, por Samper y Rodrigo Villamizar.

Electricaribe Subsidios  ‘no reembolsables’. 
La Contraloría encontró que Electricaribe utilizó recursos de subsidios girados por el Gobierno Nacional para usuarios de estratos 1 y 2 de los siete departamentos de la Costa Atlántica para disminuir sus pérdidas. El Gobierno le giró más de $78.500 millones que debían usarse para subsidiar el servicio de cerca de 600.000 usuarios; Para llegar a dicha conclusión, el ente de control analizó un promedio de 800.000 facturas mensuales, por lo que, en total, se revisaron 19 millones de facturas.

1997-99 ‘Miti-Miti’. 
Surgió por licitación para adjudicar, 81 emisoras en frecuencia modulada FM. 
En 1999 el mincomunicaciones Saulo Arboleda recibió una sanción disciplinaria con multa equivalente a 90 días de salario e inhabilidad para ejercer cargos públicos por igual periodo y en octubre 25 de 2000, fue condenado por la Corte Suprema.​ Para la Procuraduría, Arboleda planeó entregar el monopolio del espectro electromagnético a un proponente que no estaba dentro de lo estipulado en las cláusulas de la licitación.

         Rodrigo Villamizar, minminas, personaje siniestro e importante de la endogámica clase política-aristocrática del país caribeño se voló de Colombia tras ser condenado a más de 4 años de cárcel por un caso de corrupción, al interferir en la concesión de licencias radiofónicas. En España fue bien acogido por el gobierno de Aznar durante su calvario procesal, al que puso fin una controvertida decisión de la Corte Constitucional Colombiana, que consideró prescrito el delito.

Teléfono intervenido. Arboleda y Villamizar, gestionaban la asignación de emisoras de radio para algunos de sus recomendados. La grabación permitió conocer la decisión del presidente de adjudicar una de las frecuencias a ‘Oiga, Mire, Vea’, en la que tenía interés el Alcalde de Cali en 1997, Mauricio Guzmán, y la intención de los ministros de cambiar la decisión a favor del periodista ‘MAO’ Mario Alfonso Escobar.

1999 Bancos Andino y del Pacífico.  
Robo $170 mil millones. 
Se llevaron los impuestos.   
Bancos intervenidos en mayo 20 de 1999

Banco del Pacífico. 
Se acusa a funcionarios de la administración Pastrana, entre ellos la superbancaria y minsalud, Sara Ordóñez, de haber dilatado la medida para proteger así inversiones e intereses de varios de sus amigos en el Gobierno.  A la directora de la Dian, Fanny Kertzman se le acusó de que en su caída, el Banpacífico se llevara consigo 53.000 millones de impuestos.

Banco Andino. 
Se denunció que miembros del gobierno tuvieron un trato preferencial.  Al momento de su intervención, el Andino había captado $112.000 millones de recaudo de impuestos que, según la superbancaria, se transfirieron de manera presuntamente ilegal al exterior.

El Procurador, Maya Villazón, reabrió la investigación disciplinaria contra la Kertzman y la ex superintendente Bancaria y a Ordóñez, por los hechos que rodearon la intervención y liquidación de los bancos Pacífico y Andino.