2010 Fiscalía. Directora de
Fiscalías ejercía sin ser abogada. La directora nacional de Fiscalías de La Guajira,
Claudia Elena Lozano Doria, en 2010 recibió $350 millones por devolver un
cargamento de droga a s de La Guajira. Resultó enredada en por una red de
servidores públicos que devolvía cargamentos de cocaína a s.
La Fiscal Lozano
Doria fue llevada ante la justicia por otra investigación: falsificación de
documentos, con los que logró ser nombrada en importantes cargos. A la
funcionaria le imputan cargos ante el Tribunal de Bogotá por falsificación de
sus certificados de notas, su título de abogada y su tarjeta profesional.
2012 Fiscalía. Huila. Tatiana Oliveros Gutiérrez fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario de la Fiscalía de Neiva, Huila, capturada
en diciembre 3 del 2012, con otra abogada. A las 2 detenidas la fiscalía les imputó concierto para
delinquir agravado, teniendo como finalidad el tráfico de estupefacientes y
concusión, y a la fiscal los delitos de falsedad en documentos públicos,
prevaricato por acción y omisión y asesoramiento ilegal por presuntas
irregularidades en el cumplimiento de sus funciones y pertenencia a una
organización criminal. Se impuso la
medida de aseguramiento intramural a las imputadas. En 2015 la
Fiscalía las acuso por nexos con la banda criminal ‘Los Urabeños’ para traficar
con cocaína. Pero además, las actividades ilícitas que realizó para presionar a
empresarios, dirigentes políticos y funcionarios al pago de dinero para no
involucrarlos en procesos por colaboración con grupos paramilitares.
2016 Concejo de la
Judicatura. Nómina paralela en Barranquilla. Robo $4 mil millones. Capturan 11
personas. Un servidor de la Rama Judicial pagó más de $100 millones a personas
que nunca trabajaron para la Judicatura. Reclamaron más de $80 millones de
sueldos a funcionarios que no existían.
2016 Director de la Fiscalía de Medellín. ‘Oficina de Envigado’. Si bien a. ‘Tom’ sería la
cabeza visible de ‘la oficina’, estaría trabajando en asocio con 4 hombres más
en la organización que está dividida en Odines, Organizaciones Delincuenciales
Integradas al narcotráfico, cada uno con una Odin de amplio sector en Medellín
y municipios vecinos: Los mencionados a. ‘Mateo’ y el capturado ‘Diego
chamizo’; Carlos Mauricio Soto Isaza, a. 'Soto', capturado en Marzo 16 de 2017
y Pedro Javier Piedrahíta Ceballos, a. 'Pedro pistolas'; se dice de este último
que tiene sobornada la totalidad de una estación de policía en Medellín y
fiscales en la sede regional de la Fiscalía, lo que ha impedido emitirle una
orden de captura generando discrepancias entre el ente acusador y la Alcaldía
de Medellín, solucionadas con la
renuncia en Septiembre de 2016 del entonces Director de la Fiscalía de la
ciudad.
2017-2012
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
‘Engavetar’ procesos por $200 millones. Misael Alejandro Bautista Castelblanco, secretario de Tribunal a la cárcel por corrupción, cohecho y concusión. La juez 9ª de Conocimiento de
Bogotá, ordenó medida de aseguramiento a Bautista, por manipulación de procesos en el Tribunal. “La Fiscalía demostró la participación del funcionario en un hecho de corrupción contra el
alcalde de Cota, Juan David Balcero, en el proceso por pérdida de investidura en
el año 2012, y que habría recibido $200
millones por sus gestiones”.
2017-2013 La Justicia del Meta. Jueces y Fiscales. La fiscalía en Villavicencio
capturó: 2 fiscales, 2 jueces, 1 exjuez, 1 médico de medicina legal, 1 asesor
jurídico de la cárcel de Villavicencio, 2 investigadores del CTI y 1
exfuncionario de la Fiscalía; todos ellos, realizando maniobras dilatorias para
entorpecer investigaciones que, debieron llevar a la cárcel a integrantes
debandas criminales, sicariales y narcos, Bacrim, del Meta. Aprendieron del
‘cartel de la toga’.
La Fiscalía realizó 24 capturas más, a
miembros de la rama judicial, tres magistrados del Tribunal del Meta,
funcionarios del Inpec, abogados y particulares; a todos ellos, por concierto
para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho
por dar y ofrecer, prevaricato por acción en concurso homogéneo, al comprobarse
que estos ‘servidores públicos’ conformaban desde 2013 una "empresa
criminal" que otorgaba de manera irregular, a cambio de sobornos,
redenciones de pena, sustituciones de medida de detención privativa de la
libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las
sentencias a autores de homicidio, narcotráfico y concierto para delinquir.
2017 Juez de control de garantías en Medellín. Concedió la detención
domiciliaria a 12 personas vinculadas con una operación de lavado de activos en
transacciones de oro, que alcanza la escalofriante cifra de $2 billones.
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