17º Robos Nacionales y Regionales. Territoriales
‘Payola’: El Que No Paga, No Suena.
falta
2017
Uspec.
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. María Cristina Palau, directora. Recibió $600 millones a cambio de otorgar un contrato de la cárcel de Combita en Boyacá. Según la misma Palau, se presentaron algunas demoras por parte del Fonade debido a que el congresista‘ñoño’Elías” tenía “amarrada” la asignación de estos contratos para 2 empresas recomendadas por un magistrado del Consejo Electoral. En 2017 se conoció en una audiencia en los juzgados de Paloquemao que Fonade era la caja menor del congresista Elías. La misma Palau comentó en una reunión que comparte las comisiones recaudadas de manera ilegal con “un conocido senador del Partido Liberal”.
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. María Cristina Palau, directora. Recibió $600 millones a cambio de otorgar un contrato de la cárcel de Combita en Boyacá. Según la misma Palau, se presentaron algunas demoras por parte del Fonade debido a que el congresista‘ñoño’Elías” tenía “amarrada” la asignación de estos contratos para 2 empresas recomendadas por un magistrado del Consejo Electoral. En 2017 se conoció en una audiencia en los juzgados de Paloquemao que Fonade era la caja menor del congresista Elías. La misma Palau comentó en una reunión que comparte las comisiones recaudadas de manera ilegal con “un conocido senador del Partido Liberal”.
2010. . Coljuegos. Etesa.
Robo $2 mil millones. Mery Luz Londoño, gerente de ETESA Empresa territorial para la Salud, cuota del congresista Cáceres, capturada por el DAS junto con su esposo, Raúl Quintana, por el cobro de sobornos a propietarios de casinos y máquinas tragamonedas.
Robo $2 mil millones. Mery Luz Londoño, gerente de ETESA Empresa territorial para la Salud, cuota del congresista Cáceres, capturada por el DAS junto con su esposo, Raúl Quintana, por el cobro de sobornos a propietarios de casinos y máquinas tragamonedas.
La Policía y la fiscalía en varias ciudades del eje
cafetero y luego de una investigación de 1 año, hicieron efectivas 31 órdenes
de captura, de ellas 8 en flagrancia, contra funcionarios y exfuncionarios de Etesa
y Coljuegos; de estas capturas, 3 fueron contra directores de la entidad. Se
descubrió que, a través de empresas de papel, funcionarios de Coljuegos
engañaron al estado generando detrimento
patrimonial superior a los $2 mil millones entregando contratos ‘a dedo’
para activar unas máquinas tragamonedas que habían sido dadas de baja después
de haber sido incautadas por Etesa entidad predecesora de Coljuegos.
Por alguna razón que se desconoce, las máquinas
decomisadas no fueron destruidas como lo exige el protocolo de seguridad de la
entidad cuando no están registradas, en su lugar habrían sido habilitadas y
puestas de nuevo en circulación en casinos a través de concesiones. A los
capturados se les imputo: interés indebido en la celebración de contratos,
celebración indebida de contratos, falsedad ideológica en documento público,
concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.
1980 y
1990.
Robos a los dineros del erario público de gobernaciones y alcaldías en todo el país ocurridos.
Robos a los dineros del erario público de gobernaciones y alcaldías en todo el país ocurridos.
2010 Gobernadores y exgobernadores destituidos e
inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Gobernadores en ejercicio y exgobernadores destituidos e inhabilitados en los últimos 2 años por la Procuraduría para ejercer cargos públicos, debido a irregularidades cometidas en sus mandatos que involucran violación del régimen de inhabilidades de la ley para cargos de elección popular, contratos suscritos de manera indebida, delitos electorales y vínculos con bandas criminales y personas y empresas de dudosa reputación en los 3 últimos casos, los mandatarios y exmandatarios respondieron también penalmente en la Fiscalía.
Gobernadores en ejercicio y exgobernadores destituidos e inhabilitados en los últimos 2 años por la Procuraduría para ejercer cargos públicos, debido a irregularidades cometidas en sus mandatos que involucran violación del régimen de inhabilidades de la ley para cargos de elección popular, contratos suscritos de manera indebida, delitos electorales y vínculos con bandas criminales y personas y empresas de dudosa reputación en los 3 últimos casos, los mandatarios y exmandatarios respondieron también penalmente en la Fiscalía.
Gobernadores en ejercicio condenados:
1º Juan
Carlos Abadía, del Valle de Cauca.
2º Oscar
Raúl Flórez, del Casanare.
3º Joaco
Berrío, de Bolívar.
4º Felipe
Alonso Guzmán, del Putumayo.
5º Fredy
Forero Renquiva, de Arauca.
6º Guillermo
Alberto González, del Cauca.
7º Blas
Arvelio Ortiz, del Vichada.
8º Oscar
López, del Guaviare.
9º Patrocinio
Sánchez Montes de Oca, del Chocó.
Exgobernadores condenados:
1º Jorge
Eduardo Londoño, de Boyacá.
2º Efrén de
Jesús Ramírez, de Guainía.
3º Luis
Carlos Torres Rueda, del Meta.
4º William
Pérez Espinel, del Casanare.
En el periodo de 2009-2016, se sancionaron
por irregularidades cometidas en sus mandatos e inhabilidades para ejercer
cargos públicos a 2.806 funcionarios, entre gobernadores, alcaldes, concejales,
diputados y congresistas;
En el periodo 2004-2008 se destituyeron
e inhabilitaron de ejercer cargos públicos a 460 funcionarios de elección
popular.
2013 Empresa de Energía
de Pereira Enerpereira.
Risaralda. Robo $64.700 mil millones. Desfalco: Empresa de Energía de Pereira Enerpereira. La Contraloría archivo la investigación. Génesis. Directivos de Enerpereira repartieron ganancias sin liquidación de deudas y depositaron el capital social de $64.700 mil millones en el Fondo Proyectar Valores, decisión que dejó en riesgo el patrimonio de la empresa pública de energía de Pereira. El monto correspondiente al 51% de la Enerpereira es de recursos públicos de la ciudad, es decir, de los ciudadanos. La capitalización de la empresa al momento de la adquisición del 49% de las acciones.
Risaralda. Robo $64.700 mil millones. Desfalco: Empresa de Energía de Pereira Enerpereira. La Contraloría archivo la investigación. Génesis. Directivos de Enerpereira repartieron ganancias sin liquidación de deudas y depositaron el capital social de $64.700 mil millones en el Fondo Proyectar Valores, decisión que dejó en riesgo el patrimonio de la empresa pública de energía de Pereira. El monto correspondiente al 51% de la Enerpereira es de recursos públicos de la ciudad, es decir, de los ciudadanos. La capitalización de la empresa al momento de la adquisición del 49% de las acciones.
Vinculados: -Israel
Londoño Londoño.-Adriana M. Wolff Cuartas.-Carlos A. Peña Bernal.-Jaime A.
Herrera Agudelo.-Carlos A. Duque.-Édgar M. Galvis Lugo.-José M. Giraldo
Barreto.-Gabriel A. Viveros Naranjo.-Juan M. Arango Vélez.-Álvaro D. García
Muñoz.-Álvaro Beltrán Alzate.-Guillermo L. Henao Flórez.-Gabriela Jaramillo
Restrepo.-Andrés H. Tamayo Guarín.-Diana M. Pulgarín Santa.-Jorge I. Zapata
Escorcia.-John J. Toro Ríos.-Gabriel Gómez Gutiérrez.-Luis González
López.-César Arango Isaza.-Empresa Capitalizadora del Tolima.-Luis A. Ríos
Velilla. -Kapital Energy.-Enertolima Inversiones S. A. -Manuel Nule Velilla. -Grupo
NULE.
1998-2000 Fondo Ganadero del despojo.
El Fondo Ganadero de Cordoba fue una empresa criminal creada de la mano del paramilitarismo y varios delincuentes de cuello blanco, quienes a través de métodos coactivos despojaron a cientos de campesinos de sus tierras, sobre todo en el Urabá Antioqueño y parte de Córdoba. Según las denuncias, durante los años 1998 y 2000 los paramilitares amenazaron a los lugareños para que vendieran sus predios a precios irrisorios para que de esta manera el Fondo se convirtiera en su propietario. Todos los implicados en este método de despojo fueron acusados de lavado de activos, poniendo al Fondo Ganadero de Córdoba en serios aprietos para demostrar los títulos de posesión de grandes extensiones de tierra.
El Fondo Ganadero de Cordoba fue una empresa criminal creada de la mano del paramilitarismo y varios delincuentes de cuello blanco, quienes a través de métodos coactivos despojaron a cientos de campesinos de sus tierras, sobre todo en el Urabá Antioqueño y parte de Córdoba. Según las denuncias, durante los años 1998 y 2000 los paramilitares amenazaron a los lugareños para que vendieran sus predios a precios irrisorios para que de esta manera el Fondo se convirtiera en su propietario. Todos los implicados en este método de despojo fueron acusados de lavado de activos, poniendo al Fondo Ganadero de Córdoba en serios aprietos para demostrar los títulos de posesión de grandes extensiones de tierra.
1984 El Metro de Medellín.
La adjudicación para su Construcción. Cambio de Diseño. Sobrecostos. Dejó una lección clara sobre otra forma de malas prácticas en la contratación pública. Quedó demostrado que es tradicional en el país el uso de sobornos para hacer lobby en los procesos de adjudicación y hacerse a contratos millonarios.
La adjudicación para su Construcción. Cambio de Diseño. Sobrecostos. Dejó una lección clara sobre otra forma de malas prácticas en la contratación pública. Quedó demostrado que es tradicional en el país el uso de sobornos para hacer lobby en los procesos de adjudicación y hacerse a contratos millonarios.
