12º Robos Seguridad Social- Pensión - Salud - Riesgos

12º Robos Seguridad Social- Pensión - Salud - Riesgos

2002-2010. ISS. Ley 100. 
La privatización del ISS. Desfalcos en Salud. Detrimento patrimonial en Pensiones y Salud.

2002 Guillermo Fino Serrano. ISS
Presidente del Instituto de Seguros Sociales. Acusado por cobrar una comisión ilegal a la multinacional ‘Fresenius Medical Care’ a cambio de entregarle contratos del ISS. El caso de corrupción señalado consistió en la exigencia por parte de Fino de una comisión del 10% a la mencionada firma ‘Fresenius Medical Care Colombia S.A.’ a cambio de adjudicarles un contrato por us20.695.000 para la prestación de servicios médicos y quirúrgicos a pacientes con insuficiencia renal adscritos al ISS.

Los us2.070.000 fueron cancelados por ‘Fresenius’, con recursos provenientes del anticipo de us8.278.000 efectuado por el ISS el 5 de abril de 2002, mediante cheques girados a una cuenta clandestina a la contabilidad de Fresenius, abierta por ese mismo representante, según informó la Procuraduría.

 Las denuncias fueron hechas por Jesús Antonio Buriticá, esposo de Claudia Hernández, asesora de Fino en el ISS, quien actuaba como intermediario para realizar el cambio de los pesos que recibía Fino, a dólares. Como Buriticá no recibió de Fino el pago prometido por su trabajo, empezó a extorsionarlo, y Fino lo denunció. En el momento de la denuncia Buriticá publicó las acciones de Fino.

La Procuraduría pudo constatar que Fino cobró además otra comisión para ordenar la cancelación de la cartera pendiente que tenía el ISS con ‘Fresenius’ a la fecha de 30 de junio de 2001. Para tal efecto, el presidente del ISS suscribió un contrato de acuerdo de pago con dicha firma, por más de us20.695.00, valor sobre el que solicitó una participación del 6% que le fue cancelada por el Representante de Fresenius, también mediante cheques girados a nombre de diferentes personas, que posteriormente se hicieron efectivos y fueron convertidos en divisas.

         La Fiscalía y procuraduría, descubrieron otras irregularidades como el ejercicio de la curul de Concejal de Bogotá estando inhabilitado debido a un contrato de consultoría que firmó con la Corporación de Abastos S.A, Corabastos. En 2006 Procuraduría, inhabilitó a Fino por 20 años para ocupar cargos públicos e impuso una multa de us13.000. Rodrigo Díaz Sandoya, representante de ‘Fresenius’ fue investigado.

Fino comenzó su vida pública como secretario de Hacienda del Distrito de Bogotá en 1993, se desempeñó como director de la DIAN, de2000 a 2002, concejal de Bogotá en 2006, además de ser defensor de David Murcia Guzmán, el dueño de la comercializadora DMG, señalado de lavado de activos y captación ilegal de dinero.

2014 En Colpensiones. 
Una juez envió a prisión a 8 de 11 capturados por la Fiscalía, los otros 3 se les dio detención domiciliaria, por concierto para delinquir, estafa, acceso abusivo, violación de datos personales y fraude procesal, debido a un desfalco cometido por estas personas, quienes laboraban como contratistas en la parte de sistemas de la entidad estatal encargada del régimen de prima media, Colpensiones. La investigación comenzó en mayo 8 de 2014, momento en el cual uno de los directivos de la entidad denunció irregularidades en el sistema informático de Colpensiones. Los contratistas crearon una red delincuencial que cobraba por la modificación de los historiales laborales entre $10 y $100 millones, según la complejidad del trabajo y el ingreso que representara. Los contratistas crearon 2 modalidades de delinquir: la 1ª, consistía en inventar desde cero el historial laboral de una persona que nunca hubiese estado afiliada al ISS, la entidad encargada del sistema pensional ni a Colpensiones; la 2ª, consistía en modificar el número de semanas cotizadas por trabajadores reales para que pudieran pensionarse antes de lo estipulado. La Fiscalía continúa la investigación.

2015 Desfalco a Colpensiones. Quindío. 
La fiscalía capturo en Armenia 15 personas, acusadas de integrar una red que cometió un millonario desfalco a Colpensiones, a quienes se les imputo: fraude procesal, falsedad en documento, estafa. Los detenidos hacían parte de una banda integrada por 25 personas, quienes habrían conspirado para apropiarse de más de $1.400 millones de Colpensiones,​ aunque la cifra podría llegar a los $7.5 mil millones, debido a que la entidad fue defraudada durante varios años por esta "empresa criminal" encabezada por un abogado. Este buscaba a personas mayores que fueran pensionadas o estuvieran tramitando ese derecho argumentándoles que podía conseguir una reliquidación de su pensión y, además, obtener un dinero adicional argumentando una discapacidad o invalidez. El sujeto y sus cómplices conseguían historias clínicas falsas de los reclamantes, en las cuales se incluían dictámenes ficticios que servían de soporte para sustentar una pérdida de capacidad laboral. En muchos casos presentaban diagnósticos de enfermedades graves, crónicas o incluso terminales. Con estos documentos, el acusado y sus secuaces realizaban los trámites ante la división correspondiente de Colpensiones en donde, tras estudiar el caso, se autorizaba el pago de mesadas retroactivas. Cuando esto no funcionaba y la entidad negaba la solicitud, el abogado acudía a juzgados y con estos documentos falsos ‘engañaba’ a los jueces para que dictaran fallos que obligaba a Colpensiones a pagar estas pretensiones.​

