2017 Cartel de la Toga. Magistrados de la Corte. Fiscales.
El 'mega escándalo' de corrupción en la Corte Suprema
estalló en agosto 17 de 2017, cuando el fiscal Martínez anunció que compulsó
copias a la Corte con información y grabaciones que demostrarían la asociación
ilícita entre magistrados y abogados para torcer y archivar procesos a favor de
parlamentarios. La olla podrida se destapó por grabaciones ocultas que hizo la
DEA a conversaciones que sostuvieron en USA en 2017 el entonces jefe
anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, y su socio el abogado
Leonardo Pinilla, con el prófugo exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons,
quienes le habrían pedido $500 millones para frenar las investigaciones al
exmandatario regional. En algunas de esas conversaciones Moreno y Pinilla se
ufanaban de los contactos que decían tener en la alta justicia así como de
supuestos resultados que habrían alcanzado con fallos en la Corte. A partir de
allí se abrieron investigaciones preliminares en la Corte a los congresistas
Hernán Andrade, Álvaro Ashton, Musa Besaile, Luis Alfredo Ramos. En la Comisión
de Acusación de la Cámara a los ex magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas
Bustos. Y en la Fiscalía a los abogados Camilo Tarquino (exmagistrado), Luis
Ignacio Lyons, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla. En las
conversaciones que la DEA interceptó al exgobernador de Córdoba, Alejando
Lyons, y al abogado Leonardo Pinilla se mencionan algunos nombres de otros
magistrados y políticos, así como el detalle del accionar del exdirector
Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno. En una de las conversaciones
interceptadas el abogado Pinilla le dice a Lyons “ese man era el que mandaba en
esa sala, tenía garra con Gustavo Malo, entonces estaban Patricia Salazar,
estaba ahí al lado de Malo, Leonidas tenía a Heyder que después se le volteó,
Barceló era parte, María del Rosario era parte, Salazar era de este lado,
Castro no era ni para acá ni para allá”.
“La justicia colombiana, una venta de garaje. Es una tienda de barrio”. Con
precios y tarifas establecidas, para
seleccionar una tutela desde $30 millones, para fallarla desde $100 millones,
en los procesos "entre los $1.500 y los $3.000
millones para motivar decisiones". Dentro de las altas cortes, constitucional,
suprema, concejo de estado, electoral, tribunales, juzgados, fiscalía, hay
servidores públicos judiciales que negocian ilegalmente los repartos,
engavetamiento, dilaciones, sentencias con fallos inhibitorios, prescripción, preclusión, archivo de procesos.
De 1992 a 2013 se han presentado 3.496 denuncias
ante la Comisión de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes,
de las cuales 1.473 fueron contra *magistrados de las altas cortes* y de estos,
635 procesos fueron archivados.
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