Luis Felipe Guerra,
investigador de la Contraloría General, puso en 1984 en conocimiento de la
Procuraduría irregularidades en la licitación internacional de las obras del
metro, y denunció hechos que, según la indagación, podrían configurar delitos
de falsedad, fraude procesal y otros contra la administración pública. El
informe consignaba que habrían existido vicios en la adjudicación, relacionados
con el desconocimiento del pliego de peticiones y de las normas de contratación
de empréstitos en el país. Esas irregularidades, dijeron, ameritaban la
declaratoria de nulidad de la licitación.Los investigadores concluyeron a la
vez que existían grandes diferencias monetarias entre las propuestas de
financiación.La primera conclusión fiscal a la que llegaron Guerra y Gómez
consistía en que más de 257 millones de dólares, del consorcio colombo-alemán
favorecido con la licitación en 1983, no aparecían asegurados o garantizados en
la propuesta.De esta manera, concluyeron los investigadores, la propuesta de
licitación no cumplía con los requisitos ni en cuanto al valor básico cotizado
ni en cuanto a las necesidades de capitalización de intereses durante los
primeros cuatro años, ni con otros factores que incidían en el costo real del
proyecto.Finalmente, el informe señalaba que las actuaciones de los
funcionarios de la empresa que adjudicó la licitación podrían tipificar delitos
de falsedad en documentos públicos, fraude procesal que indujo a error,
usurpación de funciones públicas y tramitación de contratos sin el cumplimiento
de requisitos legales.Los investigadores habían conceptuado que ese informe
debía ser trasladado además a la justicia penal, que sería la encargada de
determinar si esas actuaciones realmente se constituían en delito.
Una vez se hizo público el informe, el entonces
gerente de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, Diego Londoño
White, sostuvo que desconocía la orden de la Contraloría de investigar penal y
desciplinariamente a los funcionarios de esa entidad y a las juntas del metro
que participaron en la adjudicación de la licitación
2013 Space hubo homicidios.
Por el fallecimiento de 12 personas durante el desplome de la torre Space en Medellín en octubre de 2013, Jorge Fernando Perdomo Torres, vicefiscal afirmó que hubo homicidios por lo que hay que obtener algunos resultados en materia penal. “Hay unos homicidios culposos o dolosos por los que alguien tiene que responder”. De acuerdo con Perdomo, las investigaciones que pretenden encontrar a los culpables del caso van avanzando de manera positiva luego de la creación del Grupo de Tareas Especiales. Se ha llamado a interrogatorio a 5 personas, entre ellas el representante legal de la constructora, algunos ingenieros y curadores.
Por el fallecimiento de 12 personas durante el desplome de la torre Space en Medellín en octubre de 2013, Jorge Fernando Perdomo Torres, vicefiscal afirmó que hubo homicidios por lo que hay que obtener algunos resultados en materia penal. “Hay unos homicidios culposos o dolosos por los que alguien tiene que responder”. De acuerdo con Perdomo, las investigaciones que pretenden encontrar a los culpables del caso van avanzando de manera positiva luego de la creación del Grupo de Tareas Especiales. Se ha llamado a interrogatorio a 5 personas, entre ellas el representante legal de la constructora, algunos ingenieros y curadores.
Álvaro Villegas Moreno, CDO,
Torres Space, edificios Asensi, Continental Towers y Colores de Calasanía.
2016 Secretaría de Hacienda de Medellín.
Antioquia. Fueron capturados y enviados a prisión 6 servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, por concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento público y peculado por apropiación. La Fiscalía señala que, desde el 2014, este grupo de personas habría cometido actividades ilícitas que causaron un detrimento patrimonial a la Alcaldía por cuantía más de$1.800 millones. El modus operandi consistía en: 1º contactar y convencer a contribuyentes para disminuir sus pagos por concepto de Impuesto Predial uso de suelo e Industria y Comercio para establecimientos comerciales e industriales a cambio de considerables sumas de dinero; 2º dejar prescribir las cuentas con el fin de contactar ciudadanos y ofrecerles la citada prescripción; 3º la realización de ajustes indebidos, ya que accedían al sistema interno y disminuían los saldos a pagar por los deudores morosos.
Antioquia. Fueron capturados y enviados a prisión 6 servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, por concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento público y peculado por apropiación. La Fiscalía señala que, desde el 2014, este grupo de personas habría cometido actividades ilícitas que causaron un detrimento patrimonial a la Alcaldía por cuantía más de$1.800 millones. El modus operandi consistía en: 1º contactar y convencer a contribuyentes para disminuir sus pagos por concepto de Impuesto Predial uso de suelo e Industria y Comercio para establecimientos comerciales e industriales a cambio de considerables sumas de dinero; 2º dejar prescribir las cuentas con el fin de contactar ciudadanos y ofrecerles la citada prescripción; 3º la realización de ajustes indebidos, ya que accedían al sistema interno y disminuían los saldos a pagar por los deudores morosos.
2017 Corpourabá.
Antioquia. Luego de 2 días de audiencia, 3 empleados del área financiera de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de Urabá, Corpourabá entidad estatal que ejerce como autoridad ambiental de la región, aceptaron los cargos de peculado por apropiación en provecho propio y falsedad ideológica en documento público imputados por la Fiscalía. Se apropiaron de $2.648 millones en dineros públicos de 2010 a 2016. Esta investigación comenzó luego de una denuncia por los malos manejos dentro de la institución; además, hay una orden de captura vigente a la tesorera de la entidad.
Antioquia. Luego de 2 días de audiencia, 3 empleados del área financiera de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de Urabá, Corpourabá entidad estatal que ejerce como autoridad ambiental de la región, aceptaron los cargos de peculado por apropiación en provecho propio y falsedad ideológica en documento público imputados por la Fiscalía. Se apropiaron de $2.648 millones en dineros públicos de 2010 a 2016. Esta investigación comenzó luego de una denuncia por los malos manejos dentro de la institución; además, hay una orden de captura vigente a la tesorera de la entidad.
2017 Secretaría de Movilidad de Medellín.
Antioquia. La Fiscalía capturó en Medellín a 17 personas: 15 tramitadores privados y 2 inspectores de tránsito de la Secretaría de Movilidad, que se dedicaban a falsificar o alterar infracciones de tránsito, documentos propios de la entidad, licencias de conducir y SOAT a cambio de dinero. A los detenidos, quienes se les venía haciendo seguimiento de sus actividades desde el 2014, se les imputaron concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público y privado, con penas que van entre los 8 y 12 años de prisión.
Antioquia. La Fiscalía capturó en Medellín a 17 personas: 15 tramitadores privados y 2 inspectores de tránsito de la Secretaría de Movilidad, que se dedicaban a falsificar o alterar infracciones de tránsito, documentos propios de la entidad, licencias de conducir y SOAT a cambio de dinero. A los detenidos, quienes se les venía haciendo seguimiento de sus actividades desde el 2014, se les imputaron concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público y privado, con penas que van entre los 8 y 12 años de prisión.
2017 Carrusel de las Cirugías Plásticas.
‘Embellecimiento ilícito’. Antioquia. A comienzos de Julio fueron
capturados por la Fiscalía el Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, el
gerente de la ESE Hospital La María en Medellín; William Marulanda, y 3 hermanas
del contralor Zuluaga. El gerente Marulanda habría autorizado realizar cirugías
plásticas sin realizar el respectivo cobro a los beneficiarios de las mismas,
incluyendo el Contralor y sus hermanas; en su lugar, se hacían las facturas y
posteriormente se anulaban realizando cobros con valores menores a los reales,
a veces, ni se cobraban los servicios de quirófano, anestesiólogos y
medicamentos, afectando la parte financiera de ente de salud público. En otros
casos, el gerente las hizo pasar por otros procedimientos para que las cobijara
el POS. A los detenidos se les imputaron peculado por apropiación y prevaricato
por omisión. Según una auditoría hecha, se habrían hallado desde el año
anterior, cuando se solicitó la investigación a la Fiscalía de este caso por
parte de concejales de Medellín y diputados de Antioquia, un total de 102
procedimientos médicos irregulares por valor de $130.762.550. Pese a las
pruebas recopiladas por la Fiscalía, el juez del caso les concedió libertad a
los imputados al considerar que no había suficiente material probatorio; aun
así, el proceso sigue su marcha.
2017 Alcaldesa de Ocaña.
Norte de Santander. Capturados por la Fiscalía la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, junto a sus Secretarios de Gobierno, Juan Pablo Bacca, y de Movilidad, Albert Urquijo, por violación del régimen de inhabilidades y celebración indebida de contratos, con la respectiva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a cada uno por parte de un juez. Según la investigación, hecha a raíz de una denuncia instaurada por un habitante del municipio, la alcaldesa firmó un contrato por $80 millones con un contratista que habría financiado su campaña electoral para la alcaldía. El denunciante aseguró que, con este accionar, la mandataria municipal vulneró una ley de2011, que fija prohibiciones para la entrega de contratos a financiadores de campañas electorales. Por estas mismas acciones, se radicó una queja disciplinaria ante laProcuraduría.En Mayo fue revocada la medida de aseguramiento, al no encontrar una obstrucción de la justicia por parte de Prado Carrascal.
Norte de Santander. Capturados por la Fiscalía la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, junto a sus Secretarios de Gobierno, Juan Pablo Bacca, y de Movilidad, Albert Urquijo, por violación del régimen de inhabilidades y celebración indebida de contratos, con la respectiva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a cada uno por parte de un juez. Según la investigación, hecha a raíz de una denuncia instaurada por un habitante del municipio, la alcaldesa firmó un contrato por $80 millones con un contratista que habría financiado su campaña electoral para la alcaldía. El denunciante aseguró que, con este accionar, la mandataria municipal vulneró una ley de2011, que fija prohibiciones para la entrega de contratos a financiadores de campañas electorales. Por estas mismas acciones, se radicó una queja disciplinaria ante laProcuraduría.En Mayo fue revocada la medida de aseguramiento, al no encontrar una obstrucción de la justicia por parte de Prado Carrascal.
2017 Alcalde de Mogotes. .
Santander. La Fiscalía ordenó la captura en enero, con la respectiva medida de aseguramiento de prisión por parte de un Juez, del alcalde en ejercicio de Mogotes, Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda, por peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y prevaricato por omisión. La Fiscalía se basó en la investigación fiscal hecha por la Contraloría, donde se comprobaron irregularidades en dos contratos firmados en 2008-2011 por el alcalde, que para la época se desempeñaba como Secretario de Gobierno de Onzaga, Santander. En el primero, se hallaron irregularidades en la etapa precontractual, ya que el Informe de Conveniencia y Oportunidad documento exigido por la ley para la realización de un contrato no indicaba el valor a contratar y se tomó como base el valor del único proponente $18 millones sin existir análisis o estudio de otras propuestas, además de no cumplir con su labor como supervisorde vigilar y controlar la ejecución del mencionado contrato. El otro contrato, por valor de $31 millones, firmado con la cooperativa Gente Líder, cuyo objeto era la "Realización de la capacitación y asesoría en el proceso financiero relacionado con el marco fiscal de mediano plazo, su relación con el presupuesto y el fortalecimiento de la capacidad técnica de la Secretaría", se descubrió que en 2008 ya se había realizado otro contrato con el mismo objeto, lo cual no está permitido por la ley; se descubrió, además, que el objeto del contrato debía ser realizado directamente por personal de la secretaría contratante y no por particulares. En Marzo es dejado libre retornando a su cargo, aunque el juicio seguirá su marcha.