2002-2006 Desfalco a Cajanal. 
Robo $600 mil millones. Cajanal, entidad encargada de la administración del régimen pensional de los servidores públicos. Entre los años 2002 y 2005 Cajanal, perdió más de $600 mil millones por fraudes en el manejo y asignación de pensiones. Los abogados Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo Gutiérrez, mediante tutelas y otros documentos irregulares, utilizaban a particulares para que cobraran pensiones a Cajanal, tramitando además de manera irregular ante la justicia, pensiones de gracia, para supuestos docentes que no lo eran realmente, apropiándose de más de $50 mil millones, sin contar el dinero que salió de las arcas de Cajanal para el pago de dichas mesadas durante varios años en total el desfalco podría sumar unos $600mil millones en 2006. Los beneficiarios recibían el 50% del pago y los abogados guardaban el resto del dinero en cajas fuertes. Los abogados Omar y Armando Cabrera Polanco en diciembre de 2002, falsificaron una tutela en la que, con la complicidad de funcionarios de la Cajanal y de la secretaria del Juzgado 3 de Bogotá, Rosalba Fonseca Florido, que ordenaba la reliquidación pensional y laboral de 218 maestros a quienes, por orden del Juzgado, se les incrementaron las mesadas pensionales, que fueron cobradas hasta el año 2005.

         La Fiscalía estableció que la tutela no existió. Quien descubrió el fraude fue el juez 3 de Bogotá, pues su secretaria fue quien se prestó para adulterar el supuesto fallo judicial y darle visos de legalidad. La Fiscalía, encontró pagarés firmados por el congresista Hernán Andrade como garantía de un préstamo por un total de $250 millones U$128.374. Aunque el congresista Andrade admitió que recibió el préstamo, no explicó la destinación del mismo.

Aunque las investigaciones comenzaron en 2006, los implicados fueron condenados en 2013 por el tribunal de Bogotá:

Los hermanos Omar y Armando Cabrera Polanco a 8 años y 6 meses de prisión y Jeiner Guilombo Gutiérrez, abogada, 7 años y 6 meses y multa de $269 y $622 y $269 millones, por falsedad en documentos públicos, enriquecimiento ilícito, prevaricato, y peculado.

Luis Álvaro Sánchez, juez condenado a 15 años y 10 meses de cárcel por prevaricato por acción, peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público.

Manuel David Arrieta Bejarano, Director Seccional de Cajanal en Sucre, se le imputaron 12 cargos que incluyen la autorización de manera irregular del pago de cuentas y ordenar giros de dinero a personas que declararon que nunca lo recibieron, de servicios.

Rosalba Fonseca Florido, Secretaria de Juzgado

Ricardo León Parra, Director Cajanal

1989. Cajanal. 
Uno de los implicados, Armando Cabrera, ya había sido condenado por hechos similares a la misma entidad en 1989, esta vez junto a su hermano Omar Cabrera Polanco, quienes a través de falsificaciones de fallos judiciales y con la complicidad de jueces, lograron desfalcar en más de $5 mil millones a la desaparecida Cajanal, a través de cobros ilegítimos de acreencias laborales.

Hernán Andrade, 
congresista, fue salpicado en este escándalo, la Corte Suprema lo investigó en 2008, absolviéndolo en 2014 por falta de pruebas.​

2016 Desfalco a Cajanal. Bolívar. 
Robo $40 mil millones. En 2016 la Fiscalía abrió investigación contra otro abogado Manlio Aristio Barrios Buelvas, en otro desfalco a Cajanal en Cartagena, por prevaricato por acción, peculado por apropiación en calidad de interviniente y fraude procesal, como responsable de un desfalco a Cajanal por cerca $9 mil millones en 2006. Según el ente acusador, Barrios Buelvas presentó ante el Juzgado 7 Laboral del Circuito de Cartagena una acción de tutela por la que fueron favorecidos 21 docentes del orden nacional que él representaba; estos docentes les fue otorgada una pensión de gracia por parte de Cajanal a la que; por ley, solo tienen derecho profesores que dependen salarialmente de gobernaciones y alcaldías. Según la Fiscalía, aunque el fraude a Cajanal fue de $9 mil millones, la cifra ha aumentado con el pasar de los años y se calcula que se incrementó a 2016 en alrededor de $40 mil millones.​

2002-2010 Escándalo de la Salud.  Fosyga. 
Robo $2 Billones. “Los recursos de la UPC, unidad de pago por capitación, que es la plata que cada EPS recibe por afiliado. Fue utilizada de una manera indebida y estamos en un proceso para identificar responsables” y el desvío de recursos parafiscales, que es recaudado del aporte de los colombianos, afecta el derecho a la salud y la credibilidad de los ciudadanos en el sistema y en el Estado. En mayo de 2011 se anunció el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud, gestado desde años atrás, el 2002 que supera no millones, sino billones de pesos al Estado. A través de un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Presidencia, se logró detectar a un grupo de funcionarios del Minproteccionsocial que organizaron un verdadero grupo delictivo mediante el cual presentaban reclamaciones fraudulentas al Fosyga, con el que se financia la salud de los más pobres.

          Las modalidades de fraude consistían:

1ª “Autorizarles los pagos a las EPS que habrían sido retenidos”; esto significa que, la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del POS, y con esto desviaban el servicio obligando a un reembolso de la prestación de los servicios por el NO-POS, por el que responde directamente el Gobierno, lo que obligaba al Fosyga a disponer de los recursos y generar un doble cobro.

