Militares y Narcotráfico Famosos fueron los conocidos 'pájaros' o 'chulavitas' de la violencia de los años 50 como estrategia estatal organizada por el partido Conservador,
partido de gobierno de la época, que buscaba descontar la diferencia política
con el otro partido, el Liberal, y apropiarse de las tierras que le quitaba a
los campesinos, iniciando una ola de violencia contra campesinos liberales,
para consolidar su hegemonía. Ante el asesinato del líder liberal, Jorge
Eliécer Gaitán en 1948, se desencadenó una guerra civil que dejaría más de 300
mil muertos y dos millones de desplazados del campo.
La lucha entre liberales y conservadores no fue sino una excusa para la
expansión del latifundio y para que, amparados en esta violencia institucional,
las autoridades políticas, los gamonales y caciques, además de ser sus
gestores, fueran quienes más provecho económico y político sacaran, pues
contribuyó eficazmente a generar riquezas y reorganización política y regional.
Del trabajo sucio se encargaron los 'pájaros' (paramilitares de la época), que
eran el brazo 'civil' del ejército.
Primero llegaban militares o policías a
un pueblo. Desarmaban a la población y a la madrugada del día siguiente
aparecían los 'pájaros' para matar a todo el mundo e implantar el régimen del
terror, vieja combinación de las formas de lucha del Estado colombiano.
En 1960, en un pacto bipartidista
liberales y conservadores acordaron turnarse el poder equitativamente cada
cuatro años en lo que se conoció como el Frente Nacional. Al decretar ese
'perdón y olvido', no sólo se tendió un manto de impunidad a las atrocidades
cometidas por el régimen durante esos años, sino que fue la mejor forma de
legalizar la expropiación y robo de tierras de los miles de campesinos
desplazados, acrecentando el latifundismo en Colombia.
¿PARA QUÉ?
La violencia parainstitucional "no
tiene por objeto la transformación de la sociedad, sino el de garantizar complementar
y suplementar su adecuado funcionamiento cuando el Estado no está en
condiciones de hacerlo por las limitaciones que tiene en todos los órdenes.
Parainstitucional en la medida en que es afín a los objetivos del ordenamiento
existente y se compromete con el auxilio a la organización institucional".
El actual término paramilitar es el
reconocido para identificar las diferentes expresiones que han tenido los
grupos de justicia privada, escuadrones de la muerte, bandas de sicarios,
grupos de limpieza social o autodefensas, que han operado en los últimos 15
años en Colombia. Se conocen más de 350 nombres de estas agrupaciones que
aparecen y desaparecen sin dejar rastro, luego de cumplir su objetivo: la
selección y asesinato de sus víctimas, el desplazamiento de amplios sectores de
la población y la siembra del terror.
Esta intermitencia ha facilitado la protección no sólo de sus verdaderas identidades, sino, en especial, de sus promotores y los intereses que persiguen; y al Estado le ha servido para eludir su responsabilidad directa en la existencia cómplice -por acción u omisión- de estos asesinos a sueldo. Pero sobre todo, para impedir que se sepa la realidad del paramilitarismo en Colombia y sus estrechos vínculos desde los años 80 con el narcotráfico, algunos sectores de la empresa privada y una amplia franja de militares.
Esta intermitencia ha facilitado la protección no sólo de sus verdaderas identidades, sino, en especial, de sus promotores y los intereses que persiguen; y al Estado le ha servido para eludir su responsabilidad directa en la existencia cómplice -por acción u omisión- de estos asesinos a sueldo. Pero sobre todo, para impedir que se sepa la realidad del paramilitarismo en Colombia y sus estrechos vínculos desde los años 80 con el narcotráfico, algunos sectores de la empresa privada y una amplia franja de militares.
Por esta causa el investigador Carlos
Alberto Ruíz, se atreve a afirmar sobre los paramilitares que "del
Estado nacieron como lo reflejan las disposiciones que crearon y pusieron en
marcha esa estructura; según sus directrices, se desarrollaron; en su ideología
de Seguridad Nacional se formaron; del Estado recibieron armas y ayuda para la
redacción de los estatutos y la contratación de los mercenarios; las Fuerzas
Armadas y gran parte de las autoridades civiles protegen su avance en las
regiones, avalan su proyección política y garantizan la impunidad de sus
crímenes; del Estado depende la vitalidad de esas organizaciones que no son,
como se sugiere, una rueda suelta" .
En el mismo sentido, el libro
"Tras los Pasos perdidos de la Guerra Sucia en Colombia",
investigación adelantada por seis ONG en Bruselas, afirma que el fenómeno
paramilitar no es un hecho aislado sino una política de Estado, clara y
conscientemente definida al interior de las Fuerzas Armadas colombianas,
contenida en los propios manuales de las instituciones castrenses y que cuenta
con el conocimiento y aval de los respectivos gobiernos.
Es por eso que en archivos y
escritorios de oficinas estatales reposan desde hace años pruebas sobre los
nexos entre las acciones criminales de los paramilitares y numerosos militares.
Inclusive declaraciones de desertores que comprometen a altos oficiales
militares o de policía, hoy ascendidos y condecorados. Pero la impunidad se burla
de las víctimas.
Esta práctica de violencia
parainstitucional ha golpeado hasta desarticular toda expresión organizada de
la sociedad, produciendo más de un millón doscientos mil desplazados del campo
hacia centros urbanos en los últimos 10 años, cuyas tierras pasaron a otros
dueños, la mayoría testaferros del paramilitarismo o del narcotráfico.
LA TRIPLE A
Según las investigaciones adelantadas
por varias ONG y recogidas en el libro "Terrorismo de Estado en
Colombia", en 1978 amenazas, asesinatos, desapariciones y el ataque a la
sede del Partido Comunista, los periódicos El Bogotano, Voz
Proletaria y la revista Alternativa, habían sido
efectuadas por una organización que se hacía llamar la Triple A -Alianza
Anticomunista Americana- y que operó bajo el Estatuto de Seguridad durante el
gobierno de Turbay Ayala.
Las investigaciones hallaron tras la
sigla los nombres de los militares Tte. Cnel. Harold Bedoya Pizarro, Comandante
del Binci de la XX Brigada; el Capitán Álvaro Velandia Hurtado, miembro del
Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano -Binci- y el Mayor
Iván Ramírez Quintero, Jefe de Operaciones del Binci.
Las acusaciones confirmaban lo que las
víctimas ya sabían. Después del atentado contra su sede en noviembre de 1975,
Alternativa, publicó: "Semanas antes de los atentados, el director del
DAS, Gral. Matallana declaró: 'en Colombia no hay comandos paramilitares de
derecha'... No existiendo grupos paramilitares ni comandos armados de derecha,
elementos capaces de ejecutar estos actos no se encuentran sino dentro de los
propios servicios secretos del Estado. Los integrantes del Binci, por ejemplo,
son duchos en esta clase de actividades... Todo esto con la obvia asesoría de
la CIA (Central de Inteligencia Americana) en sus tareas de represión
clandestina de los movimientos de izquierda".
Sólo 25 años después, las denuncias
apenas empiezan a dilucidarse y en la actualidad la Unidad de Derechos Humanos
de la Fiscalía investiga al oficial Iván Ramírez, por presunta conformación de
grupos paramilitares y por sus nexos con la CIA.
Otro de los integrantes de la Triple A,
el Tte. Cnel. Harold Bedoya lejos de ser acusado o al menos investigado,
continuó ascendiendo en su carrera. En 1990 fue comandante de la VI Brigada en
el Meta. Su llegada coincidió con el fortalecimiento de los grupos
paramilitares de Gonzalo Rodríguez Gacha y Gilberto Molina. Antes había sido el
comandante de la V Brigada en los años de recrudecimiento del paramilitarismo
en los municipios del Carmen y San Vicente de Chucurí, donde opera esta
Brigada.
Durante el Gobierno de Samper fue
Comandante General de las Fuerzas Militares hasta 1996 y, candidato
presidencial (como General retirado) en 1998.
Meses antes de su postulación como
candidato, "el gobierno colombiano forzó el retiro del General Harold
Bedoya, cuya hostilidad a los derechos humanos y su asociación durante toda su
carrera con el aumento dramático de las operaciones conjuntas, entre el
Ejército y los paramilitares son conocidas. 'A Bedoya lo sacamos por derechos
humanos', dijo el Presidente Samper a Human Rights Watch en una
entrevista".
