2017 Cartel de la Toga. Magistrados de la Corte. Fiscales.

2017 Cartel de la Toga. Magistrados de la Corte. Fiscales.

El 'mega escándalo' de corrupción en la Corte Suprema estalló en agosto 17 de 2017, cuando el fiscal Martínez anunció que compulsó copias a la Corte con información y grabaciones que demostrarían la asociación ilícita entre magistrados y abogados para torcer y archivar procesos a favor de parlamentarios. La olla podrida se destapó por grabaciones ocultas que hizo la DEA a conversaciones que sostuvieron en USA en 2017 el entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, y su socio el abogado Leonardo Pinilla, con el prófugo exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quienes le habrían pedido $500 millones para frenar las investigaciones al exmandatario regional. En algunas de esas conversaciones Moreno y Pinilla se ufanaban de los contactos que decían tener en la alta justicia así como de supuestos resultados que habrían alcanzado con fallos en la Corte. A partir de allí se abrieron investigaciones preliminares en la Corte a los congresistas Hernán Andrade, Álvaro Ashton, Musa Besaile, Luis Alfredo Ramos. En la Comisión de Acusación de la Cámara a los ex magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos. Y en la Fiscalía a los abogados Camilo Tarquino (exmagistrado), Luis Ignacio Lyons, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla. En las conversaciones que la DEA interceptó al exgobernador de Córdoba, Alejando Lyons, y al abogado Leonardo Pinilla se mencionan algunos nombres de otros magistrados y políticos, así como el detalle del accionar del exdirector Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno. En una de las conversaciones interceptadas el abogado Pinilla le dice a Lyons “ese man era el que mandaba en esa sala, tenía garra con Gustavo Malo, entonces estaban Patricia Salazar, estaba ahí al lado de Malo, Leonidas tenía a Heyder que después se le volteó, Barceló era parte, María del Rosario era parte, Salazar era de este lado, Castro no era ni para acá ni para allá”.

“La justicia colombiana, una venta de garaje. Es una tienda de barrio”. Con precios y tarifas establecidas,     para seleccionar una tutela desde $30 millones, para fallarla desde $100 millones, en los procesos "entre los $1.500 y los $3.000 millones para motivar decisiones". Dentro de las altas cortes, constitucional, suprema, concejo de estado, electoral, tribunales, juzgados, fiscalía, hay servidores públicos judiciales que negocian ilegalmente los repartos, engavetamiento, dilaciones,   sentencias con fallos inhibitorios,   prescripción, preclusión, archivo de procesos.

De 1992 a 2013 se han presentado 3.496 denuncias ante la Comisión de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes, de las cuales 1.473 fueron contra *magistrados de las altas cortes* y de estos, 635 procesos fueron archivados.