2ª Colocar "personas fallecidas que recibieran los beneficios de sobrecostos monumentales o personas que interponían una tutela para que les pagaran por los tratamientos, ganaban la tutela, les pagaban y resulta que esas personas nunca recibían la plata, sino que eran personas que esta mafia ponían a cobrar sin que las beneficiarias se enteraran".

         3ª “Desviación de recursos del régimen subsidiado en entes territoriales y que no se transfirieron en salud a las personas. Pagos de EPS con inconsistencias en afiliaciones y bases de datos, se reportan pacientes ya fallecidos o ya retirados, irregularidades en procesos de contratación, en facturas entre algunos casos.”

Por estas acciones fueron capturadas 7 personas, entre funcionarios del minsalud, particulares y trabajadores de EPS. Este hecho provocó, con el pasar de los años, que muchas EPS se encuentren en grave crisis económica, ya que ellas dependen para sus gastos de funcionamiento y pago a sus proveedores de los recobros al Fosyga que, debido al escándalo, ahora tardan mucho tiempo para hacerse efectivo, mientras se estudia el cumplimiento de los requisitos para el desembolso. Mientras tanto, las EPS incumplen las respectivas obligaciones con sus acreedores y, en consecuencia, se genera la suspensión de sus servicios en las clínicas y hospitales públicos y privados. En algunas EPS la crisis es tan grave que la Supersalud ha debido intervenirlas para, o reestructurar sus deudas o liquidarlas, como los casos de Caprecom y Saludcoop, que eran en su momento las más grandes de país. Las deudas de las EPS a las clínicas y hospitales del país suman, a finales de 2015, unos $4 billones.​

         La Contraloría reveló que el desfalco en el sector salud sobrepasa los 2 billones. Según la Contraloría, además de las EPS, hospitales, institutos descentralizados, entes territoriales, operadores fiduciarios y demás entidades que manejan recursos públicos del sector salud.

EPS Vinculadas.

1º La EPS Caprecom, 
la más grande en el régimen subsidiado, el desvío de recursos por irregularidades supera el billón de pesos.

2º La EPS Selva Salud por mil millones.

De las EPS del régimen contributivo que utilizaron recursos en indebidas formas.

3º Famisanar EPS

4º Cafam

5º Sánitas

6º Consorcio Fidufosyga 2005

7º Coomeva EPS

8º Cruz Blanca E.P.S. 

9º Humana Vivir E.P.S

10º Siete EPS de Cartagena. 
Robo más de $50.000 millones. Denunciadas en 2008,entre ellas Coosalud, Mutual Ser, Comfamiliar y Fivida, habían facturado recursos millonarios al sistema de salud por la atención a 45.000 personas que estaban muertas, a otras que no existían y otras más que ya estaban afiliadas al régimen contributivo. El caso en esa época lo bautizaron como “los sisbenizados fantasmas”.

12º La EPS José Prudencio Padilla, de Cartagena, por $8 mil millones, irregularidades en la compra de suministros y medicamentos.

13º Solsalud EPS y El ‘Tuerto’ Gil. 

El congresista Luis Alberto Gil estaría vinculado en el escándalo del desfalco a la salud a través de la EPS Solsalud. Luego de haberse destapado el desfalco a la salud, comenzaron a salir los primeros datos según los cuales habría participación de algunos parapolíticos en las EPS de Salud comprometidas en este escándalo. En Bucaramanga, por ejemplo, aseguran que la EPS Solsalud es de propiedad de Gil, procesado por vínculos con las AUC. Dicen que Gil ofrecía apoyo a alcaldes de Bucaramanga, Barrancabermeja y zonas aledañas a cambio de que contrataran el régimen subsidiado con esa EPS, hoy envuelta en el carrusel de recobros del Fosyga.

         Implicados

       1ª Claudia Patricia Rojas, 
abogada, coordinadora de los recobros del Fosyga. Capturada en mayo de 2011, la Dijín encontró $23’300.000 en efectivo en su casa, No los pudo justificar. Quien pidió al juez no la enviaran a la cárcel. Aseguró que fue sometida a una cirugía de bypass gástrico, razón por la cual necesitaría cuidados post operatorios, consumir alimentos cada 2 horas  y ejercitarse al menos media hora diaria. Sin embargo, el juez no accedió a la petición.

       2º La Fiscalía en 2011 dio principio de oportunidad a 2 de  los capturados por el  desfalco a la salud. Se trata de Luis Andrés Ruiz, asesor del Fosyga, a quien en el momento de su captura le encontraron abundante material probatorio sobre la forma como operaba la red que se apropió de más de $30 mil millones en recobros al sistema de salud. El preacuerdo consiste en colaborar con la justicia a cambio de que la Fiscalía les retire los cargos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato. De esta manera, enfrentarán un juicio tan sólo por peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito.

       3º Héctor Mauricio Duran Pobeda,  
       subgerente de cartera empleado EPS Sanitas; Condena: 14 años;

4º Edgar Isaías Medina Millán,   
prestaba asesorías a EPS en recobros relacionados con empresa de consultoría;

5º John Carlos Lamus Rodríguez, 
asesor externo de Sanitas; Condena: 14 años;

7º Luis Andrés Ruiz Martínez, 
encargado de administrar las bases de datos del Minprotección;

6º Luisa Fernanda Bellini Pérez. 