Santander. La Fiscalía ordenó la captura en enero, con la respectiva medida de aseguramiento de prisión por parte de un Juez, del alcalde en ejercicio de Mogotes, Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda, por peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y prevaricato por omisión. La Fiscalía se basó en la investigación fiscal hecha por la Contraloría, donde se comprobaron irregularidades en dos contratos firmados en 2008-2011 por el alcalde, que para la época se desempeñaba como Secretario de Gobierno de Onzaga, Santander. En el primero, se hallaron irregularidades en la etapa precontractual, ya que el Informe de Conveniencia y Oportunidad documento exigido por la ley para la realización de un contrato no indicaba el valor a contratar y se tomó como base el valor del único proponente $18 millones sin existir análisis o estudio de otras propuestas, además de no cumplir con su labor como supervisorde vigilar y controlar la ejecución del mencionado contrato. El otro contrato, por valor de $31 millones, firmado con la cooperativa Gente Líder, cuyo objeto era la "Realización de la capacitación y asesoría en el proceso financiero relacionado con el marco fiscal de mediano plazo, su relación con el presupuesto y el fortalecimiento de la capacidad técnica de la Secretaría", se descubrió que en 2008 ya se había realizado otro contrato con el mismo objeto, lo cual no está permitido por la ley; se descubrió, además, que el objeto del contrato debía ser realizado directamente por personal de la secretaría contratante y no por particulares. En Marzo es dejado libre retornando a su cargo, aunque el juicio seguirá su marcha.
2016 CAS.
Corporación Autónoma Regional de Santander. La Fiscalía capturó y envió a la cárcel, después de la audiencia de imputación de cargos, a 4 funcionarios y exfuncionarios de la CAS entidad estatal encargada de ejercer la autoridad ambiental en el departamento de Santander; entre ellos, la directora de la entidad, Flor María Rangel, por peculado por apropiación y falsedad endocumento público, debido a irregularidades encontradas en un contrato por un valor de $3.400 millones, donde se le entregó casi la totalidad de la plata al contratista Unión Temporal Barrancabermeja sin que este hubiese ejecutado ni el 50% del objeto del contrato que era la "reforestación e intervención de zonas estratégicas para el medio ambiente". La Fiscalía descubrió también que se habrían presentado irregularidades en la suscripción del contrato, pues al momento de celebrarlo, la CAS no habría pedido al contratista que certificara su experiencia en el sector. Además, no se realizaron los estudios previos de manera adecuada y no hubo supervisión o interventoría que verificara la ejecución de las obras.
Corporación Autónoma Regional de Santander. La Fiscalía capturó y envió a la cárcel, después de la audiencia de imputación de cargos, a 4 funcionarios y exfuncionarios de la CAS entidad estatal encargada de ejercer la autoridad ambiental en el departamento de Santander; entre ellos, la directora de la entidad, Flor María Rangel, por peculado por apropiación y falsedad endocumento público, debido a irregularidades encontradas en un contrato por un valor de $3.400 millones, donde se le entregó casi la totalidad de la plata al contratista Unión Temporal Barrancabermeja sin que este hubiese ejecutado ni el 50% del objeto del contrato que era la "reforestación e intervención de zonas estratégicas para el medio ambiente". La Fiscalía descubrió también que se habrían presentado irregularidades en la suscripción del contrato, pues al momento de celebrarlo, la CAS no habría pedido al contratista que certificara su experiencia en el sector. Además, no se realizaron los estudios previos de manera adecuada y no hubo supervisión o interventoría que verificara la ejecución de las obras.
2015 Alcalde de San Gil. .
Santander. En noviembre fue capturado el alcalde en ejercicio del municipio de Gil Santander; Alvaro Agón Martínez, por fraude al sufragante, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva e ilegal de dinero, no devolución de lo captado y prevaricato por acción. La Fiscalía comprobó que Álvaro Agón, junto a su hermano el alcalde de San Gil; Javier Agón condenado por celebración indebida de contratos durante su administración estafaron a más de 500 personas por el orden de los $1.800 millones con un proyecto de vivienda llamado Asovibrisas, Asociación de Vivienda Brisas del Porvenir. Los estafados pagaron por la administración de un lote destinado a este proyecto de vivienda, el cual está declarado como Reserva Forestal, por lo que no se podía desarrollar construcción alguna en este lugar. Sabiendo esto, los hermanos Agón convencieron a las familias para el desarrollo del proyecto de vivienda y aprovechándose de su cargo como alcalde, Álvaro Agón autorizó la conformación de la asociación para que los afectados empezaran a invertir en pagos mensuales al supuesto proyecto habitacional que nunca se desarrolló; en su lugar, el dinero recogido fue utilizado para beneficio personal de los Agón. En abril de 2017, Javier Agón fue condenado a 12 años de prisión, condena apelada por los afectados quienes la consideran ‘muy baja’ por el daño ocasionado a quienes invirtieron.
Santander. En noviembre fue capturado el alcalde en ejercicio del municipio de Gil Santander; Alvaro Agón Martínez, por fraude al sufragante, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva e ilegal de dinero, no devolución de lo captado y prevaricato por acción. La Fiscalía comprobó que Álvaro Agón, junto a su hermano el alcalde de San Gil; Javier Agón condenado por celebración indebida de contratos durante su administración estafaron a más de 500 personas por el orden de los $1.800 millones con un proyecto de vivienda llamado Asovibrisas, Asociación de Vivienda Brisas del Porvenir. Los estafados pagaron por la administración de un lote destinado a este proyecto de vivienda, el cual está declarado como Reserva Forestal, por lo que no se podía desarrollar construcción alguna en este lugar. Sabiendo esto, los hermanos Agón convencieron a las familias para el desarrollo del proyecto de vivienda y aprovechándose de su cargo como alcalde, Álvaro Agón autorizó la conformación de la asociación para que los afectados empezaran a invertir en pagos mensuales al supuesto proyecto habitacional que nunca se desarrolló; en su lugar, el dinero recogido fue utilizado para beneficio personal de los Agón. En abril de 2017, Javier Agón fue condenado a 12 años de prisión, condena apelada por los afectados quienes la consideran ‘muy baja’ por el daño ocasionado a quienes invirtieron.
2014 Carrusel de contratos.
Bucaramanga. Santander. La Fiscalía capturó al alcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, imputándole cargos de falsedad en documento público y privado, falsedad por ocultamiento, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, ya que en el tiempo que estuvo a cargo de la administración de la ciudad luego de la destitución de Fernando Vargas Mendoza, alcalde titular por parte de la Procuraduría, de octubre a diciembre de 2011, firmó contratos por más de $2 mil millones sin haber pasado por proceso de licitación. Además, se descubrió que muchos de los objetos contractuales firmados nunca se realizaron y, aun así, se entregaron certificaciones de cumplimiento por parte de los supervisores o interventores para el cobro de los mismos. También se descubrieron contratos donde el contratista no cumplía con los requisitos mínimos o la experiencia requerida para el objeto del contrato. El alcalde Moreno Galvis firmó en 2016 un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la mayoría de los delitos imputados, recibiendo beneficio de detención domiciliaria; en el mismo año 2016, también fueron condenados dos de los supervisores o interventores de los contratos cuestionados, Libardo Jaramillo y Ulises Dueñas, a 5 y 6 años de prisión respectivamente.
Bucaramanga. Santander. La Fiscalía capturó al alcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, imputándole cargos de falsedad en documento público y privado, falsedad por ocultamiento, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, ya que en el tiempo que estuvo a cargo de la administración de la ciudad luego de la destitución de Fernando Vargas Mendoza, alcalde titular por parte de la Procuraduría, de octubre a diciembre de 2011, firmó contratos por más de $2 mil millones sin haber pasado por proceso de licitación. Además, se descubrió que muchos de los objetos contractuales firmados nunca se realizaron y, aun así, se entregaron certificaciones de cumplimiento por parte de los supervisores o interventores para el cobro de los mismos. También se descubrieron contratos donde el contratista no cumplía con los requisitos mínimos o la experiencia requerida para el objeto del contrato. El alcalde Moreno Galvis firmó en 2016 un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la mayoría de los delitos imputados, recibiendo beneficio de detención domiciliaria; en el mismo año 2016, también fueron condenados dos de los supervisores o interventores de los contratos cuestionados, Libardo Jaramillo y Ulises Dueñas, a 5 y 6 años de prisión respectivamente.
2011 Alcalde de Bucaramanga.
Santander. En julio de 2001 la Procuraduría destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 10 años al alcalde en ejercicio de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, por irregularidades cometidas en la firma de un convenio con el Instituto Universitario para la Paz Unipaz, al no haber realizado una licitación pública en la celebración del contrato, el cual lo hizo pasar como convenio para no licitarlo, por la suma de $900 millones en 2011, que tenía como fin brindar capacitaciones a docentes y mejorar las condiciones tecnológicas del municipio. Por hechos similares, la Procuraduría también destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos a funcionarios de alto rango del alcalde Vargas; la más drástica, contra la secretaría de Desarrollo Social del municipio, Paola Andrea Carvajal, inhabilitada por 12 años al dividir un contrato de gran cuantía en varios contratos de pequeña cuantía, los cuales no se requieren de procesos licitatorios por la ley.
Santander. En julio de 2001 la Procuraduría destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 10 años al alcalde en ejercicio de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, por irregularidades cometidas en la firma de un convenio con el Instituto Universitario para la Paz Unipaz, al no haber realizado una licitación pública en la celebración del contrato, el cual lo hizo pasar como convenio para no licitarlo, por la suma de $900 millones en 2011, que tenía como fin brindar capacitaciones a docentes y mejorar las condiciones tecnológicas del municipio. Por hechos similares, la Procuraduría también destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos a funcionarios de alto rango del alcalde Vargas; la más drástica, contra la secretaría de Desarrollo Social del municipio, Paola Andrea Carvajal, inhabilitada por 12 años al dividir un contrato de gran cuantía en varios contratos de pequeña cuantía, los cuales no se requieren de procesos licitatorios por la ley.
