4º
Contralores Condenados.
Que hace la contraloría. Constitución artículo 267. “El control fiscal es una
función pública que ejercerá la Contraloría, la cual vigila la gestión fiscal
de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o
bienes de la Nación”.
Ratoncillos,
cuidando los quesos de nuestra alacena
1º Julio Enrique Escallón 1971-1975.
Liberal.
Estuvo detenido por corrupción. El entonces procurador Jaime Serrano Rueda, jugó papel clave, ante la Corte Suprema, en la destitución y el encarcelamiento del contralor Escallón. Negocio en torno a las esmeraldas: Venta de cargos públicos. Escallón Ordóñez, a través del congresista Samuel Alberto Escrucería, condenado en el Estado de Carolina del Norte por narcotráfico, vendió a un particular el cargo de auditor ante las minas de Muzo por $100.000.
Viceconsejero y Auditor General, Colombia, 1966-1970. Asesor Jurídico, Instituto Fomento Municipal, Bogotá, 1964-1966. Asesor Jurídico Director del Departamento de Estadística, Instituto Crédito Territorial, Bogotá, 1961-1964.
Liberal.
Estuvo detenido por corrupción. El entonces procurador Jaime Serrano Rueda, jugó papel clave, ante la Corte Suprema, en la destitución y el encarcelamiento del contralor Escallón. Negocio en torno a las esmeraldas: Venta de cargos públicos. Escallón Ordóñez, a través del congresista Samuel Alberto Escrucería, condenado en el Estado de Carolina del Norte por narcotráfico, vendió a un particular el cargo de auditor ante las minas de Muzo por $100.000.
Viceconsejero y Auditor General, Colombia, 1966-1970. Asesor Jurídico, Instituto Fomento Municipal, Bogotá, 1964-1966. Asesor Jurídico Director del Departamento de Estadística, Instituto Crédito Territorial, Bogotá, 1961-1964.
2º Aníbal Martínez Zuleta
1975-1979-1982.
Liberal.
Cesar. Reelecto. En 1985 la Corte Suprema lo sentenció a 3 años de prisión por haber autorizado la apertura de una cuenta con dineros de la Contraloría, de la que obtuvo luego préstamos personales por $5 millones. La Corte lo responsabilizó de cohecho, pero se libró de la cárcel. Le dieron libertad condicional y tuvo que pagar multa.
Cómo contralor en los gobiernos de López Michelsen y Turbay Ayala, Martínez Zuleta se convirtió en "símbolo nacional de la corrupción".
Liberal.
Cesar. Reelecto. En 1985 la Corte Suprema lo sentenció a 3 años de prisión por haber autorizado la apertura de una cuenta con dineros de la Contraloría, de la que obtuvo luego préstamos personales por $5 millones. La Corte lo responsabilizó de cohecho, pero se libró de la cárcel. Le dieron libertad condicional y tuvo que pagar multa.
Cómo contralor en los gobiernos de López Michelsen y Turbay Ayala, Martínez Zuleta se convirtió en "símbolo nacional de la corrupción".
3º Rodolfo González
García 1982-1986-1990.
Liberal. Santander. Reelecto.
Su gestión recibió críticas por clientelismo y terminó enredado por la avalancha del proceso 8.000. Condenado por proceso 8.000 con libertad condicional. Acusado por su disposición a utilizar el poder de su cargo para negociar, presionar o manipular con fines políticos; su demora en la refrendación del contrato del crédito Jumbo y sus disputas en el Instituto de Crédito Territorial.
Crédito Jumbo. Considerado por la administración Betancur como uno de sus más grandes éxitos en materia económica, el contralor demoró 62 días para estamparle su firma al contrato, esa dilación le costó al país 859.733 dólares (más de $176 millones) en comisiones de compromiso. Si esa cifra parece alta, la del Instituto es todavía mayor.
ICT. Una serie de contratos por $14 mil millones firmados entre el ICT y compañías constructoras para la edificación de 12 mil unidades de vivienda popular, no se han podido llevar a cabo porque la Contraloría no les ha dado el visto bueno, a pesar de que hace más de un mes la discusión jurídica alrededor del caso fue fallada a favor del ICT por el Consejo de Estado. Los reajustes al valor original de los contratos se estiman en no menos de $1.500 millones.
Liberal. Santander. Reelecto.
Su gestión recibió críticas por clientelismo y terminó enredado por la avalancha del proceso 8.000. Condenado por proceso 8.000 con libertad condicional. Acusado por su disposición a utilizar el poder de su cargo para negociar, presionar o manipular con fines políticos; su demora en la refrendación del contrato del crédito Jumbo y sus disputas en el Instituto de Crédito Territorial.
Crédito Jumbo. Considerado por la administración Betancur como uno de sus más grandes éxitos en materia económica, el contralor demoró 62 días para estamparle su firma al contrato, esa dilación le costó al país 859.733 dólares (más de $176 millones) en comisiones de compromiso. Si esa cifra parece alta, la del Instituto es todavía mayor.