Directora General de Financiamiento del Minprotección Social; 

2002-2011   Caprecom. 
Robo $4 billones. Desfalco: minsalud  y de Protección Social, FOSYGA, minhacienda y Crédito Público y Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom. Génesis. Indebida financiación con proveedores, desvío de recursos por pagos de costas e intereses en embargos judiciales, auditorias médicas que no cumplen su objeto e indebida ejecución del objeto contractual y manejo inadecuado de recursos entregados bajo la modalidad de anticipos. Daño. Se investigan deficiencias en la administración de los recursos de la salud. El manejo de dineros provenientes del propio aporte de los usuarios para contar con un servicio de salud digno, la debilidad y el escaso desarrollo de los sistemas de autocontrol y vigilancia de las EPS. Los afectados son los afiliados, los agentes prestadores de salud y el sistema mismo.

         En mayo de 2011 se anunció el desfalco, se llegó a decir que era el mayor cartel de corrupción en el país. Caprecom también era una EPS que tuvo que ser liquidada por no poder pagar sus deudas,  debido al mal manejo de los recursos que le llegaban, el desvío de esos recursos por pagos de costos, y la indebida financiación con proveedores. En  Caprecom desapareció $559.500 millones destinados para la salud de los colombianos. Se logró detectar a un grupo de funcionarios del Minproteccionsocial, nombrados por el ministro Diego Palacio, que organizaron un  grupo delictivo, mediante el cual presentaban reclamaciones fraudulentas al Fosyga, que es con el que se financia la salud de los ciudadanos más pobres.

         Una de las modalidades de fraude consistía en “autorizar pagos a las EPS que habrían sido retenidos”; es decir que la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del POS, y con esto desviaban el servicio obligando a un reembolso de la prestación de los servicios por el NO-POS por el que responde directamente el Gobierno, lo que obligaba al Fosyga a disponer de los recursos y generar un doble cobro.

Por estas y otras acciones de fraude fueron capturadas 7 personas, entre funcionarios del Ministerio, particulares y trabajadores de EPS. Las deudas de las EPS  a las clínicas y hospitales del país sumaron, a finales de 2015, unos $4 billones.

Vinculados.

-Carlos Tadeo Giraldo Gómez, director general18.11.2002-19.09.2010

-Mario Andrés Urán Martínez, director general 20.09.2010-20.09.2011

-Fernando González Rodríguez, subdirector financiero 30.01.2003-31.01.2011.

-Rafael Leonardo Páez Fuentes, secretario general E.

-Moisés David Hernández Sánchez, secretario general 11.07.2011-15.12.2011.

-Claudia Catalina Beltrán, subdirector EPS E de Caprecom.

-Bdo Audit S.A. revisor fiscal, representada por Luz Marina Pérez Serna

-Asesorías y Servicios en Salud, Asalud Ltda, representante Pedro Fabián Forero.

-Valencia Consultores y Outsourcing VCO S.A., representada por Fabio Alberto Valencia Bustamante.

1998-2011 Saludcoop. 
Robo $1,7 billones. Desfalco: minsalud. Hecho generador. La utilización indebida y contraria a las normas de los recursos parafiscales del Sistema General de la Seguridad Social en Salud para fines distintos a los permitidos en beneficio de particulares. Daño. Los afectados son los aportantes al Sistema de Salud y los beneficiarios del régimen subsidiado, la red hospitalaria, los profesionales y los prestadores de servicios de salud. Se vulnera el derecho a la salud, elemento determinante de la vida. Trama. En mayo 11 de 2011, por resolución 0801 de la Supersalud, se ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes y haberes de la EPS Saludcoop. Todo empieza a partir del seguimiento de la Contraloría, por el uso indebido de los recursos públicos para la construcción de clínicas y hospitales mediante la  desviación de $1.05 billones entre el periodo de 1998-2010. Otra de las razones que desató la polémica del caso fue el pago irregular de bonificaciones a los directivos por $6 mil millones, de los cuales $3.541 millones fueron al bolsillo del presidente Carlos Palacino en el periodo 2005-2010. Efectos. -El sobreprecio de medicina y tratamientos para la atención de los usuarios de los servicios de la EPS. -La confusión de los recursos de medicina prepagada  con los que integran el POS en beneficio de los privados. -La falta de pago de los servicios de salud a los proveedores, que se registraba como utilidad. -El traslado de aproximadamente 4 millones 500 mil pacientes a Cafesalud, debido a la apropiación de los recursos públicos y desvío de dineros por parte de su fundador Carlos Palacino y su equipo conformado por María Carolina Lemus, Alberto Castro Cantillo, entre otros.

         Carlos Palacino, presidente de Saludcoop, es investigado por los millonarios recobros que esta EPS le hacía al Estado y que sirvieron para pagar abultadas bonificaciones, finca raíz, viajes e inversiones en el extranjero. Saludcoop está en venta y el proceso contra Palacino y otros responsables continúa. La Contraloría intervino Saludcoop y obligó a sus directivos, en cabeza de Carlos Palacino, a devolver los $1,4 billones correspondientes a la salud, que habían sido desviados de manera ilícita. Según la Contraloría, desde el año 1998 comenzó el fraude cuando Saludcoop, entre otros delitos, extendió su red de oficinas y centros médicos apropiándose de un porcentaje de los dineros de la salud que ingresaban y que eran registrados como utilidad. Razón que lo sancionó a Palacino y a otros 14 involucrados.