PRIMEROS ACERCAMIENTOS DE PAZ
A comienzos de los ochenta, la
Guerrilla colombiana completaba 20 años de haberse alzado en armas contra el
Sistema. Era la única que continuaba combatiente en el hemisferio. El
Presidente Belisario Betancur, interesado en una negociación con su dirigencia,
promulgó la ley de amnistía que iba dirigida a su desmovilización. Creó la
Comisión de Paz Asesora del Gobierno Nacional e inició conversaciones con la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, alrededor de la cual se agrupaban los
grupos guerrilleros más importantes. Al final de su Gobierno llegaría a la
firma de un cese al fuego con las FARC; De la cual surge el nuevo movimiento
político llamado Unión Patriótica.
Su ascenso político fue arrollador en
todas las corporaciones públicas del país, lo que alarmó a los sectores más
retardatarios, que decidieron frenar a toda costa esta representación. Se
inició así uno de los más oscuros episodios de persecución política en la
historia reciente.
Las intenciones de paz de Belisario no
habían sido del todo claras. Si bien iban dirigidas a la desmovilización de la
guerrilla, los paramilitares no fueron mencionados por ningún lado.
Sólo un miembro de la Comisión Asesora, el día de su instalación, consideró como uno de los temas prioritarios de la agenda "investigar y desactivar efectivamente los grupos paramilitares como el llamado MAS". Lejos de este propósito, el aumento del pie de fuerza en la región del Magdalena Medio en donde operaba el MAS, significó el recrudecimiento de la violencia paramilitar en los años siguientes.
Sólo un miembro de la Comisión Asesora, el día de su instalación, consideró como uno de los temas prioritarios de la agenda "investigar y desactivar efectivamente los grupos paramilitares como el llamado MAS". Lejos de este propósito, el aumento del pie de fuerza en la región del Magdalena Medio en donde operaba el MAS, significó el recrudecimiento de la violencia paramilitar en los años siguientes.
Las acciones de los paramilitares en la
operación exterminio de la UP fueron disfrazadas mediante la utilización de
'matones a sueldo' que, como lo demostrarían más adelante las investigaciones,
no actuaban solos. El primer senador de la UP asesinado en Villavicencio (Meta)
fue Pedro Nel Jiménez, en 1986. Según la investigación del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS El teniente del Ejército Miller Tarcisio Coy
Núñez planeó y dirigió el asesinato del parlamentario. Así lo denunció la
confesión de Álvaro Serrano Humoa, ex sicario que trabajaba como informante de
la red de Inteligencia del B-2, de la VII Brigada del Ejército. A pesar de la
investigación del DAS la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares
inició una indagación preliminar y se abstuvo de abrir un proceso disciplinario
el 18 de febrero de 1989 y archivó el caso.
En el primer año de creada la UP, 700
de sus miembros fueron asesinados por sicarios. Diez años después, sumaban más
de tres mil. En esta funesta campaña se habían aliado el narcotráfico y los
partidos tradicionales en las distintas regiones en contra de la UP. Así se
inició una orgía de asesinatos contra senadores, diputados, concejales,
alcaldes, sindicalistas, activistas políticos, dirigentes cívicos, populares,
campesinos y representantes de numerosos sectores populares de este movimiento
político.
En 1987, siendo presidente de la UP el
ex magistrado Jaime Pardo Leal, en una rueda de prensa, acusó con nombres y
grados, a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, comprometidos en
asesinatos y desapariciones de miembros de su Partido. También señaló a varios
de los uniformados por su participación en actividades paramilitares. Pero como
los demás miembros del Partido, Pardo Leal cayó bajo las balas de sus
denunciados. A escasos días de su asesinato, el entonces Cnel. Iván Ramírez
Quintero, Cte. de la XX Brigada, atribuyó el homicidio a sicarios al servicio
de Rodríguez Gacha.
Hasta hoy, ni autores intelectuales ni
materiales del aniquilamiento de la UP han sido castigados. La impunidad es
aberrante. Los asesinos continúan libres, pese a conocerse multitud de
denuncias de la complicidad entre paramilitares, narcotraficantes y miembros de
las Fuerzas Armadas, y a que en las Naciones Unidas se adelante una demanda
contra el Estado colombiano por exterminio político.
El Ejército, ajeno al proceso de paz,
había seguido en su principio de combatir a la guerrilla y había hecho llamados
a la población y a las fuerzas políticas regionales para crear un frente común
de lucha contra la subversión, que extendió hasta un partido legalmente
constituido, con lo métodos propios de la guerra irregular.
A la alianza regional y económica entre
esmeralderos y narcotraficantes se sumó el secuestro, por parte del M-19, de
una hermana de los Ochoa -conocidos narcos del cartel de Medellín- como
detonante para la conformación de una estructura paramilitar en Puerto Boyacá.
Junto con otros sectores los nuevos ricos del narcotráfico habían creado el MAS
(Muerte a Secuestradores), en 1981. La guerra contra la guerrilla fue la razón
que esgrimieron ganaderos, terratenientes, miembros de las Fuerzas Militares,
comerciantes y multinacionales, para inaugurar uno de los capítulos más
siniestros de la historia contemporánea del país. Se refundaría el
paramilitarismo en Colombia, como un proyecto nacional de carácter
político-militar.
LA TENEBROSA XX BRIGADA
El 24 de noviembre de 1984 fue asesinado
Oscar William Calvo, reinsertado del Ejército Popular de Liberación y vocero de
su Organización en la firma de los Acuerdos de Paz con Betancur. Dos años más
tarde, la confesión de un suboficial del Binci de la XX Brigada ante la
Procuraduría, vinculó a los coroneles Iván Ramírez Quintero y Alvaro Velandia
Hurtado en la tortura a dos miembros de la Juventud Trabajadora de Colombia en
las instalaciones del Binci y relacionó a esta Brigada con el asesinato del ex
guerrillero Calvo.
Garzón Garzón había tenido la misión de
ser agente infiltrado, primero en las FARC y luego en el M-19. Después fue
adscrito a la compañía de operaciones especiales de la misma, encargada de
realizar operaciones encubiertas, entre las cuales estaba el llevar a una finca
cerca de Bogotá, a los 'desaparecidos' para interrogarlos y posteriormente
asesinarlos.
La fuga de uno de ellos, Carlos Uribe,
guerrillero del EPL, condujo a las autoridades hacia el Sargento Garzón Garzón.
Cuando éste se sintió sin el respaldo de sus superiores, decidió hablar. Su
primera revelación fue señalar el sitio donde estaban enterradas varias
personas desaparecidas entre 1984 y 1989. Se trataba del cementerio de
Guayabetal, en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio. Una Comisión
Judicial halló sepultados como N.N. a varios desaparecidos, entre ellos Nidia
Erika Bautista y Amparo Tordecilla, militantes del M-19. Este caso tuvo una
amplia repercusión internacional. El suboficial Garzón señaló al Cnel. Velandia
de la XX Brigada, como uno de los autores intelectuales del crimen de Bautista.
Según la confesión del ex Sargento,
estos hechos, junto con el asesinato de Calvo eran responsabilidad de una
estructura de la Brigada. Garzón la describió como un grupo que estaba
compuesto por militares activos y civiles. Uno de ellos, el ex soldado José
Clemente Menéndez López, miembro del grupo paramilitar de Puerto Boyacá,
encargado de "matar a las personas que se levantaban" o sea a los
desaparecidos, había sido traído por el propio Cnel. Velandia Hurtado desde el
Magdalena Medio.
EL PROCURADOR DESEN 'MAS' CARA
El 4 de febrero de 1983, el Procurador
General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, denunció ante el Congreso de la
República que en la creación del MAS habían participado 163 personas, 59 de las
cuales eran oficiales del ejército en servicio activo, junto a representantes
de la Texas Petrolum Company, ganaderos y políticos de la región, cuyo radio de
acción se centraba en Puerto Boyacá. Según el Procurador, "se estaba
extendiendo la viciosa costumbre de que los militares se apoyaran en gentes
privadas, para llevar a cabo sus labores de contrainsurgencia". Tras la
sigla del MAS se escondía un grupo creado y dirigido por el entonces segundo
comandante del Batallón Bomboná, mayor Alejandro Alvarez Henao y por el jefe de
su Sección de Inteligencia, S-2, capitán Guillermo Visbal Lizcano.