ICT. Una serie de contratos por $14 mil millones firmados entre el ICT y compañías constructoras para la edificación de 12 mil unidades de vivienda popular, no se han podido llevar a cabo porque la Contraloría no les ha dado el visto bueno, a pesar de que hace más de un mes la discusión jurídica alrededor del caso fue fallada a favor del ICT por el Consejo de Estado. Los reajustes al valor original de los contratos se estiman en no menos de $1.500 millones.
4º Manuel Francisco
Becerra Barney 1990-1994.
Liberal. Valle.
En 1998 fue condenado a 70 meses de prisión y multa de $300 millones por estar en la nómina de la mafia. El contador del cartel, Guillermo Pallomari, declaró que le dio a Becerra $300 millones en efectivo.
Logró que una instancia internacional declarara ilegal su proceso. Proceso 8.000.
Liberal. Valle.
En 1998 fue condenado a 70 meses de prisión y multa de $300 millones por estar en la nómina de la mafia. El contador del cartel, Guillermo Pallomari, declaró que le dio a Becerra $300 millones en efectivo.
Logró que una instancia internacional declarara ilegal su proceso. Proceso 8.000.
5º David Turbay Turbay 1994-1998.
Liberal. Bolívar.
En pleno ejercicio de su cargo fue capturado por la Fiscalía y llevado a juicio. Fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por haber recibido $50 millones del cartel de Cali para sus campañas políticas. Proceso 8.000.
Liberal. Bolívar.
En pleno ejercicio de su cargo fue capturado por la Fiscalía y llevado a juicio. Fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por haber recibido $50 millones del cartel de Cali para sus campañas políticas. Proceso 8.000.
6º Julio César Turbay
Quintero 2006-2010.
Liberal. Procesos engavetados.
Nómina paralela. La Fiscalía lo investiga por una nómina paralela de 2.700 contratistas que se estimaba en más de $58 mil millones; En 2009, se hicieron contratos por $18.000 millones a 1.003 trabajadores;
Permitir excesos en gastos con fondos públicos. Por más de $50 mil millones, representados en viajes al exterior, alojamiento en hoteles; así como el exceso de gastos en viáticos, logística y comunicaciones;
Acondicionamiento de lujosa camioneta. Por $300 millones para sus paseos, adquirió la camioneta Mercedes Benz Sprinter 413, por $110 millones y posteriormente la blindó y adecuó por $185 millones.
Liberal. Procesos engavetados.
Nómina paralela. La Fiscalía lo investiga por una nómina paralela de 2.700 contratistas que se estimaba en más de $58 mil millones; En 2009, se hicieron contratos por $18.000 millones a 1.003 trabajadores;
Permitir excesos en gastos con fondos públicos. Por más de $50 mil millones, representados en viajes al exterior, alojamiento en hoteles; así como el exceso de gastos en viáticos, logística y comunicaciones;
Acondicionamiento de lujosa camioneta. Por $300 millones para sus paseos, adquirió la camioneta Mercedes Benz Sprinter 413, por $110 millones y posteriormente la blindó y adecuó por $185 millones.
7º Montealegre.
Fiscal. Liberal.
Asesor de Palacino, el gerente defraudador de Saludcoop, por cuya asesoría cobró $4.200 millones de la salud de los colombianos.
Fiscal. Liberal.
Asesor de Palacino, el gerente defraudador de Saludcoop, por cuya asesoría cobró $4.200 millones de la salud de los colombianos.
8º
Luis Camilo Osorio Isaza.
Fiscal 2001-2005. Embajador en México 2006.
Arquitectura de impunidad:
Se le atribuye el desmantelamiento entero de unidades de la fiscalía que estaban detrás de las pistas fundamentales del paramilitarismo y que profundizó como nunca antes el sistema de impunidad, la Unidad de Derechos Humanos de las Fiscalía.
8.1. Denunciado como uno de los principales encubridores de responsables de masacres, ejecuciones extrajudiciales e inhumaciones clandestinas de cientos de personas. Durante su gestión, prácticamente nunca hubo esfuerzos por descubrir quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de homicidios colectivos y crímenes de lesa humanidad en departamentos como Sucre, Antioquia, Norte de Santander o Meta, donde siempre aparecían vinculados los nombres de jefes de las narco AUC, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso o, incluso, Fidel Castaño.
Fiscal 2001-2005. Embajador en México 2006.
Arquitectura de impunidad:
Se le atribuye el desmantelamiento entero de unidades de la fiscalía que estaban detrás de las pistas fundamentales del paramilitarismo y que profundizó como nunca antes el sistema de impunidad, la Unidad de Derechos Humanos de las Fiscalía.
8.1. Denunciado como uno de los principales encubridores de responsables de masacres, ejecuciones extrajudiciales e inhumaciones clandestinas de cientos de personas. Durante su gestión, prácticamente nunca hubo esfuerzos por descubrir quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de homicidios colectivos y crímenes de lesa humanidad en departamentos como Sucre, Antioquia, Norte de Santander o Meta, donde siempre aparecían vinculados los nombres de jefes de las narco AUC, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso o, incluso, Fidel Castaño.