         El castigo del gobierno: Palacino no puede ocupar cargos públicos en 18 años y multa por $56 millones. A 4 años de que el caso tomó forma, ninguno de los acusados ha sido procesado, Saludcoop está a la venta y el proceso continúa para todos. La EPS más grande de Colombia también fue una de las más corruptas. 2001-2010

 Usó de forma indebida los parafiscales del Sistema General de la Seguridad Social en Salud y generó pérdidas de $1,7 billones. Por este caso hay 7 personas procesadas por este caso, que dio cuenta de la impresionante corrupción en el sector salud.

         La Contraloría sancionó a Saludcoop por la apropiación ilegal de $1,4 billones.

         En 2004, la supersalud sancionó a Saludcoop por la apropiación ilegal de $195 mil millones, sanción que en 2010 y por las mismas razones elevó a $627 mil millones, al llevar los análisis hasta 2008. Sanciones confirmadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado.

         La Procuraduría inhabilitó a Carlos Palacino por estafa y por el incremento injustificado de su patrimonio.

         La superindustria condenó a Saludcoop por crear un ‘cartel’ con otras EPS, entre otros delitos, pagarse 2 veces por el mismo servicio, con la plata de la UPC y con la del Fosyga

         Pero el Fiscal Jorge Perdomo, afirmó que la Fiscalía no ha acusado a nadie porque “se habla mucho de una gran situación de corrupción pero las pruebas no existen”.

         En la Fiscalía tampoco avanza el caso en el que esta EPS le robó al Fosyga $27 mil millones, al cobrarle por lo que no había gastado, mediante el truco de girar 8.021 cheques que nunca se hicieron efectivos. Ni en el otro de 2009 en el que el Grupo Saludcoop, con Cruz Blanca EPS y Cafesalud EPS, infló en $825 mil millones sus gastos en medicamentos, según los análisis del CID de la Universidad Nacional.

Vinculados.

-Carlos Gustavo Palacino Antía, presidente Saludcoop

-María Carolina Lamus,

-Alberto Castro Cantillo,

-Javier Mauricio Sabogal Jaramillo,

-Eugenio Mejía Serna, directivos de Saludcoop EPS

-Consultoría de Estrategias y Negocios S.A.

-Estudios e Inversiones Médicas S.A.

2014 Coomeva EPS.   

Robo $146.900 mil millones. Desfalco: Minsalud. Génesis. Distorsión de las cuentas de costo por depreciación en propiedad, planta y equipo, así como en otros gastos que debieron ser asumidos por la entidad y fueron registrados como costos. Daño. El efecto del uso indebido de recursos de la salud, que se generó por manejos financieros y contables ilegales, evidencia la falta de transparencia y la debilidad en los controles de las EPS, afectando a los aportantes del sistema, debilitando financieramente el sistema de salud, contribuyendo así al deterioro de la calidad de prestación del servicio y a su sostenibilidad financiera.

Los altos mandos de Coomeva EPS, distorsionaron cuentas de costo y para su propio beneficio. Por ese caso, 5 directivos y 3 particulares fueron acusados por la Fiscalía por peculado por apropiación, contratos sin requisitos legales, celebración indebida de los mismos, quienes por medio de estos fraudes se apropiaron de $3.411 mil millones que hacían parte de contratos irregulares para la compra de medicamentos.

Vinculados.

–Coomeva   EPS

-Fernando Panesso Serna, gerente.

-Piedad Cecilia Pineda Arbeláez, gerente general.

-Nilson Humberto León Ramírez.

-Sandra Moya Mendoza.

-Price Waterhouse Coopers Ltda.

-Judith Chica Mosquera, revisora fiscal de Coomeva EPS.

2016 Cartel de los Medicamentos. 
Y luego llegó el cartel de los fármacos. Se trataba de 38 pacientes que presentaron 269 autorizaciones fraudulentas para reclamar medicamentos de alto costo que luego eran vendidos a un precio mucho mayor. La ‘Nueva EPS’ fue la entidad que más resultó afectada con el desfalco al entregar 6.123 dosis de medicamentos que sumaban más de $1.261 mil millones.

2016 HUV. Hospital Universitario del Valle. 
Robo $123.783 mil millones. Fueron capturadas por el CTI, 7 servidores públicos del Hospital Universitario del Valle de Cali, por celebración indebida de contratos en el centro asistencial, lo que originó un detrimento patrimonial en esta entidad del estado que la obligó a entrar a la Ley de Quiebras de la nación Ley 550 para reestructurarla. La Contraloría   había alertado sobre un detrimento patrimonial en el HUV por $123.783 millones. Tras una auditoría que duró 40 días, se encontraron pruebas del detrimento a las arcas del centro médico y se declararon los estados contables de la institución como negativos. Entre los capturados se encuentra el director de la institución, Jaime Rubiano.​

2017 El Cartel de los Abuelos. 
Risaralda. El 18 de mayo se realizó la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos a 8 implicados en irregularidades en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor en Pereira, donde se atienden 93 personas, el caso fue denunciado por la personería. Hasta el momento, la Fiscalía ha investigado 4 de 13 contratos en el Programa del Adulto Mayor, pero las irregularidades superan los $700 millones. Entre los imputados esta John Lemus, secretario de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía, quien dice no tener responsabilidad en los cargos imputados. De los 8 implicados, el fiscal solicito la medida de aseguramiento para 7 de ellos; uno de ellos que aceptó cargos, podría tener rebaja de pena del 50% y detención domiciliaria.

