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2013 Henry Villarraga. Magistrado

2013 Magistrado Henry Villarraga. Fallos a $400 millones. En octubre de 2013, unas grabaciones fueron reveladas, conversaciones entre el magistrado Villarraga y el coronel del ejército Róbinson González Del Río, condenado en julio de 2014 por peculado y nexos con bandas criminales, donde el magistrado ofrece ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de $400 millones; Del Río tenía 3 investigaciones en su contra: 1ª Por irregularidades en contratación, Peculado; 2ª Por ‘Desapariciones Forzosas’; 3ª Por ‘falsos positivos’ asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros. En las grabaciones hablan sobre un almuerzo con los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón y para lograr, que el proceso en contra del militar quedara en manos de la justicia penal militar, donde los militares investigados podrían ser ‘engavetados’. Pero mejor aún, la investigación quedó en manos de la Comisión de ‘Absoluciones’ de la Cámara; Llamando a indagatoria en 2014 a los magistrados implicados en este caso, provocando la renuncia, tiempo después, del magistrado Villarraga ante el senado, renuncia aceptada por el congreso en pleno, sin condena alguna y las pensiones de $30 millones siguen vigentes.

         Lo que va de Villarraga al fuero penal militar. El asunto de Villarraga tiene más implicaciones, que su renuncia irrevocable, con su actuación quedaal descubierto la poca decencia de los altos funcionarios del Estado, los alarmantes niveles de corrupción de la administración de justicia y la impunidad.

         El servidor público de marras, quien entre otras cosas, es de los pocos colombianos que tenían el honor de hacer parte de los más de 100 magistrados de las altas cortes, y con ello, de los privilegios que dicha dignidad representa: ganan los mismos $30 millones de los honorables congresistas, de los 365 días al año, pueden trabajar sólo 169, con 60 días de permisos remunerados, como el que disfrutó la presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz Rueda, bien utilizados en su crucero por el Caribe, también son merecedores de un régimen tributario especial, además de poder burocrático. Como Magistrados de altascortes, participan de la escogencia del Procurador, Contralor, Registrador, Auditor, 3 magistrados de la Corte Constitucional y 2 de la Corte Suprema, como si fuera poco, en autos oficiales o privados, no pagan gasolina, no tienen pico y placa, pueden transitar por la vía del Transmilenio. ¿Prosigo?
         Debe hacerse énfasis en que el Consejo de la Judicatura, por conductas como la de Villarraga, quien ya había estado relacionado con otros casos de corrupción, está manchada por  el desprestigio desde su creación en la Constitución de 1991, según el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, es la corporación judicial encargada de administrar la rama judicial, como tal, le corresponde decidir sobre contratación, nombramientos de magistrados y funcionarios judiciales, aprobar inversiones, determinar la planta de personal de la rama, administrar la carrera judicial, es decir, administra y decide sobre los más de $3billones de presupuesto anuales, y claro, su sala disciplinaria, de la que hacía parte de Villarraga, decide sobre el conflicto de competencias entre jurisdicciones, como en el caso, la justicia ordinaria sobre la penal militar o viceversa.
         La Corte Constitucional declaró inexequible por vicios en el procedimiento un proyecto de ley que ampliaba el fuero penal militar, y entre otras gabelas, creaba un ‘Tribunal Especial’ para juzgar militares por la comisión de delitos, el ejecutivo, congresistas, los militares activos y retirados mostraron su inmediata indignación por lo que dicen es un “fuerte golpe a la moral de la tropa”, un “triunfo de los enemigos del ejército, la policía, el Esmad”, es más, muchos se atrevieron a poner en tela de juicio la decisión dela corte. El gobierno y elmindefensa, manifestaron el interés del gobierno por presentar otro proyecto de ley que blinde la actuación delos uniformados.
         Con dicha posición tratan de ubicar a los amigos y a los enemigos del ejército, nadie pone en duda su importancia y su legitimidad, empero, hablar de la comisión de delitos por parte de sus miembros tampoco es herejía, menos, comprobar que el fuero penal militar es un privilegio en desuso, que le estorba a la justicia. En los peores momentos del conflicto, el fuero permitió la impunidad respecto a los masivos y reiterados abusos contra la población civil; por ejemplo en las ejecuciones extrajudiciales, mal conocidas como ‘falsos positivos’, vienen siendo procesados 47 coroneles, 66 mayores, 133 capitanes y otros 4.354 uniformados. Pero desde que se hizo pública dicha “práctica contra insurgente”, se han dictado solo 639 condenas.
No se debe olvidar que los militares no son jueces, asumen con las armas del Estado la defensa del establecimiento. En la praxis democrática lo sensato es avanzar hacia una justicia única, ‘una sola corte’, fuerte, imparcial, y civilista, para todos, sin distingo alguno. El fuero Penal Militar es una medida para la guerra, y como ‘esto no es una guerra, sino terrorismo y narcotráfico’.
         No bastando con las implicaciones éticas, políticas e institucionales que arroja el comportamiento de Villarraga, quien a pesar de ser beneficiario de los mejores tratos dispuestos por el Estado para consentir a sus máximos representantes, venía  impartiendo justicia ejerciendo por adicionales $400 millones por proceso, que no son nada, si se analiza las implicaciones de sus actuares irregulares y de favorecimiento dirigidas a salvar de la jurisdicción penal ordinaria y mandar a la justicia penal militar al Coronel Robinson González del Rio acusado de perpetuar asesinato contra 2 humildes campesinos, de otros ‘falsos positivos y peculados’.
         Surgen algunos interrogantes: ¿por qué a un oficial vinculado a estos delitos de lesa humanidad le piden $400 millones para no ser juzgado por la justicia ordinaria, a que temen, si está también se compra y se vende?, ¿qué representa pasar a conocimiento de la justicia penal militar?, ¿impunidad?, ¿a quién o a quienes les conviene entonces revivir el fuero penal militar? Para terminar, ¿hasta cuándo funcionarios venales decidirán sobre las víctimas del conflicto?, ¿cuáles son las garantías reales que ofrece a los colombianos la administración de justicia?

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