En enero de 2015, el alcalde Vargas
recibió otra sanción, por parte de la Procuraduría, para ejercer cargos
públicos por 11 años, debido a irregularidades contractuales presentadas en la
construcción de la Fase I del Parque Integral Metropolitano de Bucaramanga.
Según el ente de control "El exalcalde intervino en la celebración del
citado contrato de obra pública sin contar previamente con estudios técnicos y
económicos precisos, serios y completos, teniendo en cuenta que los estudios
geotécnicos no tuvieron el alcance necesario y de cubrimiento de gran parte del
área donde se concibió construir el parque". Por este hecho, también
fue sancionado su secretario de Infraestructura, Álvaro Ramírez Herrera, con 12
años sin ejercer cargos públicos.
Alcalde de Barrancabermeja.
Por parapolítica un fiscal de la Unidad de Antiterrorismo ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Elkin Bueno Altahona.
Por parapolítica un fiscal de la Unidad de Antiterrorismo ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Elkin Bueno Altahona.
2008 Gobernador de Santander.
En febrero, fue capturado por la fiscalía en Bogotá el exgobernador de Santander, Mario Camacho Prada, condenado por la Corte Suprema a 7 años y 6 meses de prisión por peculado por aplicación oficial diferente, celebración indebida de contratos y prevaricato por acción. La investigación comenzó después de la denuncia que instauró en la Fiscalía Óscar Poveda Velandia, exfuncionario de la Gobernación de Santander, que llevó a cabo el 2 de octubre de 1998. Poveda denunció que en la compra del Hotel Bella Isla del municipio de San Gil, por parte del departamento, hubo irregularidades: No contaba con disponibilidad presupuestal el departamento para una inversión de esta naturaleza, no estaba previsto en el presupuesto aprobado para 1995 ni era parte del programa de gobierno de Camacho Prada para el departamento. Poveda denunció que Camacho Prada dispuso de recursos departamentales por $1.404 millones en 2008, para la compra del hotel y después lo adicionó al presupuesto, sin contar con la autorización del Contralor Departamental para pedir un crédito adicional; y en octubre de 1995 negoció con el banco de occidente un crédito para la Tesorería departamental por la suma de $700 millones en 2008, dinero que giró directamente a Inversiones Bella Isla, como pago del primer anticipo en la compra del hotel. En 2001, Camacho Prada había sido condenado a 52 meses de prisión por violar el régimen de inhabilidad, al comprobarse que respaldó un contrato departamental para una empresa propiedad de familiares de su secretaria privada.
En febrero, fue capturado por la fiscalía en Bogotá el exgobernador de Santander, Mario Camacho Prada, condenado por la Corte Suprema a 7 años y 6 meses de prisión por peculado por aplicación oficial diferente, celebración indebida de contratos y prevaricato por acción. La investigación comenzó después de la denuncia que instauró en la Fiscalía Óscar Poveda Velandia, exfuncionario de la Gobernación de Santander, que llevó a cabo el 2 de octubre de 1998. Poveda denunció que en la compra del Hotel Bella Isla del municipio de San Gil, por parte del departamento, hubo irregularidades: No contaba con disponibilidad presupuestal el departamento para una inversión de esta naturaleza, no estaba previsto en el presupuesto aprobado para 1995 ni era parte del programa de gobierno de Camacho Prada para el departamento. Poveda denunció que Camacho Prada dispuso de recursos departamentales por $1.404 millones en 2008, para la compra del hotel y después lo adicionó al presupuesto, sin contar con la autorización del Contralor Departamental para pedir un crédito adicional; y en octubre de 1995 negoció con el banco de occidente un crédito para la Tesorería departamental por la suma de $700 millones en 2008, dinero que giró directamente a Inversiones Bella Isla, como pago del primer anticipo en la compra del hotel. En 2001, Camacho Prada había sido condenado a 52 meses de prisión por violar el régimen de inhabilidad, al comprobarse que respaldó un contrato departamental para una empresa propiedad de familiares de su secretaria privada.
2006 Alcalde de. . Cali.
Valle. En diciembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 16 años al alcalde en ejercicio de Cali, Apolinar Salcedo, por irregularidades en la celebración de un contrato que entregó a particulares el recaudo de los impuestos de Cali. El ente de control confirmó que el contrato se firmó por fuera de los tiempos autorizados, que el contratista no ofrecía las suficientes garantías y que el Alcalde desconoció abiertamente los principios de transparencia y objetividad. No obstante, el Concejo de la ciudad, la División de Apoyo Fiscal del minhacienda, la Procuraduría Regional y las veedurías ciudadanas le habían advertido de la inconveniencia de realizar este contrato; aun así, el alcalde lo firmó el año anterior. Por este hecho, su Secretaria de Hacienda, María del Rosario Peña, también fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos. En 2013, el alcalde Salcedo demandó a la Procuraduría ante el Consejo de Estado para retirar la sanción interpuesta por el ente de control, reclamando además los sueldos que dejó de devengar.
Valle. En diciembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 16 años al alcalde en ejercicio de Cali, Apolinar Salcedo, por irregularidades en la celebración de un contrato que entregó a particulares el recaudo de los impuestos de Cali. El ente de control confirmó que el contrato se firmó por fuera de los tiempos autorizados, que el contratista no ofrecía las suficientes garantías y que el Alcalde desconoció abiertamente los principios de transparencia y objetividad. No obstante, el Concejo de la ciudad, la División de Apoyo Fiscal del minhacienda, la Procuraduría Regional y las veedurías ciudadanas le habían advertido de la inconveniencia de realizar este contrato; aun así, el alcalde lo firmó el año anterior. Por este hecho, su Secretaria de Hacienda, María del Rosario Peña, también fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos. En 2013, el alcalde Salcedo demandó a la Procuraduría ante el Consejo de Estado para retirar la sanción interpuesta por el ente de control, reclamando además los sueldos que dejó de devengar.
2015 Escándalo en los Juegos Nacionales.
Tolima. El escándalo estalló por el incumplimiento del municipio de Ibagué, en la construcción de algunos escenarios deportivos requeridos para la realización de los XX Juegos Nacionales y IV Juegos nacionales, en los cuales el Gobierno, a través de Coldeportes, invirtió $258.910 mil millones; de los cuales se perdieron $66 mil millones, según la Contraloría, dejando inconclusos los escenarios para las justas deportivas. Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, se comprobaron irregularidades en los diseños de los escenarios deportivos y sobrecostos injustificados en su construcción. Hasta el momento se ha ordenado la captura de 7 personas por el desfalco, entre contratistas de las obras y funcionarios de la alcaldía de Ibagué; de estas personas, hay dos que ya están condenadas, la condena más severa cayó sobre el llamado ‘cerebro’ de esta defraudación: El abogado Orlando Arciniegas Lagos, asesor externo de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Ibagué, quien fue condenado por la justicia en marzo de 2017 a 36 años y 4 meses de prisión por enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos yconcusión, al defraudar al estado en más de $11.500 mil millones y multa de $22 mil millones. Las investigaciones a 2017 siguen en curso buscando más responsables. En Mayo del mismo año, se le imputo una nueva condena al gerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué Imdri Carlos Ángel, por 5 años y 5 meses en prisión, y multa de $61 millones, que se suma a la condena ya impuesta de 12 años y $855 millones en multa.
Tolima. El escándalo estalló por el incumplimiento del municipio de Ibagué, en la construcción de algunos escenarios deportivos requeridos para la realización de los XX Juegos Nacionales y IV Juegos nacionales, en los cuales el Gobierno, a través de Coldeportes, invirtió $258.910 mil millones; de los cuales se perdieron $66 mil millones, según la Contraloría, dejando inconclusos los escenarios para las justas deportivas. Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, se comprobaron irregularidades en los diseños de los escenarios deportivos y sobrecostos injustificados en su construcción. Hasta el momento se ha ordenado la captura de 7 personas por el desfalco, entre contratistas de las obras y funcionarios de la alcaldía de Ibagué; de estas personas, hay dos que ya están condenadas, la condena más severa cayó sobre el llamado ‘cerebro’ de esta defraudación: El abogado Orlando Arciniegas Lagos, asesor externo de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Ibagué, quien fue condenado por la justicia en marzo de 2017 a 36 años y 4 meses de prisión por enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos yconcusión, al defraudar al estado en más de $11.500 mil millones y multa de $22 mil millones. Las investigaciones a 2017 siguen en curso buscando más responsables. En Mayo del mismo año, se le imputo una nueva condena al gerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué Imdri Carlos Ángel, por 5 años y 5 meses en prisión, y multa de $61 millones, que se suma a la condena ya impuesta de 12 años y $855 millones en multa.
Regalías.
Llanos Orientales. La región que concentra las mayores irregularidades en el manejo de regalías. Según la Contraloría, la incidencia fiscal en esa región es de $46.954 millones.
Llanos Orientales. La región que concentra las mayores irregularidades en el manejo de regalías. Según la Contraloría, la incidencia fiscal en esa región es de $46.954 millones.
2003 Gobernador del
Casanare.
En Octubre de 2003 Miguel Ángel Pérez fue elegido Gobernador del Departamento del Casanare, cargo que empezó a ejercer en enero de 2004. En noviembre de ese mismo año, se desató un escándalo, al transmitir un video en el que el gobernador Pérez aparece recibiendo una importante suma de dinero, para el financiamiento de su campaña a Gobernador. Dicho dinero habría sido entregado en octubre de 2003 por Luis Martín Sacristán a.‘Fox’, conocido por ser el vocero político del grupo de paramilitares liderado por a.‘Martín Llanos’. Pérez reconoció la autenticidad del video, pero insistió en que se trataba de una celada del grupo paramilitar y que no sabía con quién estaba reunido ni de quién recibía el aporte, y aseguró que devolvió los dineros cuando supo el origen.
En Octubre de 2003 Miguel Ángel Pérez fue elegido Gobernador del Departamento del Casanare, cargo que empezó a ejercer en enero de 2004. En noviembre de ese mismo año, se desató un escándalo, al transmitir un video en el que el gobernador Pérez aparece recibiendo una importante suma de dinero, para el financiamiento de su campaña a Gobernador. Dicho dinero habría sido entregado en octubre de 2003 por Luis Martín Sacristán a.‘Fox’, conocido por ser el vocero político del grupo de paramilitares liderado por a.‘Martín Llanos’. Pérez reconoció la autenticidad del video, pero insistió en que se trataba de una celada del grupo paramilitar y que no sabía con quién estaba reunido ni de quién recibía el aporte, y aseguró que devolvió los dineros cuando supo el origen.