También el Procurador afirmó que dentro
de los 59 oficiales activos del ejército creadores del MAS, se encontraban el
Coronel Velandia, como Cte. del Batallón de Infantería XIV "Patriotas",
perteneciente a la VI Brigada y el Capitán Oscar Echandía Sánchez cuando se
desempeñaba como alcalde militar del municipio de Puerto Boyacá, entre 1981 y
1982.
Más tarde, la confesión del propio
Capitán Echandía Sánchez serviría para vincular al Tte. Cnel. Jaime Sánchez
Arteaga, Cdte del Batallón Bárbula en 1982, en la creación del MAS, y al Tte.
Cnel. Plazas Vega, Cdte de la Escuela de Caballería -perteneciente a la XII
Brigada- Según el mismo testimonio la organización del grupo paramilitar había
sido patrocinada por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Echandía
afirmó en su confesión que existían estrechos lazos entre Rodríguez Gacha y la
Escuela de Caballería.
Pero mientras el Procurador acusaba a
los militares de estar involucrados en paramilitarismo, los gremios de la
producción salían en su defensa, dándole respaldo público a las Fuerzas
Armadas. Pedro Juan Moreno Villa, Presidente de la Federación de Ganaderos de
Antioquia de Fedegan, acusó entonces a la Procuraduría de poner en peligro las
vidas de los militares acusados. Varios de los acusados por el Procurador de
pertenecer al MAS eran ganaderos miembros de Fedegan y los abogados de esta
Federación asumieron la defensa de las personas que fueron acusadas por la
Procuraduría. Seis años después, estos mismos abogados asumirían la defensa de
los miembros del MAS de Puerto Boyacá, acusados de las masacres en La Negra y
La Hondura, en marzo y abril de 1988, en Urabá.
La Asociación Nacional de Industriales (EMPRESARIOS) ANDI, también salió en defensa de los militares y públicamente los respaldó:
"El MAS no existe sino en mentes enfermizas de malos colombianos, las
Fuerzas Armadas saldrán airosas", publicaron en una comunicación conjunta
firmada por varios gremios.
A pesar de la gravedad de la denuncia hecha
ante el Congreso de la República por el Procurador General de la Nación, lejos
de frenarse el proyecto paramilitar, se fortaleció e irradió por todo el país,
teniendo como modelo el implantado en el Magdalena Medio.
EL MODELO PUERTO BOYACÁ
Existen los más diversos grados de
implicación de las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares. El origen de
todo está, sin duda, en haber permitido, desde el comienzo, que estos grupos de
autodefensas fueran usados por grupos mafiosos como las asociaciones de esmeralderos
del Occidente boyacense y el cartel de Medellín.
Desde 1973, con la privatización de la
explotación de las minas esmeraldíferas de Boyacá, la conformación de ejércitos
privados fue aceptada o al menos tolerada, como un rasgo inherente a este negocio,
debido al limbo legal en el que se encontraban los guaqueros o mineros
artesanales.
La zona de mayor explotación está ubicada en la hoya del río Minero, de donde procede algo más del 80% de las esmeraldas del país, entre los cuales sobresalen Briceño, Buena Vista, Muzo, Maripí, Otanche, Pauna y San Pablo de Borbur.
Para los mineros de Borbur, en el municipio de Puerto Boyacá, éste sitio se convirtió en ruta obligada de comercio, cuando su rival de Coscuez les cerró la entrada de Chiquinquirá por Pauna.
De allí provinieron nexos permanentes entre este grupo y las posteriores Autodefensas de Henry de Jesús Pérez, en el Magdalena Medio, las cuales fueron organizadas y financiadas -como denunció el Departamento Administrativo de Seguridad DAS por Gilberto Molina, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.
Pero desde antes de la entrega en concesión, la minería ilegal trabajaba de manera conjunta con el legendario Efraín González y los jefes de estos clanes, los Molina, Silva, Carranza, Murcia, quienes a lo largo de los años se han visto enfrascados en líos judiciales, vendettas, homicidios, paramilitarismo y narcotráfico.
Por ejemplo, Gilberto Molina, esmeraldero, narcotraficante y reconocido jefe paramilitar en Cundinamarca, el Magdalena Medio, Boyacá y Puerto Boyacá, fue asesinado en 1989 en Sasaima por sus disputas con Rodríguez Gacha, otro reconocido esmeraldero y narcotraficante. Varios miembros de los Murcia fueron asesinados y un descendiente de Isauro y Olmedo Murcia, jefes esmeralderos tradicionales, fue capturado en mayo de 1998, sindicado de ser miembro importante del cartel de Bogotá.
O el caso de los Gaitán Mahecha (Orlando, Ángel y Custodio) señalados como narcotraficantes y envueltos en episodios de sangre, dentro de la llamada guerra verde, como la masacre de Altos del Portal en 1988, en Bogotá. Actualmente se encuentran vinculados por paramilitarismo e investigados por los hechos de la Convivir Guacamayas, de San Roque.
La zona de mayor explotación está ubicada en la hoya del río Minero, de donde procede algo más del 80% de las esmeraldas del país, entre los cuales sobresalen Briceño, Buena Vista, Muzo, Maripí, Otanche, Pauna y San Pablo de Borbur.
Para los mineros de Borbur, en el municipio de Puerto Boyacá, éste sitio se convirtió en ruta obligada de comercio, cuando su rival de Coscuez les cerró la entrada de Chiquinquirá por Pauna.
De allí provinieron nexos permanentes entre este grupo y las posteriores Autodefensas de Henry de Jesús Pérez, en el Magdalena Medio, las cuales fueron organizadas y financiadas -como denunció el Departamento Administrativo de Seguridad DAS por Gilberto Molina, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.
Pero desde antes de la entrega en concesión, la minería ilegal trabajaba de manera conjunta con el legendario Efraín González y los jefes de estos clanes, los Molina, Silva, Carranza, Murcia, quienes a lo largo de los años se han visto enfrascados en líos judiciales, vendettas, homicidios, paramilitarismo y narcotráfico.
Por ejemplo, Gilberto Molina, esmeraldero, narcotraficante y reconocido jefe paramilitar en Cundinamarca, el Magdalena Medio, Boyacá y Puerto Boyacá, fue asesinado en 1989 en Sasaima por sus disputas con Rodríguez Gacha, otro reconocido esmeraldero y narcotraficante. Varios miembros de los Murcia fueron asesinados y un descendiente de Isauro y Olmedo Murcia, jefes esmeralderos tradicionales, fue capturado en mayo de 1998, sindicado de ser miembro importante del cartel de Bogotá.
O el caso de los Gaitán Mahecha (Orlando, Ángel y Custodio) señalados como narcotraficantes y envueltos en episodios de sangre, dentro de la llamada guerra verde, como la masacre de Altos del Portal en 1988, en Bogotá. Actualmente se encuentran vinculados por paramilitarismo e investigados por los hechos de la Convivir Guacamayas, de San Roque.
NARCOTRÁFICO Y PARAMILITARES
Hasta los años 80 el paramilitarismo se
había conservado con 'bajo perfil' y era presentado con el ropaje de las
acciones encubiertas del Ejército, en el marco de la conocida Doctrina de
Seguridad Nacional -SN- y el Conflicto de Baja Intensidad -CBI- que inspirada
en la doctrina Kennedy de la Guerra Fría de los años sesenta, seguían los
ejércitos latinoamericanos.
Pero ya en esta década, para el lavado
de dinero las mafias del narcotráfico utilizaron, entre muchas otras formas,
grandes inversiones en finca raíz en las ciudades y en haciendas rurales. Esto
último generó un fenómeno que ya se había dado en los años de la violencia de
los cincuentas: el cambio de los propietarios de la tierra.
Según estudios publicados por el
investigador Alejandro Reyes, para 1995 los narcotraficantes habían comprado
fincas en 409 municipios del país, que representan el 42% de los municipios
colombianos. Para finales de 1997, la concentración de la tierra en manos de
los narcotraficantes, ascendía a cuatro millones de hectáreas, algo así como el
10% del área más productiva del territorio nacional.
