Congresistas y Políticos implicados
1º
Álvaro Ashton Giraldo, congresista liberal.
Según la Fiscalía, Ashton en 2014 pagó
$1.200 millones, a
Ricaurte para evitar una investigación en su contra por parapolítica, proceso que en 2017 aún está en el
despacho del magistrado Gustavo Malo. El fiscal Anticorrupción Gustavo Moreno
aseguró a la Corte que “$200 millones se entregaron al presidente de la Corte
Francisco Ricaurte, y $200 millones al magistrado Leonidas Bustos”. Ashton es procesado en la Corte por parapolítica y por el
escándalo de la DNE, Dirección Nacional de Estupefacientes.
La procuraduría en 2017 abre investigación por el
‘cartel de la toga’ a Ashton.
2º Musa
Besaile, congresista de la
U.
Confesó haber pagado $2 mil millones
para evitar ser capturado en proceso de parapolítica, pero afirma que fue una
extorsión; En 2017 la procuraduría abre investigación
por el ‘cartel de la toga’ a Musa Besaile.
3º Hernán Andrade, congresista conservador.
La Fiscalía, apuntaría a que pagó a
la ‘red de corrupción’ a cambio de que le “ayudaran” con un proceso que tenía
abierto la Corte por enriquecimiento ilícito, fraude
procesal y falsedad en documento privado, dentro de la investigación por el
desfalco de Cajanal. La procuraduría en 2017 abre investigación por el
‘cartel de la toga’ a Andrade.
4º Julio
Manzur, congresista.
Llamado a juicio porque los paramilitares de Mancuso lo
ayudaron para llegar al Congreso en 2006. "Moreno nos pidió una suma de $2
mil millones, suma por fuera de lo que indicaba el mercado ‘judicial’. Incluía
lo que nos imaginábamos, pero no le di espacio para que me extorsionara”,
aclaró.
5º
Juan Carlos Abadía, gobernador del Valle.
Su
proceso por corrupción estaba en el despacho del fiscal Alfredo Bettin;
2017 noviembre. Indagación preliminar contra Abadía, por su
presunta participación en el escándalo del ‘cartel de la toga’ abrió la
Procuraduría.
6º Temístocles Ortega, gobernador del Cauca.
Imputado por desviar dineros públicos para
favorecer y elegir a su sucesor y amigo, Oscar Ortega, proceso en el despacho
del fiscal ante la Corte, Alfredo Bettin. El abogado del gobernador era Bustos,
a través de Eduardo Saavedra, director del CTI Bogotá, el caso estaba en la
unidad de Moreno
7º
Diputados del Meta,
condenados en 2008 por una nómina paralela, la corte, con ponencia de Bustos,
declaro la prescripción. Según la
fiscalía, se reunieron con una mujer muy cercana a Bustos y pagaron $150
millones por cabeza por ese ‘favor’.
8º Alejandro Lyons, gobernador de Córdoba. 2017 noviembre. La procuraduría abrió indagación preliminar
contra Lyons, por su presunta participación en el ‘cartel de la toga’.
Asegura que llegó al magistrado
Tarquino a través del congresista por Sucre, Muriel Benito Revollo, quien selló
pactos con paramilitares’. La idea inicial era que Tarquino asesorara a Lyons
en la veintena de procesos que se le siguen por el saqueo de su departamento.
De hecho, le alcanzó a pagar $30 millones.
Lyons, dice que Tarquino le exigió luego $20.000 millones y que le dijo
que “había un grupo de magistrados dedicados a ese tipo de actividades:
intervenir en favor de los intereses de los procesados en las actuaciones que
se adelantaban en la Corte y en la Fiscalía”.
9º Luis Alfredo Ramos, congresista, gobernador de Antioquia. La Sala Penal de la Corte dejó en libertad a Ramos, quien permanecía bajo custodia en la Escuela de Caballería Cantón Norte de Bogotá desde hace más de 3 años. La decisión no tiene que ver con la absolución del acusado, sino con el vencimiento de términos. La justicia lo investiga por concierto para delinquir y alianza con paramilitares. Gustavo Moreno fue el principal defensor de Ramos en el juicio ante la Corte; acusado por nexos con grupos paramilitares, derivados de una reunión que sostuvo a finales de 2005 en Bello, Antioquia, que nunca negó, con Iván Roberto Duque, a. ‘Ernesto Báez’. Ramos reveló también que a esa reunión asistió Hugo Albeiro Quintero, conocido como el ‘Patrón de Bello’, gerente de ‘Bellanita de Transportes’ que fue condenado a 7 años y medio de prisión por conformar y financiar grupos criminales y sicariales. La parte crucial de este caso que lleva el magistrado Eyder Patiño, tiene que ver en si Ramos tenía y necesitaba o no permiso para acudir a esta. Uno de los testimonios es el del comandante del bloque paramilitar Cacique Pipintá, Pablo Sierra, a. ‘Alberto Guerrero’, quien aseguró bajo juramento que Ramos asistió a una reunión en 2005 con jefes de las Auc en una finca en el municipio de Bello. La Corte también dice que ‘el tuso’ Sierra, antes de 1998 le habría entregado a Ramos $10 millones de pesos.
Falsos testigos. De los 5 testigos en los
que se basó la Corte para acusar a Ramos, 2 resultaron
ser falsos. Uno de ellos es Carlos
Enrique Areiza, quien está en prisión por el delito de extorsión desde
2008 y fue imputado por falsedad procesal. Ante el Juzgado 32 Penal de
Medellín, Areiza aceptó el cargo, pidió perdón a Ramos por el daño que causó y
aseguró que fue presionado para declarar en contra del exgobernador. El otro es Mauricio
Palacio Tejada, quien había dicho en 2013 que él mismo llevó a Ramos a
la reunión del 2005. Palacio está en este momento en Chile y fue imputado en
contumacia por falso testimonio. Dos de los 3 testigos que le quedan a la Corte
generan bastantes dudas, según la defensa de Ramos: a. ‘el tuso Sierra’ nunca
declaró y podría ser imputado en contumacia y a. ‘Alberto Guerrero’, quien
también es testigo en los procesos contra Santiago Uribe y su hermano, nunca se
desmovilizó del bloque Cacique Pipintá y fue capturado por las autoridades.
Guerrero fue condenado a 40 años.
10º Alvaro García Romero, a. ‘el gordo’. Congresista.
Su proceso estuvo quieto por 6 años, antes de ser
condenado por la ‘Masacre de Macayepo’. La masacre de
12 campesinos quedó registrada como una de las más crueles en la historia de la
violencia colombiana.
11º Luis Gustavo Moreno Rivera, Fiscal Nacional anticorrupción. Denunciante del ‘cartel de la toga’.
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