En
diciembre 22 de 2004, la Fiscalía solicitó la suspensión del cargo y libró una
medida de aseguramiento en su contra. No obstante, antes de su captura, el
gobernador se escabulló y desapareció de la escena. El 16 de junio de 2005,
luego de más de 6 meses de búsqueda, la Policía de Bogotá lo capturó en un
restaurante del norte de la ciudad. En julio del año 2006, después de varias
audiencias, la Corte Suprema lo declaró culpable de recibir us52.000 de las AUC
de Martín Llanos para financiar su campaña electoral en 2003. Lo condenó a 6
años de cárcel y a pagar us103.500. En la sentencia el máximo tribunal señaló
que “para la sala es evidente que el dr. Pérez Suárez acudió a la cita
conociendo la identidad de sus gestores y de su vinculación con grupos armados
ilegales, por lo que al aceptar y recibir el aporte económico incurrió en la
conducta punible de enriquecimiento ilícito de particulares”.
Además de los delitos mencionados, la Corte Suprema, inició
en 2008 una investigación contra Miguel Ángel Pérez por el delito de
Celebración Indebida de Contratos, aduciendo que en el año 2.007, cuando se
desempeñaba como Gobernador, celebró un contrato sin cumplir con todos los
requisitos de ley para llevar energía eléctrica a los municipios de Trinidad y
San Luis. Frente a este último delito, la sala penal absolvió al exgobernador
argumentando que la Fiscalía no presentó las pruebas contundentes que
demostraran la responsabilidad de Pérez en la comisión de la conducta de que se
le acusaba.
2013 Gobernación del Casanare.
Robo $46 mil millones. Witman Herney Porras, Gobernador de Casanare, de septiembre de 2006 a diciembre de 2007. Condenado en marzo de 2013 por la Corte a 18 años de cárcel a devolver $42.342’813.556 como daño emergente e intereses, inhabilitado para ejercer cargos en el sector público de por vida y multa de 50.000 salarios mínimos, debido a la pérdida injustificada de $63 mil millones correspondientes a las regalías petroleras del departamento en fiduciarias.
Robo $46 mil millones. Witman Herney Porras, Gobernador de Casanare, de septiembre de 2006 a diciembre de 2007. Condenado en marzo de 2013 por la Corte a 18 años de cárcel a devolver $42.342’813.556 como daño emergente e intereses, inhabilitado para ejercer cargos en el sector público de por vida y multa de 50.000 salarios mínimos, debido a la pérdida injustificada de $63 mil millones correspondientes a las regalías petroleras del departamento en fiduciarias.
Acusado por peculado por apropiación y celebración
indebida de contratos, Porras autorizó el traslado de $38mil millones del
departamento a 5 patrimonios autónomos constituidos en Fiduagraria Cosa Colombia S.A.
Cosacol, Chacón Bernal Asociados, Green Mountaing Consulting; Los Consorcios
Bogotá - Fusa, Viaducto Muña; La Unión Temporal Carbones Likuen; además de otra operación
ilegal en septiembre de 2007 por $25mil millones al patrimonio de Fidupetrol
condenada por la Corte a reembolsar este dinero al departamento, provocando su
quiebra y UT Carbones Likuen. El agravante en las acciones de Porras consistió
en que entregó estos dineros "sin contar con la más mínima garantía"
a favor del departamento. De esos $63 mil millones, siguen perdidos $46 mil millones.
Directora de la cárcel de Yopal.
Gina Paola Ura habría conformado una red interna en el centro carcelario que cobraba por la entrega de beneficios como detenciones domiciliarias y otorgamiento de la libertad.
Gina Paola Ura habría conformado una red interna en el centro carcelario que cobraba por la entrega de beneficios como detenciones domiciliarias y otorgamiento de la libertad.
2017 Llanopetrol. Refinería del Meta.
Gobernación de Casanare. Robo $18 mil millones. Se imputo cargos a 4 detenidos por el desfalco en la Refinería del Meta, a través de la empresa estatal Llanopetrol. Acusados de apropiarse de más de $18 mil millones durante el mandato del gobernador Alan Jara entre 2012 y 2015, quien es responsable de revivir el proyecto. La fiscalía dijo que los detenidos seguían órdenes de altos cargos y que esperaba emitir más órdenes de captura a más responsables. Ninguno de los implicados aceptó los cargos. A pesar de 3 plazos de adición presupuestal, donde la empresa incumplió, la gobernación del departamento giro los recursos considerados injustificados.
Gobernación de Casanare. Robo $18 mil millones. Se imputo cargos a 4 detenidos por el desfalco en la Refinería del Meta, a través de la empresa estatal Llanopetrol. Acusados de apropiarse de más de $18 mil millones durante el mandato del gobernador Alan Jara entre 2012 y 2015, quien es responsable de revivir el proyecto. La fiscalía dijo que los detenidos seguían órdenes de altos cargos y que esperaba emitir más órdenes de captura a más responsables. Ninguno de los implicados aceptó los cargos. A pesar de 3 plazos de adición presupuestal, donde la empresa incumplió, la gobernación del departamento giro los recursos considerados injustificados.
2006 Choco. Educación y Salud.
El ‘el abogado del diablo’. La Fiscalía ocupará los bienes, por $26 mil millones, del abogado Wiston Leonel Torres, quien orquestó grandes estafas a la educación y la salud de Chocó. Dineros con los que ha construido y adquirido mansiones, carros lujosos y discotecas, entre otros bienes.
El ‘el abogado del diablo’. La Fiscalía ocupará los bienes, por $26 mil millones, del abogado Wiston Leonel Torres, quien orquestó grandes estafas a la educación y la salud de Chocó. Dineros con los que ha construido y adquirido mansiones, carros lujosos y discotecas, entre otros bienes.
2006 Choco.
Sector Salud. En 2006 la supersaludintervino al hospital San Francisco de Asís, de Quibdó, el más grande del departamento. Encontró problemas de ineficiencia, bajos estándares de calidad, ausencia de gestión en riesgos hospitalarios, cuentas sin pagar superiores a $5.413 millones us2.800.541. “Al momento de la visita, el hospital no disponía de existencias mínimas de insumos hospitalarios, medicamentos, ni material médico-quirúrgico. Además, no había control de los recursos financieros, ni existía plan de pago”.
Sector Salud. En 2006 la supersaludintervino al hospital San Francisco de Asís, de Quibdó, el más grande del departamento. Encontró problemas de ineficiencia, bajos estándares de calidad, ausencia de gestión en riesgos hospitalarios, cuentas sin pagar superiores a $5.413 millones us2.800.541. “Al momento de la visita, el hospital no disponía de existencias mínimas de insumos hospitalarios, medicamentos, ni material médico-quirúrgico. Además, no había control de los recursos financieros, ni existía plan de pago”.
La
Defensoría del Pueblo, señaló que la ineficiencia administrativa en el sector
salud del Chocó conjugaba, problemas políticos y personales entre el, en su
momento, Gobernador Julio Ibarguén Mosquera y la Dirección del Hospital San
Francisco de Asís. Por ese problema, la Defensoría indicó que la Gobernación
dejó de girar recursos al hospital, lo cual llevó al deterioro del
establecimiento, y al embargo de $2.222 millones us1.149.603 de las cuentas de los
recursos de la salud, afectando a los trabajadores, contratistas y proveedores.
La
situación dejó al Chocó sin recursos para vacunas y atención sanitaria durante
2006 y 2007. La Supersalud encontró que DASALUD no contaba con un sistema
contable ni soportes de los cheques girados, como tampoco había registro exacto
de las cuentas por pagar y el inventario de las cuentas ascendía a más de
$12.000millones us6.208.478
En
2007 la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía, informó que la organización
criminal de Olmes Durán Ibargüen, el más importante del Pacífico, había infiltrado el manejo de
recursos públicos para la salud y de la Licorera de Chocó. De acuerdo a las
autoridades, en la casa del narco Olmes Durán Ibargüen, los investigadores
encontraron un listado de 13contratos firmados en 2006 con DASALUD, por valor
de $5.000 millones us2.586.866, y el monto de las comisiones que cobraba por
ellos. Según la fiscalía, era la contraprestación que el gobernador Julio IbargüenMosquera,
le había dado a Durán, quien había invertido en su campaña más de $700 millones
us362.161.
A
estas evidencias se sumaron grabaciones de más de 100 horas de conversaciones
telefónicas ente Durán y sus aliados, en las cuales se habla sobre las cifras
del negocio de los licores y sobre los contratos en DASALUD. Dichas grabaciones
también demuestran que algunos funcionarios de la Gobernación y de DASALUD,
mantenían a Durán al tanto de las investigaciones administrativas, penales y
disciplinarias en curso y de las reuniones promovidas por el Gobierno Nacional
y los órganos de control para enfrentar la crítica situación de la salud del
departamento.
Según
pruebas en poder de las autoridades, los cerca de $57.000 millones us29.490.272
que el Gobierno asigna cada año a DASALUD y los cerca de $12.000 millones us6.208.478
que deja la comercialización de los licores encabeza del Consorcio
Chocó-Pacífico en el cual Durán tiene participación, hacían parte de los
negocios del narco.
Investigaciones, resoluciones o penas:
En Julio de 2007, la Fiscalía abrió investigación contra el Gobernador del Chocó Julio Ibarguén Mosquera, por el desvío de recursos oficiales hacia personas que lideraban organizaciones dedicadas al narcotráfico, delito que es actualmente investigado por la Unidad de Fiscales ante la Corte Suprema. En el mismo proceso fueron asegurados sin beneficio de excarcelación Olmes Durán Ibargüen, Anurio Murillo Murillo, Ermes Prudencio Mosquera Mosquera, Francisco Reyis Murillo Murillo, Héctor Jaime Castillo Córdoba, Iber Andrés Valencia Rebolledo, Ignacio Lemos Potes, Rubén Perlaza y Jilmar Guevara Saavedra. Estas personas fueron capturadas en junio 15 de 2007 y actualmente están siendo procesados por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir.