Los narcos compraron las mejores
tierras, lo que quiere decir que en sus manos debería estar concentrada la
seguridad alimentaria del país. Sin embargo, el uso que han dado a la tierra es
el de ganadería extensiva, depredadora del ambiente y poco intensiva en
administración. Fenómeno que se ha generalizado a lo largo de la frontera
agrícola colombiana: la cuenca del río Cauca, las cuencas alta y media del río
Magdalena, la costa Atlántica y la cuenca de la Orinoquia. Esto reforzó un
proceso de 'reordenamiento' de la población y el territorio, lo que contribuyó
al aumento del desempleo y pobreza rurales y generó una crisis de alimentos.
A su vez, los índices de pobreza rural
crecieron desde 65% en 1991 al 72% en 1995, así como el aumento de la brecha
entre ingresos rurales y los urbanos en 36 puntos, en el período de 1990 a
1993.
Según Reyes, la compra de tierras por
el narcotráfico cambió los términos del problema agrario pues elevó la
concentración de la tierra en pocas manos; generó un desplazamiento de
campesinos, en especial a las grandes ciudades; sobrevaloró las tierras;
estimuló la ganadería extensiva en perjuicio de la agricultura y los bosques;
financió la vinculación de las estrategias públicas y privadas de contrainsurgencia,
que le disputan el territorio a las guerrillas a través del terror hacia la
población y aumentó los niveles de violencia.
La década de los ochenta será recordada
con terror por los colombianos. Cuando la mafia de la droga asesinó al Ministro
de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el Presidente Barco reavivó el tratado de
extradición con Estados Unidos. Entonces los capos de la droga se dedicaron al
accionar terrorista para evitar ser extraditados a purgar condenas en el país
del Norte.
En 1987, cuando un noticiero de
televisión mostró en el departamento del Huila, a paramilitares fuertemente
armados, se generó el primer debate nacional sobre el tema, en el cual el
Ministro de Justicia José Manuel Arias Carrizosa, acudió en su defensa.
"Soy partidario de que la gente se defienda porque está consignado en las
leyes, porque está consignado en la naturaleza humana".
Mientras tanto numerosos carros-bomba
fueron detonados en varias ciudades con multitud de muertos y damnificados; un
avión estalló en pleno vuelo y todos sus ocupantes murieron; ante la mirada
impotente del país, cayeron asesinados el Procurador, varios candidatos
presidenciales, periodistas, magistrados, jueces, activistas de izquierda,
sindicales, comunitarios y defensores de derechos humanos, sin que el Estado
actuara para impedirlo o para detener a los autores intelectuales y materiales.
Sólo en la ciudad de Medellín, entre
1988 y 1992, fueron asesinados mil jóvenes bajo la modalidad de masacres. Las
acciones seguían un mismo patrón: hombres con armas automáticas movilizados en
potentes carros que sacaban a sus víctimas de las casas o lugares de trabajo.
Aparecían luego los cuerpos en sitios apartados y con visibles señales de
tortura, bajo la dirección de estas bandas de sicarios. Fue la conocida guerra
de los carteles de la droga.
En el campo, regiones como Córdoba, Antioquia (en especial en Urabá), Magdalena Medio y Meta se vieron de la noche a la mañana con una nueva clase de dueños: aquellos que habían hecho sus fortunas con el negocio de las drogas. Como parte de su accionar, las mafias buscaron consolidación territorial en ciertas regiones del país, ubicadas como zonas de seguridad y establecieron corredores para efectos del desarrollo del negocio mismo. Utilizaron grupos de sicarios dedicados a todas las actividades que implicaba el negocio: protección de materia prima, laboratorios, territorios, de los jefes, vendettas entre grupos y la proliferación de grandes extensiones de cultivos ilícitos.
VLADIMIR: PARAMILITAR CONFESO
En 1988, el Departamento Administrativo
de Seguridad -DAS- acusó a la Asociación de Ganaderos y Campesinos del
Magdalena Medio Acdegam de servir de fachada a la organización paramilitar
autora de las masacres de Urabá. Esta acusación respaldaba la declaración de
Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, paramilitar confeso condenado a 60
años de cárcel por su participación en las masacres de Segovia, La Rochela y
otras planeadas desde la estructura paramilitar del Magdalena Medio.
"Acdegam tuvo dos juntas: la
primera Junta la integraba Henry Pérez, Gonzalo Pérez, Nelson Lesmes, Alejandro
Echandía (hermano del Coronel Echandía) y Eduardo Ramírez... Después
Cuando se crearon los paramilitares,
ellos pasaron a la Junta militar de los paramilitares. Pero cuando ellos
permanecieron en la Junta de Acdegam, desde allí dirigieron varios delitos
tanto en Puerto Boyacá, Puerto Berrío y la Sierra, que pertenecen al municipio
de Nare en Antioquia; también presionaron a los funcionarios judiciales para
que los delitos no salieran a flote... Acdegam directamente no recibía ni
dinero ni armas. La relación de esta cooperativa era de colaboración y
coordinación de las operaciones militares".
Como confesó Vladimir, las autodefensas
creadas con respaldo legal, empezaron a violar su naturaleza jurídica por
órdenes expresas de altos mandos militares. "En una ocasión llegó el
general Yanine y nos dio una conferencia en la escuela 01 en donde nos
manifestó que debíamos pasar de la defensiva a la ofensiva. Yanine planteó que
había que reestructurar las autodefensas....".
En esta reestructuración fue
fundamental el papel y los cursos dictados por mercenarios extranjeros a los
paramilitares. "Estando en la escuela llegó el coronel Bohórquez...
Rodríguez Gacha,... Pablo Escobar... Víctor Carranza... La finalidad de ese
curso era, para nosotros los paramilitares caer a Casa Verde... Allí los
mercenarios que estuvieron presentes eran Guid Sadaka, Yair (Klein) y
Teddy".
La existencia de paramilitares no sólo
ha beneficiado a organizaciones delincuenciales o a causas militares
antisubversivas. La empresa privada las utilizó como forma de represión de las
protestas laborales, interpretadas por la inteligencia militar como formas de
expresión de la guerrilla.
La Unión de Bananeros de Antioquia
-Uniban- había realizado en 1986 contactos con Ytzhak Maerot Shoshani,
representante de una empresa israelí, que suministraba material bélico al
Ministerio de Defensa de Colombia. Por intermedio de Soshani llegó al país el
mercenario Yair Klein, representante de una empresa que ofrecía asesorías en
materia de seguridad. Su arribo no fue registrado en extranjería. El israelí
dictó cursos de entrenamiento en Puerto Boyacá, a los paramilitares, que al
poco tiempo serían autores de las masacres de marzo de 1988, en Urabá (La Hondura
y La Negra).
A su llegada a Colombia, el contacto de
Klein en Bogotá había sido el Mayor Isauro Hernández Hernández, miembro de la
XX Brigada y de la organización ultraderechista Tradición Familia y Propiedad,
TFP . Durante los entrenamientos, los paramilitares del Magdalena Medio
recibieron instrucción por parte de los mercenarios contratados. Estos cobraron
800 mil dólares, los cuales fueron financiados por TFP , Uniban, y el
narcotráfico, como afirmó Vladimir.
La presencia de Klein en Latinoamérica
no se había limitado a Colombia. Sindicado de entrenar mercenarios para el
cartel de Medellín, salió del país en 1988 hacia Honduras, con el fin de dar
instrucción a los contras nicaragüenses, patrocinados por Estados Unidos.
Según las mismas declaraciones de
Vladimir, esta infraestructura operaba con el apoyo de los Batallones Calibío,
Bárbula, Rafael Reyes y Bomboná, todos pertenecientes a la XIV Brigada. La
alianza entre los Batallones del Ejército y Acdegam se concretó en las masacres
de Cimitarra 1987, La Rochela 1989 y Segovia 1988 Cesar Pérez García del Partido Liberal.