2014-2017 Cartel de la Hemofilia. 
Bolívar. Robo $26mil millones. Implicados: Juan Carlos Gossaín Rognini, gobernador de Bolívar, Hernando Padauí, congresista, Alejandro Ordoñez Maldonado, procurador, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal de Bolívar, la Procuraduría regional de Bolívar, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal en Bogotá, Montealegre, fiscal, Luis Gustavo Moreno, fiscal anticorrupción.

         En diciembre 14 de 2014, la Contraloría envió un informe de auditoría al gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini en el que reportó que encontró varios hallazgos fiscales, disciplinarios y penales sobre el gasto de recursos departamentales para atender a 96 pacientes de hemofilia.

         Según la investigación de la Contraloría, el departamento de Bolívar pagó a IPS que no existían la suma de $25.456 millones.

         Por esos hechos en abril de 2015 se corrió traslado al Fiscal Montealegre y al Procurador Ordóñez, para que estos entes de control determinaran la responsabilidad del gobernador Gossaín Rognini en el desfalco.

      La Fiscalía de Montealegre no se pronunció nunca sobre estos hechos, y posteriormente el caso pasó a la unidad anticorrupción dirigida por Luis Gustavo Moreno.

         El fiscal anticorrupción Moreno, hoy preso por corrupción, tuvo más de 50 visitas a la oficina del congresista por Bolívar, Hernando Padauí.

         Padauí es colega, cercano y muy amigo del exgobernador Juan Carlos Gossaín. 

         La Procuraduría la cosa no es muy diferente. Para empezar, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal de Bolívar dictó auto inhibitorio, basado en que la Procuraduría regional de Bolívar abrió una investigación sobre los mismos hechos.

         Eso es irregular ya que las regionales no son competentes para investigar a los gobernadores, y por eso esa procuraduría regional trasladó el caso a Bogotá desde junio de 2015. Ahora lo tiene la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal.

         El caso no se movió durante años sobre todo por la relación de Gossaín Rognini con el destituido procurador Ordóñez.

         Eran tan afines estos dos que en Agosto 13 de 2014, el Procurador Ordóñez y el gobernador de Bolívar Gossaín Rognini, lanzaron el proyecto ‘Cultura de la legalidad y la integridad para Colombia - CLIC’.

         El programa buscaba que todos los funcionarios de las administraciones se ciñeran a los parámetros de rectitud, transparencia, buena conducta y honorabilidad a la hora de cumplir sus funciones, con el lema: “soy correcto, no corrupto”.

         El gobernador organizó una cumbre política sobre varios temas en los que se incluían el marketing político, la ‘postverdad’, noticias falsas, reputación online, crisis de gobierno, participación ciudadana y prácticas electorales. Uno de los conferencistas invitados por Gossaín Rognini fue Ordóñez.

         Sin embargo, el vínculo más estrecho entre Ordóñez y Gossaín Rognini es Orlando Lineros Velasco, concuñado del procurador Ordóñez y contratista en febrero de 2015 del departamento de Bolívar cuando Gossaín Rognini era el gobernador.

         Ya sin Moreno y Ordóñez en esas entidades, es necesario que se reactiven esos procesos en la Fiscalía y la Procuraduría sobre el cartel de la hemofilia en Bolívar, para demostrar si Gossaín Rognini es correcto y no corrupto, o más bien corrupto e incorrecto.

         El minsalud y Protección Social, Alejandro Gaviria, en un foro sobre los costos de la medicina realizado en abril de 2014, dijo que el país tenía que preguntarse por qué aumentaron en los últimos años los costos de los tratamientos de hemofilia que asumía el Estado. El incremento era del 600%.

La respuesta rápida es porque en la costa se robaron esa plata. El caso de Córdoba ya es bien conocido y la justicia está tomando sus cartas en el asunto, pero la investigación del escándalo en Bolívar parece que ha estado enredada.

2015 Cartel de los Enfermos Mentales. 
Sucre. Robo más de $5mil millones.  La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador de Sucre Julio César Guerra Tulena porque autorizó pagos por más de $1.000 millones para tratamientos para enfermos inexistentes. Se originó por pagos irregulares efectuados por la Gobernación de Sucre a empresas de salud que presentaban documentación falsa y no se corroboraba la existencia de los pacientes y los tratamientos que supuestamente recibían.

         La contraloría detalló que "155 de las facturas pagadas por la Gobernación, por procedimientos y pacientes inexistentes, dieron origen a un proceso ordinario de responsabilidad fiscal, en cuantía de más de $1 mil 055 millones”.

         La contraloría aseguró que había detectado en una auditoría de 2015 pagos irregulares por más de $5 mil millones a 5 clínicas "basados en diagnósticos falsos en los que (…) soportaron su facturación, órdenes de internación sin soporte y múltiples irregularidades en las historias clínicas de los supuestos pacientes, que nunca existieron".

Los servidores públicos de la Secretaría de Salud de Sucre continuaron "avalando dichos cobros y expidiendo las resoluciones de pago que después fueron suscritas y pagadas por el mismo Gobernador Guerra Tulena", a pesar de la investigación.

2013-2016 El Cartel de la Hemofilia. 
Córdoba. Robo $80 mil millones.   La Hemofilia es una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre, que presenta episodios hemorrágicos y daño articular. Las mafias de ‘servidores públicos’ son capaces de hacer por dinero cualquier cosa, sin importar el daño que causan. Quienes conformaron esta organización usaban pacientes con hemofilia para robarse los recursos destinados a la salud. El caso ocurrió en Córdoba, donde los supuestos pacientes reclamaban medicamentos no contemplados en el POS.