En Julio de 2007, la Fiscalía abrió investigación contra el Gobernador del Chocó Julio Ibarguén Mosquera, por el desvío de recursos oficiales hacia personas que lideraban organizaciones dedicadas al narcotráfico, delito que es actualmente investigado por la Unidad de Fiscales ante la Corte Suprema. En el mismo proceso fueron asegurados sin beneficio de excarcelación Olmes Durán Ibargüen, Anurio Murillo Murillo, Ermes Prudencio Mosquera Mosquera, Francisco Reyis Murillo Murillo, Héctor Jaime Castillo Córdoba, Iber Andrés Valencia Rebolledo, Ignacio Lemos Potes, Rubén Perlaza y Jilmar Guevara Saavedra. Estas personas fueron capturadas en junio 15 de 2007 y actualmente están siendo procesados por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir.
En
materia disciplinaria, en seguimiento a los casos de Corrupción en la
Administración de DASALUD, en el año 2007,el ex Gobernador Julio Ibarguén y el
ex Director del Departamento Administrativo de Salud Departamental, Víctor
Oscar Klinger, fueron sancionados por la Procuraduría con destitución de sus
cargos e inhabilidad por irregularidades cometidas en la adjudicación de un
contrato para la compra de equipos hospitalarios, insumos y medicamentos para
los centros de salud del Departamento, en donde se registraron sobrecostos
superiores al 443 % en la compra de medicamentos.
Implicados. Olmes Durán Ibargüen, narco, Julio
Ibarguén Mosquera, Gobernador, Víctor Oscar Klinger, Director de la Salud del
Chocó, DASALUD.
2017 Alcalde de Cartagena.
Bolívar. El 3 de agosto fueron capturados por el CTI el alcalde de Cartagena; Manuel Vicente Duque, junto a su hermano de crianza; José Julián Vásquez y la contralora de la ciudad; Nubia Fontalvo, por cohecho y tráfico de influencias, debido a irregularidades presentadas en la elección de Fontalvo, por parte de los concejales de la ciudad, como Contralora Distrital. Unos días atrás, se había entregado a la justicia uno de los concejales que eligió a Fontalvo; Jorge Useche. Por esta misma acción, fueron investigados y sancionados disciplinariamente por la Procuraduría todos los concejales de la ciudad que eligieron a Fontalvo, luego que ella obtuviera el menor puntaje de una terna propuesta al Concejo Distrital para elegir la persona encargada del control fiscal a la administración pública en Cartagena, siendo Jorge Useche quien convenció a los demás concejales para que no eligieran al ganador de la convocatoria; el abogado Iván Sierra Porto, y en su lugar eligieran a Nubia Fontalvo, cercana al alcalde.
Bolívar. El 3 de agosto fueron capturados por el CTI el alcalde de Cartagena; Manuel Vicente Duque, junto a su hermano de crianza; José Julián Vásquez y la contralora de la ciudad; Nubia Fontalvo, por cohecho y tráfico de influencias, debido a irregularidades presentadas en la elección de Fontalvo, por parte de los concejales de la ciudad, como Contralora Distrital. Unos días atrás, se había entregado a la justicia uno de los concejales que eligió a Fontalvo; Jorge Useche. Por esta misma acción, fueron investigados y sancionados disciplinariamente por la Procuraduría todos los concejales de la ciudad que eligieron a Fontalvo, luego que ella obtuviera el menor puntaje de una terna propuesta al Concejo Distrital para elegir la persona encargada del control fiscal a la administración pública en Cartagena, siendo Jorge Useche quien convenció a los demás concejales para que no eligieran al ganador de la convocatoria; el abogado Iván Sierra Porto, y en su lugar eligieran a Nubia Fontalvo, cercana al alcalde.
2017 Cartel de las Regalías.
Córdoba. En enero fue capturado por la Fiscalía el actual Secretario de Planeación del departamento de Córdoba y director del Fondo de Ciencia y Tecnología de Regalías; Manuel Benjumea quien, según el ente acusador, desvió $150 mil millones producto de regalías departamentales a favor del también detenido contratista Jesús Henao Sarmiento quien, a través de fundaciones dirigidas por sus socios, obtuvo contratos con el objeto de desarrollar proyectos agropecuarios para, supuestamente, enfrentar los retos del TLC con Usa, proyectos que no se ejecutaron, según denuncia del gobernador en ejercicio;
Córdoba. En enero fue capturado por la Fiscalía el actual Secretario de Planeación del departamento de Córdoba y director del Fondo de Ciencia y Tecnología de Regalías; Manuel Benjumea quien, según el ente acusador, desvió $150 mil millones producto de regalías departamentales a favor del también detenido contratista Jesús Henao Sarmiento quien, a través de fundaciones dirigidas por sus socios, obtuvo contratos con el objeto de desarrollar proyectos agropecuarios para, supuestamente, enfrentar los retos del TLC con Usa, proyectos que no se ejecutaron, según denuncia del gobernador en ejercicio;
Edwin
Besaile Fayat, gobernador de Córdoba, de 44 años, es del Partido de la U.,
arquitecto y administrador de empresas, nativo de Sahagún y hermano del
congresista Musa Besaile, causo detrimento patrimonial al departamento por haber sido girados la
casi totalidad de los recursos por el anterior gobernador Alejandro Lyons. Los
detenidos, además de los socios de Henao, fueron acusados depeculado por
apropiación y en concurso heterogéneo además de celebración indebida de
contratos.
Maximiliano García, funcionario departamental que
trabajó con el director de regalías Jairo Zapa, asesinado al descubrir las
irregularidades, también está vinculado al proceso, además de estar investigado
por el crimen de su jefe, igual que Henao.
2017 Alcalde de Moñito.
Córdoba. Fueron capturados por la DIJIN el alcalde de Moñitos; Álvaro Casseres Matoza junto a su padre; Álvaro Casseres Brieva y tres funcionarios de su administración con su respetiva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por concierto para delinquir, corrupción al sufragante, constreñimiento o amenaza a los electores y fraude en la inscripción de documentos de identidad; descubriéndose estas irregularidades en el proceso de elección de Casseres Matoza como alcalde de este municipio.
Córdoba. Fueron capturados por la DIJIN el alcalde de Moñitos; Álvaro Casseres Matoza junto a su padre; Álvaro Casseres Brieva y tres funcionarios de su administración con su respetiva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por concierto para delinquir, corrupción al sufragante, constreñimiento o amenaza a los electores y fraude en la inscripción de documentos de identidad; descubriéndose estas irregularidades en el proceso de elección de Casseres Matoza como alcalde de este municipio.
2015 Carrusel de la Educación
Córdoba. Funcionarios de la Fiscalía capturaron en octubre a 17 personas que estaban involucradas en una red que tramitaba pagos irregulares de pensiones a educadores en el departamento de Córdoba, los cuales habrían llegado a los $164 mil millones en 2015. Estos casos ocurrieron entre 2010 y 2012, donde varios abogados, con la complicidad de jueces y funcionarios del departamento, falsificaron poderes y documentos de la Secretaría de Educación de Córdoba y del municipio de Lorica, con los que tramitaban el pago o aumento de mesadas pensionales. Esta operación afectó las finanzas de la Entidad Administradora de Recursos del mineducación Fiduprevisora. Entre los involucrados está el congresista Armando Benedetti, por lo cual la Corte Suprema abrió indagación preliminar en su contra.
Córdoba. Funcionarios de la Fiscalía capturaron en octubre a 17 personas que estaban involucradas en una red que tramitaba pagos irregulares de pensiones a educadores en el departamento de Córdoba, los cuales habrían llegado a los $164 mil millones en 2015. Estos casos ocurrieron entre 2010 y 2012, donde varios abogados, con la complicidad de jueces y funcionarios del departamento, falsificaron poderes y documentos de la Secretaría de Educación de Córdoba y del municipio de Lorica, con los que tramitaban el pago o aumento de mesadas pensionales. Esta operación afectó las finanzas de la Entidad Administradora de Recursos del mineducación Fiduprevisora. Entre los involucrados está el congresista Armando Benedetti, por lo cual la Corte Suprema abrió indagación preliminar en su contra.
2011 Alcaldes de Barranquilla.
Atlántico. Bernardo Hoyos y Guillermo Hoenisberg, alcaldes de Barranquilla, fueron condenados por la justicia a 4 años de prisión cada uno por peculado y celebración indebida de contratos, debido a anomalías en la compra, en agosto 20 de 1998, de 2 lotes que iban a ser utilizados para Vivienda de Interés Social VIS en Barraquilla y el municipio de Galapa. La Fiscalía comprobó que el Distrito le adelantó $1.120 millones en 2011 del total de $4.500 millones a Juan Cure Vilaró, dueño de los predios a comprar; los cuales se comprobaron, posteriormente, que no eran idóneos para la realización del proyecto porque presentaban problemas de inundaciones. Aunque el proyecto no se ejecutó, el anticipo no fue devuelto por parte del vendedor ni se hicieron los trámites por parte del Distrito para recuperar esos dineros. Para la época de los hechos, Hoyos era alcalde de la ciudad y Hoenisberg era su Secretario de Hacienda. Los 2 alcaldes también fueron procesados penalmente en 2006 por irregularidades en la remodelación del edificio de la alcaldía de Barranquilla en 1993, calculado inicialmente en $1.500 millones en 2011, y que terminó con sobrecostos por el orden de los $4 mil millones; igual que con el proceso de los lotes, Hoyos era en ese momento alcalde de la ciudad y Hoenisberg Secretario de Hacienda.
Atlántico. Bernardo Hoyos y Guillermo Hoenisberg, alcaldes de Barranquilla, fueron condenados por la justicia a 4 años de prisión cada uno por peculado y celebración indebida de contratos, debido a anomalías en la compra, en agosto 20 de 1998, de 2 lotes que iban a ser utilizados para Vivienda de Interés Social VIS en Barraquilla y el municipio de Galapa. La Fiscalía comprobó que el Distrito le adelantó $1.120 millones en 2011 del total de $4.500 millones a Juan Cure Vilaró, dueño de los predios a comprar; los cuales se comprobaron, posteriormente, que no eran idóneos para la realización del proyecto porque presentaban problemas de inundaciones. Aunque el proyecto no se ejecutó, el anticipo no fue devuelto por parte del vendedor ni se hicieron los trámites por parte del Distrito para recuperar esos dineros. Para la época de los hechos, Hoyos era alcalde de la ciudad y Hoenisberg era su Secretario de Hacienda. Los 2 alcaldes también fueron procesados penalmente en 2006 por irregularidades en la remodelación del edificio de la alcaldía de Barranquilla en 1993, calculado inicialmente en $1.500 millones en 2011, y que terminó con sobrecostos por el orden de los $4 mil millones; igual que con el proceso de los lotes, Hoyos era en ese momento alcalde de la ciudad y Hoenisberg Secretario de Hacienda.