Por esta última, diez años después, un
juez regional de Bogotá condenó a nueve personas, entre ellas, cinco que se
desempeñaban en la época como oficiales activos de las Fuerzas Armadas: el Tte.,
Cnel. Alejandro Londoño Tamayo, Cte. del Batallón Bomboná y el Ctan. de la
Policía Jorge Eliécer Chacón Lasso (18 años de prisión) y los hoy oficiales
retirados My. Hernando Báez Garzón, Ctán, Hugo Alberto Valencia Vivas y el Tte.
Edgar Alfonso Hernández.
Pero Vladimir reveló implicaciones
mayores: "Yo era el comandante en la zona de Puerto Berrío y el área de
nosotros comprendía Pto. Berrío, San José del Nus, Macedos, Segovia, Remedios,
Yondó, Barrancabermeja, Puerto Parra y Cimitarra... Nosotros empezamos a
recibir presiones del Cnel. Navas (Rubio), que era el Cdte. de la sección del
B-2 de la XIV Brigada y del Cnel. Londoño, que era el Cte. del Batallón
Bomboná".
"Estos militares querían que hiciéramos
una acción rápida en Segovia y Remedios... Cuando el señor César García Pérez
perdió las elecciones en Segovia y la alcaldía se la ganó la UP... se comunicó
con Fidel Castaño para pedir ayuda y sacar a la UP de Segovia... Entonces
acordamos con Henry de Jesús Pérez los planes a seguir: primero, yo me iba a
realizar servicio de inteligencia allá en Segovia y segundo, a hacer la
masacre..."
Las investigaciones adelantadas sobre
la masacre concluyeron que varias de las amenazas recibidas por los militantes
de la UP en Segovia, habían sido elaboradas en la máquina de escribir del Cnel.
Alejandro Londoño Tamayo. Y también establecieron que la "Voz de la
verdad", panfleto amenazante del MNR en Segovia, había sido impreso en el
mimeógrafo de la empresa Frontino Gold Mines.
"Yo me entrevisté con el gerente
de la empresa Gool Mines (sic), no recuerdo el nombre, y estuvimos hablando de
la financiación que la empresa le estaba haciendo a la guerrilla... Que la
empresa estaba siendo extorsionada tanto por las FARC como por el ELN. Yo le
manifesté que las intenciones de nosotros eran sacar al ELN y las FARC tanto
del casco urbano de Segovia, como del área rural... Después de eso la empresa
dio una plática para la organización"
El 5 de septiembre de 1996 el oficial
retirado del ejército, Cnel. Hernando Navas Rubio fue detenido luego de
presentarse a la fiscalía de San Andrés, por cargos que lo vinculaban con los
asesinatos de líderes de izquierda del Magdalena Medio y como patrocinador de
la masacre de Segovia. Navas, había sido destituido cuando se desempeñaba como
director de prisiones a raíz de la fuga de Pablo Escobar, de la cárcel La
Catedral en 1992. Las autoridades lo hacían responsable por haber ingresado a
la cárcel de manera inconsulta, lo que ayudó a Escobar a que lo tomara como
rehén, facilitando su huida. La Catedral no era lo único que tenían en común
Navas Rubio y Pablo Escobar. Como lo señaló Vladimir, los dos habían estado muy
cerca de la planeación y ejecución de masacres en el Magdalena Medio.
"LOS PICALEÑOS"
El Narco paramilitarismo no sólo ocultaba
intereses privados y estatales tras diversas siglas, sino que impuso una lógica
de barbarie y crueldad a la guerra, a través de sus prácticas de ejecución.
"El General Yanine Díaz se
comunicó con Henry Pérez... Después de eso Henry Pérez me llama a mí y me dice
que los comerciantes (los 19 de Cimitarra) me estaban pasando por la galleta...
Pocos días después yo estaba en la escuela 01 que estaba organizando una gente
para hacer un operativo militar, por los lados de San Fernando (corregimiento
de Cimitarra)...
Retomando la forma de cómo me contó
Cargalarga (paramilar autor de la masacre) de cómo mataron a los
comerciantes... entonces me dijo:} no hermano, nosotros hicimos una carnicería
la hijueputa... Nosotros los llevamos de la Escuela 01 hasta el Palo de Mango,
en Puerto Sambito y ahí los matamos, los picamos y los echamos al río'. Allá
hablar de ‘picalesco’ es despedazar la persona por las coyunturas, les quitan
las manos, la cabeza, los pies, les sacan los intestinos y echan el cuerpo por
aparte. Esto se hace con el objetivo de que no aparezcan flotando por el río y
en ese sitio es donde siempre se mataba a la gente, porque el río pega de
frente y el agua se desvía hacia Antioquia. Es como un remolino... se presta
para que no queden rastros".
A pesar de ser sólo los ejecutores de
órdenes emanadas por instancias superiores, para los paramilitares no era desconocida
su tarea. Según Vladimir "en ese tiempo había afán de sacar la guerrilla
de todo el Magdalena Medio y los militares nos organizaron para que nosotros
hiciéramos lo que ellos no podían hacer, era matar la gente y cometer
masacres... los paramilitares se encargaron de eso, pero mandados y apoyados
por el Ejército".
Pero todas las denuncias de Vladimir,
de otras denuncias públicas sobre la implicaciones de las Fuerzas militares, y
de los 60 años a que fue condenado Vladimir por sus confesiones en los hechos
del Magdalena Medio, quedó impune la participación de instancias aún más altas
del Ejército. El entonces Cte. de la Segunda División con sede en Bucaramanga,
a la que pertenecía la XIV Brigada, Farouk Yanine Díaz, fue absuelto en 1997
por la Justicia Penal Militar, siendo su juez el Comandante General de las
Fuerzas Armadas el General Manuel José Bonnet Locarno.
Este caso ilustra la concepción que
tiene el Ejército de la confrontación armada con la guerrilla. A pesar de negar
que la subversión tenga un contenido ideológico, su forma de combatirla se
sigue sustentando en las mismas doctrinas de contrainsurgencia de la Guerra
Fría. Hace apenas tres años el entonces comandante de la II División General
Manuel José Bonnet, dio instrucciones a sus tropas para que concentraran sus
tareas de inteligencia en los pueblos y atacaran las "redes de apoyo"
civiles, dado que los guerrilleros "tienen su recuperación de enfermos y
heridos, las armerías, las sastrerías, las cuentas corrientes, los negocios y
demás actividades de tipo logístico esenciales para el combate
subversivo". No es difícil comprender por qué el propio Bonnet fue quien
absolvió a Farouk Yanine por los hechos de Cimitarra.
EL CARMEN Y SAN VICENTE DE CHUCURÍ
El Magdalena Medio sólo fue el modelo
del proyecto paramilitar que va a ser reproducido y adoptado en las diferentes
regiones del país, con algunas diferencias, pero sobre el mismo esquema
político, económico y militar.
A comienzos de la década de los ochenta
se creó una base paramilitar en San Vicente de Chucurí y la violencia llega a
la zona en una espiral de acciones criminales.
Lo que ocurría en El Carmen y San
Vicente de Chucurí, al igual que los otros casos, era a instancias de la XIV y
V Brigadas, pertenecientes a la Segunda División.
Uno de los episodios más oscuros del
paramilitarismo en esta región fue la incursión de tropas del Batallón Luciano
de Luyard (V Brigada, Segunda División) el 29 de mayo de 1988, en la vereda
Llana Caliente, del municipio de San Vicente de Chucurí. Allí se produjo una
ofensiva combinada del Ejército y grupos paramilitares, en la que fueron
masacrados decenas de campesinos. En esta operación murió en hechos confusos el
Cnel. Rogelio Correa Campos, del Batallón de Luyard.
Según los reportes del Batallón, iba
acompañado de José Alberto Parra, alias "El Canoso", un civil que en
esa ocasión vestía prendas y portaba armas de uso privativo de las Fuerzas
Militares. Según los pobladores, Parra era reconocido como uno de los jefes
paramilitares que operaban en la región. En el mismo ataque, tres labriegos
fueron detenidos por los paramilitares y torturados varios días. Luego se les
obligó a firmar una declaración según la cual, las FARC los habían enviado con
la misión de matar al Cte. del Batallón. Luego los detenidos son puestos a
órdenes de un juez civil y dejados en libertad. Dos de ellos fueron asesinados;
el otro abandonó la región por amenazas de muerte. El Tte. Cnel. Hernando Navas
Rubio, jefe del B2 de la XIV Brigada "personalmente dirigió la tortura de
los tres labriegos e ideó las supuestas confesiones. El oficial Navas Rubio no
fue investigado ni penal ni disciplinariamente por estos hechos".
