2009 Carrusel de la
Contratación. Gobernador de
Cundinamarca. Álvaro Cruz Vargas. En 2011, Cruz se lanzó
como candidato a la gobernación de Cundinamarca, por el Partido de la U, con el
apoyo del gobernador Andrés González y de toda la Unidad Nacional, Partido
Liberal, de La U, Conservador y Cambio Radical. Además, tuvo el apoyo directo
del presidente AUV. No terminó su período pues en 2015 fue capturado por la
Fiscalía por el carrusel de contratos de Bogotá, pues pagó sobornos por $700
millones para que el Distrito le diera obras a empresas representadas por él en
el año 2009. Aceptó cargos y fue condenado, en diciembre de 2016, a 6 años de
cárcel por delitos contra la administración
pública, interés indebido en la celebración de contratos, en concurso
heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer.
Además, Cruz entrego $2 mil millones al
procurador Jovel Muñoz, con el fin de retardar el proceso penal en su
contra. También, intentó sobornar al Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, para
que su proceso fuera archivado, congelado o prescrito. Cruz y su esposa,
la abogada Luz Zoraida Rozo Barragán, quien fue Secretaria General de la
Alcaldía de Bogotá durante la administración de Peñalosa 2000, ocultaron pruebas en
el proceso tras las investigaciones adelantadas por el carrusel de contratos de
Bogotá. Cruz se desempeñó como concejal de Bogotá, diputado, secretario de
Hacienda y de Obras Publicas de Cundinamarca y 2 veces Gobernador de este
departamento.
Al menos 10 facturas
encontradas en los allanamientos realizados en las oficinas de la empresa ‘ICM
Ingenieros’ en Bogotá enredan a Cruz, contra quien se imputarán cargos por el
escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá. La Fiscalía señala que
esas facturas soportaron operaciones ‘de papel’ que permitieron sacar de la
empresa $900 millones que fueron a parar en los bolsillos de los
concejales Hipólito Moreno, condenado a 6 años de cárcel, Orlando
Parada y Andrés Camacho, todos condenados por la corrupción en
‘carrusel de los contratos’ en Bogotá. La plata salió del anticipo del contrato
193 del 2009, que por valor de $24 mil millones fue adjudicado a unión temporal
en la que ICM Ingenieros fue parte clave. “Esos pagos no tenían justificación
ni soporte y solo tenían un objetivo: pagar los sobornos a los concejales que
presionaron la adjudicación del contrato”, señalo la fiscalía. Cruz ha señalado
que solo era un asesor de la empresa, pero “hay evidencias de que él la
controlaba, era el dueño y era quien tomaba las decisiones”. La fiscalía, dijo
que Cruz tendrá que responder por interés indebido en la celebración
de contratos, cohecho y abuso de confianza, por los que podría
pagar más de 12 años de cárcel.
El concejal Hipólito Moreno, reconoció que recibió el pago del soborno en efectivo para
que el contrato fuera entregado a la empresa vinculada a Cruz. Igual, el
testimonio del cuestionado contratista Julio Gómez, quien dio cuenta de
reuniones de Cruz con Emilio Tapia, otro condenado por el ‘carrusel’, en las
que se habrían hecho acuerdos para la adjudicación de contratos. Tapia también
testificó contra Cruz. La Fiscalía destapo durante la audiencia de imputación
el testimonio del abogado Manuel Sánchez, que negoció con la Fiscalía y recibió
un principio de oportunidad, y quien dijo a los investigadores que Cruz hizo
parte de “una organización criminal” que se conformó para obtener millonarios
contratos de obra en Bogotá.
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