2016 Gobernación de La Guajira.
Estalló luego de la destitución de Oneida Pinto, por parte del Consejo de Estado como gobernadora del departamento a solo 5 meses de haber comenzado su mandato por una inhabilidad para ser candidata a la gobernación. En su lugar, el gobernador encargado Jorge Enrique Vélez, ha destapado numerosas irregularidades que involucran miles de millones de pesos perdidos por el departamento, por las cuales ha recibido amenazas de muerte. Este escándalo resulta aún más aberrante, cuando se sabe de las altas sumas de dinero perdido por la corrupción, mientras el departamento sufre una crisis humanitaria por desnutrición y muerte generalizada de niños, entre otros problemas.
Estalló luego de la destitución de Oneida Pinto, por parte del Consejo de Estado como gobernadora del departamento a solo 5 meses de haber comenzado su mandato por una inhabilidad para ser candidata a la gobernación. En su lugar, el gobernador encargado Jorge Enrique Vélez, ha destapado numerosas irregularidades que involucran miles de millones de pesos perdidos por el departamento, por las cuales ha recibido amenazas de muerte. Este escándalo resulta aún más aberrante, cuando se sabe de las altas sumas de dinero perdido por la corrupción, mientras el departamento sufre una crisis humanitaria por desnutrición y muerte generalizada de niños, entre otros problemas.
En octubre, la Fiscalía capturó a 20 personas
involucradas en el escándalo, entre ellos, el alcalde de Riohacha Rafael
Ceballos Sierra y un gobernador Jorge Pérez Bernier, además de involucrar en la
investigación a 21 personas más, entre funcionarios nacionales, departamentales
y contratistas. Además, la Fiscalía imputó cargos en enero de 2017 a Oneida
Pinto por celebración indebida de contratos y falsedad en documento público y
privado, al conocer las irregularidades en el trámite, celebración y ejecución
del contrato que tenía como objetivo reducir la mortalidad infantil en el
municipio de Albania, La Guajira, cuando ella se desempeñaba como alcaldesa.
También se le imputó cargos en enero de 2017 al gobernador en ejercicio, Wilmer
González Brito, por irregularidades en su elección luego de la destitución de
Oneida Pinto, por cohecho propio y corrupción al sufragante convencer, mediante
coimas, a los electores para que voten por determinada persona; enviado a
prisión, como medida necesaria para garantizar las investigaciones de la
Fiscalía. En enero de 2017 la Fiscalía capturó al alcalde en ejercicio de
Riohacha, Fabio Velásquez, por irregularidades en el PAE del municipio por
valor de $5.713 millones, al comprobarse que a los niños beneficiados no les
estaba llegando la respectiva alimentación del programa de manera real,
generando rechazo e indignación.
Manaure.
La Guajira. La
alcaldesa titular, un exalcalde, 3 secretarios de despacho, un contratista y un
líder indígena, fueron cobijados con orden de captura, y tras ello, se impuso
medida de aseguramiento a algunos y abstención de medida para el exalcalde. La
investigación adelantada por la Fiscalía sobre 3 contratos suscritos por más de
$14 mil millones de los indígenas, que desparecieron sin explicación o soporte
que indique su destino o la forma en que fueron invertidos.
Cinco universidades que
engañaron a sus estudiantes.
La Fiscalía anunció la imputación de cargos contra rectores y directivos por estafa agravada y concierto para delinquir. Se trata de la Fundación Universitaria San Martín, la Universidad Indígena e Intercultural Jacinto Ortiz, UNICJAO, la Universidad de Cundinamarca, la Universidad del Pacífico y la Fundación Universitaria Ideas.
La Fiscalía anunció la imputación de cargos contra rectores y directivos por estafa agravada y concierto para delinquir. Se trata de la Fundación Universitaria San Martín, la Universidad Indígena e Intercultural Jacinto Ortiz, UNICJAO, la Universidad de Cundinamarca, la Universidad del Pacífico y la Fundación Universitaria Ideas.
1984 Robo a Caldas.
Denunciada en 1984 por el procurador Carlos Jímenez Gómez. Distribuidores de licor estaban pagando cuantiosas bonificaciones a gobernadores, congresistas de la región y funcionarios de gran influencia para que les reservaran el derecho exclusivo de venta de los productos, según consta en algunos apartes del informe entregado por el entonces Procurador. Protagonizado por Ómar Yepes, Víctor Renán Barco, Dilia Estrada y Luis Guillermo Giraldo, entre otros, más de 40 personas, fueron exonerados por la justicia penal de cualquier responsabilidad en el caso. Gran parte de estos nombres hoy se mantienen en el escenario político regional y nacional.
Denunciada en 1984 por el procurador Carlos Jímenez Gómez. Distribuidores de licor estaban pagando cuantiosas bonificaciones a gobernadores, congresistas de la región y funcionarios de gran influencia para que les reservaran el derecho exclusivo de venta de los productos, según consta en algunos apartes del informe entregado por el entonces Procurador. Protagonizado por Ómar Yepes, Víctor Renán Barco, Dilia Estrada y Luis Guillermo Giraldo, entre otros, más de 40 personas, fueron exonerados por la justicia penal de cualquier responsabilidad en el caso. Gran parte de estos nombres hoy se mantienen en el escenario político regional y nacional.
Para comienzos de la década de 1980, en
un contexto nacional de bipartidismo, se configuró la denominada Coalición
‘Yepobarquista’ que no era más que un Frente Nacional departamental en el que
los partidos conservador y liberal pactaron el mantenimiento del poder
político. Con ello se garantizaba el cierre de cualquier opción de
participación por parte de una tercera fuerza política y social, y a su vez
controlar las instituciones y usurpar el presupuesto.
En la actualidad y 30 años después, el ‘Robo a
Caldas’ no solo se mantiene sino que se acentúa y se descompone mucho más. De
las entrañas de la coalición yepobarquista han surgido otros caciques políticos
que ha reforzado esta elite que mantiene el poder político. La familia Yepes y
Luis Emilio Sierra por el conservatismo; Adriana Franco por el liberalismo;
Mauricio Lizcano y Adriana Gutiérrez por el Uribismo, todos estructuran una
misma clase política que se reparten las instituciones territoriales y
presupuestos. Corpocaldas, Licorera de Caldas, Territorial de Salud, ICBF,
INPEC, Infimanizales, Inficaldas, etc. Del mismo modo han logrado configurar
una maquinaria electoral que les permite controlar las 27 alcaldías de Caldas.
A través de prebendas, ofrecimiento de puestos y
proyectos se ha logrado consolidar esta red clientelar que tiene cooptada las
entidades públicas. El clientelismo y la corrupción que ha instaurado esta
clase política se evidencia en los 15 alcaldes que en la actualidad enfrentan
procesos penales y disciplinarios con la justicia.
Ningún representante y/o partido perteneciente a
esta elite política ha estado al margen del paramilitarismo y el crimen
selectivo como prácticas para sostenerse y fortalecerse en el poder local. Así
lo evidencian: el asesinato del reconocido periodista Orlando Sierra en 2002;
la condena por paramilitarismo a los congresistas liberales Dixon Ferney
Tapasco, Enrique Emilio Ángel y Juan Pablo Sánchez; los vínculos de alcaldes
con el ‘Frente Cacique Pipintá’ de las AUC como Jairo Llano, Orlando Ríos y
Justo Capera, en las jurisdicciones de Villamaría, Pácora y La Dorada
respectivamente; así como las investigaciones a Adriana Gutiérrez y Mauricio
Lizcano por sus vínculos con a. ‘Ernesto Báez’.
Sumándose al clientelismo, la corrupción, el
paramilitarismo y el crimen selectivo
aparecen como rasgos inmanentes
de la política institucional caldense.
A la vez que esta clase política restringe el campo
político, corrompe las instituciones y se amanguala con criminales para
sostenerse en el poder, ha puesto en marcha una serie de proyectos inviables
para el departamento. Por un lado se advierten elefantes blancos o
megaproyectos que en vez de cristalizarse, han aumentado la deuda del
departamento, como son los casos de Aeropalestina y el Cable Aéreo de
Manizales.
Aeropalestina o Aerocafé. Es un proyecto que se
vendió hace 10 años como la mega obra que jalonaría el desarrollo de la región,
y hoy, luego del derroche de más de $ 300 mil millones que han ido a parar al
cartel de los contratos controlado por Luis Fernando Mejía y Francisco Cruz
Prada y los caciques políticos, se anuncia descaradamente que para culminar el
proyecto se requieren $1.4 billones.
Cable Aéreo de Manizales. Se inauguró como la
panacea al problema de transporte, pero 4 años después, no ha resultado ser ni
masivo ni sostenible, y por el contrario sigue generando pérdidas que debe
asumir el pueblo manizaleño y caldense en su conjunto.
A estos elefantes blancos se les suman otro tipo de
megaproyectos de tipo extractivista que ponen en riesgo a comunidades y el
territorio. Además del proyecto de explotación minera en Marmato, se advierte
la intensión de explotación minera en el Alto Oriente del departamento,
Pensilvania y Samaná. En esta zona durante la última década se ha establecido
una fuerte presencia militar, que ha incluido desplazamientos y ejecuciones
extrajudiciales, facilitando la exploración y explotación de grandes compañías
mineras. La Anglo Gold Ashanti AGA explora en Arboleda, Pensilvania, mientras
que Gaia Energy busca Uranio en Berlin, Samaná. El Capital extranjero también
se posiciona con la complicidad de quienes tienen en sus manos el control
político del departamento en detrimento del interés de las comunidades y su
territorio.
En menos de 2 años dos gobernadores del
departamento han sido suspendidos. Mario Aristizábal Muñoz en 2012 por
corrupción y Guido Echeverry Piedrahita en 2013 por violar el régimen de
inhabilidades. Con la destitución de Echeverry Piedrahita todos los caciques
políticos se han reunido para ‘sugerir’ el gobernador provisional al gobierno
nacional, mientras se convocan a elecciones. Las cuales le costaran $7 mil
millones al pueblo colombiano, y donde seguramente ganará el candidato de esta
clase política descompuesta y corrupta, garantizando la continuidad del ‘robo a
Caldas’ y un orden político excluyente.