El paramilitarismo se había asentado en
San Vicente del Chucurí. La población se vio enfrentada como en muchas regiones
colombianas a dos posibilidades: o ser paramilitar y colaborar con éstos, o ser
asesinado. El 25 de febrero de 1992, el My. Gral. Harold Bedoya, ahora como
Cte. de la Segunda División del Ejército, en discurso pronunciado en el
Municipio de San Vicente del Chucurí, invitó a la población a que se defendiera
"como todo colombiano tiene derecho a hacerlo... Que no huyan ni se dejen
asustar por montajes como el que son masetos (integrantes del MAS) o
paramilitares, simplemente porque están defendiendo lo que legítimamente les
pertenece".
BARRANCA: LA RED DE LA ARMADA
En 1991, cuando ya se había iniciado el
exterminio de la Unión Patriótica, la guerra entre los carteles y las amenazas
de Los Extraditables, el Presidente César Gaviria dio a conocer el documento
"Estrategia Nacional contra la Violencia", dentro del cual se incluía
un plan de fortalecimiento de la inteligencia militar, ejecutado a través de la
creación de 44 redes de inteligencia, en todo el país: 30 en el Ejército, 4 en
la Armada Nacional y siete en la Fuerza Aérea, urbanas y rurales.
La justificación para este despliegue
de redes de inteligencia fue la escalada narcoterrorista por parte del Cartel
de Medellín, pero el impuesto cobrado por la guerrilla a los narcos sirvió para
vincularlos con el narcotráfico y unificarlos con el término
"narcoguerrilla".
La política 'antidrogas' de Gaviria se
enmarcaba en la Estrategia Andina diseñada por la administración George Bush
1988-1992 que concentraba los esfuerzos de Estados Unidos en los países donde
se cultivaba y procesaba en forma de cocaína, las hojas de coca.
Sin embargo, al contrario de los
objetivos de la Estrategia Andina, la orden 200-05/91, tuvo poco o nada que ver
con combatir el narcotráfico. De hecho, la orden, con la marca de
"reservado" no menciona las drogas a lo largo de sus 16 páginas.
En efecto, la estrategia contra la
violencia sólo fue efectiva contra el cartel de Medellín: en diciembre de 1993,
fue muerto el capo Pablo Escobar, gracias a la ayuda de los 'Pepes', como
afirmó en el 94 su creador, Fidel Castaño.
En cambio una de las redes, la 07 que
operó en Barrancabermeja entre octubre de 1991 y enero de 1993, fue
directamente relacionada con casos de persecución política contra sindicalistas
y dirigentes de izquierda de esta ciudad.
Su forma de operación, como había sido
estipulado en la orden de creación de las redes, fue encubierta. Apareció en la
ciudad como una empresa que prestaba servicios técnicos a la naviera Colombia,
y su jefe de red, el Capitán Juan Carlos Álvarez Gutiérrez, fue conocido como
"el ingeniero".
El grupo de operaciones especiales
estaba integrado además por Jaime Arenas Robledo, Saúl Segura Palacios y Carlos
David López. El capitán Álvarez recibía órdenes directas del jefe de la
dirección de inteligencia de la Armada, Coronel Rodrigo Quiñones, quien también
se identificaba dentro de la organización con los seudónimos de "El
gerente" y "Anibal Quincy Carbonell".
Esta infraestructura que fue la
responsable en 1992 de múltiples masacres y asesinatos selectivos en contra de
sindicalistas de la Unión Sindical Obrera, USO, sindicato de la empresa de
petróleos, Ecopetrol, Militantes del partido Comunista y activistas de los
derechos humanos.
Las órdenes emanaban directamente desde
la "gerencia", según confesión de Saulo Segura, miembro de la red. En
esto Segura coincidió con otro miembro de la red, Carlos Alberto Vergara Amaya
en cuya confesión reiteró " Al coronel Rodrigo Quiñones se mantenía al
tanto de todas las investigaciones y de acuerdo a lo que se investigaba, él se
comunicaba con el capitán Juan Carlos Álvarez, alias "el ingeniero",
dándole el visto bueno si sirve o no sirve el operativo, o sea matar a la gente
o si sí matan a la gente o no. Después el capitán Juan Carlos Álvarez se
comunicaba directamente con Carlos David López Maquillón o con Miguel Durán, el
cual nos hacía saber a nosotros del conocimiento de la respuesta".
López Maquillón junto con Saúl Segura
revelaron la conexión entre la red y la política militar de Gaviria cuando
denunciaron que la red 07 era un organismo adscrito a la Dirección de
Inteligencia de las Fuerzas militares. Saúl Segura Palacios, ex oficial de la
Armada, había sido el encargado de buscar los locales para los negocios fachada
de la organización.
URABÁ: ENTRE LOS 80s Y LOS 90s
"La penetración de paramilitares
en la región de Urabá se inició en agradecimiento que Uniban apoyó hacer los
cursos, y entonces se acordó enviar a un grupo de paramilitares a Necoclí,
Carepa y Arboletes... Las primeras masacres que hubo en esa región como La Hondura,
La Negra, El Tomate y La Mejor Esquina las hizo 'Fercho' (1988)". Así
describe Vladimir esta nueva ola de violencia en Urabá a finales de la década
de los ochenta, que además, marcó nuevas directrices en el fenómeno
paramilitar.
Los conflictos obrero-patronales han
sido una constante en la región, desde la llegada de la United Fruit Company y
las compañías multinacionales dedicadas a la exportación del banano en 1963. En
el segundo semestre de 1987 varios gremios bananeros comenzaron a celebrar reuniones
en torno al tema del "impuesto revolucionario" que las organizaciones
insurgentes de la zona cobraban a los empresarios, pero el conflicto no se
limitaba a un solo sector de la producción.
La región de Urabá localizada en el
extremo noroeste de Colombia, está conformada por once municipios: Apartadó,
Arboletes, Carepa, Chigorodó, Murindó, Necoclí, Mutatá, San Juan de Urabá,
Turbo, Vigía del Fuerte y San Pedro de Urabá. Como región abarca territorios en
los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Su localización la convirtió
desde la primera época de los años ochenta en área especial para el desarrollo
del narcotráfico. También para el tráfico de armas, favorecido por las
características selváticas, pocas carreteras, numerosos ríos navegables, buen
número de trochas, pistas de aterrizajes clandestinos y un mínimo control, por
parte de las autoridades.
Urabá es catalogada también como una
frontera privilegiada. Por su ubicación se escogió como la mejor esquina de
América por importantes multinacionales como punto de embarque de sus productos
para ser enviados al exterior.
El Urabá chocoano hace parte del
conocido Tapón del Darién, zona cálida pero húmeda que se extiende hasta la
frontera con Panamá. De él hace parte el Golfo de Urabá que tiene 250
kilómetros de costa sobre el Océano Atlántico. Además Urabá goza de un gran
privilegio en cuanto a recursos naturales. Las condiciones geológicas y
geográficas permitieron que la región generara depósitos de metales preciosos
como oro, plata, platino, cobre, titanio, cobalto radioactivo, petróleo,
molibdeno y carbón entre otros. Además de que sus tierras son las más aptas
para el cultivo y comercio del banano a escala internacional.
Pero además es la región en donde
confluyen los intereses económicos de grandes megaproyectos como el canal
interoceánico, el oleoducto transandino, el canal seco, complejos industriales,
turísticos y grandes hidroeléctricas, concebidas desde hace más de 20 años, en
convenios y tratados internacionales existentes, que apuntan hacia el
desarrollo del Pacífico para el siglo XXI.
LA NUEVA IMAGEN
En agosto de 1990, Fidel Castaño y
algunos paramilitares de la estructura del Magdalena Medio ofrecieron entregar
sus armas si la guerrilla del EPL se disolvía. Ya en ese año los guerrilleros
del EPL habían sido diezmados por la acción conjunta del Ejército y los Castaño
ahora llamados "Tangueros", actuaban con relativa independencia de la
estructura paramilitar del Magdalena Medio. El Acuerdo condujo a la
desmovilización de más de dos mil militantes del EPL, el primero de marzo de
1992, durante el gobierno Gaviria.