Estalló luego de una investigación hecha por la Contraloría, donde descubrió nombres de personas vinculadas al Régimen Subsidiado del sistema de salud que las hacían pasar como enfermos de hemofilia, para luego cobrar millonarios recursos al gobierno en tratamientos NO-POS. Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, concluyó que se trataba de una "empresa criminal" gestada en los departamentos de Córdoba donde más se presentaron casos, Sucre, Bolívar, La Guajira, donde, a través de falsas IPS, falsificaban listas de enfermos, evitando que verdaderos pacientes afectados con esta enfermedad fueran atendidos. Por este hecho, la Fiscalía ha capturado, hasta el momento, a 3 personas que trabajaron en la gobernación de Córdoba para la época de los hechos 2013 a 2015. El desfalco a la salud por este caso de corrupción estaría, según cálculos de la Fiscalía, en $80 mil millones.​

1º Edwin Besaile Fayat. 
De 44 años. Del Partido de la U., arquitecto y administrador de empresas, nativo de Sahagún y hermano del congresista Musa.

El escándalo de la hemofilia sigue extendiendo sus tentáculos. Una grabación entre el fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y su abogado socio Leonardo Pinilla permitió descubrir que le dieron $300 millones al otro fiscal anticorrupción Daniel Díaz, para que no investigara al actual gobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayat por el llamado cartel de la hemofilia.

Esta red de corrupción se extiende aún más. Ya habían caído Luis Gustavo Moreno, fiscal Anticorrupción, quien recibió $400 millones, para cubrir al exgobernador del mismo departamento Alejandro Lyons.

         El abogado defensor de los implicados en el cartel de la hemofilia era el socio de Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla, quien también se encuentra preso.

         Por el escándalo de la hemofilia fueron capturados 7 funcionarios de la Secretaría de Salud de Córdoba. Dos secretarios salieron de la cárcel a detención domiciliaria, y están aportando información a la Fiscalía. El cartel de la hemofilia fue una empresa criminal que se creó para apropiarse los dineros de la salud, con pacientes falsos.

2º Alejandro Lyons. 
Gobernador en 2.011, la Fiscalía le imputó 20 hechos delictivos, hoy huyendo en E.U., Bernardo Elías, Mussa Besaile, Zulima Jatin, fueron los padrinos políticos de Lyons, todos del Partido de la U, hacen parte de los saqueadores de Córdoba.

2017 noviembre 11. Allanadas 4 fincas de testaferros de Alejandro Lyons. Ubicadas en jurisdicción de Sahagún, y que suman 525 hectáreas, en manos de testaferros de Lyons, fueron allanadas e incautadas por el CTI de la Fiscalía. Con fin de extinción de dominio, dentro del proceso por corrupción que se adelanta, quien huyó a USA y hoy se encuentra protegido y en principio de oportunidad con la justicia. Según informó la Fiscalía, “los predios fueron adquiridos a través de intermediarios, quienes habrían solicitado a los propietarios prestar su concurso para mantenerlos a su nombre”. Lyons habría pagado por ellos $4.100 millones.    Los bienes ocupados  son: 1ª la finca ‘Holanda’ de 60 hectáreas, por la que pago $600 millones; 2ª y 3ª ‘Delirio’ y ‘El Paraíso’, de 57 y 85 hectáreas respectivamente, por las que pago $2.700 millones; 4ª ‘El Papayo’, de 323 hectáreas, por la que pago $800 millones.

2016 Cartel del Síndrome de Down. 
Córdoba. Robo$10mil millones. Otro escándalo que involucra al departamento de Córdoba, al ser detectadas irregularidades por parte de la Contraloría en el pago, por parte de la gobernación, a 4 IPS por $10 mil millones en la atención a niños con síndrome de Down o autismo. La Contraloría descubrió que los tratamientos a estos pacientes nunca se realizaron, pero aun así, se pagaron dado que se facturaron por paquetes y no de manera individual, además que la mitad de estos recursos debieron ser costeados por el POS en lugar del departamento; adicional a esto, nunca fueron autorizados por las respectivas EPS. Solo una de estas IPS   recibió cerca de $7 mil millones sin tener un contrato formal con el departamento.​

2017 $84 mil millones 'embolatados' en contratos de regalías. 
En el departamento de Córdoba hay 17 contratos de regalías, de 455 proyectos en situaciones similares, en especial del área de ciencia y tecnología, que están en estado crítico y que podrían representar un detrimento patrimonial cercano a los $84 mil millones.   Así lo indicó el director del DNP, quien sostuvo que dentro de los mismos se encuentran la construcción de 210 soluciones alternas de alcantarillado en Moñitos, el sistema de acueducto de Santa Fe Ralito, la construcción del acueducto del bajo Sinú, la construcción de unidades sanitarias de alcantarillado en zona rural y urbana de San Antero y el estudio de infecciones y salud tropical para Córdoba.

También, el manejo productivo y sostenible de sistemas agroforestales en el departamento de Córdoba, la investigación de la cadena productiva de artesanías con caña flecha, la construcción del estadio de fútbol de Canalete, el programa de comprensión lectora de las instituciones educativas de Córdoba, el de bilingüismo en San Antero, la construcción de la escuela San Rafael en Palmira, Tierralta, el mejoramiento de una vía en Chinú, la pavimentación de conexiones viales intraurbanas en Planeta Rica, pavimento rígido en algunos barrios de Montelíbano, la recuperación del acueducto en Santa Rosa, zona rural de San Antero, construcción de viviendas rurales para afrodescendientes en San Antero y la construcción de la urbanización Camino Correcto en Montelíbano.