La permanencia de una clase política por más de 3
décadas en el poder a partir de estrategias como el clientelismo, corrupción,
caciquismo e incluso paramilitarismo; así como la inviabilidad de un
departamento orientado al extractivismo, el endeudamiento externo y la
incompetencia, son el resultado de un sistema político obsoleto y estancado que
no permite la renovación política local y regional.
La denominada descentralización administrativa
y la apertura del sistema político,
inscritas en la Constitución Nacional del 1991, no han sido efectivas para
renovar el sistema político y profundizar la democracia. El departamento de
Caldas y su clase política, la cual se configuró desde la década de 1980 y se
consolidó en la décadas de 1990 y 2000, son la expresión más evidente de cómo
la descentralización político administrativa de 1991 favoreció el mantenimiento
y consolidación de elites políticas regionales. El establecimiento de entes territoriales
para asegurar la descentralización decretada en 1991 no ha logrado ni la
inclusión de las regiones, ni el desarrollo social y económico, ni mucho menos
la defensa y soberanía de las comunidades sobre los territorios, sino que se
han convertido en focos de corrupción.
En Caldas, como en cualquier otro lugar del país,
se expresa de manera clara cómo el sistema político diseñado en la constitución
de 1991 ha favorecido a quienes históricamente han sostenido el poder en el
país. Todo se cambió para que el orden político se mantuviera intacto.
Esta situación evidencia la necesidad de reinventar
el sistema político colombiano que garantice efectivamente la participación
social en el diseño de políticas públicas desde las regiones y el territorio.
La inclusión y autonomía de las comunidades para diseñar sus planes de
desarrollo y de vida, son un aspecto fundamental para el empoderamiento social
y popular que permita a su vez la renovación del sistema político colombiano
desde las regiones.
2017 Estadio Happy Lora. Montería.
Cordoba. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, y el exalcalde Carlos Eduardo Correa 2012-2015, por actos de corrupción relacionados con la remodelación del Coliseo.También investiga la celebración, ejecución y liquidación del contrato para la construcción del Estadio de Softball “José Gabriel Amín Manzúr”; el de fútbol y el de béisbol “18 de junio”.El órgano de control busca determinar posibles irregularidades contractuales en la ejecución de estos proyectos y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron las presuntas faltas disciplinarias.La Procuraduría decretó la práctica de pruebas, entre ellas, escuchar en versión libre a los investigados el próximo lunes 4 de diciembre 2017.
Cordoba. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, y el exalcalde Carlos Eduardo Correa 2012-2015, por actos de corrupción relacionados con la remodelación del Coliseo.También investiga la celebración, ejecución y liquidación del contrato para la construcción del Estadio de Softball “José Gabriel Amín Manzúr”; el de fútbol y el de béisbol “18 de junio”.El órgano de control busca determinar posibles irregularidades contractuales en la ejecución de estos proyectos y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron las presuntas faltas disciplinarias.La Procuraduría decretó la práctica de pruebas, entre ellas, escuchar en versión libre a los investigados el próximo lunes 4 de diciembre 2017.
2017 ‘Escándalo del POT por volteo de
tierras’.
1º En denuncia de enero 9 de 2017, se acusade actos de corrupción porque
se habrían lucrado de cambiar el uso del suelo en ciertas zonas a cambio de
sobornos a:Jorge Rey, Gobernador de Cundinamarca; Nicolás García Bustos, jefe de
gabinete; Jorge Enrique Machuca, gerente de la licorera; los alcaldes de
Mosquera Raúl Emilio Casallas, Álvaro Rozo y Álvaro Rincón, entre otros.
2º Noviembre 2017. Municipio de Cajicá
de Cundinamarca.
La Procuraduría abrió investigación a Oscar Mauricio Bejarano, alcalde de Cajicá 2012-2015 y a los secretarios de Planeación de esa administración Germán Camilo Bello y Leonardo Higuera, por las modificaciones estructurales al Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), que al parecer habrían generado cambios sustanciales en el uso del suelo del municipio. La procuraduría busca determinar si existen irregularidades en la aprobación de licencias de urbanismo y construcción a proyectos que al parecer no contaban con la capacidad de prestación de servicios públicos, y con la delimitación y aprobación de planes parciales, que posiblemente no cumplían con la normatividad vigente establecida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
La Procuraduría abrió investigación a Oscar Mauricio Bejarano, alcalde de Cajicá 2012-2015 y a los secretarios de Planeación de esa administración Germán Camilo Bello y Leonardo Higuera, por las modificaciones estructurales al Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), que al parecer habrían generado cambios sustanciales en el uso del suelo del municipio. La procuraduría busca determinar si existen irregularidades en la aprobación de licencias de urbanismo y construcción a proyectos que al parecer no contaban con la capacidad de prestación de servicios públicos, y con la delimitación y aprobación de planes parciales, que posiblemente no cumplían con la normatividad vigente establecida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
3º Noviembre 2017. Municipio El
Rosal. Cundinamarca.
La Procuraduría abrió investigación contra el alcalde en ejercicio del El Rosal Hugo Orlando Arévalo, y los concejales Milton Mauricio Chacón, Henry Bohórquez, Hernán Clavijo, Jairo Hernán Pardo y Luz Adriana Sabogal, por la presunta exigencia de dineros y tierras para no cambiar el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), quienes se encuentran suspendidos del cargo por la Procuraduría, quien señaló que al parecer los investigados incurrieron en una falta disciplinaria que el Código Penal define como concusión, y que corresponde al abuso del funcionario público de su cargo o de sus funciones para constreñir, inducir o solicitar a alguien “a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos”.
La Procuraduría abrió investigación contra el alcalde en ejercicio del El Rosal Hugo Orlando Arévalo, y los concejales Milton Mauricio Chacón, Henry Bohórquez, Hernán Clavijo, Jairo Hernán Pardo y Luz Adriana Sabogal, por la presunta exigencia de dineros y tierras para no cambiar el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), quienes se encuentran suspendidos del cargo por la Procuraduría, quien señaló que al parecer los investigados incurrieron en una falta disciplinaria que el Código Penal define como concusión, y que corresponde al abuso del funcionario público de su cargo o de sus funciones para constreñir, inducir o solicitar a alguien “a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos”.
Arévalo Pulido, actual alcalde, presuntamente
exigió a los dueños de un predio una casa por cada hectárea utilizada en su
proyecto de vivienda; una fanegada de tierra por cada 10 utilizadas en el
desarrollo de un proyecto inmobiliario y al parecer pidió, en la sede de la
alcaldía, dinero a una tercera persona, quien había solicitado audiencia para
expresar su inconformismo frente al Esquema de Ordenamiento Territorial.
Los concejales Milton Mauricio Chacón, Henry
Bohórquez, Hernán Clavijo, Jairo Hernán Pardo y Luz Adriana Sabogal pudieron
incurrir en falta disciplinaria al presuntamente exigir 1.200 millones de pesos
para no modificar el EOT del municipio, aprobado por la anterior administración
a finales de diciembre de 2015.
2017 Dian.
Robo $380 mil millones. La organización criminal denominada ‘Imperio’ fue desarticulada en una acción conjunta entre la Fiscalía y la Policía, en operaciones realizadas en marzo y mayo de 2017, que dejaron 22 personas capturadas.
Robo $380 mil millones. La organización criminal denominada ‘Imperio’ fue desarticulada en una acción conjunta entre la Fiscalía y la Policía, en operaciones realizadas en marzo y mayo de 2017, que dejaron 22 personas capturadas.
De acuerdo con los elementos recopilados en las
investigaciones, la red entregó documentos falsos a la DIAN, elaboró facturas
de venta a nombre de proveedores inexistentes en el exterior y certificó
mercancía de origen asiático como si fueran productos importados desde Usa, con
el propósito de obtener los beneficios arancelarios que otorga el TLC.
Los integrantes de la organización modificaban las
listas de empaque, alteraban las cantidades de los productos que entraban al país
o registraba una mercancía distinta a la que llegaba. También se constató que
el contrabando ingresaba por los aeropuertos internacionales El Dorado, Bogotá,
Bonilla Aragón, Palmira y José María Córdova, Rionegro, y con auspicio de funcionarios
superaba los filtros aduaneros.
Todo este engranaje criminal habría generado una
defraudación al fisco nacional por más de $380.000 millones entre 2011 y 2016,
y un movimiento injustificado de 50 millones de dólares a través de cuentas en
Panamá, que sirvieron para legalizar los dineros obtenidos con el contrabando.
Medidas cautelares con fines de extinción de
dominio. Sobre 15.000 acciones del Club Independiente Santa Fe pertenecientes a
Álvaro Tello, exintegrante de la junta directiva del equipo, capturado en mayo 4
de 2017, impuso la Fiscalía.Tello aceptó cargos por los delitos de lavado de
activos, enriquecimiento ilícito, contrabando en concurso homogéneo y concierto
para delinquir con fines de contrabando, y sería uno de los jefes de la
estructura junto a Luis Jahuer Puentes, capturado y Óscar Orlando Puentes, condenado
a 13 años de cárcel.
Medidas cautelares sobre 62 propiedades avaluadas
en más de $14.000 millones, en diligencias en: Bogotá; Villavicencio, Meta;
Cartagena, Bolívar; Carmen de Apicalá, Tolima; Madrid, Chía y Ricaurte en Cundinamarca.
Consistentes en casas lujosas en el norte y occidente de Bogotá, fincas de
descanso en municipios de Tolima y Cundinamarca, apartamentos en Cartagena,
vehículos de gama alta y sociedades en el San Andresito de San José en Bogotá,
hacen parte de los bienes que habrían adquirido los presuntos jefes de una
estructura señalada de defraudar al Estado mediante diversas maniobras
comerciales que facilitaron el ingreso de contrabando al país.
Dichas propiedades figuraban a nombre de los
señalados jefes de la red de contrabando y algunos de sus familiares. Las investigaciones realizadas por la
Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera evidenciaron que las propiedades fueron
compradas entre 2011 y 2016, los mismos años en los que la organización
criminal obtuvo millonarias sumas de dinero con su actuar ilegal.
Las propiedades representadas en 32 bienes
inmuebles, 7 sociedades, 3 establecimientos de comercio, 18 vehículos y 1 cupo
para taxi, al igual que las 15.000 acciones, quedarán a disposición de la SEA, Sociedad
de Activos Especiales, mientras avanza el proceso de extinción del derecho de
dominio.
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