A partir de su firma y por medio de una
fundación familiar llamada Fundación por la Paz de Córdoba Funpazcor los
Castaño donaron tierra, dinero y ganado a cientos de reinsertados del EPL. Al
aparecer Esperanza Paz y Libertad como partido legal, las FARC ocuparon gran
parte del que había sido territorio del EPL. En una entrevista con Human Right
Watch, Carlos Castaño afirmó que esta 'toma' de territorio por parte de las FARC
fue el motivo por el cual su familia decidió reactivar su Ejército ahora bajo
el nombre de ACCU.
Su finca "Las Tangas", en
Córdoba que ahora entregaban a los reinsertados había sido una de las escuelas
utilizadas por los mercenarios extranjeros y oficiales del Ejército en el
entrenamiento de sicarios. "Las Tangas" le había valido a Fidel y a
su hermano ser conocidos como "Los Tangueros" para referirse a una
etapa de transición entre el MAS y las ACCU en que los Castaño fortalecidos actuaron
en relativa independencia de la estructura paramilitar del Magdalena Medio.
Los hermanos Fidel y Carlos Castaño, se
ganaron el prestigio en Córdoba, con la derrota al EPL y la cooptación de
varios de sus cuadros como informantes, enfrentando de manera exitosa las FARC
y al ELN. Esta fue su carta de presentación en Urabá.
Los años 1995 y 1996 significaron para
Urabá el constante enfrentamiento entre dos bandos: los Castaño con las ACCU y
Esperanza Paz y Libertad, por un lado, y las FARC y la UP por el otro. A una
matanza se respondía con otra. El funesto balance dejó en 1995 un saldo de 86
muertos en seis masacres y otros 952 en casos aislados inferiores a cinco
individuos.
Uno de los hechos cruciales del 95 fue
la masacre en el bar El Aracatazo, en Chigorodó, Antioquia. Allí fueron
asesinadas a quemarropa 18 personas, entre ellos dos niños. Investigaciones
posteriores del Gobierno relacionaron los hechos con el Batallón de Infantería
Voltígeros y ex guerrilleros del EPL.
Una investigación interna del Ejército
determinó que soldados del Voltígeros habían permitido que al menos dos ex
guerrilleros que trabajaban como informantes, salieran de la Base dos días
antes de la masacre. Uno de ellos, Gerardo Antonio Palacios fue condenado por
haber participado en la masacre, en marzo de 1997. Otro participante,
identificado por testigos presenciales fue José Luis Conrado Pérez, conocido
como 'Carevieja'.
Tres meses antes de la masacre,
Carevieja había aparecido en una foto, publicada por Cambio 16, uniformado,
fuertemente armado y conversando directamente con el entonces Comandante del
Ejército Gral. Manuel José Bonnet.
Al año siguiente la misma XVII Brigada,
con sede en Carepa, identificó a Carevieja como miembro de un "grupo del
crimen organizado (mal llamados paramilitares)" en una lista que entregó a
Human Rights Watch.
EL "PACIFICADOR" DE URABÁ
Aunque los vínculos sean estrechos y de
público conocimiento, los oficiales al interior de la institución que se han
opuesto a la alianza entre militares y paramilitares, han sido retirados del
servicio. Es el caso del Cnel. Carlos Alfonso Velásquez en la región de Urabá,
un oficial altamente condecorado por su persecución al cartel de Cali. Como
jefe del Estado mayor a las órdenes del Gral. Rito Alejo del Río de la XVII
Brigada, informó a sus superiores que Del Río, apoyaba a los paramilitares de
Urabá y que mantenía una relación con el Mayor del ejército retirado, Guillermo
Visbal Lizcano, quien colaboraba con las ACCU. El nombre de Visbal aparecía en
la lista publicada por la Procuraduría en el 83, como uno de los creadores del
MAS.
Del Río ya había sido relacionado con
la estructura paramilitar del Magdalena Medio que operó bajo diversas siglas en
los ochenta. Como comandante del Batallón Girardot fue uno de los protectores
de los paramilitares de Puerto Boyacá, y por intermedio del My. Oscar de Jesús
Echandía Sánchez, el Gral. Del Río le transmitió permanente información al
líder paramilitar de Puerto Boyacá Henry de Jesús Pérez. Además, Del Río había
participado en el transporte de cien subametralladoras M-P5 con destino a los
paramilitares del Magdalena Medio.
A pesar de los antecedentes, una
investigación del ejército señaló como elemento más peligroso para la
institución al Coronel Velásquez que al General Del Río. El Ejército señaló que
Velásquez se reunía con organizaciones de derechos humanos, sindicatos,
miembros de la UP y la alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas. Una conducta que,
según el informe, revelaba problemas mentales y "se constituía en hechos
que son más que suficientes para desconfiar de un oficial que tiene gran
amistad con personas e instituciones que se han declarado abiertamente enemigas
del Ejército". Velásquez se vio obligado a retirarse en 1997.
Ya en 1996 mientras que la alcaldesa de
Apartadó, Gloria Cuartas, denunciaba ante el Presidente Samper que su vida se
encontraba en peligro inminente, por haber sido señalada como auxiliar de la
guerrilla, el general Rito Alejo Del Río Rojas la acusó ante la Fiscalía por
difamación. La alcaldesa había denunciado cómo un grupo paramilitar había
degollado al menor de 12 años sin que el Ejército hiciera nada por perseguir a
los autores de estos hechos.
Las denuncias de Gloria Cuartas y
Velásquez sólo relacionaron por omisión a Del Río frente al accionar
paramilitar en Urabá, pero los hechos fueron más contundentes. Durante los dos
años que Del Río permaneció al frente de la XVII Brigada en Urabá (1996-1997),
fue mayor el desarrollo del paramilitarismo y el número de masacres, muertes a
miembros de la izquierda y la Unión Patriótica. En 1996, de 55 masacres
ocurridas en todo el país, 25 correspondían a Urabá; y de 342 muertes
violentas, 156 sucedieron allí. Para 1997, de 193 masacres a nivel nacional, 75
se efectuaron en la región del que el periodista Plinio Apuleyo Mendoza
denominó 'el Pacificador'.
DES 'UNIFORMANDO'
A pesar de las cifras sangrientas
arrojadas entre 1995 y 1997 para la región de Urabá, con el mayor número de
masacres, desplazamientos forzados, asesinatos e incursiones paramilitares el
periodista, Plinio Apuleyo Mendoza, describió así el período de Rito Alejo Del
Río como comandante de la XVII Brigada: "Ahora, un Urabá pacificado en
toda la parte económicamente vital de su territorio, ha iniciado la operación
retorno de los empresarios bananeros con la colaboración de dirigentes
sindicales, cámaras de comercio y las comunidades campesinas... No hay, como
años atrás, fincas bananeras consideradas feudos del ELN o de las FARC. Existe,
por primera vez, en las plantaciones, una paz no vista antes".
Y a pesar de las acusaciones por sus
vínculos con el paramilitarismo, Mendoza insiste en su relato: "Cuando el
General Del Río baja del helicóptero, docenas de niños rubios o negros... lo
reciben agitando banderitas de papel con los colores de Antioquia, y las madres
del pueblo lo abrazan libres del temor de que los guerrilleros se lleven a los
campamentos a las niñas de 15 años, para dejarlas al poco tiempo embarazadas,
como ocurría hasta hace dos años... Buscan el amparo del ejército y lo dicen en
toscos letreros que despliegan en franjas de tela o pintan en los muros
'Gracias General del Río por dejarnos al Ejército' ".
Desde comienzo de la década el
columnista había dejado en claro su posición frente al fenómeno paramilitar,
cuando los ganaderos rechazaron las negociaciones con los grupos insurgentes en
1992 y el entonces Ministro de Defensa Pardo Rueda instaba a que "los
ganaderos se organicen pero no de manera individual o aislada...sino que lo hagan
en torno de la Fuerza Pública", Mendoza hizo eco de estas afirmaciones:
Las Autodefensas son "un arma vital en la lucha antisubversiva... como
ojos y oídos de las Fuerzas Armadas las Autodefensas cumplieron una labor muy
eficaz en el Magdalena Medio, en Córdoba y Urabá". Este es un ejemplo de
la forma en que gran parte de los medios de comunicación han apropiado el
lenguaje y los contenidos de las Fuerzas Militares, ocultando de forma
intencional o por simple ignorancia realidades diferentes a las del Ejército.