Precluyó la investigación sobre las andanzas de Del
Río y del coronel Alfonso Plazas Vega, de mantener reuniones con capos
narco-paramilitares. El brigadier
general Rito Alejo del Río, ex comandante de la Brigada XVII del ejército en el
Urabá antioqueño y sindicado como uno de los "padres" del
paramilitarismo en los años 80, está acusado de ser autor intelectual de más de
200 crímenes de lesa humanidad. Entre ellos, la llamada Operación Génesis, que
en febrero de 1997 provocó la muerte de 170 campesinos y el desplazamiento
forzoso de 3 mil afrocolombianos de la cuenca del río Cacarica, en el
departamento del Chocó. Del Río fue capturado el 21 de julio de 2001, pero el
entonces fiscal general de la nación, Luis Camilo Osorio, desestimó las
denuncias, a pesar de que había una carga probatoria importante.
8.2. Descalificó todos los testimonios allegados
al proceso, no obstante obrar en el expediente acusaciones sobre numerosos
asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos obligados de
población civil, bombardeos, actos de violencia sexual y pillajes. El caso ha
sido admitido por la CIDH, que encontró responsabilidad del Estado colombiano
en la Operación Génesis.
8.3. Se encargó de absolver, además, al general
de la Armada, Rodrigo Quiñónez Cárdenas, y a otros oficiales que eran
investigados por presunta omisión en el asesinato de 26 campesinos en Chengue,
Sucre, por paramilitares.
Osorio está
siendo investigado, también, por haber desatendido a un testigo, Jairo Castillo
Peralta, quien desde 2001 entregó todas las pruebas que demostraban el maridaje
de la clase política de Sucre con el paramilitarismo. Paradójicamente, Castillo
es la base para que la Corte condenara a los congresistas Alvaro García Romero
y Erick Morris, de la coalición gobernante, y a Salvador Arana, ex gobernador
del departamento de Sucre.
8.4. Otra acusación que vincula a Osorio con los
paramilitares fue formulada por Magally Moreno Vera, asistente personal de la
ex directora de fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez, amiga personal de Osorio.
Moreno admitió que ambas formaban parte de una red controlada por el jefe
paramilitar conocido como a. ‘Iguana’. También señaló que en los tiempos de
Osorio la relación de las AUC con la justicia colombiana "ya no era de
maridaje, sino una verdadera luna de miel". La testigo aseguró que
prácticamente todas las instancias operativas y judiciales de Norte de Santander estaban penetradas por el
paramilitarismo. De hecho, reveló nombres de altos oficiales del ejército, la
policía y el DAS que eran activos colaboradores de los paras.
8.5 El investigador Richard Riaño Botina, experto en
rastrear comunicaciones y sistemas informáticos, es otro dolor de cabeza para
Osorio. Riaño, quien realizaba labores de inteligencia dentro de la fiscalía,
hasta que fue echado por Osorio, encontró que los teléfonos de al menos 54
funcionarios del ente investigador se cruzaban con los de paramilitares del
oriente colombiano. El hacker halló idéntica situación en algunas oficinas del
DAS y del Congreso. Riaño, quien pidió a las autoridades colombianas protección
en el exterior, entregó grabaciones, mensajes electrónicos y comunicaciones
decodificadas que podrían servir no sólo para esclarecer algunos crímenes, sino
para reabrir procesos contra paramilitares, que fueron cerrados durante la
administración de Osorio.
Contralores.
Edgardo Maya Villazón 2014-2018.
Sandra Morelli Rico 2010-2014.
Julio César Turbay Quintero 2006-2010.
Antonio Hernández Gamarra 2002-2006.
Carlos Ossa Escobar 1998-2002.
David Turbay Turbay 1994-1998.
Manuel Francisco Becerra Barney 1990-1994.
Rodolfo González García 1982-1990.
Aníbal Martínez Zuleta 1975-1982.
Julio Enrique Escallón Ordóñez 1971-1975.
Víctor G. Ricardo padre1969-1971.
Evaristo Sourdis 1967-1969.
Reginaldo Mendoza Pantoja 1966-1967.
Agustín Aljure Góngora 1963-1966.
Jesús María Murgueitio 1958-1963.
Alberto Ruiz Novoa 1953-1958.
Alfonso Palacio Rudas 1942-1947.
Contralores.
Edgardo Maya Villazón 2014-2018.
Sandra Morelli Rico 2010-2014.
Julio César Turbay Quintero 2006-2010.
Antonio Hernández Gamarra 2002-2006.
Carlos Ossa Escobar 1998-2002.
David Turbay Turbay 1994-1998.
Manuel Francisco Becerra Barney 1990-1994.
Rodolfo González García 1982-1990.
Aníbal Martínez Zuleta 1975-1982.
Julio Enrique Escallón Ordóñez 1971-1975.
Víctor G. Ricardo padre1969-1971.
Evaristo Sourdis 1967-1969.
Reginaldo Mendoza Pantoja 1966-1967.
Agustín Aljure Góngora 1963-1966.
Jesús María Murgueitio 1958-1963.
Alberto Ruiz Novoa 1953-1958.
Alfonso Palacio Rudas 1942-1947.
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