El funcionario explicó que el informe del estado de los proyectos se hizo a corte de junio 30 de 2017 y que en términos generales en el país hay 455 proyectos en situaciones similares, en los que se entregaron millonarios anticipos y no se ejecutaron a cabalidad.

2015 PAE.   
Programa de Alimentación Escolar. Robo $12.745 mil millones. El PAE fue creado en 2007. Cuando se investigaron las denuncias sobre las irregularidades del PAE en 7 departamentos, se descubrieron 42 irregularidades, incumplimientos por parte de los contratistas, quienes en teoría, deberían entregar desayunos, almuerzos y refrigerios a las escuelas más pobres.  

Los manejos en los dineros de los recursos para los niños  en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre sumaron $12.745 millones en pérdidas. Ese dinero es equivalente a más de 12.7 millones de raciones de comida que habrían alimentado a niños que realmente lo necesitaran. Enriquecerse a costa de la alimentación de los niños más vulnerables, es sin duda un acto más que vergonzoso y reprochable. 

         La fiscalía señaló que este desfalco a las arcas fue “sistemático y constante”. “Alimentos descompuestos, cocinas y comedores escolares inapropiados y en condiciones sanitarias deficientes, incumplimiento de la minuta o ración nutricional necesaria, operadores que entregan la mitad de raciones contratadas pero cobran el 100%”, son algunas de las deficiencias de este programa.

2015 La Salud en Huila. 
La Fiscalía capturó a 9 personas, entre funcionarios de IPS, de EPS y alcaldes de municipios del departamento del Huila, por celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito, con detención en establecimiento carcelario. Esto debido a irregularidades halladas en contratos entre la Caja de Compensación Familiar del Huila Comfamiliar y Medilaser, una IPS del departamento que no contaba con personal médico suficiente para atender la población de este departamento; estos contratos estaban por un valor aproximado a los $25 mil millones, dineros públicos que debían ser destinados a la atención de personas inscritas en el Sisben un sistema estatal de atención en salud para personas de escasos recursos a través del Régimen Subsidiado. La Fiscalía señaló que los capturados se asociaron para "quedarse con el dinero de las personas más pobres que dependen del Sisben para acceder a los servicios de salud".

Además, se descubrió que Comfamiliar realizó contratos con hospitales, clínicas y centros de salud de los municipios de Garzón y La Plata por valor de $6 mil millones bajo la modalidad de ‘eventos controlados’, limitando los servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado.​ Se capturaron 2 personas más involucradas en el escándalo, representantes de otra IPS que no cumplía con las facultades legales ni con la infraestructura necesaria para la atención de usuarios Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos, firmando contratos con Comfamiliar por valor de $3 mil millones.
​

2011 IPS no habilitadas.

Robo $943.900 mil millones. Desfalco: minsalud. Génesis. Pagos a IPS que según los registros no aparecen como habilitadas. Daño. Se afecta la red hospitalaria legalmente establecida, poniendo en riesgo su viabilidad financiera y, en consecuencia, la calidad de la prestación del servicio de salud a los usuarios. Vinculados: Por determinar.

Hospital Infantil los Ángeles en Pasto. 
Nariño. 5 de las 7 implicados del millonario desfalco al Hospital infantil los Ángeles, fueron capturados en Pasto. Entre los retenidos hay una trabajadora del área financiera de la entidad dijo la gerente del Hospital Doris Sarasty quien señaló que la sustracción de recursos se hizo a través de una nómina paralela para favorecer a acreedores de deudas particulares de la funcionaria que ya fue separada de su cargo.

2016 Sistema general de salud y seguridad social. 
Se destaca el desvío de recursos en varias EPS y hospitales, al igual que los recobros irregulares al Fosyga, según la Fiscalía:

1º. Hospital público Erasmo Meoz de Cúcuta, Por $20 mil 571 millones.

2º. EPS Saludcoop. Más de $20 mil millones.

3º. Hospital San Vicente de Arauca. En $3.450 millones.

4º. Coomeva. Desviación de recursos por $2.962 millones.

5º Caprecom. Deterioro patrimonial de $1.292 millones.

6º Nueva EPS. $1.000 mil millones.

7º Clínica San Francisco de Tuluá.  $670 millones.

         Frases de cajón. 
       El fiscal, Néstor Humberto Martínez, enfatizó “no descansaremos hasta asegurar que los recursos de la parafiscalidad del sistema estén preservados y que la debilidad financiera de nuestro modelo de salud no tenga origen en la corrupción”.

2016 Quince IPS sancionadas por fraudes al SOAT. 

Robo $4.500 mil millones. Cinco clínicas son de Barranquilla. Las sanciones impuestas por la Supersalud ascienden a $4.412 millones. De las 15 IPS sancionadas por millonarios fraudes al SOAT, 6 operan en el departamento del Atlántico, 5 en el Valle del Cauca, 2 en Antioquia, 1 en Magdalena y 1 en el Tolima. El Supersalud, Norman Julio Muñoz anunció el primer paquete de sanciones contra 15 instituciones prestadoras de servicios de salud, relacionadas con al menos 240 denuncias sobre cobros indebidos al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat.