15º Cartel de la Toga. Fiscales, Jueces,
Magistrados, Altas Cortes
La
demora por parte de la justicia, altas cortes, fiscalía, contraloría,
procuraduría, es el común denominador de los casos judiciales más mediáticos, han
mantenido en vilo a los colombianos que esperan poder tener pronto claridad
sobre las verdaderas historias detrás de estos asuntos, es sorprendente cómo
los torcidosmás importantes y graves que tiene Colombia, avancen tan
lentamente, como: desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes, a la
Dian, ‘carrusel de la contratación’, ‘Interbolsa’, edificio Space, ¿continúo?
Álvaro Pastás Obando.
La Corte denuncio penal y
disciplinariamente al magistrado auxiliar del grupo investigativo de la ‘narco parapolítica’, Pastás,
por la pérdida de material probatorio. Luego de encontrase una grabación en donde estaba una declaración del extraditado Carlos
Mario Jiménez, a. ‘macaco’. La Corte explico
que la declaración de a. ‘macaco’ estuvo oculta durante meses y,
luego apareció en un computador de la comisión de apoyo de la
parapolítica. Este hecho ocasionó la pérdida de confianza de la Sala
en este funcionario, por lo cual lo declaró insubsistente.
Pastás, fue nombrado por Leonidas Busto,
para reemplazar al magistrado auxiliar Iván Velásquez, como coordinador de ese grupo creado en enero de 2007.Pastás era uno de los 9 investigadores de la parapolítica, que coordina Iván Cortés, en la
corte. ¿Cuánto pagaron por este nombramiento?
El asunto de Villarraga tiene más implicaciones, que su renuncia
irrevocable, con su actuación quedaal descubierto la poca decencia de los altos
funcionarios del Estado, los alarmantes niveles de corrupción de la administración
de justicia y la impunidad.
Todo
comenzó cuando el entonces Gobernador de Casanare Withman Porras depositó en
Fidupetrol $25mil millones para que los administrara la fiducia, que debía
devolver los recursos en un año, pero nunca lo hizo.
Fidupetrol destinó cerca de mil millones para su
defensa, con todo y supuestos sobornos. Sin embargo no fue suficiente pues el
magistrado Mauricio González además de rechazar la tutela, realizó la
respectiva denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes.
2017 octubre 19. Se inicia juicio ante
la Corte Suprema al extogado. Pretelt denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al
Presidente de la República, al Fiscal, a 3 Ministros, afirmando que es un ‘Perseguido Político’ del gobierno. “El Estado patrocina una tortura psicológica contra
mi familia”: Pretelt.
Correos electrónicos vincularían a magistrado Pretelt con
fiscal de Córdoba. Con base en
correos electrónicos intercambiados entre Pretelt y la directora de Fiscalías
de Córdoba, Gilma Londoño, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de
Acusación de la Cámara de Representantes para que decida si abre proceso
preliminar en contra del magistrado. El caso está relacionado con una nueva
denuncia contra el magistrado, esta vez relacionada con tráfico de influencias
para el nombramiento de varios funcionarios en esa seccional.
Señalo de recibir respaldo para aspirar a Fiscal. Pretelt rechazó las
confesiones que lo señalan de recibir apoyo político por parte de paramilitares
para ser postulado al cargo del fiscal en 2005. Pretelt calificó como
“mentiroso” al jefe del bloque central Bolívar de las AUC, Iván Roberto Duque,
a. ‘Ernesto Báez’. Pretelt aseguró que uno de los ternados al cargo de fiscal,
Mario Iguarán Aldana, sí recibió apoyo de las AUC. ‘Ernesto Báez’ y ‘macaco’ le
deben explicar al país el apoyo que le dieron las AUC a la elección de Mario
Iguarán Aldana como fiscal”, y anunció que tiene pruebas “contundentes” para
sustentar esa denuncia, dijo Pretelt
La fiscalía indaga
a la procuradora Patrón, sobre el proceso de adquisición de las fincas ‘La Corona’ y ‘Alto Bonito’
ubicadas en el Urabá antioqueño sobre las cuales la Dirección Nacional de
Justicia Transicional solicitó ante el Tribunal de ‘justicia y paz’ de Medellín
la imposición de medidas cautelares porque, estarían relacionadas con delitos
de desplazamiento forzado perpetrados por s. Pretelt y su esposa adquirieron
esos predios en 2000 y 2003. La Fiscalía investiga en esta compraventa en la
que aparecen Pretelt y Patrón, si se cometieron delitos de concierto para
delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de
activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos.
‘Engavetar’ procesos por $200 millones. Misael Alejandro Bautista Castelblanco, secretario de Tribunal a la
cárcel por corrupción, cohecho y concusión.
La juez 9ª de
Conocimiento de Bogotá, ordenó medida de
aseguramiento a Bautista, por manipulación de
procesos en el Tribunal. “La Fiscalía demostró la participación del funcionario en un hecho de corrupción contra el
alcalde de Cota, Juan David Balcero, en el proceso por pérdida de investidura en
el año 2012, y que habría recibido $200
millones por sus gestiones”.
Fonade y la Auditoría General son ‘la Caja Menor’
de Ricaurte:
1º Tres contratos con
Fonade, Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo. Entre noviembre de 2015 y
septiembre de 2017, Ricaurte suscribió contratos con Fonade por cerca de mil
millones. El más reciente en mayo de 2017 por
$340 millones; Otro por $214 millones; un tercero por $202 millones.
Al 'zar de la
chatarra’, José Aldemar Moncada Moncada en 2015. El magistrado Bustos otorgó el beneficio al
delincuente con 3 condenas por fraude a la Dian.
2.13.2º En
2015 la Corte
saca a magistrado investigador de la parapolítica. La Corte denuncio penal y disciplinariamente al magistrado auxiliar del grupo investigativo de la
‘narco parapolítica’, Álvaro Pastás Obando, por la pérdida de material probatorio. Luego de encontrase una grabación en donde estaba una declaración del extraditado Carlos
Mario Jiménez, a. ‘macaco’. La Corte explico
que la declaración de a. ‘macaco’ estuvo oculta durante meses y,
luego apareció en un computador de la comisión de apoyo de la
parapolítica. Este hecho ocasionó la pérdida de confianza de la Sala
en este funcionario, por lo cual lo declaró insubsistente. Pastás fue nombrado por Busto, para reemplazar al magistrado Iván
Velásquez, como coordinador de ese grupo creado en enero
de 2007.Pastás era uno de los 9 investigadores de la parapolítica, que coordina Iván Cortés, en la corte.
La amistad nació en la Universidad Libre. A igual
que el fiscal Moreno, otro abogado que podría decirle ‘papá’ a Bustos es José
Eduardo Saavedra. Bustos lo llevó a la Fiscalía de Monte-alegre, a ocupar uno
de los cargos más importantes: jefe del CTI Bogotá, donde se ventilan los casos
más sensibles y de interés para el propio despacho del fiscal. De allí pasó a
otro alto cargo, antes de salir del ente investigador. A partir de allí comenzó
en el litigio penal, defendiendo a varios de los alcaldes de Cundinamarca
investigados por casos de corrupción. En el último año era muy normal verlo
recorriendo pasillos del búnker, en especial la sede de la Fiscalía
Cundinamarca, donde se rumoraba que el verdadero abogado de sus clientes era el
presidente de la Corte, su mentor Bustos. El magistrado asumía esas defensas en
‘cuerpo ajeno’.
De los 5 testigos en los
que se basó la Corte para acusar a Ramos, 2 resultaron
ser falsos. Uno de ellos es Carlos
Enrique Areiza, quien está en prisión por el delito de extorsión desde
2008 y fue imputado por falsedad procesal. Ante el Juzgado 32 Penal de
Medellín, Areiza aceptó el cargo, pidió perdón a Ramos por el daño que causó y
aseguró que fue presionado para declarar en contra del exgobernador. El otro es Mauricio
Palacio Tejada, quien había dicho en 2013 que él mismo llevó a Ramos a
la reunión del 2005. Palacio está en este momento en Chile y fue imputado en
contumacia por falso testimonio. Dos de los 3 testigos que le quedan a la Corte
generan bastantes dudas, según la defensa de Ramos: a. ‘el tuso Sierra’ nunca
declaró y podría ser imputado en contumacia y a. ‘Alberto Guerrero’, quien
también es testigo en los procesos contra Santiago Uribe y su hermano, nunca se
desmovilizó del bloque Cacique Pipintá y fue capturado por las autoridades.
Guerrero fue condenado a 40 años.
1991-1996 Foncolpuertos.
Robo $2,5 billones. Jueces y magistrados decidieron unirse con empleados de Foncolpuertos para robar a los colombianos, reconociendo millonarias pensiones de más de $25 millones mensuales a exempleados de Puertos de Colombia. Se cree que en un lapso de 5 años se emitieron 55 sentencias reconociendo pensiones ilegales. Fueron condenadas 825personas, entre servidores públicos y particulares, por falsificar documentos públicos, prevaricato, peculado por apropiación, concierto para delinquir; pero Luis Hernando Rodríguez, el gerente liquidador de la empresa del estado ‘Puertos de Colombia’ a través del fondo de pensiones, Foncolpuertos, fue condenado a 13 años de prisión en el 2007, sin embargo, esta pensionado con $30 millones mensuales pagados por los colombianos, como viudo de la congresista asesinada Martha Catalina Daniels. El caso fue discutido en el Congreso de Colombia, por la senadora Ingrid Betancourt, acusando como responsables directos a Samper y Gaviria, también pensionados con $30 millones.
Robo $2,5 billones. Jueces y magistrados decidieron unirse con empleados de Foncolpuertos para robar a los colombianos, reconociendo millonarias pensiones de más de $25 millones mensuales a exempleados de Puertos de Colombia. Se cree que en un lapso de 5 años se emitieron 55 sentencias reconociendo pensiones ilegales. Fueron condenadas 825personas, entre servidores públicos y particulares, por falsificar documentos públicos, prevaricato, peculado por apropiación, concierto para delinquir; pero Luis Hernando Rodríguez, el gerente liquidador de la empresa del estado ‘Puertos de Colombia’ a través del fondo de pensiones, Foncolpuertos, fue condenado a 13 años de prisión en el 2007, sin embargo, esta pensionado con $30 millones mensuales pagados por los colombianos, como viudo de la congresista asesinada Martha Catalina Daniels. El caso fue discutido en el Congreso de Colombia, por la senadora Ingrid Betancourt, acusando como responsables directos a Samper y Gaviria, también pensionados con $30 millones.
Extinción de Dominio.
1º Hernando Rodríguez Rodríguez.
Gerente de Foncolpuertos. En noviembre de 1999 agentes del DAS ocuparon 16 edificaciones ubicadas en Santa Marta y 7 en Bogotá. Su avalúo es de $1.000 millones. Entre los dueños de dichas propiedades está Rodríguez, hoy preso y señalado de ser el cerebro del millonario desfalco a la entidad. También aparecen como propietarios abogados que prestaron servicios a la entidad, litigantes externos.
Gerente de Foncolpuertos. En noviembre de 1999 agentes del DAS ocuparon 16 edificaciones ubicadas en Santa Marta y 7 en Bogotá. Su avalúo es de $1.000 millones. Entre los dueños de dichas propiedades está Rodríguez, hoy preso y señalado de ser el cerebro del millonario desfalco a la entidad. También aparecen como propietarios abogados que prestaron servicios a la entidad, litigantes externos.
2º Segundo Rafael Preciado
Biojó.
En octubre 10 del 2000, el DAS y la Fiscalía ocuparon 19 bienes, entre inmuebles y vehículos, de Preciado Biojó, implicados de Foncolpuertos. Las propiedades, avaluadas en $10 mil millones, están ubicadas en Bogotá, Melgar y Buenaventura. Preciado, hoy detenido, habría gestionado y cobrado, como falso abogado, millonarias conciliaciones.
En octubre 10 del 2000, el DAS y la Fiscalía ocuparon 19 bienes, entre inmuebles y vehículos, de Preciado Biojó, implicados de Foncolpuertos. Las propiedades, avaluadas en $10 mil millones, están ubicadas en Bogotá, Melgar y Buenaventura. Preciado, hoy detenido, habría gestionado y cobrado, como falso abogado, millonarias conciliaciones.
3º Arturo Forbes Rye.
En febrero 5 del 2002, las autoridades ocuparon bienes en Santa Marta y Barranquilla por un valor superior a los $300 millones, pertenecientes al mayor pensionado de Foncolpuertos, Forbes, quien fue beneficiado irregularmente con una pensión de $29 millones mensuales.
En febrero 5 del 2002, las autoridades ocuparon bienes en Santa Marta y Barranquilla por un valor superior a los $300 millones, pertenecientes al mayor pensionado de Foncolpuertos, Forbes, quien fue beneficiado irregularmente con una pensión de $29 millones mensuales.
2008 La Fiscalía. Guillermo León
Valencia Cossío.
Director seccional de fiscalías de Medellín, condenado a 15 años de prisión por concierto para delinquir agravado, falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, enriquecimiento ilícito. La Corte concluyo que a través de su función como director de Fiscalías influyó para que el John Freddy Manco Torres, a. ‘el indio’ fuera excluido del organigrama de la banda criminal de Daniel Rendón Herrera, a. ‘don Mario’, además, se comprobó que recibió $150 millones y una cuatrimotor de manos de ‘el indio’.
Director seccional de fiscalías de Medellín, condenado a 15 años de prisión por concierto para delinquir agravado, falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, enriquecimiento ilícito. La Corte concluyo que a través de su función como director de Fiscalías influyó para que el John Freddy Manco Torres, a. ‘el indio’ fuera excluido del organigrama de la banda criminal de Daniel Rendón Herrera, a. ‘don Mario’, además, se comprobó que recibió $150 millones y una cuatrimotor de manos de ‘el indio’.
El insuceso comenzó en 2008, cuando salió a la luz
pública la desaparición de a. ‘el indio’, desmovilizado de las AUC ‘Autodefensas Campesinas Unidas de Colombia’ y segundo de ‘don Mario’ de la lista
de cabecillas de la organización de narcos ‘los urabeños’. En la investigación
se encontró más de 120 grabaciones y 1.600 registros de archivos que
comprometían al servidor público con s, grabaciones con Felipe Sierra, dueño de
una firma de seguridad, Gustavo Villegas, secretario de Seguridad en Medellín,
con ‘el indio’.
En agosto 4 de 2008, se capturo a ‘el indio’ y a Camilo
Torres Martínez a. ‘fritanga’ o ‘mentira’, quien también pertenece al combo de
narcos que actúa en el golfo caribeño de Urabá.
Juan
Felipe Sierra Fernández,
condenado a 5 años de prisión en septiembre de 2011 tras aceptar que tuvo nexos con el ‘don Mario’. Excluido de la Lista Clinton, al igual que su firma de seguridad privada ‘Control Total Ltda.’ Los líos de Sierra con el Departamento del Tesoro comenzaron en marzo 18 de 2010, cuando él y su compañía fueron incluidos en la Lista Clinton. ‘Control Total’ contrató más de $1.200 millones con el Estado entre 2004 y 2007 y prestó el servicio de escolta a varios jefes paramilitares mientras adelantaban el proceso de negociación de ‘Justicia y paz’ con el Gobierno Nacional. Sin embargo, la sombra del paramilitarismo siempre lo ha perseguido, ya que ‘narcos’ como Juan Carlos Sierra Ramírez, a. ‘el tuso Sierra’, han señalado que tenía fuertes nexos con el jefe de sicarios de la ‘oficina de Envigado’ Diego Fernando Murillo Bejarano, a. ‘don berna’.
condenado a 5 años de prisión en septiembre de 2011 tras aceptar que tuvo nexos con el ‘don Mario’. Excluido de la Lista Clinton, al igual que su firma de seguridad privada ‘Control Total Ltda.’ Los líos de Sierra con el Departamento del Tesoro comenzaron en marzo 18 de 2010, cuando él y su compañía fueron incluidos en la Lista Clinton. ‘Control Total’ contrató más de $1.200 millones con el Estado entre 2004 y 2007 y prestó el servicio de escolta a varios jefes paramilitares mientras adelantaban el proceso de negociación de ‘Justicia y paz’ con el Gobierno Nacional. Sin embargo, la sombra del paramilitarismo siempre lo ha perseguido, ya que ‘narcos’ como Juan Carlos Sierra Ramírez, a. ‘el tuso Sierra’, han señalado que tenía fuertes nexos con el jefe de sicarios de la ‘oficina de Envigado’ Diego Fernando Murillo Bejarano, a. ‘don berna’.
2012 Iván Velásquez
Magistrado auxiliar. El ‘Investigador Estrella’ de la Corte, es una roca en el zapato del mandatario, congresistas putrefactos, partidos políticos clientelistas y de sus propios colegas los magistrados cuya conducta es igual a la de sus procesados. Ha soportado las mayores amenazas y conspiraciones contra su vida, su buen nombre y su honra, fue relevado del cargo de coordinador de los procesos del repugnante fenómeno de la parapolítica, por elmagistrado Leonidas Bustos, presidente de la sala penal de corte, en medio de un sospechoso sigilo y sin comunicado oficial que diera cuenta del trascendental cambio, sino mediante declaraciones soltadas al desgaire. La disculpa es baladí y ofende porque supone que los colombianos son estúpidos: “el puesto debe rotar y airearse entre otros magistrados auxiliares de mi entera confianza” dijo Bustos. La verdad es muy otra. ‘Cartel de la Toga’.
Magistrado auxiliar. El ‘Investigador Estrella’ de la Corte, es una roca en el zapato del mandatario, congresistas putrefactos, partidos políticos clientelistas y de sus propios colegas los magistrados cuya conducta es igual a la de sus procesados. Ha soportado las mayores amenazas y conspiraciones contra su vida, su buen nombre y su honra, fue relevado del cargo de coordinador de los procesos del repugnante fenómeno de la parapolítica, por elmagistrado Leonidas Bustos, presidente de la sala penal de corte, en medio de un sospechoso sigilo y sin comunicado oficial que diera cuenta del trascendental cambio, sino mediante declaraciones soltadas al desgaire. La disculpa es baladí y ofende porque supone que los colombianos son estúpidos: “el puesto debe rotar y airearse entre otros magistrados auxiliares de mi entera confianza” dijo Bustos. La verdad es muy otra. ‘Cartel de la Toga’.
Se
beneficia con la sustitución de Velásquez, quien desentraño el modus operandi
del “aparato organizado de poder” que surgió de la alianza del gobierno, la
política, la judicatura con los narcos:
1º
Los congresistas que purgan o purgaban penas en La Picota:
1.1º Mario Uribe Escobar.
Congresista. ‘El presidente me dejo solo’. Un extraditado y el abogado de Uribe complotaron contra Velásquez pagándole a alias ‘tasmania’ para que calumniara al Magistrado. ‘Tasmania’ después se retractó. En el año 2011 Uribe fue condenado a sólo 7 años y 6 meses de prisión por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Horas antes de que la Corte Suprema expidiera la orden de captura en su contra en el año 2008, Uribe se dirigió a la embajada de Costa Rica en Bogotá intentando obtener asilo político, como ‘perseguido político’ el cual le fue negado.
Congresista. ‘El presidente me dejo solo’. Un extraditado y el abogado de Uribe complotaron contra Velásquez pagándole a alias ‘tasmania’ para que calumniara al Magistrado. ‘Tasmania’ después se retractó. En el año 2011 Uribe fue condenado a sólo 7 años y 6 meses de prisión por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Horas antes de que la Corte Suprema expidiera la orden de captura en su contra en el año 2008, Uribe se dirigió a la embajada de Costa Rica en Bogotá intentando obtener asilo político, como ‘perseguido político’ el cual le fue negado.
1.2º Óscar Suárez Mira.
Congresista conservador. Le ofreció a alias ‘bam-bam’ $100 millones para que se retractara de su testimonio contra él y enlodara a Velásquez.
Congresista conservador. Le ofreció a alias ‘bam-bam’ $100 millones para que se retractara de su testimonio contra él y enlodara a Velásquez.
1.3º Luis Alberto Gil a. ‘el
tuerto’ y Alfonso Riaño.
Congresistas. El abogado de estos 2 delincuentes, Ramón Ballesteros fue grabado mientras trataba de convencer a alias ‘Diego Rivera’ de declarar en contra del Investigador por us100 mil dólares.
Congresistas. El abogado de estos 2 delincuentes, Ramón Ballesteros fue grabado mientras trataba de convencer a alias ‘Diego Rivera’ de declarar en contra del Investigador por us100 mil dólares.
1.4º Luis Humberto Gómez Gallo y
su paisano Javier Ramiro Devia.
Congresistas conservadores. El testigo Hernando Díaz aseguró que intentaron sobornarlo para desprestigiar a Velásquez y a la Corte.
Congresistas conservadores. El testigo Hernando Díaz aseguró que intentaron sobornarlo para desprestigiar a Velásquez y a la Corte.
2º
Los otros 30 congresistas investigados por nexos con el paramilitarismo.
3º
Altos Funcionario del Ejecutivo Nacional. Envueltos en el operativo de
seguimientos, interceptaciones, montajes, ‘chuzadas’ del DAS, ‘falso
positivos’.
4º Integrantes
de las altas cortes. Clientelizados, burocratizados, lagartizados y
subordinados al poder del procurador, del ejecutivo y del congreso, a los que
le deben fidelidad y puestos, con el que se concertaron para privilegiarse, no
pueden tener a un testigo de sus fechorías. Bustos, a quien ‘no le ajusta la
toga’, ha armado una oscura trinca y estuvo triunfando.
2012 Cinco años después, casos de parapolítica se han estancado.
Si bien comenzaron a darse indicios de este escándalo a inicio de 2006, cuando las autoridades incautaron el computador de Jorge Tovar Pupo, a. ‘Jorge 40’, jefe narco paramilitar, tras su sometimiento al proceso de ‘Justicia y Paz’ se reveló la verdad sobre más de 550 masacres cometidas por las AUC, Autodefensas Campesinas Unidas de Colombia, en más de un decenio de acción militar y además, se confirmaban los nexos entre políticos, narcos y paramilitares.
Si bien comenzaron a darse indicios de este escándalo a inicio de 2006, cuando las autoridades incautaron el computador de Jorge Tovar Pupo, a. ‘Jorge 40’, jefe narco paramilitar, tras su sometimiento al proceso de ‘Justicia y Paz’ se reveló la verdad sobre más de 550 masacres cometidas por las AUC, Autodefensas Campesinas Unidas de Colombia, en más de un decenio de acción militar y además, se confirmaban los nexos entre políticos, narcos y paramilitares.
En 2005 el jefe paramilitar
Mancusodeclaro que la AUC controlaba el 35% del Congreso. “Tenemos el 35% del Congreso de la República”, dijo.Esto el preámbulo de lo que se conoció como ‘narco
parapolítica’, un eje temático que convirtió a la Justicia colombiana en una de las más
prestigiosas del mundo, por llenar el pabellón ‘ERE Sur’ de La Picota con por
lo menos 60 congresistas sentenciados por sus nexos con las AUC y otros centros
carcelarios con otro tanto de gobernadores y altos funcionarios del Estado.
‘Cartel
de la Toga’.
Sin embargo, simultáneamente a ese momento dorado de la corte se produjo uno de los episodios que más le ha costado a su prestigio. Según la Fiscalía, para esa época comenzaba a conformarse la ‘red de favores y vueltas’, que en 2017 tiene a varios de sus magistrados en jaque. Ricaurte, Bustos, Malo, hacían parte de un grupo que cobraba alrededor de $2.000 millones por ‘engavetar’ expedientes a favor de los investigados.Gustavo Moreno era el abogado a cargo de atraer los clientes
Sin embargo, simultáneamente a ese momento dorado de la corte se produjo uno de los episodios que más le ha costado a su prestigio. Según la Fiscalía, para esa época comenzaba a conformarse la ‘red de favores y vueltas’, que en 2017 tiene a varios de sus magistrados en jaque. Ricaurte, Bustos, Malo, hacían parte de un grupo que cobraba alrededor de $2.000 millones por ‘engavetar’ expedientes a favor de los investigados.Gustavo Moreno era el abogado a cargo de atraer los clientes
El congreso está
integrado por 268 parlamentarios, 102 senadores y 166 representantes. ‘Vayan
votan mientras los arrestan’. Los narcos controlaron 94 congresistas, el 35%,
fueron condenados 60, faltan 34. De los cuales
26 repiten legislatura de 2014-2018 y que están siendo investigados ‘todavía’ de
manera preliminar en la Corte por vínculos con narcotraficantes y grupos armado
ilegales de asesinos confesos, quienes gozan y se acogieron a los beneficios de
la ley de ‘justicia y paz’.
En el 2007, el escándalo de la parapolítica de la clase
política nacional, vio cómo grandes líderes partidistas eran condenados por los
acuerdos y compromisos suscritos con los grupos criminales en diversas
regiones.
A diciembre del 2011 había 98 congresistas vinculados con
la parapolítica; 33 exparlamentarios; 22 exgobernadores; 6 exalcaldes;
funcionarios del orden nacional. En diciembre de 2011, de los congresistas con
procesos existen 63 senadores, 67 representantes a la Cámara. Han sido
precluidos 4 casos; 7 absueltos, 17 se encuentran en investigación; 35
condenados; 5 llamados a juicio; 6 tienen auto inhibitorio; 23 están en
investigaciones previas; y hay un caso archivado.
En 2012 los procesos se estancaron o ‘engavetaron’. Aunque
en 2012 se conoció de la orden de captura contra el congresista y presidente de
Fedegan, Jorge Visbal; así como la casa por cárcel para el congresista Juan Carlos Martínez; la libertad condicional al congresista Luis Alberto Gil,
a. él tuerto’. Los procesos de la
parapolítica no han variado desde 2007.
Partidos Políticos
1º El partido que más se ha visto afectado por la
parapolítica es el de la U, que tiene más de 18 de sus congresistas inmersos en
estos escándalos.
2º Los partidos Conservador, Cambio Radical y liberal, cada
uno de ellos con 16 de sus integrantes vinculados a las investigaciones.
3º Convergencia Ciudadana, que después se transformó en el
PIN, tiene 7 congresistas comprometidos.
4º Colombia Democrática (6), Alas Equipo Colombia y
Apertura Liberal (5); Colombia Viva (4).
5º Con (1) caso: Partido Acción Social; Moral; Movimiento
Huila Nuevo Liberalismo; Movimiento de Participación Popular; Movimiento
Nacional Progresista.
2015 Corte saca a magistrado investigador de la parapolítica.
Álvaro Pastás Obando.
La Corte denuncio penal y
disciplinariamente al magistrado auxiliar del grupo investigativo de la ‘narco parapolítica’, Pastás,
por la pérdida de material probatorio. Luego de encontrase una grabación en donde estaba una declaración del extraditado Carlos
Mario Jiménez, a. ‘macaco’. La Corte explico
que la declaración de a. ‘macaco’ estuvo oculta durante meses y,
luego apareció en un computador de la comisión de apoyo de la
parapolítica. Este hecho ocasionó la pérdida de confianza de la Sala
en este funcionario, por lo cual lo declaró insubsistente.
Pastás, fue nombrado por Leonidas Busto,
para reemplazar al magistrado auxiliar Iván Velásquez, como coordinador de ese grupo creado en enero de 2007.Pastás era uno de los 9 investigadores de la parapolítica, que coordina Iván Cortés, en la
corte. ¿Cuánto pagaron por este nombramiento?
2017
Eugenio Fernández Carlier.
Magistrado. ‘Desempolva’ expediente de David Char Navas, congresista. Investigación ‘engavetada’ por más de 11 años, en el despacho de Fernández, desde abril de 2006, quien en octubre de 2017 ordeno capturar a Char Navas por concierto para delinquir agravado, en relación con grupos armados al margen de la ley durante las elecciones al Senado en 2006. La investigación contra Char comenzó el 5 de abril de 2006 por la Fiscalía, que documentó más de 600 homicidios cometidos por el frente paramilitar José Pablo Díaz entre 2002 y 2006. Este frente era comandado por Édgar Ignacio Fierro Flórez, a. ‘don Antonio’, capitán del ejército., La condena inicial para 'don Antonio' fue de 40 años, pero debido a su postulación a ‘justicia y paz’, se benefició con la pena alternativa 8 años de cárcel.
Magistrado. ‘Desempolva’ expediente de David Char Navas, congresista. Investigación ‘engavetada’ por más de 11 años, en el despacho de Fernández, desde abril de 2006, quien en octubre de 2017 ordeno capturar a Char Navas por concierto para delinquir agravado, en relación con grupos armados al margen de la ley durante las elecciones al Senado en 2006. La investigación contra Char comenzó el 5 de abril de 2006 por la Fiscalía, que documentó más de 600 homicidios cometidos por el frente paramilitar José Pablo Díaz entre 2002 y 2006. Este frente era comandado por Édgar Ignacio Fierro Flórez, a. ‘don Antonio’, capitán del ejército., La condena inicial para 'don Antonio' fue de 40 años, pero debido a su postulación a ‘justicia y paz’, se benefició con la pena alternativa 8 años de cárcel.
El ‘Computador de la para política’.
Así fue bautizado el computador de a. ‘don Antonio’ que contenía documentos que comprometían a una gran cantidad de uniformados que a cambio de dinero colaboraban con las AUC, Autodefensas Campesinas Unidas de Colombia. En la diligencia encontraron otros dispositivos electrónicos y una agenda con apuntes personales. En ese documento, hallado en la diligencia de allanamiento, registro y captura de a. ‘don Antonio’ se señalaba la manera como colaboraron en la campaña de David Char en cada municipio los alcaldes, concejales, hospitales, colegios y líderes del Atlántico. También encontraron la carpeta de una reunión en el municipio de Soledad, donde se organizaba en compañía de los paramilitares la campaña de Char Navas.
Así fue bautizado el computador de a. ‘don Antonio’ que contenía documentos que comprometían a una gran cantidad de uniformados que a cambio de dinero colaboraban con las AUC, Autodefensas Campesinas Unidas de Colombia. En la diligencia encontraron otros dispositivos electrónicos y una agenda con apuntes personales. En ese documento, hallado en la diligencia de allanamiento, registro y captura de a. ‘don Antonio’ se señalaba la manera como colaboraron en la campaña de David Char en cada municipio los alcaldes, concejales, hospitales, colegios y líderes del Atlántico. También encontraron la carpeta de una reunión en el municipio de Soledad, donde se organizaba en compañía de los paramilitares la campaña de Char Navas.
2013 Carrusel de
Pensiones. Magistrados del Consejo de la Judicatura.
Robo $14 mil millones. Denunciado por María Mercedes López Mora, Magistrada de la Judicatura, al encontrar que magistrados de las altas cortes, nombraron, a familiares y personas allegadas a ellos para que, en períodos cortos, se hicieran acreedores a pensiones que podían triplicar el salario que devengaban antes de llegar a la Judicatura. En manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, cuestionada desde la absolución de Samper en el ‘Proceso 8.000’, estaba la misión de investigar a los magistrados que habrían promovido este ‘chanchullo’. Sin embargo, en 2013 la Comisión decidió archivar el proceso. Pese a ello, la Contraloría abrió investigación fiscal en 2012 a los magistrados implicados por detrimento patrimonial al Estado en más de $3.500millones.
Robo $14 mil millones. Denunciado por María Mercedes López Mora, Magistrada de la Judicatura, al encontrar que magistrados de las altas cortes, nombraron, a familiares y personas allegadas a ellos para que, en períodos cortos, se hicieran acreedores a pensiones que podían triplicar el salario que devengaban antes de llegar a la Judicatura. En manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, cuestionada desde la absolución de Samper en el ‘Proceso 8.000’, estaba la misión de investigar a los magistrados que habrían promovido este ‘chanchullo’. Sin embargo, en 2013 la Comisión decidió archivar el proceso. Pese a ello, la Contraloría abrió investigación fiscal en 2012 a los magistrados implicados por detrimento patrimonial al Estado en más de $3.500millones.
La Contraloría, dio inicio a las
investigaciones de los magistrados por un incremento sus salarios y ascensos de
cargos para elevar el promedio de la pensión, un año antes de jubilarse. Dentro
de la polémica que se generó, también cayó el gobernador del Cauca, Temístocles
Ortega Narváez, por sus actuaciones cuando fue presidente del Consejo de la
Judicatura, razón por la cual la Contraloría lo llamó a Juicio Fiscal junto con
20 magistrados y ex magistrados de la rama judicial y a 200 magistrados de las
altas Cortes, que estaban siendo investigados por las entidades reguladoras.
Según los cálculos de la Contraloría, el valor del detrimento patrimonial ocasionado,
llega a más de $14.000 millones año a
año.
La investigación fue anulada por la Corte Suprema, al
considerar que la Contraloría no tiene la jurisdicción para investigar, sobre
el destino de los dineros de los colombianos, ni a magistrados de las altas
cortes, ni al fiscal de estos magistrados, ni al Presidente y Vicepresidente,
es el incorruptible congreso quien los destituye de sus cargos, para que luego
sean investigados, ya sin investidura, por los respectivos entes de control.
El `carrusel
de las pensiones` es un asunto que viene desde años atrás, está relacionado con
una costumbre de los sectores privilegiados de servidores públicos que hacen un esguince ilegal para obtener
pensiones por encima de la ley, ningún órgano de control investiga ni sanciona,
quedan en total impunidad. Los magistrados, jueces y funcionarios judiciales
incrementan sus salarios, vía ascensos de cargos, un año antes de jubilarse.
2013 Henry Villarraga.
Magistrado. Fallos a $400 millones. En octubre de 2013, unas grabaciones fueron reveladas, conversaciones entre el magistrado Villarraga y el coronel del ejército Róbinson González Del Río, condenado en julio de 2014 por peculado y nexos con bandas criminales, donde el magistrado ofrece ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de $400 millones; Del Río tenía 3 investigaciones en su contra: 1ª Por irregularidades en contratación, Peculado; 2ª Por ‘Desapariciones Forzosas’; 3ª Por ‘falsos positivos’ asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros. En las grabaciones hablan sobre un almuerzo con los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón y para lograr, que el proceso en contra del militar quedara en manos de la justicia penal militar, donde los militares investigados podrían ser ‘engavetados’. Pero mejor aún, la investigación quedó en manos de la Comisión de ‘Absoluciones’ de la Cámara; Llamando a indagatoria en 2014 a los magistrados implicados en este caso, provocando la renuncia, tiempo después, del magistrado Villarraga ante el senado, renuncia aceptada por el congreso en pleno, sin condena alguna y las pensiones de $30 millones siguen vigentes.
Magistrado. Fallos a $400 millones. En octubre de 2013, unas grabaciones fueron reveladas, conversaciones entre el magistrado Villarraga y el coronel del ejército Róbinson González Del Río, condenado en julio de 2014 por peculado y nexos con bandas criminales, donde el magistrado ofrece ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de $400 millones; Del Río tenía 3 investigaciones en su contra: 1ª Por irregularidades en contratación, Peculado; 2ª Por ‘Desapariciones Forzosas’; 3ª Por ‘falsos positivos’ asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros. En las grabaciones hablan sobre un almuerzo con los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón y para lograr, que el proceso en contra del militar quedara en manos de la justicia penal militar, donde los militares investigados podrían ser ‘engavetados’. Pero mejor aún, la investigación quedó en manos de la Comisión de ‘Absoluciones’ de la Cámara; Llamando a indagatoria en 2014 a los magistrados implicados en este caso, provocando la renuncia, tiempo después, del magistrado Villarraga ante el senado, renuncia aceptada por el congreso en pleno, sin condena alguna y las pensiones de $30 millones siguen vigentes.
Lo que va de Villarraga al fuero penal militar.
El asunto de Villarraga tiene más implicaciones, que su renuncia
irrevocable, con su actuación quedaal descubierto la poca decencia de los altos
funcionarios del Estado, los alarmantes niveles de corrupción de la administración
de justicia y la impunidad.
El
servidor público de marras, quien entre otras cosas, es de los pocos
colombianos que tenían el honor de hacer parte de los más de 100 magistrados de
las altas cortes, y con ello, de los privilegios que dicha dignidad representa:
ganan los mismos $30 millones de los honorables congresistas, de los 365 días
al año, pueden trabajar sólo 169, con 60 días de permisos remunerados, como el
que disfrutó la presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz Rueda, bien
utilizados en su crucero por el Caribe, también son merecedores de un régimen
tributario especial, además de poder burocrático. Como Magistrados de
altascortes, participan de la escogencia del Procurador, Contralor,
Registrador, Auditor, 3 magistrados de la Corte Constitucional y 2 de la Corte
Suprema, como si fuera poco, en autos oficiales o privados, no pagan
gasolina, no tienen pico y placa,
pueden transitar por la vía del Transmilenio. ¿Prosigo?
Debe
hacerse énfasis en que el Consejo de la Judicatura, por conductas como la de
Villarraga, quien ya había estado relacionado con otros casos de corrupción,
está manchada por el desprestigio desde su creación en la Constitución de
1991, según el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, es la corporación judicial
encargada de administrar la rama judicial, como tal, le corresponde decidir
sobre contratación, nombramientos de magistrados y funcionarios judiciales,
aprobar inversiones, determinar la planta de personal de la rama, administrar
la carrera judicial, es decir, administra y decide sobre los más de $3billones
de presupuesto anuales, y claro, su sala disciplinaria, de la que hacía parte
de Villarraga, decide sobre el conflicto de competencias entre jurisdicciones,
como en el caso, la justicia ordinaria sobre la penal militar o viceversa.
La
Corte Constitucional declaró inexequible por vicios en el procedimiento un
proyecto de ley que ampliaba el fuero penal militar, y entre otras gabelas,
creaba un ‘Tribunal Especial’ para juzgar militares por la comisión de delitos,
el ejecutivo, congresistas, los militares activos y retirados mostraron su
inmediata indignación por lo que dicen es un “fuerte golpe a la moral de la
tropa”, un “triunfo de los enemigos del ejército, la policía, el Esmad”, es
más, muchos se atrevieron a poner en tela de juicio la decisión dela corte. El
gobierno y elmindefensa, manifestaron el interés del gobierno por presentar
otro proyecto de ley que blinde la actuación delos uniformados.
Con
dicha posición tratan de ubicar a los amigos y a los enemigos del ejército,
nadie pone en duda su importancia y su legitimidad, empero, hablar de la
comisión de delitos por parte de sus miembros tampoco es herejía, menos,
comprobar que el fuero penal militar es un privilegio en desuso, que le estorba
a la justicia. En los peores momentos del conflicto, el fuero permitió la
impunidad respecto a los masivos y reiterados abusos contra la población civil;
por ejemplo en las ejecuciones extrajudiciales, mal conocidas como ‘falsos
positivos’, vienen siendo procesados 47 coroneles, 66 mayores, 133 capitanes y otros
4.354 uniformados. Pero desde que se hizo pública dicha “práctica contra
insurgente”, se han dictado solo 639 condenas.
No se debe olvidar que los
militares no son jueces, asumen con las armas del Estado la defensa del
establecimiento. En la praxis democrática lo sensato es
avanzar hacia una justicia única, ‘una sola corte’, fuerte, imparcial, y
civilista, para todos, sin distingo alguno. El fuero Penal Militar es una
medida para la guerra, y como ‘esto no es una guerra, sino terrorismo y
narcotráfico’.
No
bastando con las implicaciones éticas, políticas e institucionales que arroja
el comportamiento de Villarraga, quien a pesar de ser beneficiario de los
mejores tratos dispuestos por el Estado para consentir a sus máximos
representantes, venía impartiendo
justicia ejerciendo por adicionales $400 millones por proceso, que no son nada,
si se analiza las implicaciones de sus actuares irregulares y de favorecimiento
dirigidas a salvar de la jurisdicción penal ordinaria y mandar a la justicia
penal militar al Coronel Robinson González del Rio acusado de perpetuar
asesinato contra 2 humildes campesinos, de otros ‘falsos positivos y
peculados’.
Surgen
algunos interrogantes: ¿por qué a un oficial vinculado a estos delitos de lesa
humanidad le piden $400 millones para no ser juzgado por la justicia ordinaria,
a que temen, si está también se compra y se vende?, ¿qué representa pasar a
conocimiento de la justicia penal militar?, ¿impunidad?, ¿a quién o a quienes
les conviene entonces revivir el fuero penal militar? Para terminar, ¿hasta
cuándo funcionarios venales decidirán sobre las víctimas del conflicto?,
¿cuáles son las garantías reales que ofrece a los colombianos la administración
de justicia?
2014
INPEC.
Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario. Robo $4.800 millones. De las cuentas del Inpec. Medida de aseguramiento a 4 servidores públicos y un particular. La Fiscalía indicó que entre 2010 y 2013, los implicados recibieron dinero de la cuenta principal del Inpec, dinero que giraba la encargada de la caja menor. ¿Cómo será de la caja mayor?
Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario. Robo $4.800 millones. De las cuentas del Inpec. Medida de aseguramiento a 4 servidores públicos y un particular. La Fiscalía indicó que entre 2010 y 2013, los implicados recibieron dinero de la cuenta principal del Inpec, dinero que giraba la encargada de la caja menor. ¿Cómo será de la caja mayor?
Yilda
Johanna Quijano Rodríguez, era la responsable del manejo de los dineros de la
caja menor, quien transfirió a cuentas de otros funcionarios y de su padre más
de $4.800 millones.
Carlos
Eduardo Figueroa Burbano, Héctor Giovanny Marín Bautista y Rubén Leonardo
Montenegro, miembros del Inpec, al igual que un particular y el padre de
Johanna Quijano, Juan Martín Quijano, quien recibió en su cuenta más de mil
millones girados desde la cuenta del Inpec.
Les
imputaron peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público,
fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad material en
documento público. La única que aceptó los delitos fue Quijano Rodríguez.
Para superar los controles de las auditorias, falsificaban los comprobantes y utilizando números
de cedulas de ciudadanía de otras personas y justificaba el pago de viáticos a
funcionarios que no habían viajado o salido de la ciudad.
2015 Sistema Judicial de Barranquilla.
Jueces y Fiscales. Fueron capturados 11 miembros de la rama judicial de Barranquilla, entre jueces, fiscales, comisarios de familia y abogados litigantes, por concierto para delinquir, prevaricato por acción agravada, falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía descubrió, en los expedientes de procesos judiciales, que los funcionarios dictaban fallos que favorecían a peligrosos delincuentes comunes, s y sicarios a cambio de dinero, conformando una auténtica "empresa criminal" en el interior del poder judicial de Barranquilla.
Jueces y Fiscales. Fueron capturados 11 miembros de la rama judicial de Barranquilla, entre jueces, fiscales, comisarios de familia y abogados litigantes, por concierto para delinquir, prevaricato por acción agravada, falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía descubrió, en los expedientes de procesos judiciales, que los funcionarios dictaban fallos que favorecían a peligrosos delincuentes comunes, s y sicarios a cambio de dinero, conformando una auténtica "empresa criminal" en el interior del poder judicial de Barranquilla.
2015 Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. .
Magistrado. Fallos a $500 millones. Oriundo de Montería, Córdoba. Llegó a la Corte Constitucional en marzo de 2009, ternado por el presidente de la República. Como magistrado del Consejo Nacional Electoral ganaba $11 millones. En la Corte Constitucional $30 millones mensuales.
Magistrado. Fallos a $500 millones. Oriundo de Montería, Córdoba. Llegó a la Corte Constitucional en marzo de 2009, ternado por el presidente de la República. Como magistrado del Consejo Nacional Electoral ganaba $11 millones. En la Corte Constitucional $30 millones mensuales.
Prontuario
1º Fidupetrol.
En febrero de 2015, Mauricio González Cuervo, magistrado de la corte constitucional, radicó una acusación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes contra su colega magistrado y presidente de la misma corte, Pretelt, quien hablo de $500 millones, al abogado Víctor Pacheco, para fallar una tutela a favor de la firma Fidupetrol, que debía resolver la Corte
En febrero de 2015, Mauricio González Cuervo, magistrado de la corte constitucional, radicó una acusación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes contra su colega magistrado y presidente de la misma corte, Pretelt, quien hablo de $500 millones, al abogado Víctor Pacheco, para fallar una tutela a favor de la firma Fidupetrol, que debía resolver la Corte
Tanto Víctor
Pacheco, abogado de Fidupetrol, como Hélber Otero, gerente de la sociedad,
fueron condenados a 2 años de prisión y multa de 100 salarios mínimos. El juez
del soborno, Pretelt, fue suspendido y enfrenta un proceso en la Corte
Suprema. Luego de meses de interrogatorios
a los involucrados y deliberaciones, la Comisión de Acusaciones formuló cargos
contra Pretelt y el senado en pleno lo suspendió de su cargo, perdiendo de esta
manera su investidura como magistrado. Pretelt pasó a juicio por cohecho en la corte suprema, aún no hay
sentencia.
Por estos hechos, también fueron
acusados por la Fiscalía el magistrado Rodrigo Escobar Gil, absuelto, el
presidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero Lozano y el máximo
accionista de la fiducia, Hélbert Otero; a los 3 se les imputó el cargo de
tráfico de influencias.
La
acción de tutela de Fidupetrol.
Robo $23 mil millones. Buscaba revertir una decisión judicial que le imponía a la desaparecida firma fiduciaria pagar una suma de $23 mil millones, al departamento del Casanare, por manejos irregulares del dinero departamental; por este hecho, fue condenado en 2013 el gobernador de Casanare, Whitman Porras.
Robo $23 mil millones. Buscaba revertir una decisión judicial que le imponía a la desaparecida firma fiduciaria pagar una suma de $23 mil millones, al departamento del Casanare, por manejos irregulares del dinero departamental; por este hecho, fue condenado en 2013 el gobernador de Casanare, Whitman Porras.
Maraña. Radiografía del escándalo que enloda a Pretelt y a las Cortes.
Todo
comenzó cuando el entonces Gobernador de Casanare Withman Porras depositó en
Fidupetrol $25mil millones para que los administrara la fiducia, que debía
devolver los recursos en un año, pero nunca lo hizo.
Porras
fue condenado a 18 años de cárcel y la Corte ordenó a Fidupetrol devolver el
dinero al considerar que hubo un manejo irregular y detrimento del patrimonio
público.
Helbert
Otero. El mayor accionista de Fidupetrol, a través de su firma Tecfin, está
señalado: 1º de involucrar a la fiducia en el negocio por $25millones con
Casanare; 2º Por falsedad en documento público y estafa al Citibank; 3º
Relacionado con el Fondo Premium y Proyectar Valores. Otero fue el encargado de
recomendar a Víctor Pacheco, reconocido ‘lobista’ ante la rama judicial, pues
aunque su especialidad era civilista tenía buenas relaciones en las altas
cortes y sabría cómo manejar la situación.
La
junta directiva no estaba muy de acuerdo, pero aceptaron contratar los
servicios de Pacheco, quien habría cobrado $100 millones y una comisión de
éxito de 2%, en total $540 millones. Julio Lizarazo y Eduardo de Praga Benítez,
accionistas de la fiducia le dieron el respaldo. Lizarazo y de Praga también están
vinculados con el escándalo de Proyectar Valores y el último, estaría
involucrado con un escándalo de asignación de bienes de la mafia de la DNE.
En 2013,
cuando llega Guillermo Caballero a la presidencia de Fidupetrol, pasan varias
cosas: 1ª después de 3 rechazos de la tutela, los magistrados Alberto Rojas y
Jorge Iván Palacio decidieron revisar la tutela. Con ello, Pacheco habría
solicitado un adelanto de su comisión por $160 millones; 2ª Caballero decidió
contar con los servicios del fiscal Guillermo Mendoza como abogado ante la
Contraloría; y 3ª Contratar a Rodrigo Escobar Gil para reforzar la defensa
ante la Corte. Escobar, presidente de la Corte Constitucional, es señalado como
el intermediario de la operación para comprar el fallo de tutela y quien
lo señaló ante otros magistrados del alto tribunal es el mismo abogado Víctor
Pacheco.
Fidupetrol destinó cerca de mil millones para su
defensa, con todo y supuestos sobornos. Sin embargo no fue suficiente pues el
magistrado Mauricio González además de rechazar la tutela, realizó la
respectiva denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes.
2017 octubre 19. Se inicia juicio ante
la Corte Suprema al extogado. Pretelt denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al
Presidente de la República, al Fiscal, a 3 Ministros, afirmando que es un ‘Perseguido Político’ del gobierno. “El Estado patrocina una tortura psicológica contra
mi familia”: Pretelt.
2º 2015 Pretelt: “A Sabas Pretelt sí se le vulneró el
debido proceso”.
La Corte Constitucional negó una tutela propuesta por Sabas Pretelt de la Vega para tumbar el proceso por ‘Yidispolítica’, el magistrado Pretelt salvó voto pues estimó que al ministro sí se le vulneraron sus derechos en el juicio que le adelantó la Corte Suprema. Con esta determinación queda intacta la condena a 6 años de prisión del ministro Pretelt de la Vega por el ofrecimiento de prebendas a Yidis Medina, la Notaría 2ª de Barrancabermeja, un cargo en el Minjusticia para su amigo César Guzmán; a Teodolindo Avendaño, la Notaría 67 de Bogotá, donde fue nombrado Luis Camilo O’meara, quien compro la notaria. ¿Otros $500 millones por el salvamento?
La Corte Constitucional negó una tutela propuesta por Sabas Pretelt de la Vega para tumbar el proceso por ‘Yidispolítica’, el magistrado Pretelt salvó voto pues estimó que al ministro sí se le vulneraron sus derechos en el juicio que le adelantó la Corte Suprema. Con esta determinación queda intacta la condena a 6 años de prisión del ministro Pretelt de la Vega por el ofrecimiento de prebendas a Yidis Medina, la Notaría 2ª de Barrancabermeja, un cargo en el Minjusticia para su amigo César Guzmán; a Teodolindo Avendaño, la Notaría 67 de Bogotá, donde fue nombrado Luis Camilo O’meara, quien compro la notaria. ¿Otros $500 millones por el salvamento?
3º Referendo Reeleccionista.
Tercer periodo presidencial. Pretelt, se hizo famoso como uno de los 2 únicos magistrados de la Corte Constitucional que salvaron su voto en la declaratoria de inexequibilidad del referendo reeleccionista que hubiera abierto la puerta a un tercer mandato del presidente.¿Otros$500 millones por el salvamento? o ¿notarias?
Tercer periodo presidencial. Pretelt, se hizo famoso como uno de los 2 únicos magistrados de la Corte Constitucional que salvaron su voto en la declaratoria de inexequibilidad del referendo reeleccionista que hubiera abierto la puerta a un tercer mandato del presidente.¿Otros$500 millones por el salvamento? o ¿notarias?
4º Tráfico de Influencias 2015.
Correos electrónicos vincularían a magistrado Pretelt con
fiscal de Córdoba. Con base en
correos electrónicos intercambiados entre Pretelt y la directora de Fiscalías
de Córdoba, Gilma Londoño, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de
Acusación de la Cámara de Representantes para que decida si abre proceso
preliminar en contra del magistrado. El caso está relacionado con una nueva
denuncia contra el magistrado, esta vez relacionada con tráfico de influencias
para el nombramiento de varios funcionarios en esa seccional.
5º Tráfico de Influencias.
Ordóñez, Guillermo Mendoza Diago.
En 2010 se conocieron grabaciones de Pretelt, que tiene que ver con nombramientos del Procurador Ordóñez. La fiscalía muestra que Carlos Hernán Martínez Isaza, juez especializado penal en Montería, estaba buscando un cargo mejor pagado para obtener una mejor pensión. Dice Martínez a su interlocutora que lo estaban extorsionando a cambio de entregarle el nuevo mejor cargo y que Pretelt, le habría ayudado a conseguir un puesto como fiscal auxiliar de los fiscales delegados ante la Corte Suprema en Bogotá, cargo mejor remunerado que el de juez. El puente entre Martínez y Pretelt fue alguien llamado Guido Gómez Ordosgoitia, un abogado conocido en Córdoba, de donde fue contralor departamental, y a quien Ordoñez nombró Procurador Judicial II en febrero de 2010, es lo que le cuenta Martínez a una interlocutora en otra llamada. Martínez dice que Guido lo llamó y le pasó al teléfono a Pretelt, quien le pidió prestada su camioneta blindada oficial para ir al municipio antioqueño de San Pedro de Urabá y le dijo que su nombramiento como fiscal auxiliar estaba ya fijo, aunque era algo temporal porque le “tenía que conseguir algo mejor”.
En 2010 se conocieron grabaciones de Pretelt, que tiene que ver con nombramientos del Procurador Ordóñez. La fiscalía muestra que Carlos Hernán Martínez Isaza, juez especializado penal en Montería, estaba buscando un cargo mejor pagado para obtener una mejor pensión. Dice Martínez a su interlocutora que lo estaban extorsionando a cambio de entregarle el nuevo mejor cargo y que Pretelt, le habría ayudado a conseguir un puesto como fiscal auxiliar de los fiscales delegados ante la Corte Suprema en Bogotá, cargo mejor remunerado que el de juez. El puente entre Martínez y Pretelt fue alguien llamado Guido Gómez Ordosgoitia, un abogado conocido en Córdoba, de donde fue contralor departamental, y a quien Ordoñez nombró Procurador Judicial II en febrero de 2010, es lo que le cuenta Martínez a una interlocutora en otra llamada. Martínez dice que Guido lo llamó y le pasó al teléfono a Pretelt, quien le pidió prestada su camioneta blindada oficial para ir al municipio antioqueño de San Pedro de Urabá y le dijo que su nombramiento como fiscal auxiliar estaba ya fijo, aunque era algo temporal porque le “tenía que conseguir algo mejor”.
La posibilidad de que Martínez fuera
fiscal auxiliar la habría logrado Pretelt por su cercanía con el entonces
Fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago, según explica Martínez en otra
llamada. Martínez también terminó bendecido por el Procurador Ordóñez: en mayo
siguiente, fue nombrado Procurador Judicial II en Montería, un cargo que es aún
mejor pagado que el de fiscal auxiliar ante la Corte, que tiene el mismo sueldo
de un magistrado de Alta Corte, $30 millones mensuales, y más alto que el de un
ministro. Justo lo que Pretelt le había prometido: conseguir un cargo mejor,
que en ese entonces le significaba $19 millones mensuales.
6º Clodomiro Castilla Ospino.
“Seré Asesinado”. Periodista. Asesinado en marzo 19 de 2010. Clodomiro director de ‘El Pulso del Tiempo’ continuó sus denuncias y en la última edición, antes de su asesinato, dio cuenta de lo que él consideraba la manipulación del proceso judicial contra William Antonio Salleg Taboada, director de El Meridiano de Córdoba y de Sucre, pese a una sanción por desacato, emitida por la misma juez que absolvió a Salleg, a una decisión de tutela que le había prohibido mencionarlo en forma alguna en nombre ‘Salleg’.De acuerdo con Castilla, harían parte del complot en su contra: 1º Manuel Troncoso Álvarez, secretario de Salud de Córdoba y cuñado de Mancuso; 2º Juan Manuel y Libardo López Cabrales, congresistas; 3º Mercedes Usta de León, jueza penal de Montería, quien ordenó la libertad de Martha Elena Dereix Martínez, esposa de Mancuso y 4º Martha Sáenz, gobernadora de Córdoba.
“Seré Asesinado”. Periodista. Asesinado en marzo 19 de 2010. Clodomiro director de ‘El Pulso del Tiempo’ continuó sus denuncias y en la última edición, antes de su asesinato, dio cuenta de lo que él consideraba la manipulación del proceso judicial contra William Antonio Salleg Taboada, director de El Meridiano de Córdoba y de Sucre, pese a una sanción por desacato, emitida por la misma juez que absolvió a Salleg, a una decisión de tutela que le había prohibido mencionarlo en forma alguna en nombre ‘Salleg’.De acuerdo con Castilla, harían parte del complot en su contra: 1º Manuel Troncoso Álvarez, secretario de Salud de Córdoba y cuñado de Mancuso; 2º Juan Manuel y Libardo López Cabrales, congresistas; 3º Mercedes Usta de León, jueza penal de Montería, quien ordenó la libertad de Martha Elena Dereix Martínez, esposa de Mancuso y 4º Martha Sáenz, gobernadora de Córdoba.
“¿Quién ordenó el asesinato del abogado Raúl
Benítez?” Fue el título de su nuevo
artículo, donde reveló los nombres de las personalidades cordobesas
reunidas en una finca para conspirar contra la justicia a favor del director y
propietario del Meridiano de Córdoba. Asistieron el presidente de la Corte
Constitucional, Jorge Pretelt; el fiscal, Guillermo Mendoza Diago, de Ciénaga de Oro, Córdoba;
el último interlocutor telefónico de Clodomiro, el procurador Guido Gómez
Ordosgoitia, quien fuera contralor en Córdoba; y, por supuesto, William Salleg. Castilla Ospino, también
denunció la injerencia del magistrado Pretelt, en el proceso penal contra
Salleg por paramilitarismo. ‘El Pulso del Tiempo’ fue ‘recogido’ o comprado en su totalidad a las
pocas horas de salir a la venta.
A
finales de 2009, Alfonso Marimón, fiscal ante el Tribunal de Córdoba, había
emitido resolución de acusación contra Salleg. Marimón
tuvo que enfrentar una denuncia penal por prevaricato puesta por Salleg. El
periodista Clodomiro denunció, en ‘El Pulso del Tiempo’, una reunión realizada
en una finca cercana a Montería, se habrían acordado 2 cosas: la destitución
del fiscal Marimón y el soborno, con un carro ‘0’ kilómetros, para el defensor
público Raúl Benítez Hernández, quien había apelado el fallo de
inimputabilidad. A los pocos días, el abogado Benítez fue víctima de un
atentado criminal, del cual logró salir con vida, por lo que se deduce que no
acepto el soborno.
El
obispo de Montería, Julio César Vidal, que se vio involucrado en diálogos y
acuerdos desautorizados con bandas criminales traficantes de droga, había
también desechado las denuncias del periodista Castilla afirmando “puedo
expresar que goza de poca credibilidad en la ciudadanía por el hecho de haber
sido un drogadicto”.
7º Pretelt niega apoyo político de narcos.
Señalo de recibir respaldo para aspirar a Fiscal. Pretelt rechazó las
confesiones que lo señalan de recibir apoyo político por parte de paramilitares
para ser postulado al cargo del fiscal en 2005. Pretelt calificó como
“mentiroso” al jefe del bloque central Bolívar de las AUC, Iván Roberto Duque,
a. ‘Ernesto Báez’. Pretelt aseguró que uno de los ternados al cargo de fiscal,
Mario Iguarán Aldana, sí recibió apoyo de las AUC. ‘Ernesto Báez’ y ‘macaco’ le
deben explicar al país el apoyo que le dieron las AUC a la elección de Mario
Iguarán Aldana como fiscal”, y anunció que tiene pruebas “contundentes” para
sustentar esa denuncia, dijo Pretelt
8º Sin Pretelt, la Corte le da un
respiro a ‘Las Pavas’.
Pretelt ‘bloquea’ tutela que favorece 120 familias campesinas. Durante más de 3 años ‘engaveto’ en su despacho de Magistrado, una tutela interpuesta por ASOCAB, Asociación de Campesinos de Buenos Aires, que pedía el cese de la victimización, de la absurda dilación y se dé aplicación inmediata de las decisiones adoptadas por el INCODER donde reconoce los predios como baldíos, como víctimas de desplazamiento forzado en proceso de retorno al territorio y con el ánimo de volver las cosas a cómo eran antes del despojo que se hiciera en julio 14 de 2009, tras decisiones judiciales ilegales que fueron dejadas sin efecto por la Corte Constitucional en sentencia T-267 de 2011.
Pretelt ‘bloquea’ tutela que favorece 120 familias campesinas. Durante más de 3 años ‘engaveto’ en su despacho de Magistrado, una tutela interpuesta por ASOCAB, Asociación de Campesinos de Buenos Aires, que pedía el cese de la victimización, de la absurda dilación y se dé aplicación inmediata de las decisiones adoptadas por el INCODER donde reconoce los predios como baldíos, como víctimas de desplazamiento forzado en proceso de retorno al territorio y con el ánimo de volver las cosas a cómo eran antes del despojo que se hiciera en julio 14 de 2009, tras decisiones judiciales ilegales que fueron dejadas sin efecto por la Corte Constitucional en sentencia T-267 de 2011.
Pretelt a los 3 años de estudiar la
tutela se declaró impedido, sin justificar la causal, por lo que a la corte lo
toco afirmar: “Si bien, el Magistrado Pretelt no manifestó en su solicitud de
impedimento ni la causal ni los hechos que dan lugar a él, entiende la Corte
que en virtud de que el proceso de tutela de referencia T-4.053.634 se encuentra intrínsecamente conectado con
el D-9344, la causal que en el proceso de constitucionalidad llevó que el
Magistrado fuese separado de su conocimiento, constituye el fundamento para
declarar que también se encuentra impedido para conocer el trámite de la acción
de tutela T-4053634.”
El proceso pasó al siguiente
magistrado en orden alfabético, quien falló en 3 meses lo que su colega no
había resuelto en 3 años, evidenciando aún más la negligencia de Pretelt.
La corte tumbo los artículos 50
y 53, Ley 60
de 1993, que hacen parte
de un capítulo vergonzoso de la reciente historia de este país. Todos aquellos
que los usaron como estrategia para apropiarse de los baldíos y tierras de los
campesinos deben agradecerle la gestión al magistrado Pretelt ¿$500 millones
por usurpador y por año? Por el paso lento de Pretelt en este asunto, los
forajidos tuvieron3 años de gracia para gozarlo ajeno. Estos 2 artículos estaban al servicio de
los intereses de quienes se apropian deliberadamente de los predios que son
baldíos de la Nación, se enriquecen a partir de ellos, y estrangulan economías
campesinas dejándolos sin derecho a la tierra.
La fiscal Viviane Morales, a pesar de lo anterior,
dijo que en la ‘Hacienda Las Pavas’, en el sur de Bolívar, nunca hubo
desplazamiento forzado y que el caso era una farsa montada por un grupo de
personas que buscaba lucrarse con la restitución. La Fiscal se basó en la
decisión de una Fiscal de Cartagena que archivó una denuncia de 2009 por
desplazamiento forzado porque consideró que en la zona del sur de Bolívar los
paramilitares no desplazaron a nadie.
9º El Impedimento de Pretelt. Artículos 50 y 53.
Pretelt ocupa indebidamente un baldío reservado en el archipiélago de San Bernardo del Viento. Pretelt está impedido para todo tipo de procesos Agrarios. Por tener un proceso agrario en su contra desde el año 2008, por un islote en San Bernardo del Viento, que aunque es un baldío de la Nación, Pretelt lo disfruta a sus anchas hasta el punto de tener una casa construida allí. Era un despropósito que Pretelt le sacara ventaja directa al proceso más allá de la que ya obtuvo, dilatando la decisión.
Pretelt ocupa indebidamente un baldío reservado en el archipiélago de San Bernardo del Viento. Pretelt está impedido para todo tipo de procesos Agrarios. Por tener un proceso agrario en su contra desde el año 2008, por un islote en San Bernardo del Viento, que aunque es un baldío de la Nación, Pretelt lo disfruta a sus anchas hasta el punto de tener una casa construida allí. Era un despropósito que Pretelt le sacara ventaja directa al proceso más allá de la que ya obtuvo, dilatando la decisión.
El Estado colombiano en la
región del Caribe en Colombia, declaró la zona ubicada entre el departamento de
Bolívar y de Sucre a unos 45 kilómetros al suroeste de la bahía de Cartagena
‘Parque Nacional Natural Marino de Corales del Rosario y San Bernardo’. Se
trata del único Parque Nacional del mundo de área marina, que pertenece a los
llamados ecosistemas únicos tales como arrecifes de coral, humedales,
manglares, playas arenosas, litoral rocoso, fondo sedimentaria, pradera de
pastos marinos, formación xerofítica y formación subxerofítica. Esta zona fue
declarada ‘Parque Nacional, Patrimonio de la Humanidad y la Tierra’ porque se
trata de ecosistemas y comunidades habitadas principalmente por corales que
albergan cientos de miles de animales microscópicos, peces de distintas formas
y colores, crustáceos, moluscos, anémonas, erizos y estrellas de mar. Así como
gran variedad de aves marinas entre ellas: la garza, el flamenco rojo,
pelicano, el ave lobo. Es un parque creado para proteger y conservar especies
en extinción.
En
este parque y sin licencia, Pretelt invadiendo la zona, construyó una casa
dentro del mar lo que implicó la destrucción de las reservas naturales que por
ley pertenecen a toda la Humanidad.
En el
año 2007, la autoridad ambiental aseguró que Pretelt, llenó de piedras el suelo
marino, sobra decir que destruyendo las riquezas naturales patrimonio de todos
nosotros, los colombianos, y que pese a la advertencia de retirarlas, trajo más
piedras forjando columnas de cemento sobre la flora marina para construir
3 pisos, con muelle privado.
Carlos
Cardona, Subgerente de tierras de INCODER: “Pretelt construyó su mansión a
pesar de ser un terreno baldío y ese terreno es del Estado”.
10º Propiedades de Pretelt.
Una investigación de las autoridades demuestra que tiene más propiedades de las que reportó en su comunicación a la Corte Constitucional. En Bogotá, donde decía que solo tenía un apartamento y 2 garajes, le han encontrado 11 propiedades. En Córdoba, 4 fincas en Ciénaga de Oro y 1 más en Los Córdobas, en esta el Incoder encontró que la propiedad del magistrado, viola el límite legal más de 9 veces; En Montería no solo tiene 3 lotes como se lo aseguró a la Corte. Hay 5 propiedades, un local comercial, una oficina, un apartamento, una casa, un parqueadero. En Cartagena tampoco era un apartamento, sino 2, además de un lote. Dos fincas en Arboletes. Una isla en el Caribe.
Una investigación de las autoridades demuestra que tiene más propiedades de las que reportó en su comunicación a la Corte Constitucional. En Bogotá, donde decía que solo tenía un apartamento y 2 garajes, le han encontrado 11 propiedades. En Córdoba, 4 fincas en Ciénaga de Oro y 1 más en Los Córdobas, en esta el Incoder encontró que la propiedad del magistrado, viola el límite legal más de 9 veces; En Montería no solo tiene 3 lotes como se lo aseguró a la Corte. Hay 5 propiedades, un local comercial, una oficina, un apartamento, una casa, un parqueadero. En Cartagena tampoco era un apartamento, sino 2, además de un lote. Dos fincas en Arboletes. Una isla en el Caribe.
11º 2015 Interrogatorio
a Martha Ligia Patrón López, esposa de Pretelt.
El Incoder denuncio por despojo de tierras a Pretelt por 5 predios en Urabá, Antioquia y en Montería, Córdoba, que habrían sido englobados, cuando superaban la extensión permitida. Una de sus fincas en Urabá es reclamada por víctimas que dicen haber sido desplazadas de ese predio. El magistrado es propietario de 200 hectáreas de tierra en Antioquia, pese a que el máximo permitido en esa región es de 68. El Incoder, además, analiza si también incurrió en acumulación de tierras en Córdoba, donde tiene varias fincas y es acusado de ser beneficiado del actuar de los grupos al margen de la ley.
El Incoder denuncio por despojo de tierras a Pretelt por 5 predios en Urabá, Antioquia y en Montería, Córdoba, que habrían sido englobados, cuando superaban la extensión permitida. Una de sus fincas en Urabá es reclamada por víctimas que dicen haber sido desplazadas de ese predio. El magistrado es propietario de 200 hectáreas de tierra en Antioquia, pese a que el máximo permitido en esa región es de 68. El Incoder, además, analiza si también incurrió en acumulación de tierras en Córdoba, donde tiene varias fincas y es acusado de ser beneficiado del actuar de los grupos al margen de la ley.
La fiscalía indaga
a la procuradora Patrón, sobre el proceso de adquisición de las fincas ‘La Corona’ y ‘Alto Bonito’
ubicadas en el Urabá antioqueño sobre las cuales la Dirección Nacional de
Justicia Transicional solicitó ante el Tribunal de ‘justicia y paz’ de Medellín
la imposición de medidas cautelares porque, estarían relacionadas con delitos
de desplazamiento forzado perpetrados por s. Pretelt y su esposa adquirieron
esos predios en 2000 y 2003. La Fiscalía investiga en esta compraventa en la
que aparecen Pretelt y Patrón, si se cometieron delitos de concierto para
delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de
activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos.
11.1º
Historia de las Tierras.
‘La Corona’, ‘Alto Bonito’ y ‘Dos Bocas’ son los nombres de las propiedades que están a nombre de Pretelt. Estas tierras fueron, según las autoridades, despojadas a sus dueños por presiones de grupos paramilitares.
‘La Corona’, ‘Alto Bonito’ y ‘Dos Bocas’ son los nombres de las propiedades que están a nombre de Pretelt. Estas tierras fueron, según las autoridades, despojadas a sus dueños por presiones de grupos paramilitares.
1ª. Finca ‘La Corona’.
Reinaldo Villalba, exdueño, lo obligaron a vender su propiedad por solo $14 millones. “Fueron 2 veces hasta la finca y solo me decían que me daban $14 millones por las 71 hectáreas, de no hacerlo amenazaban con hacerle daño a mi familia. Al final, el negocio lo hicimos, primero me dieron la mitad de la plata y luego nos dieron la otra parte”, declaro Villalba.
Reinaldo Villalba, exdueño, lo obligaron a vender su propiedad por solo $14 millones. “Fueron 2 veces hasta la finca y solo me decían que me daban $14 millones por las 71 hectáreas, de no hacerlo amenazaban con hacerle daño a mi familia. Al final, el negocio lo hicimos, primero me dieron la mitad de la plata y luego nos dieron la otra parte”, declaro Villalba.
En Arboletes,
Antioquia, la finca que el magistrado rebautizó como ‘La Corona’ predio de 243
hectáreas, es realmente la suma de 5 predios procedentes de baldíos entregados
por reforma agraria. La ilegalidad está en que la ley establece que 'ninguna
persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados
como baldíos si las extensiones exceden 3 veces y media el límite máximo legal
para las unidades agrícolas familiares en el respectivo municipio o región de
acuerdo con la estimación del Incoder'. La valoración del predio,
ilegalmente englobado, supera los $10 mil millones, de acuerdo con un avalúo
oficial en poder de los investigadores.
2ª. Finca ‘Alto Bonito’.
Pertenecía a Manuel Gregorio Hernández, un reclamante de tierras que fue asesinado. La propiedad fue vendida en $5 millones a la esposa de Pretelt. De 44,9 hectáreas. Este predio fue adjudicado en 1987 por el entonces Incora a Pedro Mario Pérez, quien falleció en el 2014. En 2003 el predio es vendido mediante la escritura 1513 agosto 11 de 2003 en la Notaría 2ª de Montería a Martha Patrón, quien luego se la vende a su esposo, Pretelt, y este lo incorpora en la hacienda ‘La Corona’.
Pertenecía a Manuel Gregorio Hernández, un reclamante de tierras que fue asesinado. La propiedad fue vendida en $5 millones a la esposa de Pretelt. De 44,9 hectáreas. Este predio fue adjudicado en 1987 por el entonces Incora a Pedro Mario Pérez, quien falleció en el 2014. En 2003 el predio es vendido mediante la escritura 1513 agosto 11 de 2003 en la Notaría 2ª de Montería a Martha Patrón, quien luego se la vende a su esposo, Pretelt, y este lo incorpora en la hacienda ‘La Corona’.
3ª. Finca ‘Dos bocas’.
De 42 hectáreas, fue comprada por el magistrado en junio 14 de 2005. En 2015, Carlos Ignacio Carmona, subgerente de tierras del Incoder, afirma que el magistrado habría comprado 2 fincas que eran terrenos baldíos en zona rural de Montería, equivalentes a 155 hectáreas, lo que significa que está acumulando 9 veces más de UAF, Unidades agrícolas Familiares, establecidas para esa zona.
De 42 hectáreas, fue comprada por el magistrado en junio 14 de 2005. En 2015, Carlos Ignacio Carmona, subgerente de tierras del Incoder, afirma que el magistrado habría comprado 2 fincas que eran terrenos baldíos en zona rural de Montería, equivalentes a 155 hectáreas, lo que significa que está acumulando 9 veces más de UAF, Unidades agrícolas Familiares, establecidas para esa zona.
11.2º Congelan bienes de
Pretelt en el Urabá antioqueño en 2015.
El Tribunal de ‘justicia y paz’ de Medellín acató la petición de la Fiscalía y emitió la orden para congelar los predios que están a nombre de Pretelt y de su esposa Patrón. Para evitar que cerca de 243 hectáreas de tierras sean vendidas o negociadas mientras se realiza la investigación sobre la forma en la que fueron adquiridos. La medida cobija 2 fincas ‘No hay como Dios’ y ‘Alto Bonito’, que hacen parte de una gran hacienda llamada ‘La Corona’ y habrían sido adquiridas de manera irregular con la complicidad de integrantes de s.
El Tribunal de ‘justicia y paz’ de Medellín acató la petición de la Fiscalía y emitió la orden para congelar los predios que están a nombre de Pretelt y de su esposa Patrón. Para evitar que cerca de 243 hectáreas de tierras sean vendidas o negociadas mientras se realiza la investigación sobre la forma en la que fueron adquiridos. La medida cobija 2 fincas ‘No hay como Dios’ y ‘Alto Bonito’, que hacen parte de una gran hacienda llamada ‘La Corona’ y habrían sido adquiridas de manera irregular con la complicidad de integrantes de s.
Sobre
estos terrenos hay 137 peticiones de campesinos que reclaman la restitución de
las tierras y que acusaron que fueron despojados de ellas bajo presión de los
paramilitares o vendidas a bajo costo.
Entre
la documentación que soporta las denuncias se encuentran irregularidades y
reportes en los que el paramilitar, Evelio Díaz, a. ‘el burro’, negoció predios
con la esposa de Pretelt en 2000.
2011-2015 Fiscalía. Contratos por $19 mil
millones.
“Esta plática no se perdió”: Fiscal Monte-Alegre. Derroche en el manejo del presupuesto de la Fiscalía. La Fiscalía maneja un presupuesto de $3,8 billones, nómina de 22.000 personas y tiene una posibilidad de 25.000 cargos, ¿cuántos asesores tiene? y ¿por qué valor en total?
“Esta plática no se perdió”: Fiscal Monte-Alegre. Derroche en el manejo del presupuesto de la Fiscalía. La Fiscalía maneja un presupuesto de $3,8 billones, nómina de 22.000 personas y tiene una posibilidad de 25.000 cargos, ¿cuántos asesores tiene? y ¿por qué valor en total?
Contratos con ex Magistrados.
Por $19 mil millones. Contratación externa con Magistrados ya pensionados con $30 millones mensuales.
Por $19 mil millones. Contratación externa con Magistrados ya pensionados con $30 millones mensuales.
La Fiscalía citó ante la Corte a declarar a altos
funcionarios de la propia fiscalía, por contratos con asesores, ex Magistrados
por más de $19 mil millones y los de Natalia Springer por $7.200 millones.
La
Procuraduría abrió investigación por los millonarios contratos que la Fiscalía
suscribió con ex Magistrados, asesores y con Natalia Springer para realizar,
según la Fiscalía, diferentes estudios.
Contratos de Natalia Springer.
La firma de consultoría ‘Springer Von Schwarzenberg Consulting Services’ se creó en 2011 y desde entonces no ha parado de facturar. En 8 contratos, firmados en 4 años, entre 2011 y 2015, ha sumado más de $7 mil 200 millones.
La firma de consultoría ‘Springer Von Schwarzenberg Consulting Services’ se creó en 2011 y desde entonces no ha parado de facturar. En 8 contratos, firmados en 4 años, entre 2011 y 2015, ha sumado más de $7 mil 200 millones.
1º FNGRD,
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia Humanitaria. Por $38.280.000. El primer contrato se firmó durante el gobierno Santos. Objeto: la ‘Trazabilidad, Transversalidad y consultoría para la efectiva ejecución de las dimensiones humanitarias en las fases de atención humanitaria y rehabilitación y sus factores endógenos, exógenos, intrínsecos y extrínsecos’. ¿Qué, que?
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia Humanitaria. Por $38.280.000. El primer contrato se firmó durante el gobierno Santos. Objeto: la ‘Trazabilidad, Transversalidad y consultoría para la efectiva ejecución de las dimensiones humanitarias en las fases de atención humanitaria y rehabilitación y sus factores endógenos, exógenos, intrínsecos y extrínsecos’. ¿Qué, que?
2º FNGRD.
Por $92.892.800.Con esa misma entidad para adelantar un estudio ‘de las acciones desarrolladas por Colombia Humanitaria para la atención del fenómeno climatológico de la Niña 2010-2011’. ¿Y en las del Niño, cuando?
Por $92.892.800.Con esa misma entidad para adelantar un estudio ‘de las acciones desarrolladas por Colombia Humanitaria para la atención del fenómeno climatológico de la Niña 2010-2011’. ¿Y en las del Niño, cuando?
3º FNGRD.
Por $70.000.000 en 2012. ‘Para desarrollar un informe sobre reclutamiento infantil’. ¿En la guerra de los mil días?
Por $70.000.000 en 2012. ‘Para desarrollar un informe sobre reclutamiento infantil’. ¿En la guerra de los mil días?
4º Minvivienda.
Por $1.400 millones en 2013. De forma simultánea, la firma se dedicó a temas de vivienda social. Contrato con Minvivienda, depositado en la Fiduciaria Bogotá. ‘Para viabilizar en 8 municipios los programas de viviendas gratuitas entregadas por el Minvivienda y generar una estrategia de servicios sociales, una consultoría para el diseño de una estrategia que viabilice la inclusión de oferta social para el desarrollo del capital humano social, en los proyectos de viviendas gratis del gobierno’. ¿Cuáles 8 municipios? ¿Al menos se construyeron las casas?
Por $1.400 millones en 2013. De forma simultánea, la firma se dedicó a temas de vivienda social. Contrato con Minvivienda, depositado en la Fiduciaria Bogotá. ‘Para viabilizar en 8 municipios los programas de viviendas gratuitas entregadas por el Minvivienda y generar una estrategia de servicios sociales, una consultoría para el diseño de una estrategia que viabilice la inclusión de oferta social para el desarrollo del capital humano social, en los proyectos de viviendas gratis del gobierno’. ¿Cuáles 8 municipios? ¿Al menos se construyeron las casas?
5º Valledupar.
Por $1.400 millones en 2013. Para la ‘Formación de cogestores de una cultura de paz’ con la Alcaldía de Valledupar, Cesar. Cuyo objeto era ‘asesorar la creación del Laboratorio de Paz del Caribe y la Escuela Vallenata de Paz’. La Procuraduría abrió investigación este contrato.
Por $1.400 millones en 2013. Para la ‘Formación de cogestores de una cultura de paz’ con la Alcaldía de Valledupar, Cesar. Cuyo objeto era ‘asesorar la creación del Laboratorio de Paz del Caribe y la Escuela Vallenata de Paz’. La Procuraduría abrió investigación este contrato.
6º Fiscalía.
Por $895.000.000 en 2013. El primer contrato con la Fiscalía. Para investigar crímenes excepcionales e internacionales cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia.
Por $895.000.000 en 2013. El primer contrato con la Fiscalía. Para investigar crímenes excepcionales e internacionales cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia.
7º Fiscalía.
Por $295.000.000 en 2014. Para investigar sobre las FARC.
Por $295.000.000 en 2014. Para investigar sobre las FARC.
8º Fiscalía.
Por $3.085.600.000 en 2014. Para investigar sobre las Bacrim.
Por $3.085.600.000 en 2014. Para investigar sobre las Bacrim.
2010 Fiscalía.
Directora de Fiscalías ejercía sin ser abogada. La directora nacional de Fiscalías de La Guajira, Claudia Elena Lozano Doria, en 2010 recibió $350 millones por devolver un cargamento de droga a s de La Guajira. Resultó enredada en por una red de servidores públicos que devolvía cargamentos de cocaína a s.
Directora de Fiscalías ejercía sin ser abogada. La directora nacional de Fiscalías de La Guajira, Claudia Elena Lozano Doria, en 2010 recibió $350 millones por devolver un cargamento de droga a s de La Guajira. Resultó enredada en por una red de servidores públicos que devolvía cargamentos de cocaína a s.
La Fiscal Lozano
Doria fue llevada ante la justicia por otra investigación: falsificación de
documentos, con los que logró ser nombrada en importantes cargos. A la
funcionaria le imputan cargos ante el Tribunal de Bogotá por falsificación de
sus certificados de notas, su título de abogada y su tarjeta profesional.
2012 Fiscalía.
Huila. Tatiana Oliveros Gutiérrez fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía de Neiva, Huila, capturada en diciembre 3 del 2012, con otra abogada. A las 2 detenidas la fiscalía les imputó concierto para delinquir agravado, teniendo como finalidad el tráfico de estupefacientes y concusión, y a la fiscal los delitos de falsedad en documentos públicos, prevaricato por acción y omisión y asesoramiento ilegal por presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones y pertenencia a una organización criminal. Se impuso la medida de aseguramiento intramural a las imputadas. En 2015 la Fiscalía las acuso por nexos con la banda criminal ‘Los Urabeños’ para traficar con cocaína. Pero además, las actividades ilícitas que realizó para presionar a empresarios, dirigentes políticos y funcionarios al pago de dinero para no involucrarlos en procesos por colaboración con grupos paramilitares.
Huila. Tatiana Oliveros Gutiérrez fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía de Neiva, Huila, capturada en diciembre 3 del 2012, con otra abogada. A las 2 detenidas la fiscalía les imputó concierto para delinquir agravado, teniendo como finalidad el tráfico de estupefacientes y concusión, y a la fiscal los delitos de falsedad en documentos públicos, prevaricato por acción y omisión y asesoramiento ilegal por presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones y pertenencia a una organización criminal. Se impuso la medida de aseguramiento intramural a las imputadas. En 2015 la Fiscalía las acuso por nexos con la banda criminal ‘Los Urabeños’ para traficar con cocaína. Pero además, las actividades ilícitas que realizó para presionar a empresarios, dirigentes políticos y funcionarios al pago de dinero para no involucrarlos en procesos por colaboración con grupos paramilitares.
2016 Concejo de la
Judicatura.
Nómina paralela en Barranquilla. Robo $4 mil millones. Capturan 11 personas. Un servidor de la Rama Judicial pagó más de $100 millones a personas que nunca trabajaron para la Judicatura. Reclamaron más de $80 millones de sueldos a funcionarios que no existían.
Nómina paralela en Barranquilla. Robo $4 mil millones. Capturan 11 personas. Un servidor de la Rama Judicial pagó más de $100 millones a personas que nunca trabajaron para la Judicatura. Reclamaron más de $80 millones de sueldos a funcionarios que no existían.
2016 Director de la Fiscalía de Medellín.
‘Oficina de Envigado’. Si bien a. ‘Tom’ sería la cabeza visible de ‘la oficina’, estaría trabajando en asocio con 4 hombres más en la organización que está dividida en Odines, Organizaciones Delincuenciales Integradas al narcotráfico, cada uno con una Odin de amplio sector en Medellín y municipios vecinos: Los mencionados a. ‘Mateo’ y el capturado ‘Diego chamizo’; Carlos Mauricio Soto Isaza, a. 'Soto', capturado en Marzo 16 de 2017 y Pedro Javier Piedrahíta Ceballos, a. 'Pedro pistolas'; se dice de este último que tiene sobornada la totalidad de una estación de policía en Medellín y fiscales en la sede regional de la Fiscalía, lo que ha impedido emitirle una orden de captura generando discrepancias entre el ente acusador y la Alcaldía de Medellín, solucionadas con la renuncia en Septiembre de 2016 del entonces Director de la Fiscalía de la ciudad.
‘Oficina de Envigado’. Si bien a. ‘Tom’ sería la cabeza visible de ‘la oficina’, estaría trabajando en asocio con 4 hombres más en la organización que está dividida en Odines, Organizaciones Delincuenciales Integradas al narcotráfico, cada uno con una Odin de amplio sector en Medellín y municipios vecinos: Los mencionados a. ‘Mateo’ y el capturado ‘Diego chamizo’; Carlos Mauricio Soto Isaza, a. 'Soto', capturado en Marzo 16 de 2017 y Pedro Javier Piedrahíta Ceballos, a. 'Pedro pistolas'; se dice de este último que tiene sobornada la totalidad de una estación de policía en Medellín y fiscales en la sede regional de la Fiscalía, lo que ha impedido emitirle una orden de captura generando discrepancias entre el ente acusador y la Alcaldía de Medellín, solucionadas con la renuncia en Septiembre de 2016 del entonces Director de la Fiscalía de la ciudad.
2017-2012 Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
‘Engavetar’ procesos por $200 millones. Misael Alejandro Bautista Castelblanco, secretario de Tribunal a la
cárcel por corrupción, cohecho y concusión.
La juez 9ª de
Conocimiento de Bogotá, ordenó medida de
aseguramiento a Bautista, por manipulación de
procesos en el Tribunal. “La Fiscalía demostró la participación del funcionario en un hecho de corrupción contra el
alcalde de Cota, Juan David Balcero, en el proceso por pérdida de investidura en
el año 2012, y que habría recibido $200
millones por sus gestiones”.
2017-2013 La Justicia del Meta.
Jueces y Fiscales. La fiscalía en Villavicencio capturó: 2 fiscales, 2 jueces, 1 exjuez, 1 médico de medicina legal, 1 asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio, 2 investigadores del CTI y 1 exfuncionario de la Fiscalía; todos ellos, realizando maniobras dilatorias para entorpecer investigaciones que, debieron llevar a la cárcel a integrantes debandas criminales, sicariales y narcos, Bacrim, del Meta. Aprendieron del ‘cartel de la toga’.
Jueces y Fiscales. La fiscalía en Villavicencio capturó: 2 fiscales, 2 jueces, 1 exjuez, 1 médico de medicina legal, 1 asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio, 2 investigadores del CTI y 1 exfuncionario de la Fiscalía; todos ellos, realizando maniobras dilatorias para entorpecer investigaciones que, debieron llevar a la cárcel a integrantes debandas criminales, sicariales y narcos, Bacrim, del Meta. Aprendieron del ‘cartel de la toga’.
La Fiscalía realizó 24 capturas más, a
miembros de la rama judicial, tres magistrados del Tribunal del Meta,
funcionarios del Inpec, abogados y particulares; a todos ellos, por concierto
para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho
por dar y ofrecer, prevaricato por acción en concurso homogéneo, al comprobarse
que estos ‘servidores públicos’ conformaban desde 2013 una "empresa
criminal" que otorgaba de manera irregular, a cambio de sobornos,
redenciones de pena, sustituciones de medida de detención privativa de la
libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las
sentencias a autores de homicidio, narcotráfico y concierto para delinquir.
2017 Juez de control de garantías en Medellín.
Concedió la detención domiciliaria a 12 personas vinculadas con una operación de lavado de activos en transacciones de oro, que alcanza la escalofriante cifra de $2 billones.
Concedió la detención domiciliaria a 12 personas vinculadas con una operación de lavado de activos en transacciones de oro, que alcanza la escalofriante cifra de $2 billones.
2017 Desfalco a Ecopetrol.
Juez y Magistrados. Robo $134 mil millones. El juez 4 laboral de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte, condenado por prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo y enviado a prisión, luego de decidir varios fallos de tutela contrarios a la ley a extrabajadores de Ecopetrol, que buscaban su reintegro y liquidación de derechos laborales. La Fiscalía calcula pérdidas para la petrolera en $134 mil millones, además que en los procesos los reclamantes no se encontraban en la jurisdicción del circuito del juez. Por estos hechos, se encuentra en prisión el magistrado Félix María Galvis y tiene imputación de cargos el magistrado Fernando Castañeda Cantillo, que estaba prófugo. Capturado en Ciénaga, Magdalena.
Juez y Magistrados. Robo $134 mil millones. El juez 4 laboral de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte, condenado por prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo y enviado a prisión, luego de decidir varios fallos de tutela contrarios a la ley a extrabajadores de Ecopetrol, que buscaban su reintegro y liquidación de derechos laborales. La Fiscalía calcula pérdidas para la petrolera en $134 mil millones, además que en los procesos los reclamantes no se encontraban en la jurisdicción del circuito del juez. Por estos hechos, se encuentra en prisión el magistrado Félix María Galvis y tiene imputación de cargos el magistrado Fernando Castañeda Cantillo, que estaba prófugo. Capturado en Ciénaga, Magdalena.
2017
INPEC.
En elegantes apartamentos en Cartagena pagan pena 2.635 condenados.
La cifra crece. En septiembre de 2016, último reporte oficial, habían 2.035 personas con beneficio de casa por cárcel en Cartagena, así:
En elegantes apartamentos en Cartagena pagan pena 2.635 condenados.
La cifra crece. En septiembre de 2016, último reporte oficial, habían 2.035 personas con beneficio de casa por cárcel en Cartagena, así:
1.212 con detención domiciliaria (sindicados),
392 con prisión domiciliaria (condenados) y
431 con vigilancia electrónica (sindicados y
condenados).
Hay 20 jefes de Bandas Criminales y más de
900 condenados, sobre los que no hay control alguno, la policía no sabe en
dónde están. La banda de Martin Torres Monterrosa circulo cheques por $4.500
mil millones. Una sola Banda y ¿Solo en Cartagena?, ¿Cómo será en las cárceles de Cuturú, Yocoto,
Topocoro, Somondoco, Medellín, Cali y el resto del país?
2016
Reelección Procurador Ordoñez.
Magistrados de la Corte. El Consejo de Estado anulo la reelección del procurador Ordoñez, con 14 votos a favor y 6 en contra. Argumentó fallas en su postulación y elección al cargo:
Magistrados de la Corte. El Consejo de Estado anulo la reelección del procurador Ordoñez, con 14 votos a favor y 6 en contra. Argumentó fallas en su postulación y elección al cargo:
1ª. En la Constitución no existe la figura de
reelección de procurador, quien ya había sido elegido para 2009-2013;
2ª. La votación para elegir Procurador no debió haber
ocurrido pues una de las integrantes de la terna, había renunciado a su
postulación;
3ª. La designación de Ordóñez como candidato de la
Corte Suprema había sido irregular pues los magistrados Jorge Mauricio Burgos
Ruiz, Javier Zapata y Ruth Marina Díaz, quienes participaron en su
elección, habrían violado una inhabilidad al tener familiares trabajando en la
procuraduría.
¿Alguna sanción para los inhabilitados Magistrados,
traficantes de puestos?
2017-2010-2014 Concejo Nacional Electoral.
‘Me acabo de enterar’. Roberto Prieto Uribe, como director de las campañas de Santos 2.010 y en 2.014, admitió haber recibido de Odebrecht aportes para la campaña presidencial.
‘Me acabo de enterar’. Roberto Prieto Uribe, como director de las campañas de Santos 2.010 y en 2.014, admitió haber recibido de Odebrecht aportes para la campaña presidencial.
El
Fiscal afirmo que la campaña presidencial de Santos de 2014 habría recibido un millón de dólares de Odebrecht.
La
Fiscalía aseguraba que el congresista Otto Bula, confesó que él realizó la
monetización de un millón de dólares en Colombia a través de una empresa,
trabajo por el que recibió $200 millones de comisión, dinero del cual se le pagó el 10% a un
empresario en Colombia que sería el donante a la campaña Santos.
2017
Luego de que el CNE archivó la investigación, el fiscal subraya que existe
evidencia que permite concluir que Odebrecht hizo pagos a las campañas
presidenciales del 2014 de Santos y Zuluaga. Este absuelto por el CNE.
2017 Cartel de la Toga.
Magistrados de la Corte. Fiscales.
Magistrados de la Corte. Fiscales.
El megaescándalo de corrupción en la Corte Suprema
estalló en agosto 17 de 2017, cuando el fiscal Martínez anunció que compulsó
copias a la Corte con información y grabaciones que demostrarían la asociación
ilícita entre magistrados y abogados para torcer y archivar procesos a favor de
parlamentarios. La olla podrida se destapó por grabaciones ocultas que hizo la
DEA a conversaciones que sostuvieron en USA en 2017 el entonces jefe
anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, y su socio el abogado
Leonardo Pinilla, con el prófugo exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons,
quienes le habrían pedido $500 millones para frenar las investigaciones al
exmandatario regional. En algunas de esas conversaciones Moreno y Pinilla se
ufanaban de los contactos que decían tener en la alta justicia así como de
supuestos resultados que habrían alcanzado con fallos en la Corte. A partir de
allí se abrieron investigaciones preliminares en la Corte a los congresistas
Hernán Andrade, Álvaro Ashton, Musa Besaile, Luis Alfredo Ramos. En la Comisión
de Acusación de la Cámara a los ex magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas
Bustos. Y en la Fiscalía a los abogados Camilo Tarquino (exmagistrado), Luis
Ignacio Lyons, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla. En las
conversaciones que la DEA interceptó al exgobernador de Córdoba, Alejando
Lyons, y al abogado Leonardo Pinilla se mencionan algunos nombres de otros
magistrados y políticos, así como el detalle del accionar del exdirector
Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno. En una de las conversaciones
interceptadas el abogado Pinilla le dice a Lyons “ese man era el que mandaba en
esa sala, tenía garra con Gustavo Malo, entonces estaban Patricia Salazar,
estaba ahí al lado de Malo, Leonidas tenía a Heyder que después se le volteó,
Barceló era parte, María del Rosario era parte, Salazar era de este lado,
Castro no era ni para acá ni para allá”.
“La justicia colombiana, una venta de garaje. Es una tienda de barrio”. Con
precios y tarifas establecidas, para
seleccionar una tutela desde $30 millones, para fallarla desde $100 millones,
en los procesos "entre los $1.500 y los $3.000
millones para motivar decisiones". Dentro de las altas cortes, constitucional,
suprema, concejo de estado, electoral, tribunales, juzgados, fiscalía, hay
servidores públicos judiciales que negocian ilegalmente los repartos,
engavetamiento, dilaciones, sentencias con fallos inhibitorios,
prescripción, preclusión,
archivo de procesos.
De 1992 a 2013 se han presentado 3.496 denuncias
ante la Comisión de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes,
de las cuales 1.473 fueron contra *magistrados de las altas cortes* y de estos,
635 procesos fueron archivados.
Denunciantes:
1º Luis Gustavo Moreno Rivera.
En junio 27 de 2017 fue capturado por la fiscalía,
en su propia oficina y frente a sus empleados, el que fuera hasta ese día el
‘activo’ Jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno,
acusado, junto al abogado Leonardo Pinilla, a. ‘marrano’, de pedirle dinero al
gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de desviar indagaciones que
cursan en su contra por malversación de recursos que superan los $80 mil millones,
de lo cual sería investigado por concierto para delinquir, interés indebido en
la celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión, revelación
de secretos oficiales, recibir sobornos, para beneficiar al ‘Cártel de la
Hemofilia’ para evitar la cárcel y
cumpliera la condena en casa. Moreno y Pinilla permanecen en el pabellón de La
Picota de Bogotá esperando ser extraditados a USA. La condena que Moreno podría
enfrentar es de 8 a 15 años con rebaja de 6 años excarcelables.
Moreno, luego de confesar su delito, atestiguo en
la Fiscalía contra los magistrados de la corte: Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Gustavo Malo, a los cuales USA
les canceló la visa, manifestando que estos absolvieron a los congresistas Musa
Besayle, Luis Alfredo Ramos, Hernán
Andrade, de investigaciones en su contra y que, por gestiones de Moreno y
Pinilla, fallaron a favor de los congresistas a cambio de ‘coimas’; la
investigación contra los magistrados está en curso en la Comisión de
Acusaciones de la Cámara.
2º Alejandro Lyons Muskus.
Gobernador de Córdoba. ‘El saqueador de Córdoba’, la Fiscalía le imputó 20 hechos delictivos, hoy huyendo en E.U., quien pasó a ser cooperante del departamento de justicia de USA, denunció que Pinilla y Moreno, se le habían acercado para pedirle $100 millones, a cambio de entregarle copias de declaraciones juradas de testigos que habían hablado en la Fiscalía en su contra. La DEA preparó una trampa a Moreno en Miami, donde le dio a Lyons us10.000 dólares con billetes marcados para que le entregara a Moreno con el objetivo de rastrearlos. La Fiscalía, conociendo la operación de la DEA, envía a Moreno para entrevistarse con Lyons; luego, el dinero marcado es descubierto en manos del Jefe Anticorrupción y sus familiares en el vuelo de regreso al país. El departamento de justicia de USA descubrió que Pinilla y Moreno, este último aprovechándose de su cargo, inundarían a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente del cooperante Lyons a cambio de $400 millones y una “adición” de 30.000 dólares que aspiraba recibir antes de irse de USA. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar a Moreno y a Pinilla los cargos de conspiración para lavar dinero con la intención de promover un soborno, haciendo formal la solicitud de extradición.
Gobernador de Córdoba. ‘El saqueador de Córdoba’, la Fiscalía le imputó 20 hechos delictivos, hoy huyendo en E.U., quien pasó a ser cooperante del departamento de justicia de USA, denunció que Pinilla y Moreno, se le habían acercado para pedirle $100 millones, a cambio de entregarle copias de declaraciones juradas de testigos que habían hablado en la Fiscalía en su contra. La DEA preparó una trampa a Moreno en Miami, donde le dio a Lyons us10.000 dólares con billetes marcados para que le entregara a Moreno con el objetivo de rastrearlos. La Fiscalía, conociendo la operación de la DEA, envía a Moreno para entrevistarse con Lyons; luego, el dinero marcado es descubierto en manos del Jefe Anticorrupción y sus familiares en el vuelo de regreso al país. El departamento de justicia de USA descubrió que Pinilla y Moreno, este último aprovechándose de su cargo, inundarían a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente del cooperante Lyons a cambio de $400 millones y una “adición” de 30.000 dólares que aspiraba recibir antes de irse de USA. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar a Moreno y a Pinilla los cargos de conspiración para lavar dinero con la intención de promover un soborno, haciendo formal la solicitud de extradición.
3º
Musa
Abraham Besaile Fayad. .
Congresista, admitió ante la Corte que pagó $2mil millones al fiscal Moreno y al magistrado Bustos, de una cantidad inicial de $6mil millones solicitada por estos, para beneficiarle en un proceso en su contra por parapolítica.
Congresista, admitió ante la Corte que pagó $2mil millones al fiscal Moreno y al magistrado Bustos, de una cantidad inicial de $6mil millones solicitada por estos, para beneficiarle en un proceso en su contra por parapolítica.
Implicados.
“La justicia está herida”. “Dirigieron, promovieron y participaron en una red criminal de 2008 a 2017, magistrado, fiscales y jueces”. Los siguientes servidores públicos:
“La justicia está herida”. “Dirigieron, promovieron y participaron en una red criminal de 2008 a 2017, magistrado, fiscales y jueces”. Los siguientes servidores públicos:
1º Francisco Javier Ricaurte Gómez.
Magistrado. Por 5 delitos, Ricaurte fue enviado a La Picota: concierto para delinquir agravado, dos cohechos propios a título de interviniente; tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información oficial privilegiada a título de interviniente, cargos que no aceptó.
Magistrado. Por 5 delitos, Ricaurte fue enviado a La Picota: concierto para delinquir agravado, dos cohechos propios a título de interviniente; tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información oficial privilegiada a título de interviniente, cargos que no aceptó.
Ricaurte Jubilado en 2012. Presidente de
la corte, su ‘Portafolio de Servicios’ también incluía asuntos en la Fiscalía.
Ricaurte y Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que
integraron, entre otros, Gustavo Moreno, fiscal, Leonardo Pinilla, abogado,
Gustavo Malo, magistrado de la corte, organización dedicada a cometer delitos
indeterminados que afectaron la seguridad administrativa pública y la recta
impartición de justicia. En septiembre de 2017 se captura a Ricaurte y fue
remitido a la cárcel la Picota.
Argumentación de hechos delictivos.
El fiscal Camacho presentó como hechos jurídicamente relevantes con efectos penales deberá comparecer en juicio como responsable del delito de cohecho propio en calidad de interviniente:
El fiscal Camacho presentó como hechos jurídicamente relevantes con efectos penales deberá comparecer en juicio como responsable del delito de cohecho propio en calidad de interviniente:
1º Caso congresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo.
Se relaciona con el congresista Ashton, a quien la Corte le adelanta varias investigaciones, entre ellas una por la relación con el Bloque Norte de las Autodefensas, más exactamente con el Frente Pablo Elías que delinquía en el Atlántico. La indagación preliminar se inició en octubre 10 de 2012 y el defensor para esa época de Ashton fue el abogado Luis Ignacio Lyons España, y para el 2013 el magistrado ponente de esta actuación era Gustavo Enrique Malo Fernández y su auxiliar el doctor José Reyes, encargado del trámite del expediente. Indicó la fiscalía que Ashton para evitar que fuera abierta la investigación, así como para evitar su captura, se comunicó de manera directa con Ricaurte, con quien se habría reunido días después en su apartamento, en el Consejo de la Judicatura y en el Congreso de la Republica. La fiscalía reveló que acordaron un precio de $1.200 millones para lograr el archivo del proceso, “al darse cuenta que no prosperaría en la Sala Plena de la Corte pusieron como ejemplo la improbabilidad de éxito, puesto que la tesis del exmagistrado auxiliar José Reyes era fuerte y proyectaba la captura del parlamentario Ashton”. Agregó el fiscal que “como consecuencia cambiaron la estrategia y decidieron dilatar en el tiempo la investigación, y con ello evitar la apertura formal de un proceso penal contra el congresista”. “Usted señor Ricaurte instruyó a Moreno sobre el valor que debía cobrarse y la manera de repartir la cifra acordada, recibiendo aproximadamente $400 millones. También recibieron dinero José Leónidas Bustos, Lyons España, Gustavo Enrique Malo Fernández y el propio Moreno”, indicó el fiscal a Ricaurte durante la imputación.
Se relaciona con el congresista Ashton, a quien la Corte le adelanta varias investigaciones, entre ellas una por la relación con el Bloque Norte de las Autodefensas, más exactamente con el Frente Pablo Elías que delinquía en el Atlántico. La indagación preliminar se inició en octubre 10 de 2012 y el defensor para esa época de Ashton fue el abogado Luis Ignacio Lyons España, y para el 2013 el magistrado ponente de esta actuación era Gustavo Enrique Malo Fernández y su auxiliar el doctor José Reyes, encargado del trámite del expediente. Indicó la fiscalía que Ashton para evitar que fuera abierta la investigación, así como para evitar su captura, se comunicó de manera directa con Ricaurte, con quien se habría reunido días después en su apartamento, en el Consejo de la Judicatura y en el Congreso de la Republica. La fiscalía reveló que acordaron un precio de $1.200 millones para lograr el archivo del proceso, “al darse cuenta que no prosperaría en la Sala Plena de la Corte pusieron como ejemplo la improbabilidad de éxito, puesto que la tesis del exmagistrado auxiliar José Reyes era fuerte y proyectaba la captura del parlamentario Ashton”. Agregó el fiscal que “como consecuencia cambiaron la estrategia y decidieron dilatar en el tiempo la investigación, y con ello evitar la apertura formal de un proceso penal contra el congresista”. “Usted señor Ricaurte instruyó a Moreno sobre el valor que debía cobrarse y la manera de repartir la cifra acordada, recibiendo aproximadamente $400 millones. También recibieron dinero José Leónidas Bustos, Lyons España, Gustavo Enrique Malo Fernández y el propio Moreno”, indicó el fiscal a Ricaurte durante la imputación.
2º Caso Musa Besaile Fayad Congresista.
El fiscal relacionó los hechos que tienen que ver con el congresista Besaile, vinculado a investigaciones preliminares por presuntos nexos con grupos paramilitares. “En este caso otra vez estuvo en la defensa el abogado Lyons España”, indicó la fiscalía. Para el primer semestre de 2015, el dinero acordado fue enviado por Besaile y ascendió a $390 millones. Fue entregado pasada la media noche en la oficina de Lyons España en el norte de Bogotá. De ese dinero, Ricaurte recibió de manera directa $290 millones, sostuvo la fiscalía. Según el fiscal, “la segunda entrega del dinero fue en la residencia del fiscal Moreno hasta donde llegó de nuevo el abogado Lyons España con $300 millones, dinero del que Moreno entrega a Ricaurte 250 millones”. “Debido a que no aprobó que Moreno Rivera permitiera que Lyons se quedara con $150 millones, los $1.300 millones los recibió directamente del senador Besaile, de ahí debían pagarle a Malo Fernández”, precisó el funcionario. Igual señaló “que como no fue posible direccionar un auto inhibitorio a favor de Besaile, entonces se acordó sacar del alto tribunal al magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, quien se les convirtió en un obstáculo, una piedra en el zapato para la organización ilegal”.
El fiscal relacionó los hechos que tienen que ver con el congresista Besaile, vinculado a investigaciones preliminares por presuntos nexos con grupos paramilitares. “En este caso otra vez estuvo en la defensa el abogado Lyons España”, indicó la fiscalía. Para el primer semestre de 2015, el dinero acordado fue enviado por Besaile y ascendió a $390 millones. Fue entregado pasada la media noche en la oficina de Lyons España en el norte de Bogotá. De ese dinero, Ricaurte recibió de manera directa $290 millones, sostuvo la fiscalía. Según el fiscal, “la segunda entrega del dinero fue en la residencia del fiscal Moreno hasta donde llegó de nuevo el abogado Lyons España con $300 millones, dinero del que Moreno entrega a Ricaurte 250 millones”. “Debido a que no aprobó que Moreno Rivera permitiera que Lyons se quedara con $150 millones, los $1.300 millones los recibió directamente del senador Besaile, de ahí debían pagarle a Malo Fernández”, precisó el funcionario. Igual señaló “que como no fue posible direccionar un auto inhibitorio a favor de Besaile, entonces se acordó sacar del alto tribunal al magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, quien se les convirtió en un obstáculo, una piedra en el zapato para la organización ilegal”.
3º Caso gobernador de Córdoba Alejandro José Lyons Muskus.
Quien según la investigación se contactó con el exmagistrado de la Corte Camilo Tarquino Gallego a través de una amiga en común, el congresista Muriel Benito Rebollo. “Tarquino le aclaró a Muriel Benito Rebollo que no se trataba de un cobro de $30 millones para mejorar la imagen en los medios de comunicación, que en realidad era algo más serio y que tenía un costo de $20 mil millones de pesos, porque se trataba de un equipo de magistrados dedicado a esta misión, es decir, el de intervenir por los intereses de los procesados en esta clase de investigaciones”, enfatizó el delegado acusador.
Quien según la investigación se contactó con el exmagistrado de la Corte Camilo Tarquino Gallego a través de una amiga en común, el congresista Muriel Benito Rebollo. “Tarquino le aclaró a Muriel Benito Rebollo que no se trataba de un cobro de $30 millones para mejorar la imagen en los medios de comunicación, que en realidad era algo más serio y que tenía un costo de $20 mil millones de pesos, porque se trataba de un equipo de magistrados dedicado a esta misión, es decir, el de intervenir por los intereses de los procesados en esta clase de investigaciones”, enfatizó el delegado acusador.
4º Caso Julio Manzur Abdalá Congresista.
Por hechos ocurridos en Bogotá a mediados de diciembre de 2014, días antes de ser capturado por parapolítica. Indicó la fiscalía que el congresista recibió información privilegiada suministrada por Moreno, según la cual era inminente su captura pero que podía evitar el acto bochornoso con el pago de una alta suma de dinero. Señaló el fiscal que “el señor Moreno le ofreció sus servicios de intermediación como abogado por $2 mil millones, cifra que Manzur rechazó y como consecuencia fue capturado en enero 24 de 2015”.“Al día siguiente en nombre de la organización, Moreno reitera sus servicios a través de familiares y le insiste en los $2 mil millones que serían repartidos entre el equipo de magistrados involucrados”, argumentó el fiscal.
Por hechos ocurridos en Bogotá a mediados de diciembre de 2014, días antes de ser capturado por parapolítica. Indicó la fiscalía que el congresista recibió información privilegiada suministrada por Moreno, según la cual era inminente su captura pero que podía evitar el acto bochornoso con el pago de una alta suma de dinero. Señaló el fiscal que “el señor Moreno le ofreció sus servicios de intermediación como abogado por $2 mil millones, cifra que Manzur rechazó y como consecuencia fue capturado en enero 24 de 2015”.“Al día siguiente en nombre de la organización, Moreno reitera sus servicios a través de familiares y le insiste en los $2 mil millones que serían repartidos entre el equipo de magistrados involucrados”, argumentó el fiscal.
5º Caso gobernador del Valle Juan
Carlos Abadía.
Este evento se relaciona con lo ocurrido en Bogotá, entre los años 2015 y 2016, cuando aparece vinculado el fiscal 9º delegado ante la Corte, Alfredo Betín Sierra, quien para la época adelantaba varias investigaciones por actos de corrupción en el departamento vallecaucano, contra. “Usted señor Ricaurte y Betín Sierra acordaron por un lado orientar las investigaciones a decisiones de archivo, dos de la cuales se alcanzaron a proferir, y del otro, impedir que se hicieran imputaciones contra el exgobernador”, insistió el fiscal.
Este evento se relaciona con lo ocurrido en Bogotá, entre los años 2015 y 2016, cuando aparece vinculado el fiscal 9º delegado ante la Corte, Alfredo Betín Sierra, quien para la época adelantaba varias investigaciones por actos de corrupción en el departamento vallecaucano, contra. “Usted señor Ricaurte y Betín Sierra acordaron por un lado orientar las investigaciones a decisiones de archivo, dos de la cuales se alcanzaron a proferir, y del otro, impedir que se hicieran imputaciones contra el exgobernador”, insistió el fiscal.
6º Caso Fonade.
El sexto caso revelado por el fiscal es el relacionado con Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, entre 2014 y 2015, cuando el actual magistrado Malo tenía asignados los casos de relaciones entre congresistas y grupos paramilitares. Entre el equipo de trabajo de Malo se encontraba el abogado Carlos Andrés Bula Dumar, cuyo hermano Alfredo Ramón Bula Dumar fue nombrado en abril de 2015 gerente del Fonade, nombramiento en el que intervinieron al parecer, además de congresistas, el magistrado Ricaurte. Para la Fiscalía “esta entidad es reconocida como el fortín político de los congresistas Musa Besaile y Bernardo Elías”. “Hay evidencia que permite inferir que en muchos casos relacionados con esta organización criminal, Fonade fue utilizado para hacer favores burocráticos, comercializar puestos en favor de unos de los procesados”, recalcó el fiscal al solicitar la medida de aseguramiento en un centro carcelario.
El sexto caso revelado por el fiscal es el relacionado con Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, entre 2014 y 2015, cuando el actual magistrado Malo tenía asignados los casos de relaciones entre congresistas y grupos paramilitares. Entre el equipo de trabajo de Malo se encontraba el abogado Carlos Andrés Bula Dumar, cuyo hermano Alfredo Ramón Bula Dumar fue nombrado en abril de 2015 gerente del Fonade, nombramiento en el que intervinieron al parecer, además de congresistas, el magistrado Ricaurte. Para la Fiscalía “esta entidad es reconocida como el fortín político de los congresistas Musa Besaile y Bernardo Elías”. “Hay evidencia que permite inferir que en muchos casos relacionados con esta organización criminal, Fonade fue utilizado para hacer favores burocráticos, comercializar puestos en favor de unos de los procesados”, recalcó el fiscal al solicitar la medida de aseguramiento en un centro carcelario.
Ricaurte Gómez rechazó los cargos endilgados y advirtió
que es víctima de testigos pertenecientes a organizaciones al margen de la ley.
Ricaurte. Prontuario
1.1º En marzo de 2016, se reveló una investigación por peculado
en denuncia presentada por el apoderado de la UGPP, Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, que señala que Ricaurte, en 1992, siendo Juez 3º Laboral de Cartagena,
habría fallado una reliquidación pensional de manera irregular a favor de
Álvaro Ortega Barragán.
1.2º La Cámara
de representantes lo convirtió en asesor jurídico, con un contrato de 3 meses, de octubre
a diciembre 31 de 2012, por más de $26 millones, $9 millones mensuales. En esta fecha, ya se desempeñaba como
magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.
1.3º Luego de jubilarse como magistrado de la corte, fue elegido
por la propia Corte para magistrado Consejo de la Judicatura, decisión anulada
por el Consejo de Estado en 2014 por ser un caso típico de ‘yo te elijo, tú me
eliges’. Sin consecuencias penales para ningún magistrado elector.
1.4º En 2017 fue Descalificado como aspirante a la JEP, luego de
ser magistrado de la Corte y del consejo de la judicatura. Motivos: 1º Por su
paso de una Corte a otra; 2º por la captura y orden de extradición de su hermano
Rafael de Jesús Ricaurte Gómez por narcotráfico; 3º por una investigación que
le abrió la Fiscalía.
1.5º Barú.
Los tentáculos de Ricaurte, también llegan a la Corte Constitucional, en la cual movía sus influencias y presionaba fallos. Ricaurte litiga en la Corte Constitucional, en forma oculta, en casos como el de los herederos de las tierras de Barú, Bolívar, predios costeros de inmensa belleza, recursos ecológicos y atractivos turísticos. El magistrado apoya al Clan Ochoa, narcos de Medellín, que pretenden tierras en Barú, que por ley le pertenecen a unos humildes moradores de la zona. El abogado Luis Alfonso Barrios, quien forma parte de la familia de herederos de las tierras de Barú, reveló que tuvo que ceder el poder a otros juristas para que lo representen en este espinoso caso, porque ha sufrido varios ataques por denunciar estos hechos. Barrios manifestó, que uno de los obstáculos que enfrentan los propietarios originales de esos predios costeros, es que la esposa de Fabio Ochoa Vásquez les afirma en repetidas ocasiones que nada pueden en su contra, porque la justicia está del lado de ella. “Ella inclusive me lo manifestó a mí, que ellos tenían el dinero y el poder para manejar los procesos, que tenían a un magistrado, Francisco Ricaurte y las decisiones evidencian que sí se ha manipulado”, afirmó el abogado Luis Alfonso Barrios.
Los tentáculos de Ricaurte, también llegan a la Corte Constitucional, en la cual movía sus influencias y presionaba fallos. Ricaurte litiga en la Corte Constitucional, en forma oculta, en casos como el de los herederos de las tierras de Barú, Bolívar, predios costeros de inmensa belleza, recursos ecológicos y atractivos turísticos. El magistrado apoya al Clan Ochoa, narcos de Medellín, que pretenden tierras en Barú, que por ley le pertenecen a unos humildes moradores de la zona. El abogado Luis Alfonso Barrios, quien forma parte de la familia de herederos de las tierras de Barú, reveló que tuvo que ceder el poder a otros juristas para que lo representen en este espinoso caso, porque ha sufrido varios ataques por denunciar estos hechos. Barrios manifestó, que uno de los obstáculos que enfrentan los propietarios originales de esos predios costeros, es que la esposa de Fabio Ochoa Vásquez les afirma en repetidas ocasiones que nada pueden en su contra, porque la justicia está del lado de ella. “Ella inclusive me lo manifestó a mí, que ellos tenían el dinero y el poder para manejar los procesos, que tenían a un magistrado, Francisco Ricaurte y las decisiones evidencian que sí se ha manipulado”, afirmó el abogado Luis Alfonso Barrios.
1.6º Contratos de Ricaurte.
Fonade y la Auditoría General son ‘la Caja Menor’
de Ricaurte:
1º Tres contratos con
Fonade, Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo. Entre noviembre de 2015 y
septiembre de 2017, Ricaurte suscribió contratos con Fonade por cerca de mil
millones. El más reciente en mayo de 2017 por
$340 millones; Otro por $214 millones; un tercero por $202 millones.
2º Cuatro contratos con la Auditoría General. Por $150 millones. El primero en febrero 2016, vigencia de 7 meses, por $66 millones, para “la elaboración de un documento que contenga lineamientos sobre la prevención de riesgos asociados a las situaciones y novedades laborales que se presenten en la Auditoría General y en las Contralorías Territoriales, que puedan ocasionar demandas en contra de estos órganos de control fiscal”; otro en febrero de 2017 por 9 meses, de $90 millones para “asesorar y conceptualizar jurídicamente sobre asuntos solicitados por el Despacho de la Auditoría Auxiliar de la Auditoría General de la República”, con terminación anticipada, a raíz del escándalo del ‘cartel de la toga’.
2º
José Leonidas Bustos Martínez.
Magistrado.
Magistrado.
En 2017 la Comisión de Acusaciones de la cámara le
imputo cargos por estar involucrado en el ‘cartel de la toga', los 3 delitos
imputados: Concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias. Bustos, antes de
iniciar la audiencia había pedido a la Comisión que la prensa se retirara del
sitio o de lo contrario no rendiría indagatoria alguna. Y reiteró su
inocencia en este caso de corrupción.
Bustos Jubilado en 2016. Integró la Sala
Penal entre 2008 y 2016, fue presidente de esa sala durante 2012 y 2013,
presidente de la Corte en 2015. Vinculado al ‘cartel de la toga’, por
la exigencia de jugosas sumas a cambio de impedir capturas o frenar procesos
contra políticos. Bustos era, según el expediente, el
gran poder en la sombra, “el capo jefe del cartel de la toga “quien, al igual de Malo, ubicaban
estratégicas fichas en la Fiscalía, el CTI, la unidad de investigadores de la
Corte y tribunales regionales.
2017 octubre.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió investigación en su contra, porque existen indicios, de que Bustos, habría sido parte de lo que se ha bautizado como el “cartel de la toga”, donde se daba la compra y venta de fallos judiciales.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió investigación en su contra, porque existen indicios, de que Bustos, habría sido parte de lo que se ha bautizado como el “cartel de la toga”, donde se daba la compra y venta de fallos judiciales.
Bustos. Prontuario:
2.1º
2017 Los 111 procesos del magistrado Bustos.
Asignados entre agosto de 2000 y mayo de 2015. Archivados 40 procesos de los que fue ponente; profirió 9 sentencias de las cuales 5 resultaron en condenas. Bustos profirió solo 9 sentencias entre 2008 y 2017.
Asignados entre agosto de 2000 y mayo de 2015. Archivados 40 procesos de los que fue ponente; profirió 9 sentencias de las cuales 5 resultaron en condenas. Bustos profirió solo 9 sentencias entre 2008 y 2017.
2.1.1º
Condenas.
5 de ellas resultaron en condenas: los congresistas Emilio Martínez en 2008; Teodolindo Avendaño en 2009; Leonardo Caicedo en 2010; los gobernadores José Luis González, de La Guajira en 2012, Whitman Herney Porras, de Casanare en 2013.
5 de ellas resultaron en condenas: los congresistas Emilio Martínez en 2008; Teodolindo Avendaño en 2009; Leonardo Caicedo en 2010; los gobernadores José Luis González, de La Guajira en 2012, Whitman Herney Porras, de Casanare en 2013.
2.1.2º
Absolutorias.
Bustos profirió sentencias absolutorias contra el gobernador de Boyacá Óscar Eduardo Riaño en 2010; el congresista Lorenzo Rivera en 2010; la procuradora delegada Gladys García en 2011; el fiscal seccional Hernán Enrique Maya, en 2015, hermano del Contralor.
Bustos profirió sentencias absolutorias contra el gobernador de Boyacá Óscar Eduardo Riaño en 2010; el congresista Lorenzo Rivera en 2010; la procuradora delegada Gladys García en 2011; el fiscal seccional Hernán Enrique Maya, en 2015, hermano del Contralor.
2.1.3º
Archivados.
En 40 procesos, en los cuales Bustos fue ponente, resultaron archivados entre 2009 y 2012, de los congresistas: Hernán Penagos, Partido de La U en 2011; Humphrey Roa, Conservador en 2011; Juan Carlos Martínez Sinisterra, PIN; Dilian Francisca Toro, de la U en 2013; Jimmy Chamorro, de la U en 2015; Juan Carlos Vélez Uribe, de la U. en 2010; Piedad Zuccardi y Roosvelt Rodríguez en 2011; del ministro del Interior, Guillermo Rivera, en 2013 y a Piedad Córdoba, liberal, en 2012; las investigaciones a los congresistas liberales Yolanda Duque, Álvaro Pacheco, a Lucero Cortés de la U;
En 40 procesos, en los cuales Bustos fue ponente, resultaron archivados entre 2009 y 2012, de los congresistas: Hernán Penagos, Partido de La U en 2011; Humphrey Roa, Conservador en 2011; Juan Carlos Martínez Sinisterra, PIN; Dilian Francisca Toro, de la U en 2013; Jimmy Chamorro, de la U en 2015; Juan Carlos Vélez Uribe, de la U. en 2010; Piedad Zuccardi y Roosvelt Rodríguez en 2011; del ministro del Interior, Guillermo Rivera, en 2013 y a Piedad Córdoba, liberal, en 2012; las investigaciones a los congresistas liberales Yolanda Duque, Álvaro Pacheco, a Lucero Cortés de la U;
2.1.4º Fallos Inhibitorios.
Enterró 42 expedientes contra congresistas. Hernán Andrade; Musa; Hernando Padauí; Eduardo Agatón Diazgranados Abadía; Jorge Londoño; Piedad Zuccardi; Javier Cánceres Leal; Óscar Suárez Mira;
Enterró 42 expedientes contra congresistas. Hernán Andrade; Musa; Hernando Padauí; Eduardo Agatón Diazgranados Abadía; Jorge Londoño; Piedad Zuccardi; Javier Cánceres Leal; Óscar Suárez Mira;
2.2º Reforma a la Justicia.
Férreo opositor de la reforma en 2012, fue el vocero de las Altas Cortes, en desacuerdo con la reforma de ‘Equilibrio de Poderes’, por considerar que no resolvía el desajuste institucional en materia de justicia, generada por su propia ‘red criminal’, reforma que fue aprobada creando un Tribunal de Aforados. Tribunal que no pasó el examen en la Corte Constitucional, por lo que sigue siendo la inoperante Comisión de Investigación y Acusaciones del congreso, la que investiga los aforados como los magistrados de altas cortes, procurador, fiscal, contralor.
Férreo opositor de la reforma en 2012, fue el vocero de las Altas Cortes, en desacuerdo con la reforma de ‘Equilibrio de Poderes’, por considerar que no resolvía el desajuste institucional en materia de justicia, generada por su propia ‘red criminal’, reforma que fue aprobada creando un Tribunal de Aforados. Tribunal que no pasó el examen en la Corte Constitucional, por lo que sigue siendo la inoperante Comisión de Investigación y Acusaciones del congreso, la que investiga los aforados como los magistrados de altas cortes, procurador, fiscal, contralor.
2.3º Bustos no empezó su carrera delictiva en la Corte.
Sino que desde mucho antes ya había echado mano de los dineros de un anciano, épocas en la que recién tenía la Tarjeta Profesional en sus manos, sus principios de jurista, según denuncia Juan Ballesteros. Bustos fue denunciado por Ballesteros en 1992 por hurto agravado, abuso de confianza, por haberse apoderado de lo ajeno, cuando apenas era un litigante. Así lo afirmó el denunciante que lo contrató para que le rescatara $100 millones, que al momento de ganar el proceso se quedó con gran parte del dinero, según el relato de Ballesteros, quien a través de la DIAN, se pudo dar cuenta que había cobrado y no le había dado completo lo que le correspondía. Expresa Ballesteros, que le reclamó y este prometió devolverle para evitarse un escándalo, pero lo volvió a ‘falsear’ y nunca se los devolvió. Pero Ballesteros lo denunció ante el Consejo de la Judicatura, y se llevó a cabo un proceso disciplinario, pero la corrupción en la Justicia, habría actuado para que el proceso de Bustos fuera engavetado.
Sino que desde mucho antes ya había echado mano de los dineros de un anciano, épocas en la que recién tenía la Tarjeta Profesional en sus manos, sus principios de jurista, según denuncia Juan Ballesteros. Bustos fue denunciado por Ballesteros en 1992 por hurto agravado, abuso de confianza, por haberse apoderado de lo ajeno, cuando apenas era un litigante. Así lo afirmó el denunciante que lo contrató para que le rescatara $100 millones, que al momento de ganar el proceso se quedó con gran parte del dinero, según el relato de Ballesteros, quien a través de la DIAN, se pudo dar cuenta que había cobrado y no le había dado completo lo que le correspondía. Expresa Ballesteros, que le reclamó y este prometió devolverle para evitarse un escándalo, pero lo volvió a ‘falsear’ y nunca se los devolvió. Pero Ballesteros lo denunció ante el Consejo de la Judicatura, y se llevó a cabo un proceso disciplinario, pero la corrupción en la Justicia, habría actuado para que el proceso de Bustos fuera engavetado.
2.4º El ‘conejo’ de Bustos.
En 2015 Javier Suárez Corzo, hermano del alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez, afirmo que le mandó $800 millones al magistrado Bustos para que le ‘arreglara’ el proceso en la Corte Suprema a su pariente, quien al final fue condenado por parapolítica. El proceso lo tenían 3 magistrados de la Sala Penal: María del Rosario González, encargada de redactar la decisión, Javier Zapata y Leonidas Bustos.
En 2015 Javier Suárez Corzo, hermano del alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez, afirmo que le mandó $800 millones al magistrado Bustos para que le ‘arreglara’ el proceso en la Corte Suprema a su pariente, quien al final fue condenado por parapolítica. El proceso lo tenían 3 magistrados de la Sala Penal: María del Rosario González, encargada de redactar la decisión, Javier Zapata y Leonidas Bustos.
2.5º Detención domiciliaria.
Al 'zar de la
chatarra’, José Aldemar Moncada Moncada en 2015. El magistrado Bustos otorgó el beneficio al
delincuente con 3 condenas por fraude a la Dian.
2.6º Gobernadora del
Quindío. Sandra Paola Hurtado Palacio.
Y su esposo, César Augusto Pareja, salieron ilesos por investigaciones de corrupción, por estar al amparo de Bustos.
Y su esposo, César Augusto Pareja, salieron ilesos por investigaciones de corrupción, por estar al amparo de Bustos.
2017 noviembre. La procuraduría abre indagación preliminar
contra Hurtado, por su presunta participación en el ‘cartel de la toga’.
2.7º Gobernador del
Cauca. Temístocles Ortega.
Magistrado. También salió ileso en varias investigaciones de corrupción, por amparo de Bustos.
Magistrado. También salió ileso en varias investigaciones de corrupción, por amparo de Bustos.
2.8º
Gobernador de Boyacá. Juan Carlos
Granados.
Contralor de Bogotá. Congresista. Los procesos penales en su contra están detenidos en la fiscalía. Granados contrató a la esposa de Leonidas Bustos en la Contraloría de Bogotá en 2016.
Contralor de Bogotá. Congresista. Los procesos penales en su contra están detenidos en la fiscalía. Granados contrató a la esposa de Leonidas Bustos en la Contraloría de Bogotá en 2016.
2.9º Alcalde de Yacopí. John Jaime Sánchez.
Honorarios superiores a los $500 millones. El alcalde Sánchez fue
denunciado por falsificar su diploma de supuesto ingeniero civil, el proceso
está en la Fiscalía y terminó en manos del extraditable director
anticorrupción, Gustavo Moreno. Aparece el magistrado Bustos y con su oficina
de abogados le garantiza al alcalde un trato “gentil” en el ente acusador.
“Impulsando dilaciones para que el alcalde no saliera de su cargo”. Aunque el
alcalde reconoció falsificar el diploma de grado y aceptó los cargos que le
imputó la Fiscalía, se mantiene en su puesto y firma millonarios contratos.
“Lleva más de un 1 año con este proceso y la Fiscalía nunca hizo nada contra
este alcalde, por qué le levantan la medida de aseguramiento, después de
imputar cargos y sigue como alcalde”.
El alcalde Sánchez recibió la asesoría
de los abogados de Bustos, que en la recta final del proceso y ante la
inminencia de una condenada, renunciaron. El juez de caso le advirtió al
mandatario municipal que en agosto 31 de 2017 tendrá que asistir al juicio con
los colaboradores del ex magistrado o con un abogado público.
2.10º
Alcalde de Cota. Carlos Moreno.
En la Fiscalía ‘reposan’ denuncias de 2 contratos por más de $47.000 millones firmados el mismo día y con mismo grupo de empresarios. Se trata del colector de aguas y un anillo vial en el municipio de Cota que se entregaron sin tener siquiera las autorizaciones de la CAR y 8 meses después de firmar el millonario contrato, en el caso del colector, el proyecto no arranca. “Los contrato 09 y 010 de diciembre27 de 2016 se firmaron el mismo día y ‘Priar constructores’ aparece en los 2 contratos, además el domicilio de los 2 consorcios están en la misma oficina en Villavicencio”. Los asesores del alcalde de Cota, Carlos Moreno, manifestaron tener la representación judicial de la oficina del magistrado Bustos, como garantía de un ‘buen trato’ en la Fiscalía. Y afirma “Que no va a pasar nada, que están blindados, que el magistrado Bustos a través de sus abogados y amigos hacen que no avance en la Fiscalía las investigaciones”.
En la Fiscalía ‘reposan’ denuncias de 2 contratos por más de $47.000 millones firmados el mismo día y con mismo grupo de empresarios. Se trata del colector de aguas y un anillo vial en el municipio de Cota que se entregaron sin tener siquiera las autorizaciones de la CAR y 8 meses después de firmar el millonario contrato, en el caso del colector, el proyecto no arranca. “Los contrato 09 y 010 de diciembre27 de 2016 se firmaron el mismo día y ‘Priar constructores’ aparece en los 2 contratos, además el domicilio de los 2 consorcios están en la misma oficina en Villavicencio”. Los asesores del alcalde de Cota, Carlos Moreno, manifestaron tener la representación judicial de la oficina del magistrado Bustos, como garantía de un ‘buen trato’ en la Fiscalía. Y afirma “Que no va a pasar nada, que están blindados, que el magistrado Bustos a través de sus abogados y amigos hacen que no avance en la Fiscalía las investigaciones”.
2.11º. Alcalde de Villavicencio. Germán
Chaparro.
En octubre 2017 dijo que el abogado Gustavo Moreno le pidió $1.500 millones para que su condena a 39 años por homicidio fuera revisada favorablemente por la Corte en la etapa de casación. Para garantizarle resultados, Moreno le dijo que la plata era para Bustos, y como respaldo del negocio le habría ofrecido arreglar una reunión con la esposa de Bustos, Pineda, procuradora judicial.
En octubre 2017 dijo que el abogado Gustavo Moreno le pidió $1.500 millones para que su condena a 39 años por homicidio fuera revisada favorablemente por la Corte en la etapa de casación. Para garantizarle resultados, Moreno le dijo que la plata era para Bustos, y como respaldo del negocio le habría ofrecido arreglar una reunión con la esposa de Bustos, Pineda, procuradora judicial.
La Corte revisa el caso porque
alrededor del expediente de Chaparro están 2 nombres bajo investigación: el
abogado Gerardo Torres, a. ‘yayo’, y el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo
Ramos. Desde 2009, Chaparro asegura que uno de los testimonios que terminó
enredándolo en el crimen de Ómar López, su antecesor, fue el José Raúl Mira
Vélez, paramilitar. El mismo que acusó a Ramos de tener nexos con las AUC. Pero Chaparro dice que en ese expediente
no se le dio credibilidad y Mira fue asesinado antes de ser confrontado.
Chaparro también dijo que Torres, a. ‘yayo’, se hizo cargo de su caso y luego
se lo pasó a Moreno, el mismo ‘modus operandi’ que han tenido otros procesos
bajo la lupa, como el del congresista conservador Hernán Andrade.
2.12º Jorge Londoño.
Ministro. Le archivaron 5 procesos. Tenían como defensor a Moreno, hoy testigo contra Bustos y Ricaurte.
Ministro. Le archivaron 5 procesos. Tenían como defensor a Moreno, hoy testigo contra Bustos y Ricaurte.
2.13º Congresistas de la
Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Bustos archivó e inadmitió 2 denuncias contra congresistas de esta Comisión, siendo Gustavo Moreno asesor de esta comisión. De hecho, otros magistrados de la Sala Penal que Bustos integró y presidió, inadmitieron y archivaron 21 denuncias más contra esa corporación, encargada de investigar a los magistrados.
Bustos archivó e inadmitió 2 denuncias contra congresistas de esta Comisión, siendo Gustavo Moreno asesor de esta comisión. De hecho, otros magistrados de la Sala Penal que Bustos integró y presidió, inadmitieron y archivaron 21 denuncias más contra esa corporación, encargada de investigar a los magistrados.
2.13º Congreso narco parapolítica y Bustos.
Las estadísticas hablan solas. En la época de la ‘congreso parapolítica’, la Sala Penal profirió 110 condenas contra gente tan poderosa como Mario Uribe, Erick Morris, Álvaro Araújo y Salvador Arana.
Las estadísticas hablan solas. En la época de la ‘congreso parapolítica’, la Sala Penal profirió 110 condenas contra gente tan poderosa como Mario Uribe, Erick Morris, Álvaro Araújo y Salvador Arana.
Pero, a
finales de 2013, según la Fiscalía se echó a andar la organización criminal
‘Bustos, Ricaurte, Malo, Moreno, Pinilla, Torres’ las cifras de condenas
cayeron dramáticamente: a 25. Y muchos de esos casos ya venían de atrás, como los
de María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, Sabas Pretelt y Miguel Maza
Márquez.
2.13.1º En 2012 Iván Velásquez
Magistrado auxiliar es relevado por Leonidas Bustos, en medio de un sospechoso
sigilo y sin comunicado oficial que diera cuenta del trascendental cambio, sino
mediante declaraciones soltadas al desgaire. La disculpa es baladí y ofende
porque supone que los colombianos son estúpidos: “el puesto debe rotar y
airearse entre otros magistrados auxiliares de mi entera confianza” dijo
Bustos. La verdad es muy otra.
2.13.2º En
2015 la Corte
saca a magistrado investigador de la parapolítica. La Corte denuncio penal y disciplinariamente al magistrado auxiliar del grupo investigativo de la
‘narco parapolítica’, Álvaro Pastás Obando, por la pérdida de material probatorio. Luego de encontrase una grabación en donde estaba una declaración del extraditado Carlos
Mario Jiménez, a. ‘macaco’. La Corte explico
que la declaración de a. ‘macaco’ estuvo oculta durante meses y,
luego apareció en un computador de la comisión de apoyo de la
parapolítica. Este hecho ocasionó la pérdida de confianza de la Sala
en este funcionario, por lo cual lo declaró insubsistente. Pastás fue nombrado por Busto, para reemplazar al magistrado Iván
Velásquez, como coordinador de ese grupo creado en enero
de 2007.Pastás era uno de los 9 investigadores de la parapolítica, que coordina Iván Cortés, en la corte.
2.15º Hernando Padauí.
Congresista. Con decisión favorable. Moreno lo representó en 7 casos.
Congresista. Con decisión favorable. Moreno lo representó en 7 casos.
2.16º Eduardo Agatón Diazgranados Abadía.
Congresista. Dos procesos archivados. Tenían como defensor a Moreno.
Congresista. Dos procesos archivados. Tenían como defensor a Moreno.
2.17º Piedad Zuccardi.
Congresista de la U. Bustos firmo inhibitorios. Dispuesta a declarar que fue sometida a exigencias de dinero y presiones. En la Corte afirman que Bustos insistía en avalar como prueba en su contra audios con sus abogados, que luego fueron inadmitidos, no fueron tenidos como prueba.
Congresista de la U. Bustos firmo inhibitorios. Dispuesta a declarar que fue sometida a exigencias de dinero y presiones. En la Corte afirman que Bustos insistía en avalar como prueba en su contra audios con sus abogados, que luego fueron inadmitidos, no fueron tenidos como prueba.
2.18º Javier Cánceres Leal.
Congresista de cambio radical. Bustos firmo inhibitorios. Dispuesto a declarar que fue sometido a exigencias de dinero y presiones.
Congresista de cambio radical. Bustos firmo inhibitorios. Dispuesto a declarar que fue sometido a exigencias de dinero y presiones.
2.19º Óscar Suárez Mira.
Congresista conservador. Dispuesto a declarar que fue sometido a exigencias de dinero y presiones.
Congresista conservador. Dispuesto a declarar que fue sometido a exigencias de dinero y presiones.
2.20º Yahir Acuña. Congresista.
Cuando renunció a congresista en 2014, para aspirar a la gobernación de sucre, había contratado como abogado a Luis Gustavo Moreno para que lo defendiera de una investigación que se adelantaba en la Corte Suprema por paramilitarismo, proceso del que fue declarado no culpable por el magistrado Bustos.
Cuando renunció a congresista en 2014, para aspirar a la gobernación de sucre, había contratado como abogado a Luis Gustavo Moreno para que lo defendiera de una investigación que se adelantaba en la Corte Suprema por paramilitarismo, proceso del que fue declarado no culpable por el magistrado Bustos.
2.21º Armando Benedetti.
Congresista de la U. En Panamá, a bordo de un yate se habría negociado el archivo del expediente contra Benedetti en la Corte Suprema. Así se desprende de declaraciones del fiscal anticorrupción extraditable Gustavo Moreno en la Corte. El viaje fue en septiembre de 2012 y según Moreno, en el yate estuvieron la hermana del Congresista la embajadora Ángela Benedetti, el magistrado Bustos, la procuradora Martha Cristina Pineda, esposa de Bustos y Gerardo Torres, a. ‘yayo’. Según Bustos el encuentro con Moreno en Panamá fue casual. Moreno ya le ofreció a la Fiscalía contar sobre los viajes a Panamá. Se habla de un pago de $700 millones. En la Corte, Benedetti tiene una investigación por parapolítica. Mientras que otros políticos delatados por líderes de las AUC están presos por el mismo caso, la investigación contra el Congresista atlanticense no se movió.
Congresista de la U. En Panamá, a bordo de un yate se habría negociado el archivo del expediente contra Benedetti en la Corte Suprema. Así se desprende de declaraciones del fiscal anticorrupción extraditable Gustavo Moreno en la Corte. El viaje fue en septiembre de 2012 y según Moreno, en el yate estuvieron la hermana del Congresista la embajadora Ángela Benedetti, el magistrado Bustos, la procuradora Martha Cristina Pineda, esposa de Bustos y Gerardo Torres, a. ‘yayo’. Según Bustos el encuentro con Moreno en Panamá fue casual. Moreno ya le ofreció a la Fiscalía contar sobre los viajes a Panamá. Se habla de un pago de $700 millones. En la Corte, Benedetti tiene una investigación por parapolítica. Mientras que otros políticos delatados por líderes de las AUC están presos por el mismo caso, la investigación contra el Congresista atlanticense no se movió.
2.22º Hernán Andrade.
Congresista Conservador. Bustos insistió en Sala que había delito contra el congresista Andrade y que el expediente había que estudiarlo a fondo. En la Corte hoy creen que Bustos insistió en que se debía abrir una investigación formal para poder pedirle plata a Andrade. De acuerdo con la información que manejan la Fiscalía y la Corte, al congresista le pidieron $2.300 millones. Proceso ya resuelto: con preclusión en favor del congresista por haber recibido $250 millones, de parte de uno de los abogados participantes en el desfalco a Cajanal. Fue visitado 29 veces por Moreno cuando litigaba. Lo visitó, al menos, 4 veces antes que llamara a ampliación de indagatoria a Andrade.
Congresista Conservador. Bustos insistió en Sala que había delito contra el congresista Andrade y que el expediente había que estudiarlo a fondo. En la Corte hoy creen que Bustos insistió en que se debía abrir una investigación formal para poder pedirle plata a Andrade. De acuerdo con la información que manejan la Fiscalía y la Corte, al congresista le pidieron $2.300 millones. Proceso ya resuelto: con preclusión en favor del congresista por haber recibido $250 millones, de parte de uno de los abogados participantes en el desfalco a Cajanal. Fue visitado 29 veces por Moreno cuando litigaba. Lo visitó, al menos, 4 veces antes que llamara a ampliación de indagatoria a Andrade.
Dice la Corte que a Andrade le cerraron 3 procesos y
en 2, Moreno era el abogado. Pinilla
también habla de un inhibitorio a favor de Andrade, cliente de Moreno, que
costó $1.200 millones. Bustos fue quien lo recomendó, según se lo confesó a
este diario Gerardo ‘yayo’ Torres, esposo de Mabel Parra, magistrada auxiliar
de Bustos que acaba de renunciar a la Fiscalía.
2.23º Otro congresista.
Ha declarado que le enviaron a su ciudad a un supuesto ‘sobrino’ de Bustos. Moreno, para arreglar el pago en un parqueadero del aeropuerto. Y al negarse a la exigencia, fue condenado de manera exprés e incluso involucraron en otras investigaciones a familiares y allegados.
Ha declarado que le enviaron a su ciudad a un supuesto ‘sobrino’ de Bustos. Moreno, para arreglar el pago en un parqueadero del aeropuerto. Y al negarse a la exigencia, fue condenado de manera exprés e incluso involucraron en otras investigaciones a familiares y allegados.
2.24º El fiscal Saavedra, otro ‘hijo’ de Bustos que aspira a la JEP.
La amistad nació en la Universidad Libre. A igual
que el fiscal Moreno, otro abogado que podría decirle ‘papá’ a Bustos es José
Eduardo Saavedra. Bustos lo llevó a la Fiscalía de Monte-alegre, a ocupar uno
de los cargos más importantes: jefe del CTI Bogotá, donde se ventilan los casos
más sensibles y de interés para el propio despacho del fiscal. De allí pasó a
otro alto cargo, antes de salir del ente investigador. A partir de allí comenzó
en el litigio penal, defendiendo a varios de los alcaldes de Cundinamarca
investigados por casos de corrupción. En el último año era muy normal verlo
recorriendo pasillos del búnker, en especial la sede de la Fiscalía
Cundinamarca, donde se rumoraba que el verdadero abogado de sus clientes era el
presidente de la Corte, su mentor Bustos. El magistrado asumía esas defensas en
‘cuerpo ajeno’.
Saavedra fue mencionado en interceptaciones de DEA. El
abogado Pinilla le comenta al gobernador Lyons, que entre los contactos que
tenían con Moreno, estaba Saavedra. La Fiscalía, rastreados uno por uno los
casos que llevaba como litigante. También indaga por sus contactos con Moreno,
mientras éste oficio en la Fiscalía.
Saavedra fue jefe del CTI Bogotá cuando la directora
nacional era la fiscal Maritza Escobar, quien salió de ese alto cargo por
cuenta de un escándalo relacionado con su hermano y paramilitares del Meta.
En la Universidad Libre también se le mencionó en casos de
acoso a varias estudiantes, que nunca se atrevieron a denunciarlo.
Saavedra puso su nombre a consideración para ser incluido
en una de las ternas de las que saldrán los miembros de la JEP, Justicia
Especial para la Paz. Aspiración que se vería frustrada, ahora que su nombre
aparece en la lista de salpicados por el escándalo de corrupción
político-judicial más grande de las últimas décadas. Escándalo en el que su
‘papá’ también está involucrado.
2.25º Las 3 hijas del magistrado Bustos.
Bustos no es el único de su familia que vive del Estado. Sus hijas, exesposa, esposa, amigas y amigos, han tenido o tienen contratos o empleos con diferentes entidades del Estado. Angélica María, Ximena Liliana y Paula Andrea Bustos Velasco también, con contratos en distintas dependencias.
Bustos no es el único de su familia que vive del Estado. Sus hijas, exesposa, esposa, amigas y amigos, han tenido o tienen contratos o empleos con diferentes entidades del Estado. Angélica María, Ximena Liliana y Paula Andrea Bustos Velasco también, con contratos en distintas dependencias.
1ª Paula Andrea.
Odontóloga. Denunciada por el hermano del alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corso, por haberle pedido la suma de $800 millones a cambio de que Bustos resolviera a favor suyo un recurso de casación en la sala penal de la corte suprema cuando él era presidente de dicha corporación.
Odontóloga. Denunciada por el hermano del alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corso, por haberle pedido la suma de $800 millones a cambio de que Bustos resolviera a favor suyo un recurso de casación en la sala penal de la corte suprema cuando él era presidente de dicha corporación.
En junio de 2013, Paula Andrea suscribió con la
Personería de Bogotá el contrato 181-2013, por $12 millones. 2 meses después,
firmó uno nuevo, el 267-13 por valor de $28.4 millones. Por esa época, el
confeso fiscal anticorrupción, Moreno,
también tenía contratos con aquella entidad.
En ese entonces, el personero de Bogotá era Ricardo Cañón, aliado
irrestricto del fiscal, Eduardo Montealegre Lynett.
Contra Cañón, existieron fundadas
denuncias de una participación suya en el denominado ‘carrusel de la
contratación’. La fiscalía de Montealegre jamás investigó ese caso, el cual
duerme en alguna olvidada gaveta del ente acusador. Gustavo Moreno le metió la
mano al asunto. Lo cierto es que nunca se logró establecer realmente cuál fue
la participación del personero en el escándalo de corrupción que se vivió en
Bogotá.
2ª Angélica María.
Profesional en zootecnia. Contratos con el ICA y el DANE. En enero 16 de 2013 suscribió el contrato 0480-2013 por $28.060.000 millones con el gerente del ICA, Carlos Alberto Soto Rave. Un año después, con el DANE, le dieron un contrato por $17.5 millones.
Profesional en zootecnia. Contratos con el ICA y el DANE. En enero 16 de 2013 suscribió el contrato 0480-2013 por $28.060.000 millones con el gerente del ICA, Carlos Alberto Soto Rave. Un año después, con el DANE, le dieron un contrato por $17.5 millones.
3ª María Ximena.
Ingeniera electrónica. Desde febrero 5 de 2015 trabaja en la contraloría de Bogotá. Empezó siendo subdirectora de fiscalización de telecomunicaciones, luego subdirectora de análisis de estadísticas e indicadores y finalmente subdirectora de recursos materiales.
Ingeniera electrónica. Desde febrero 5 de 2015 trabaja en la contraloría de Bogotá. Empezó siendo subdirectora de fiscalización de telecomunicaciones, luego subdirectora de análisis de estadísticas e indicadores y finalmente subdirectora de recursos materiales.
2.26º Ana Josefa Velasco de Bustos.
Exesposa de Bustos. Otra beneficiada por las influencias de Bustos, quien pasó de profesional grado 17 a procuradora judicial bajo el mando de Ordóñez.
Exesposa de Bustos. Otra beneficiada por las influencias de Bustos, quien pasó de profesional grado 17 a procuradora judicial bajo el mando de Ordóñez.
2.27º Martha Cristina Pineda Céspedes.
Esposa de Bustos. Nombrada por el procurador Ordoñez, como Procuradora 26 Judicial II Penal de Bogotá luego que Bustos se posesionara como Magistrado de la Corte.
Esposa de Bustos. Nombrada por el procurador Ordoñez, como Procuradora 26 Judicial II Penal de Bogotá luego que Bustos se posesionara como Magistrado de la Corte.
Cuando Bustos ocupaba la presidencia de
la Corte, Pineda Céspedes se autodenominaba la “Primera Dama de la Corte
Suprema de Justicia”.
Ternada en 2016 por Santos para integrar la Comisión de
Disciplina Judicial, órgano que reemplaza a la cuestionada Sala Disciplinaria
de la Judicatura.
En 2017 Pineda Céspedes, firmo contrato
por 7 meses con la alcaldía de Peñalosa en la Secretaria Distrital de Ambiente
por $72.520.000, $10 millones mensuales, “Para orientar a la SDA en las
actuaciones penales derivadas de las acciones de control y seguimiento, en el
marco del direccionamiento estratégico”.
Pineda le consiguió a Luz Mábel Parra,
ex pareja de a. ‘yayo’, el puesto de magistrada auxiliar en el despacho de
Leonidas Bustos, tras estar como fiscal delegada ante la Corte y antes en la
procuraduría de Ordoñez. En su declaración negó haber llegado a la Corte por recomendación
de alguien, contradiciendo lo dicho por su exmarido.
Moreno detalló cómo le entregó a Pineda
una camioneta ‘0’ kilómetros, Dodge Journey, gris tormenta, de $80 millones,
como pago a
las citas que ofrecía con la esposa de Bustos para concretar los negocios
sucios.
2.28º Germán Vargas Lleras,
Bustos, Moreno y alias ‘Yayo’.
Claves en el archivo de los procesos por parapolítica contra Vargas Lleras. Las conexiones entre el abogado Gerardo Torres Roldán a. ‘yayo’ con el delincuente confeso Gustavo Moreno, la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, la familia Vargas Lleras y distintos congresistas como Germán Varón y el presidente del partido conservador Hernán Andrade.
Claves en el archivo de los procesos por parapolítica contra Vargas Lleras. Las conexiones entre el abogado Gerardo Torres Roldán a. ‘yayo’ con el delincuente confeso Gustavo Moreno, la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, la familia Vargas Lleras y distintos congresistas como Germán Varón y el presidente del partido conservador Hernán Andrade.
‘El
eslabón perdido entre Moreno y Vargas Lleras’.
Se menciona el rol de ‘yayo’, tanto para el nombramiento de Moreno como jefe anticorrupción de la Fiscalía, como en su mediación en el archivo de la investigación por parapolítica en la Procuraduría y en la Corte Suprema contra Vargas Lleras, el único presidente del Congreso de la época que salió airoso de las acusaciones e investigaciones por nexos con las AUC.
Se menciona el rol de ‘yayo’, tanto para el nombramiento de Moreno como jefe anticorrupción de la Fiscalía, como en su mediación en el archivo de la investigación por parapolítica en la Procuraduría y en la Corte Suprema contra Vargas Lleras, el único presidente del Congreso de la época que salió airoso de las acusaciones e investigaciones por nexos con las AUC.
Angela
Benedetti Embajadora en Panamá.
En 2010 Torres era abogado de la embajadora en Panamá, Benedetti, hermana del congresista Armando B., investigada por en el ‘Carrusel de la contratación en Bogotá’ por su conocida reunión ‘desayuno’ con los reos Nule. La investigación fue archivada durante la Fiscalía de Iguarán, también compañero de Moreno y Torres en el Externado.
En 2010 Torres era abogado de la embajadora en Panamá, Benedetti, hermana del congresista Armando B., investigada por en el ‘Carrusel de la contratación en Bogotá’ por su conocida reunión ‘desayuno’ con los reos Nule. La investigación fue archivada durante la Fiscalía de Iguarán, también compañero de Moreno y Torres en el Externado.
Reunión que la embajadora organizó en
Panamá con los
magistrados Javier Zapata y Leonidas Bustos, la procuradora, Martha Cristina
Pineda Céspedes y los abogados Moreno y ‘yayo’. El encuentro en septiembre de 2012
tenía como propósito lograr una asesoría con el gobierno de Panamá para la
implementación de su sistema penal acusatorio. Como embajadora, Angela
Benedetti gestionó reuniones con el presidente Corte Suprema y el Fiscal
General de Panamá.
Cambio
Radical.
Torres es cercano a la familia Benedetti Villaneda y a la de Vargas Lleras. Conoció al jefe de Cambio Radical por vía del congresista Germán Varón Contrino, a quien asesoró hasta julio 11 de 2017, cuando renunció a la su cargo en la UTL.
Torres es cercano a la familia Benedetti Villaneda y a la de Vargas Lleras. Conoció al jefe de Cambio Radical por vía del congresista Germán Varón Contrino, a quien asesoró hasta julio 11 de 2017, cuando renunció a la su cargo en la UTL.
La cercanía de Moreno y Torres
con Cambio Radical y los magistrados Bustos y Ricaurte, está signada por un
intercambio de favores políticos y burocráticos. El partido del Vargas, antes
de apoyarlo para llegar a la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía, lo
impulsó para remplazar al personero de Bogotá Ricardo Cañón.
La simpatía y agradecimiento de Cambio
Radical con Gerardo Torres tiene una razón de mucho peso: gracias a sus manejos
en la Corte Suprema logró que su esposa, la abogada Luz Mabel Parra Echandía,
magistrada auxiliar de Bustos, archivara la investigación contra Vargas por sus
relaciones con las AUC de los llanos orientales de ‘Martin Llanos’.
Luz Mabel Parra Echandía, fue nombrada
en el cargo de Fiscal Delegada Ante la Corte Suprema por recomendación directa
de Vargas al Fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Tráfico de influencias?
Procurador
Ordóñez.
‘Yayo’ también logró que sus influencias hicieran efecto en el despacho del procurador Ordóñez. En mayo de 2013, la Procuraduría archivó el proceso por parapolítica que seguía a Vargas. Bustos, con quien tiene una probada relación profesional, de amistad y de negocios, tenía poder en el órgano de control disciplinario con 2 cargos de alto nivel: su esposa Ana Josefa Velasco, Procuradora Judicial; y su amiga, Pineda, en un cargo directivo en el despacho de Ordóñez.
‘Yayo’ también logró que sus influencias hicieran efecto en el despacho del procurador Ordóñez. En mayo de 2013, la Procuraduría archivó el proceso por parapolítica que seguía a Vargas. Bustos, con quien tiene una probada relación profesional, de amistad y de negocios, tenía poder en el órgano de control disciplinario con 2 cargos de alto nivel: su esposa Ana Josefa Velasco, Procuradora Judicial; y su amiga, Pineda, en un cargo directivo en el despacho de Ordóñez.
La relación de Vargas con Torres está
lejos de ser algo casual. La cercanía con su hermano Enrique Vargas y con la
familia es tan grande que una de las mascotas del vicepresidente, su perro
‘Mancho’, de raza Bull Dog francés, fue un regalo de su amigo a. ‘yayo’.
Otras
conexiones de a. ‘yayo’ y Moreno con el poder del país.
1ª. Las hermanas Mejía Restrepo, Eleonora y María
Fernanda.
La primera fue novia de Moreno y la segunda es la actual compañera de Torres. Eleonora Mejía fue asesora de la UTL del congresista Hernán Andrade a quien Moreno representó en un proceso ante la Corte y María Fernanda es asesora de la UTL de Germán Varón.
La primera fue novia de Moreno y la segunda es la actual compañera de Torres. Eleonora Mejía fue asesora de la UTL del congresista Hernán Andrade a quien Moreno representó en un proceso ante la Corte y María Fernanda es asesora de la UTL de Germán Varón.
2ª. Ricardo Cañón.
Personero de Bogotá. Hoy en la Contraloría de Bogotá, también forma parte del circuito de Moreno, Torres y Cambio Radical. En su despacho tenía como asesora a la hija de Bustos, la odontóloga Angélica Bustos, con un salario de $10 millones mensuales.
Personero de Bogotá. Hoy en la Contraloría de Bogotá, también forma parte del circuito de Moreno, Torres y Cambio Radical. En su despacho tenía como asesora a la hija de Bustos, la odontóloga Angélica Bustos, con un salario de $10 millones mensuales.
3ª. Luis Alfredo Ramos y Liliana
Rendón.
El gobernador de Antioquia tuvo como abogado a Moreno. Lo recomendó directamente Bustos con quien el dirigente conservador tiene una antigua relación que jugó a favor de la congresista antioqueña Liliana Rendón quien fue investigada por la Corte Suprema.
El gobernador de Antioquia tuvo como abogado a Moreno. Lo recomendó directamente Bustos con quien el dirigente conservador tiene una antigua relación que jugó a favor de la congresista antioqueña Liliana Rendón quien fue investigada por la Corte Suprema.
4ª. Trabajó con Moreno en 4 procesos:
el de los senadores Hernán Andrade y Jorge Rozo, de Cambio Radical; el del alcalde Chaparro; el del minjusticia Jorge Londoño, ministerio que le dio 2 jugosos contratos.
el de los senadores Hernán Andrade y Jorge Rozo, de Cambio Radical; el del alcalde Chaparro; el del minjusticia Jorge Londoño, ministerio que le dio 2 jugosos contratos.
2.29º Bustos está vinculado como quien promovió la llegada de
Moreno a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.
2.30º Bustos afirmo en la corte en octubre de 2017 “que no es
cercano al joven y corrupto abogado”.
Bustos viajó al menos 2 veces a Miami y Panamá con el fiscal corrupto Moreno; negoció con él un BMW de $110 millones; lo recomendó para ser el defensor del Congresista Hernán Andrade y lo recibió 29 veces en su despacho de la Corte Suprema.
Bustos viajó al menos 2 veces a Miami y Panamá con el fiscal corrupto Moreno; negoció con él un BMW de $110 millones; lo recomendó para ser el defensor del Congresista Hernán Andrade y lo recibió 29 veces en su despacho de la Corte Suprema.
Otro rastro de los nexos entre Bustos y Moreno.
Se llama ‘International Legal Consulting’. A esa firma fue a parar el BMW, ‘0’ kilómetros, último modelo, ‘todo full’, de placas RHV 017 que Bustos le regaló a Moreno, pero que el magistrado dice haber vendido legalmente acudiendo a un testaferro: el fiscal Raúl Acero. La misteriosa empresa de Moreno, fue creada en junio de 2013 bajo el nombre de ‘Moreno Estudios Legales’, 3 meses antes de que Acero le traspasara el carro siguiendo instrucciones de Bustos. En octubre de 2013, Moreno puso el carro a nombre de su empresa y antes de revendérselo al Grupo H.G. SAS, compañía dedicada a la venta de finca raíz, constituida en Cali y cuyos voceros dicen no recordar la transacción.
Se llama ‘International Legal Consulting’. A esa firma fue a parar el BMW, ‘0’ kilómetros, último modelo, ‘todo full’, de placas RHV 017 que Bustos le regaló a Moreno, pero que el magistrado dice haber vendido legalmente acudiendo a un testaferro: el fiscal Raúl Acero. La misteriosa empresa de Moreno, fue creada en junio de 2013 bajo el nombre de ‘Moreno Estudios Legales’, 3 meses antes de que Acero le traspasara el carro siguiendo instrucciones de Bustos. En octubre de 2013, Moreno puso el carro a nombre de su empresa y antes de revendérselo al Grupo H.G. SAS, compañía dedicada a la venta de finca raíz, constituida en Cali y cuyos voceros dicen no recordar la transacción.
Aunque Moreno
aparece como único accionista de ‘International Legal Consulting’, uno de los
secretarios generales de la empresa es Aldemar Guarnizo García. Se trata
de un abogado que lo acompañó en procesos ante la Corte, entre estos uno contra
Jorge Enrique Rozo Rodríguez, congresista por Cundinamarca y quien milita en
Cambio Radical.
Rozo obtuvo una preclusión a su
favor en enero 20 de 2017 y, según dice, ha servido de informante a la Fiscalía
dentro del proceso que se adelanta por alteraciones de los POT, planes de
ordenamiento territorial, de varios municipios de la sabana de Bogotá, caso del
que acusan a Moreno de engavetarlo en su paso por la Unidad Anticorrupción.
La misteriosa
empresa de Moreno entró en liquidación en julio 10 de 2014 por ser inviable
económicamente. No obstante, aparece pagando por el BMW de Bustos $110 millones,
once veces lo que tenía en bancos. Se
indaga si fue usada para ocultar pagos del ‘cartel de la toga’.
2.31º ‘Escándalo del POT por volteo de
tierras’.
Contratos de asesoría de Bustos. Siendo gobernador Jorge Rey, la Gobernación de Cundinamarca suscrito un contrato en febrero de 2017, de 6 meses, por $87 millones, $12 millones mensuales, con la firma ‘Bustos Martínez Consultores S.A.S.’ Para brindar asesoría jurídica a la Secretaría Jurídica del Departamento”.
Contratos de asesoría de Bustos. Siendo gobernador Jorge Rey, la Gobernación de Cundinamarca suscrito un contrato en febrero de 2017, de 6 meses, por $87 millones, $12 millones mensuales, con la firma ‘Bustos Martínez Consultores S.A.S.’ Para brindar asesoría jurídica a la Secretaría Jurídica del Departamento”.
El contrato se generó luego de
conocerse las denuncias que destapó un ‘escándalo del POT por
volteo de tierras’ en varios municipios de Cundinamarca.
En denuncia de enero 9 de 2017, cuando Moreno era fiscal anticorrupción en la
Fiscalía, se acusaba de actos de corrupción a Rey, Nicolás García Bustos, jefe
de gabinete, Jorge Enrique Machuca, gerente de la licorera, los alcaldes de
Mosquera Raúl Emilio Casallas, Álvaro Rozo y Álvaro Rincón, entre otros. La
acusación es que se habrían lucrado de cambiar el uso del suelo en ciertas
zonas a cambio de sobornos.
3º Gustavo Enrique Malo
Fernández.
Magistrado.
Magistrado.
En Octubre 2 de 2017 la Comisión de Acusación de la
Cámara de Representantes imputó cargos al magistrado Malo, luego de escuchar su
declaración, por corrupción, concierto para
delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y
utilización de asunto sometido a secreto o reserva
Prontuario:
Malo ‘adelanta’ o ‘impulsa’ 20 de los 91 procesos por narco parapolítica que tiene la Corte en contra de congresistas, excongresistas, ministros y mandatarios locales.
Malo ‘adelanta’ o ‘impulsa’ 20 de los 91 procesos por narco parapolítica que tiene la Corte en contra de congresistas, excongresistas, ministros y mandatarios locales.
3.1º
Musa Besaile.
Congresista. Besaile aparece con 5 casos cerrados.
Malo fue el ponente desde 2014 y
el pago de Besaile se registró en 2015 como un soborno de Moreno. Testimonio
que lo enloda. José Reyes Rodríguez, quien fuera su magistrado auxiliar, señala directamente a
Malo; Reyes aseguró que consideró que había elementos para dar apertura en
contra de Besaile, que informo a Malo del avance del caso, sin que sucediera
nada. Reyes que cree que su salida de
la Corte se debió a que “se convirtió en una piedra en el zapato” en ese
proceso.
Fallo inhibitorio en favor de Besaile dentro de una
investigación por el homicidio de uno de los testigos en su contra: el
paramilitar Luis Eduardo Urán. En las grabaciones de la DEA se escucha decir a
Pinilla, socio de Moreno, que esa decisión fue pactada. Según la Corte, ese
expediente no estaba en el despacho de Bustos sino de Gustavo Malo.
3.2º Julio Manzur Abdala.
Congresista. La investigación está para alegatos finales en la Corte desde 2010y sobre el cual el hijo de Manzur asegurara que Moreno le pidió primero $600 y luego $2.000 millones para representarlo, con la garantía de que iba a lograr un resultado positivo.
Congresista. La investigación está para alegatos finales en la Corte desde 2010y sobre el cual el hijo de Manzur asegurara que Moreno le pidió primero $600 y luego $2.000 millones para representarlo, con la garantía de que iba a lograr un resultado positivo.
3.3º Bernardo Miguel Elías Vidala. ‘ñoño’.
Congresista. El magistrado Malo le archivó varios procesos.
Congresista. El magistrado Malo le archivó varios procesos.
3.4º Álvaro Ashton.
Congresista liberal. Malo tuvo en su despacho el expediente de Ashton, quien habría pagado $1.200 millones para que ‘engavetarlo’. Moreno aseguró que de ese dinero, $200 millones le correspondieron a Bustos y $200 millones a Ricaurte.
Congresista liberal. Malo tuvo en su despacho el expediente de Ashton, quien habría pagado $1.200 millones para que ‘engavetarlo’. Moreno aseguró que de ese dinero, $200 millones le correspondieron a Bustos y $200 millones a Ricaurte.
3.5º Luis Alfredo Ramos.
Gobernador de Antioquia. Implicado en el ‘cartel de la toga’ como de los que entregó ‘coimas’ para librarse del caso que se le sigue por parapolítica. Ramosse declara inocente. Incluyó en su defensa a Moreno un mes después de que se reveló que le dictarían medida de aseguramiento. Además de Moreno, a la defensa de Ramos se integró Majer Nayi Abushihab, actual asesor del despacho del Fiscal y defensor de la esposa de Moreno.
Gobernador de Antioquia. Implicado en el ‘cartel de la toga’ como de los que entregó ‘coimas’ para librarse del caso que se le sigue por parapolítica. Ramosse declara inocente. Incluyó en su defensa a Moreno un mes después de que se reveló que le dictarían medida de aseguramiento. Además de Moreno, a la defensa de Ramos se integró Majer Nayi Abushihab, actual asesor del despacho del Fiscal y defensor de la esposa de Moreno.
3.6º Investigaciones Preliminares.
Contra el detenido congresista Otto Bula, Piedad Córdoba, los congresistas Jaime Armando Yepes Martínez, José Ignacio Mesa, Eleonora Pineda, Rocío Arias, Miguel de la Espriella, AUV.
Contra el detenido congresista Otto Bula, Piedad Córdoba, los congresistas Jaime Armando Yepes Martínez, José Ignacio Mesa, Eleonora Pineda, Rocío Arias, Miguel de la Espriella, AUV.
3.7º En investigación
preliminar.
Malo lleva procesos en contra de los congresistas Humprey Roa Sarmiento, Cristóbal Rodríguez Hernández, Juan Samy Merheg Marun, José Obdulio Gaviria, Alfredo de Luque Zuleta.
Malo lleva procesos en contra de los congresistas Humprey Roa Sarmiento, Cristóbal Rodríguez Hernández, Juan Samy Merheg Marun, José Obdulio Gaviria, Alfredo de Luque Zuleta.
3.8º Adelanta proceso en
contra de los congresistas.
Juan de Jesús Córdoba Suárez, Gustavo Hernán Puentes Díaz, Jhon Jairo Roldán Alvedaño, Hernando Hernández Tapasco, Germán Antonio Aguirre Muñoz, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, Ramón Elejalde Arbelaéz, Cesar Pérez García, por denuncias de vínculos con grupos ilegales.
Juan de Jesús Córdoba Suárez, Gustavo Hernán Puentes Díaz, Jhon Jairo Roldán Alvedaño, Hernando Hernández Tapasco, Germán Antonio Aguirre Muñoz, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, Ramón Elejalde Arbelaéz, Cesar Pérez García, por denuncias de vínculos con grupos ilegales.
3.9º DNE. Engavetados.
Lleva 3 procesos relacionado con la Dirección Nacional de Estupefacientes: contra los congresistas Javier Cáceres, Miguel Pinedo Vidal y Omar Yepes Alzate.
Lleva 3 procesos relacionado con la Dirección Nacional de Estupefacientes: contra los congresistas Javier Cáceres, Miguel Pinedo Vidal y Omar Yepes Alzate.
3.10º Yara Malo. Extorsión.
Hija del magistrado Malo. La fiscalía adelanta investigación en contra de Yara: 1º Por ingresar a la Fiscalía suplantando a una persona para recoger cuotas de dinero; 2º La Fiscalía le imputo cargos por extorsión agravada por pedir el 20% de su sueldo a una fiscal adscrita a la seccional de Bogotá, a cambio de no ser trasladada, en diciembre 26 de 2016; 3º Montealegre le daba puestos a Malo, en la Fiscalía y después, al parecer, su hija Yara Malo les cobraba entre el 20% y 30% del sueldo; 4º Al parecer, los Malo, también conseguían puestos en el Fonade y cobrando porcentaje sobre el sueldo.
Hija del magistrado Malo. La fiscalía adelanta investigación en contra de Yara: 1º Por ingresar a la Fiscalía suplantando a una persona para recoger cuotas de dinero; 2º La Fiscalía le imputo cargos por extorsión agravada por pedir el 20% de su sueldo a una fiscal adscrita a la seccional de Bogotá, a cambio de no ser trasladada, en diciembre 26 de 2016; 3º Montealegre le daba puestos a Malo, en la Fiscalía y después, al parecer, su hija Yara Malo les cobraba entre el 20% y 30% del sueldo; 4º Al parecer, los Malo, también conseguían puestos en el Fonade y cobrando porcentaje sobre el sueldo.
4º
Camilo Tarquino Gallego.
Magistrado.
Magistrado.
Jubilado en 2012. Magistrado de 2008 a
2012. Presidente de la corte, implicado en esta
red de corrupción, no como
aforado sino como abogado litigante.
Contratos de la firma T&T Abogados
Consultores, cuyo representante legal es Tarquino:
4.1º Aeronáutica Civil.
Por $95 millones. Para apoyo jurídico;
Por $95 millones. Para apoyo jurídico;
4.2º
UNP, Unidad Nacional de Protección.
Por $32 millones. Firmado en marzo 13 de 2015 con vigencia de 4 meses para “prestar servicios de acompañamiento y asesoría jurídica en los asuntos de la UNP y en relación con la Negociación del Pliego de Solicitudes presentado por la Asociación Sindical de Empleados de la Protección A.S.E.P.”;
Por $32 millones. Firmado en marzo 13 de 2015 con vigencia de 4 meses para “prestar servicios de acompañamiento y asesoría jurídica en los asuntos de la UNP y en relación con la Negociación del Pliego de Solicitudes presentado por la Asociación Sindical de Empleados de la Protección A.S.E.P.”;
4.3º Coljuegos.
Por $109.249.000. De febrero 23 a diciembre 30 de 2017, de 10 meses. Para “brindar asesoría en derecho administrativo sancionatorio y desarrollo normativo, para combatir la operación ilegal de los juegos de suerte y azar”;
Por $109.249.000. De febrero 23 a diciembre 30 de 2017, de 10 meses. Para “brindar asesoría en derecho administrativo sancionatorio y desarrollo normativo, para combatir la operación ilegal de los juegos de suerte y azar”;
4.4º Servicios Postales Nacionales S.A.
Por $168.000.000. Para asesorar en materia de derecho laboral y seguridad social en abril de 2016.
Por $168.000.000. Para asesorar en materia de derecho laboral y seguridad social en abril de 2016.
4.5º
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
del Espinal, Tolima.
Por $14.600.000. De junio 15 de 2016. Para presentar recurso de casación y la defensa de la entidad a la demanda de casación de Jorge Eliécer Balaguera, ante la Sala Laboral de la Corte Suprema, donde fue presidente.
Por $14.600.000. De junio 15 de 2016. Para presentar recurso de casación y la defensa de la entidad a la demanda de casación de Jorge Eliécer Balaguera, ante la Sala Laboral de la Corte Suprema, donde fue presidente.
5º
María del Rosario González.
Magistrada.
Magistrada.
Tenía en su despacho el proceso contra
Hernán Andrade y, según la Corte, fue
ella quien antes de 2010 llevó a la Sala Penal un proyecto de fallo
inhibitorio, es
decir, no se pronunciaba a fondo por no encontrar las pruebas
suficientes para hacerlo.
6º Luis Guillermo Salazar.
Magistrado.
Magistrado.
Fue quien presento la ponencia de la preclusión y
no la magistrada González, quien en 2015, tres meses antes de acabar su periodo
como magistrada, renunció a su cargo por "motivos personales".
7º Ruth Marina Díaz.
Magistrada.
Magistrada.
