Servidores Públicos Condenados
1ª Liliana
Pardo Gaona. Directora del IDU. Le
dieron casa por cárcel durante 3 años pero como dejó de asistir a 5 audiencias
profirió medida de aseguramiento consistente en detención en centro carcelario,
tras solicitud de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema como responsable
del delito de cohecho propio en concurso homogéneo.
De acuerdo al
expediente, la directora recibió promesa remuneratoria de funcionarios públicos
y de contratistas a cambio de adjudicación de contratos por $7.500 millones
representadas en bienes y efectivo, los cuales habrían sido entregados al congresista
Germán Olano y a Miguel Ángel Moralesrussi, implicados por los mismos hechos.
2º Inocencio Meléndez
Julio. Abogado,
jefe jurídico del IDU. Condenado en 2011 a 7 años de prisión. Ya recobro su
libertad y es actual testigo de la Fiscalía. Aceptó la responsabilidad por interés
indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de
requisitos legales, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
Meléndez fue
el primer condenado por carrusel y por ende, en el acuerdo que llegó con la
Fiscalía, entregó pruebas que hoy tiene tras las rejas a más de una docena de
personajes.
Estuvo 3 años privado de la libertad y pagó multa de $12
millones, regresó a casa en donde cumplirá el resto de su sentencia.
Entre los
testimonios que deberá rendir Meléndez: contra el concejal de Bogotá José Juan
Rodríguez Rico, que demostró un contubernio con la directora del IDU, Liliana
Pardo Gaona.
3º Héctor Zambrano Rodríguez. Secretario de salud de Bogotá.
13 años de prisión por recibir dinero para la adjudicación del contrato que iba
a prestar el servicio ambulatorio en Bogotá. Participación en el contrato por $69
mil millones para el servicio de ambulancias. En principio se declaró inocente
pero después llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Debido a que conoce la
administración pública, se convirtió en el testigo estrella del carrusel.
4º Iván
Alberto Hernández Daza. Director de la UAMV,
Unidad Administrativa de Mantenimiento Vial. Condenado a 16 meses de prisión y
20 salarios mínimos como multa, colaborará con la justicia. La Fiscalía le
imputó cohecho impropio.
Entre julio de 2009 y junio de 2010, habría recibido dinero
de empresas contratistas para beneficio propio y de concejales. Se hizo un
‘pacto’ entre los concejales Andrés Camacho Casado, Orlando Parada e Hipólito
Moreno para burocratizar la entidad y ponerla al servicio del crimen, indica el
expediente. Recibió el dinero para los 3 concejales en recibos tramitados por
la firma contratista ‘Empresa de la Patria’ que a la vez se sirvió de varias adjudicaciones
de contratos.
5º Francisco Rojas Birry. Personero. Condenado a 8 años
de prisión por haber recibido dinero para no ejercer sus funciones como
vigilante de los recursos públicos. Recibió $200 millones de la captadora ilegal DMG. En
la cárcel La Picota fue involucrado en el escándalo de las ambulancias y aceptó
su participación. Hoy está a la espera del juicio.
6º Miguel
Ángel Moralesrussi. Contralor. Desde que
fue privado de la libertad se ha declarado inocente. La principal acusación es
que no ejerció sus funciones y a cambio recibió dinero por las adjudicaciones
irregulares. Según la investigación hay
responsabilidad penal del contralor por exigir comisiones para favorecer a
contratistas de obras. Se le investiga por el delito de concusión.
7º Samuel
Moreno Rojas. Alcalde. Condena: 24
años de cárcel. Privado de la libertad en la Escuela de Caballería. Siempre se
ha declarado inocente porque es una ‘persecución política’.
En septiembre
26 de 2011, un juez Penal del Circuito con funciones de control de garantías
acogió la solicitud de la Fiscalía y profirió medida de aseguramiento, de
detención preventiva sin beneficio de excarcelación.
La medida afectó a Moreno Rojas por su responsabilidad en: interés
indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de
terceros. Se tuvo en cuenta las modificaciones a los requisitos de experiencia
de los proponentes en los contratos, la reducción del patrimonio, las
condiciones de experiencia, los cambios a los pliegos en general, en beneficio
de ‘Transvías’ de los Nules, y posterior, de ‘Vías de Bogotá SAS’. Suspendido por la Procuraduría.
Carrusel de las ambulancias. Mientras
Moreno Rojas esperaba el turno para el juicio aplazado en varias oportunidades
por los sobrecostos en las obras de la calle 26 por cerca de $195 mil millones,
en abril 30 de 2017, ante la Juez 41 Penal Municipal de Bogotá, con función de
control de garantías, una fiscal delegada ante la Corte Suprema imputó al
alcalde Moreno Rojas, cohecho propio en concurso con interés indebido en la
celebración de contratos por la compra de ambulancias.
Según el
expediente Moreno le pidió al secretario de Salud Héctor Zambrano que
tuviera confianza en Emilio Tapia, quien debía manejar el dinero.
Zambrano
recibió dineros del contrato que buscaba la consecución de ambulancias, dotadas
con equipos para atender a la población, contrato en el que se habían puesto de
acuerdo el presidente del Concejo de Bogotá Hipólito Moreno y los
contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez.
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