Presidenta de la Corte Suprema. Formó parte de la exclusiva oficina de
Gustavo Moreno y Francisco Ricaurte. Moreno le dijo a la Corte que la
magistrada Díaz “precisamente ayudaba en algunos casos porque decía tener
alguna influencia sobre un magistrado en particular”. La magistrada que
se iba con licencias remuneradas de la Corte Suprema a cruceros por el Caribe.
8º
Javier Zapata Ortiz.
Magistrado.
Magistrado.
Presidente de la corte. Viajo a
Panamá con Leonidas Bustos a encuentro organizado por la embajadora, Angela Benedetti, investigada
por en el ‘Carrusel de la contratación en Bogotá’ por su conocida reunión con
los reos Nule. La investigación fue archivada durante la Fiscalía de Iguarán.
Reunión a la que también asistió la procuradora, Pineda Céspedes y los abogados Moreno y a. ‘yayo’.
9º
Eugenio Fernández Carlier.
Magistrado.
Magistrado.
9.1º David Char Navas, congresista.
Investigación ‘engavetada’ por más de 11 años, en el despacho de Fernández,
desde abril de 2006, quien en octubre de 2017 ordeno capturar a Char Navas por concierto para delinquir agravado, en relación con
grupos armados al margen de la ley durante las elecciones al Senado en
2006. La investigación contra Char comenzó en abril 5 de 2006 por la
Fiscalía, que documentó más de 600 homicidios cometidos por el frente
paramilitar ‘José Pablo Díaz’ entre 2002 y 2006. Este frente era comandado
por Édgar Ignacio Fierro Flórez, capitán del ejército, a. ‘don Antonio’.
La condena inicial para 'don Antonio' fue de 40 años, pero debido a su
postulación a ‘justicia y paz’, se benefició con la pena alternativa 8 años de
cárcel.
El ‘Computador de la parapolítica’.
Así fue bautizado el equipo de a. ‘don Antonio’ que contenía documentos que comprometían a una gran cantidad de congresistas, alcaldes locales y uniformados que colaboraban con las AUC. En la diligencia encontraron otros dispositivos electrónicos y una agenda con apuntes personales. En ese documento, hallado en la diligencia de allanamiento, registro y captura de a. ‘don Antonio’ se señalaba la manera como colaboraron en cada municipio los alcaldes, concejales, hospitales, colegios y líderes del Atlántico en la campaña de David Char. También encontraron la carpeta de una reunión en el municipio de Soledad, donde se organizaba en compañía de los paramilitares la campaña de Char Navas.
Así fue bautizado el equipo de a. ‘don Antonio’ que contenía documentos que comprometían a una gran cantidad de congresistas, alcaldes locales y uniformados que colaboraban con las AUC. En la diligencia encontraron otros dispositivos electrónicos y una agenda con apuntes personales. En ese documento, hallado en la diligencia de allanamiento, registro y captura de a. ‘don Antonio’ se señalaba la manera como colaboraron en cada municipio los alcaldes, concejales, hospitales, colegios y líderes del Atlántico en la campaña de David Char. También encontraron la carpeta de una reunión en el municipio de Soledad, donde se organizaba en compañía de los paramilitares la campaña de Char Navas.
9.2º El exfiscal de Anticorrupción, Moreno, declaro en la
Corte que Fernández lo recomendó ante el fiscal Martínez para que él
asumiera el cargo de vicefiscal.
9.3º Moreno también se refirió a
Fernández en el caso de las irregularidades en el proceso por
parapolítica a la congresista Liliana Rendón. El proceso fue tramitado por la
sala de casación penal habiendo sido ponente el magistrado Julio Enrique Socha,
diligencias fueron archivadas en octubre 17 de2012.
10º
Alfredo Betín Sierra.
Fiscal ante la Corte.
Fiscal ante la Corte.
Se prestó para ayudar en las
investigaciones contra el gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. Betín es
cartagenero y, dicen fuentes de la Fiscalía, es ‘cuota’ de Ricaurte y de Gustavo Malo.
11º
Julio César Martínez.
Fiscal ante la Corte.
Fiscal ante la Corte.
Fue quien,
precluyó la investigación contra el congresista conservador Luis Humberto Gómez
Gallo por parapolítica. En 2010,
la Corte Suprema reversó la determinación del fiscal Martínez y Gómez Gallo fue
condenado en 2011 por sus nexos con grupos paramilitares del Tolima, murió por
un infarto 2 años más tarde. La Corte dejó consignado en documentos oficiales
que el trabajo del fiscal Martínez en ese caso estuvo “alejado del rigor de las
evidencias”, descontextualizado, incluso amañado. Por eso, pidió que fuera
investigado por prevaricato. En
2015, cuando Monte-alegre aún era fiscal, Martínez salió del organismo y fue el
notario 58 de Bogotá durante un año.
12º
Eberto Salomón Rodríguez.
Fiscal ante la Corte.
Fiscal ante la Corte.
Estaría vinculado
a este círculo de poder, cuya
esposa, Patricia Ladino, es fiscal delegada ante el Tribunal de Bogotá.
Rodríguez es “amigo íntimo” del magistrado
Eugenio Fernández Carlier.
13º Raúl Acero.
Fiscal ante la Corte.
Fiscal ante la Corte.
Su hija, Verónica Acero, fue nombrada fiscal especializada.
El propio Acero admitió en medios que compró un BMW a su nombre, pero que en
realidad era de Bustos, ese carro terminó en poder de Gustavo Moreno. En junio
de 2016 fue retirado de la fiscalía, pero el Consejo
de Estado dejó en firme un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que obligó a la Fiscalía a reintegrar a Acero.
14º Eduardo Montealegre.
Fiscal General. Ternado por el Presidente Santos y elegido por la Corte, pagó su elección repartiendo puestos y contratos a los familiares de los Magistrados, entre ellos los de Leonidas Bustos y Gustavo Malo. En el caso de Malo, Montealegre le daba puestos en la Fiscalía y después, su hija Yara Malo les cobraba el 20% del sueldo.
Fiscal General. Ternado por el Presidente Santos y elegido por la Corte, pagó su elección repartiendo puestos y contratos a los familiares de los Magistrados, entre ellos los de Leonidas Bustos y Gustavo Malo. En el caso de Malo, Montealegre le daba puestos en la Fiscalía y después, su hija Yara Malo les cobraba el 20% del sueldo.
La Comisión de Acusaciones también fue infiltrada,
parlamentarios procesados por la Corte eran miembros de la Comisión,
encargándose de cerrar y obstaculizar investigaciones contra los Magistrados y
el Fiscal General. En agosto de 2015 se denunció el “rosco grama” que montaron
Montealegre y varios magistrados de la Corte, por supuesto la investigación no
ha avanzado gracias a que ellos controlaban la Comisión.
Congresistas
y Políticos implicados
1º
Álvaro Ashton Giraldo,
congresista liberal. Según la Fiscalía, Ashton en 2014 pagó $1.200 millones, a Ricaurte para evitar una investigación en su contra por parapolítica, proceso que en 2017 aún está en el despacho del magistrado Gustavo Malo. El fiscal Anticorrupción Gustavo Moreno aseguró a la Corte que “$200 millones se entregaron al presidente de la Corte Francisco Ricaurte, y $200 millones al magistrado Leonidas Bustos”. Ashton es procesado en la Corte por parapolítica y por el escándalo de la DNE, Dirección Nacional de Estupefacientes.
congresista liberal. Según la Fiscalía, Ashton en 2014 pagó $1.200 millones, a Ricaurte para evitar una investigación en su contra por parapolítica, proceso que en 2017 aún está en el despacho del magistrado Gustavo Malo. El fiscal Anticorrupción Gustavo Moreno aseguró a la Corte que “$200 millones se entregaron al presidente de la Corte Francisco Ricaurte, y $200 millones al magistrado Leonidas Bustos”. Ashton es procesado en la Corte por parapolítica y por el escándalo de la DNE, Dirección Nacional de Estupefacientes.
La procuraduría en 2017 abre investigación por el
‘cartel de la toga’ a Ashton.
2º Musa
Besaile,
congresista de la U. Confesó haber pagado $2 mil millones para evitar ser capturado en proceso de parapolítica, pero afirma que fue una extorsión; En 2017 la procuraduría abre investigación por el ‘cartel de la toga’ a Musa Besaile.
congresista de la U. Confesó haber pagado $2 mil millones para evitar ser capturado en proceso de parapolítica, pero afirma que fue una extorsión; En 2017 la procuraduría abre investigación por el ‘cartel de la toga’ a Musa Besaile.
3º Hernán Andrade,
congresista conservador. La Fiscalía, apuntaría a que pagó a la ‘red de corrupción’ a cambio de que le “ayudaran” con un proceso que tenía abierto la Corte por enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado, dentro de la investigación por el desfalco de Cajanal.
congresista conservador. La Fiscalía, apuntaría a que pagó a la ‘red de corrupción’ a cambio de que le “ayudaran” con un proceso que tenía abierto la Corte por enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado, dentro de la investigación por el desfalco de Cajanal.
La procuraduría en 2017 abre investigación por el
‘cartel de la toga’ a Andrade.
4º Julio
Manzur,
congresista. Llamado a juicio porque los paramilitares de Mancuso lo ayudaron para llegar al Congreso en 2006. "Moreno nos pidió una suma de $2 mil millones, suma por fuera de lo que indicaba el mercado ‘judicial’. Incluía lo que nos imaginábamos, pero no le di espacio para que me extorsionara”, aclaró.
congresista. Llamado a juicio porque los paramilitares de Mancuso lo ayudaron para llegar al Congreso en 2006. "Moreno nos pidió una suma de $2 mil millones, suma por fuera de lo que indicaba el mercado ‘judicial’. Incluía lo que nos imaginábamos, pero no le di espacio para que me extorsionara”, aclaró.
5º
Juan Carlos Abadía,
gobernador del Valle. Su proceso por corrupción estaba en el despacho del fiscal Alfredo Bettin. En 2017 noviembre: Indagación preliminar contra Abadía, por su presunta participación en el escándalo del ‘cartel de la toga’ abrió la Procuraduría.
gobernador del Valle. Su proceso por corrupción estaba en el despacho del fiscal Alfredo Bettin. En 2017 noviembre: Indagación preliminar contra Abadía, por su presunta participación en el escándalo del ‘cartel de la toga’ abrió la Procuraduría.
6º Temístocles Ortega,
gobernador del Cauca. Imputado por desviar dineros públicos para favorecer y elegir a su sucesor y amigo, Oscar Ortega, proceso en el despacho del fiscal ante la Corte, Alfredo Bettin. El abogado del gobernador era Bustos, a través de Eduardo Saavedra, director del CTI Bogotá, el caso estaba en la unidad de Moreno
gobernador del Cauca. Imputado por desviar dineros públicos para favorecer y elegir a su sucesor y amigo, Oscar Ortega, proceso en el despacho del fiscal ante la Corte, Alfredo Bettin. El abogado del gobernador era Bustos, a través de Eduardo Saavedra, director del CTI Bogotá, el caso estaba en la unidad de Moreno
7º
Diputados del Meta,
condenados en 2008 por una nómina paralela, la corte, con ponencia de Bustos, declaro la prescripción. Según la fiscalía, se reunieron con una mujer muy cercana a Bustos y pagaron $150 millones por cabeza por ese ‘favor’.
condenados en 2008 por una nómina paralela, la corte, con ponencia de Bustos, declaro la prescripción. Según la fiscalía, se reunieron con una mujer muy cercana a Bustos y pagaron $150 millones por cabeza por ese ‘favor’.
8º Alejandro Lyons,
gobernador de Córdoba. 2017 noviembre. La procuraduría abrió indagación preliminar contra Lyons, por su presunta participación en el ‘cartel de la toga’.
gobernador de Córdoba. 2017 noviembre. La procuraduría abrió indagación preliminar contra Lyons, por su presunta participación en el ‘cartel de la toga’.
Asegura que llegó al magistrado
Tarquino a través del congresista por Sucre, Muriel Benito Revollo, quien selló
pactos con paramilitares’. La idea inicial era que Tarquino asesorara a Lyons
en la veintena de procesos que se le siguen por el saqueo de su departamento.
De hecho, le alcanzó a pagar $30 millones.
Lyons, dice que Tarquino le exigió luego $20.000 millones y que le dijo
que “había un grupo de magistrados dedicados a ese tipo de actividades:
intervenir en favor de los intereses de los procesados en las actuaciones que
se adelantaban en la Corte y en la Fiscalía”.
9º Luis Alfredo Ramos,
congresista, gobernador de Antioquia. La Sala Penal de la Corte dejó en libertad a Ramos, quien permanecía bajo custodia en la Escuela de Caballería Cantón Norte de Bogotá desde hace más de 3 años. La decisión no tiene que ver con la absolución del acusado, sino con el vencimiento de términos. La justicia lo investiga por concierto para delinquir y alianza con paramilitares. Gustavo Moreno fue el principal defensor de Ramos en el juicio ante la Corte; acusado por nexos con grupos paramilitares, derivados de una reunión que sostuvo a finales de 2005 en Bello, Antioquia, que nunca negó, con Iván Roberto Duque, a. ‘Ernesto Báez’. Ramos reveló también que a esa reunión asistió Hugo Albeiro Quintero, conocido como el ‘Patrón de Bello’, gerente de ‘Bellanita de Transportes’ que fue condenado a 7 años y medio de prisión por conformar y financiar grupos criminales y sicariales. La parte crucial de este caso que lleva el magistrado Eyder Patiño, tiene que ver en si Ramos tenía y necesitaba o no permiso para acudir a esta. Uno de los testimonios es el del comandante del bloque paramilitar Cacique Pipintá, Pablo Sierra, a. ‘Alberto Guerrero’, quien aseguró bajo juramento que Ramos asistió a una reunión en 2005 con jefes de las Auc en una finca en el municipio de Bello. La Corte también dice que ‘el tuso ’Sierra, antes de 1998 le habría entregado a Ramos $10 millones de pesos.
Falsos testigos.
De los 5 testigos en los
que se basó la Corte para acusar a Ramos, 2 resultaron
ser falsos. Uno de ellos es Carlos
Enrique Areiza, quien está en prisión por el delito de extorsión desde
2008 y fue imputado por falsedad procesal. Ante el Juzgado 32 Penal de
Medellín, Areiza aceptó el cargo, pidió perdón a Ramos por el daño que causó y
aseguró que fue presionado para declarar en contra del exgobernador. El otro es Mauricio
Palacio Tejada, quien había dicho en 2013 que él mismo llevó a Ramos a
la reunión del 2005. Palacio está en este momento en Chile y fue imputado en
contumacia por falso testimonio. Dos de los 3 testigos que le quedan a la Corte
generan bastantes dudas, según la defensa de Ramos: a. ‘el tuso Sierra’ nunca
declaró y podría ser imputado en contumacia y a. ‘Alberto Guerrero’, quien
también es testigo en los procesos contra Santiago Uribe y su hermano, nunca se
desmovilizó del bloque Cacique Pipintá y fue capturado por las autoridades.
Guerrero fue condenado a 40 años.
10º Alvaro García Romero, a. ‘el gordo’.
Congresista. Su proceso estuvo quieto por 6 años, antes de ser condenado por la ‘Masacre de Macayepo’. La masacre de 12 campesinos quedó registrada como una de las más crueles en la historia de la violencia colombiana.
Congresista. Su proceso estuvo quieto por 6 años, antes de ser condenado por la ‘Masacre de Macayepo’. La masacre de 12 campesinos quedó registrada como una de las más crueles en la historia de la violencia colombiana.
11º Luis Gustavo Moreno Rivera,
Fiscal Nacional anticorrupción. Denunciante del ‘cartel de la toga’.
Fiscal Nacional anticorrupción. Denunciante del ‘cartel de la toga’.
11.1º
Desfalco de $15 mil millones. Que toca a Yahir Acuña y que el fiscal Moreno
‘engavetó’. El alcalde de Majagual,
Álvaro Vanegas, contrató 4 vías claves con Javier Eugenio Mizger, ficha de
Yahir Acuña y la plata se ‘esfumó’.
11.2º En septiembre de 2017 Moreno señala 21 congresistas.
Ante la Fiscalía, Moreno reveló los nombres de 20 congresistas que intentaron influenciar en la Corte. Señala como artífices del ‘cartel de la toga’, a Bustos, Malo, Ricaurte y 3 magistrados auxiliares, que ayudaron y apoyaron todo el actuar criminal de los magistrados Bustos, Ricaurte, Malo; Señaló a Camilo Ruiz, magistrado auxiliar de Malo, quien salió de la Corte el pasado mayo 8 de 2017 en el más completo hermetismo; a Luz Mabel Parra, magistrada auxiliar de Bustos, fiscal delegada ante la corte; a Raúl Acero, fiscal delegado ante la corte, que admitió haber comprado en nombre de Bustos un BMW.
Ante la Fiscalía, Moreno reveló los nombres de 20 congresistas que intentaron influenciar en la Corte. Señala como artífices del ‘cartel de la toga’, a Bustos, Malo, Ricaurte y 3 magistrados auxiliares, que ayudaron y apoyaron todo el actuar criminal de los magistrados Bustos, Ricaurte, Malo; Señaló a Camilo Ruiz, magistrado auxiliar de Malo, quien salió de la Corte el pasado mayo 8 de 2017 en el más completo hermetismo; a Luz Mabel Parra, magistrada auxiliar de Bustos, fiscal delegada ante la corte; a Raúl Acero, fiscal delegado ante la corte, que admitió haber comprado en nombre de Bustos un BMW.
Moreno entregó información sobre 20
aforados que habrían pagado porque sus investigaciones fueran frenadas,
archivadas o se cambiara su rumbo con el manejo de testigos. Aunque Moreno
señala como responsables a Gustavo Malo y a Leonidas Bustos, no todos los casos
estaban asignados a estos dos despachos, por lo que no todos los procesos
rindieron los frutos que se esperaban.
1º Musa,
quien logró mediante el pago de $2.000 millones, que su caso fuera engavetado en el despacho del magistrado Malo. Los detalles que entregó Moreno, llevaron a que la Corte dictara orden de captura en su contra por cohecho por dar y prevaricato.
quien logró mediante el pago de $2.000 millones, que su caso fuera engavetado en el despacho del magistrado Malo. Los detalles que entregó Moreno, llevaron a que la Corte dictara orden de captura en su contra por cohecho por dar y prevaricato.
2º Zulema Jattin Corrales.
Congresista. Quien una vez estalló el escándalo fue llamada a juicio por parapolítica;
Congresista. Quien una vez estalló el escándalo fue llamada a juicio por parapolítica;
3º Germán Olano Becerra.
Congresista. Cuyo proceso cursaba en el despacho de Bustos y ahora lo tiene Francisco Acuña;
Congresista. Cuyo proceso cursaba en el despacho de Bustos y ahora lo tiene Francisco Acuña;
4º Hernando José Padauí.
Congresista. Miembro de la Comisión de Acusaciones a cargo de investigar a los magistrados cuestionados.
Congresista. Miembro de la Comisión de Acusaciones a cargo de investigar a los magistrados cuestionados.
5º Carlos Alberto Escobar Córdoba.
Congresista por el Chocó.
Congresista por el Chocó.
6º José Rodolfo Pérez Suárez.
Congresista por el Casanare.
Congresista por el Casanare.
7º Lucas Segundo Gnecco Cerchar.
Gobernador del Cesar. Quien ya tiene una condena de la corte por celebración indebida de contratos.
Gobernador del Cesar. Quien ya tiene una condena de la corte por celebración indebida de contratos.
8º Manuel Carebilla Cuellar.
Gobernador del Amazonas.
Gobernador del Amazonas.
9º Martín Emilio Morales Diz.
Congresista. En la cárcel por homicidio, nexos con bandas criminales y alianzas con paramilitares.
Congresista. En la cárcel por homicidio, nexos con bandas criminales y alianzas con paramilitares.
10º Álvaro Ashton.
11º Julio Manzur.
12º Hernán Andrade.
13º Luis Alfredo Ramos.
11.3º En noviembre de
2017 Moreno señala más Implicados.
En gracia al principio de oportunidad, el exfiscal Anticorrupción Moreno, se comprometió con la Fiscalía a declarar en contra de 26 personas más que estarían involucradas en el ‘cartel de la toga’:
En gracia al principio de oportunidad, el exfiscal Anticorrupción Moreno, se comprometió con la Fiscalía a declarar en contra de 26 personas más que estarían involucradas en el ‘cartel de la toga’:
1º ‘Prenderá el ventilador’ en contra los
magistrados y exmagistrados de la Corte Malo, Ricaurte, Tarquino, Bustos y
Camilo Ruiz.
2º Declarará contra los congresistas y
excongresistas Zulema Jattin, Ashton, Besaile, Manzur, Ramos Botero, Óscar Mauricio Lizcano, Martin Emilio
Morales, Nilson Córdoba, Argenis Velásquez,
Julio Eugenio Gallardo Archbold.
2.1ª. Argenis Velásquez Ramírez.
Congresista liberal del Putumayo. Reconoció que le entregó a Moreno $200 millones como honorarios por su defensa ante la Corte, en un proceso por irregularidades en la ejecución de recursos de la salud en el departamento de Putumayo. Aseguró que Moreno le exigió más dinero argumentando que su caso estaba ‘enredándose’ en la Corte, “en el momento en que Moreno me dice que la situación estaba más compleja, me dijo que había que reajustar los honorarios, le dije que yo no tenía plata, ni recursos para ello”.
Congresista liberal del Putumayo. Reconoció que le entregó a Moreno $200 millones como honorarios por su defensa ante la Corte, en un proceso por irregularidades en la ejecución de recursos de la salud en el departamento de Putumayo. Aseguró que Moreno le exigió más dinero argumentando que su caso estaba ‘enredándose’ en la Corte, “en el momento en que Moreno me dice que la situación estaba más compleja, me dijo que había que reajustar los honorarios, le dije que yo no tenía plata, ni recursos para ello”.
2.2º. Nilton Córdoba Manyoma.
Congresista liberal del Choco. Tiene 5 procesos en la Corte, de los cuales 2 fueron unificados y quedaron en cabeza del magistrado Malo. Gustavo Moreno dice que el congresista pagó $ 200 millones al magistrado auxiliar Camilo Ruiz para evitar una orden de captura.
Congresista liberal del Choco. Tiene 5 procesos en la Corte, de los cuales 2 fueron unificados y quedaron en cabeza del magistrado Malo. Gustavo Moreno dice que el congresista pagó $ 200 millones al magistrado auxiliar Camilo Ruiz para evitar una orden de captura.
2.2.1º Se abre investigación a
Córdoba sin orden de captura, en relación con la construcción del palacio
municipal cuando fue alcalde del bajo Baudó, quien jugó un papel clave
para el referendo de AUV y el beneficio que recibió habría
sido precisamente la remodelación del palacio municipal. Como
alcalde del Medio Baudó en 2009 firmó el convenio interadministrativo con el
mininterior y con Fonsecon para construir el palacio municipal. Esa obra costó
$810 millones, tuvo un anticipo de $228 millones. La irregularidad estaría en
que Córdoba entregó las obras a un contratista que empezó a construir en un
lote que no era el pactado al parecer porque el terreno inicial resultó
afectado por la ola invernal de finales de 2009.
2.2.2º Una investigación más
delicada en contra del exalcalde -que refiere Gustavo Moreno- está en este alto
tribunal por presuntas irregularidades en el trámite de regalías producto de la
explotación de oro. Se le señala de maniobras para intentar legalizar
dinero y activos de la mafia. "Había informes del DNP y estaba acreditado
que no era un municipio minero, a Francisco (Ricaurte) le preocupada por el
vínculo que tenía este proceso con grupos paramilitares y bandas
criminales".
2.2.3º
En el despacho de Bustos, también existía una investigación por alianzas con
grupos paramilitares para llegar a salir electo alcalde entre el 2007 y 2011.
"Lo recuerdo porque en una de las reuniones nos preguntó si el doctor
Bustos nos va a ayudar". Dicho proceso, según manifiesta Moreno, está
actualmente en el despacho de Eyder Patiño. "Ricaurte sabía que Nilton podía
conseguir el dinero (del reajuste) porque sabía del manejo de regalías y de
lavado de dinero", indicó Moreno.
3º Salpicará a los exalcaldes y exgobernadores
Franklin Germán Chaparro, Juan Carlos Abadía, Lucas Segundo Gnneco, Alberto
Velásquez, Sandra Paola Hurtado y Alejandro Lyons Muskus.
4º También a abogados, funcionarios y
exfuncionarios públicos de la Fiscalía y la Corte como Martha Cristina Pineda,
Luis Raúl Acero, Luis Ignacio Lyons, Alfredo Bettin España y Héctor Gerardo
Torres.
.jpg)
0 comentarios:
Publicar un comentario