El papel de la prensa en la no comprensión del fenómeno paramilitar y del
conflicto colombiano ha sido definitivo. En el caso específico de Urabá así lo
demostró el reconocido columnista.
PROYECTO MILITAR... POR DENTRO: ZAPOTE; POR FUERA: MAS
Hasta finales de la década del 80
persistió la tesis de que la vinculación de militares con el paramilitarismo
era un fenómeno aislado, producto de la indisciplina institucional, a pesar que
desde los 70 los manuales de contrainsurgencia ya acuñaban el término paramilitar.
El testimonio de un ex oficial vinculado a las filas del paramilitarismo reveló
que la guerra sucia no era sólo tolerada, sino que hacía parte de las
concepciones de las Fuerzas Militares, y que el papel del narcotráfico no era
desconocido para los agentes estatales vinculados con estos grupos.
En una redada para capturar a unos
narcotraficantes en Bogotá, la Dirección de Policía Judicial DIJIN, el 1 de
noviembre de 1989, detuvo al ex Teniente Luis Antonio Meneses Báez. En el
allanamiento la DIJIN halló propaganda del Movimiento de Autodefensa Campesina
de Colombia. Meneses resultó ser el mismo Ariel Otero Salazar, Comandante de
las Autodefensas de la Costa Atlántica. Al ser interrogado Meneses
confesó ser uno de los principales ideólogos políticos de estos grupos y afirmó
las Autodefensas son una política del gobierno para la lucha subversiva. Así
relató Meneses esta concepción de guerra:
"Las autodefensas empiezan a ver
la necesidad de integrarse con el fin de lograr una cohesión ideológica,
compartir experiencias e informaciones. Ya para 1986 existe un gran número de
grupos paramilitares en su mayoría coordinados por los S-2 de los Batallones
(Secciones de Inteligencia) y Brigadas y a escala nacional por el Binci y la XX
Brigada... La forma como la IV, V y XIV Brigadas bajo la dirección de la
Segunda División había coordinado las acciones paramilitares en sus
jurisdicciones, resultaba una especie de experimento piloto... A finales de
1986 en la sede del Batallón Charry Solano en Bogotá, se realizó una reunión
con el fin de organizar las autodefensas a nivel nacional. Esa reunión está
liderada por el servicio de inteligencia del Ejército, el Departamento 2 del
Ejército E-2. A ella, asisten líderes paramilitares regionales.
De esa primera reunión nace la Junta
Nacional de Autodefensa compuesta por seis líderes en seis regiones: Costa
Atlántica, Caquetá-Putumayo, Magdalena Medio, Zona Central y los dos
Santanderes, Llanos Orientales y Viejo Caldas. Estas seis regiones reagrupan 22
frentes militares donde operan igual número de grupos paramilitares. Durante la
reunión se crean 22 'teatros' de operaciones. La función de la Junta es
promover el sistema de Autodefensa y coordinar con el Ejército acciones de
inteligencia".
Tanto en el Ejército como cuando era militar
retirado, Meneses tuvo permanente contacto con la XX Brigada y el Binci. Al
mando de estas unidades se encontraban los oficiales Iván Ramírez Quintero y
Alvaro Velandia Hurtado.
En 1981, el Tte. Meneses había sido
enviado al Batallón Bárbula en Puerto Boyacá. A finales del 83, fue trasladado
al reclutamiento militar con sede en Cartagena. Allí su doble misión sería
hacer trabajo de inteligencia y crear nuevas autodefensas al sur de Bolívar,
para frenar una nueva ofensiva de la guerrilla del ELN. A pesar del cambio de
jurisdicción Meneses siguió bajo la dirección de la XIV Brigada, donde recibía
órdenes directas del Gral. García Echeverri.
Ya en 1984 fue trasladado al Batallón
Nariño (Barranquilla). Esta vez su trabajo se concentró en la región del Bajo
Cauca y consistió de nuevo en la creación, dirección y entrenamiento de grupos
de autodefensas. En 1986 Meneses tomó la decisión de retirarse del Ejército
cuando un nuevo Cte. del Batallón Nariño (Cnel. José María García Martínez) le
ordenó suspender sus labores paramilitares por cuestiones tácticas. Por eso, a
principios del 87, el Tte., (r) Meneses partió para Magangué, al sur de Bolívar
y organizó las Juntas Cívicas de Seguridad y Vigilancia (posteriores ¿Convivir?)
a cuya cabeza se encontraban las directivas de la Primera División del Ejército
con sede en Santa Marta.
Con la creación de las autodefensas de
la Costa Atlántica quedaban aglutinados varios grupos del Bajo Cauca: Urabá,
Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena y Cesar. Paralelamente en Montería se montó
una oficina que coordinó los grupos de Caucasia en el Bajo Cauca, Planeta Rica,
Urabá, Montería, Canalete y Puerto Escondido en Córdoba; y del Sur de Bolívar.
El nombre clave de la organización fue el Zapote desde donde se coordinaron las
masacres de trabajadores y campesinos ejecutadas en el Urabá antioqueño y
cordobés en 1988 (La Hondura y la Negra).
Al frente del Zapote estuvieron Meneses
y otro militar que se desempeñaba además como Jefe de Seguridad de Fidel
Castaño Gil, uno de los más grandes soportes de la estructura paramilitar. Y
como en un rompecabezas, las piezas volvían a encajar. El escolta de Castaño
era en realidad el Mayor. Alejandro Álvarez Henao, uno de los creadores del MAS
denunciado por la Procuraduría en 1983.
En los primeros meses del 88, Meneses
recibía de nuevo instrucciones y ahora debía trasladarse a Puerto Boyacá, donde
va a trabajar al lado del My. Echandía Sánchez (creador del MAS en el 82, como
alcalde militar de Pto. Boyacá) y el Cptan. León Guillermo Tarazona Correa. Este
último, que pertenecía al Batallón Bomboná, fue acusado de ser uno de los
autores intelectuales de la masacre de Segovia, en ese año. Tarazona, al igual
que Meneses, se retiró del ejército, para surgir como el nuevo líder
paramilitar del Magdalena Medio, bajo el apodo de 'El Zarco'.
LA POLÍTICA DEL CAMALEÓN... PARA BORRAR LAS HUELLAS
En los 90 la ofensiva paramilitar se
fortaleció con las Autodefensas. Acorralados por investigaciones que poco a
poco han ido estableciendo sus verdaderos móviles criminales, en directa
relación con el narcotráfico y la recomposición de los carteles de la droga,
los paramilitares dejaron a un lado su clandestinidad, realizan una cumbre,
elaboran un 'ideario político', y dan declaraciones públicas.
En contraste con los 80 cuando el
ejército de Castaño era una fuerza fundamentalmente regional, las Accu no se
limitaron a la guerra en Urabá. Esta organización fue la médula de una cumbre
nacional para formar una alianza de grupos con ideas afines, que condujo a la
fundación de las AUC.
En 1996, Carlos Castaño anunció que su
hermano Fidel había muerto en la región del Darién, lo que aún no ha sido
comprobado. El anuncio, más bien simbólico, buscó romper con su pasado
inmediato y aparentar un giro en la concepción paramilitar hasta entonces
desarrollada. Esto se expresó en los 'actos de contrición' plasmados en la
Primera Cumbre de las Autodefensas en 1996, en donde teóricamente reconocen
excesos de sus antecesores y anuncian una separación absoluta con el
narcotráfico.
La actitud aparentemente radical de las
Autodefensas en su lucha exclusiva contra la subversión, se contradice con los
informes del propio Departamento Antidrogas norteamericano. Según el boletín de
Inteligencia de la DEA, de abril de 1998, Carlos Castaño es "un gran
narcotraficante por su propia cuenta" y socio de los hermanos Arcángel y
Orlando Henao. Estos últimos pertenecientes al cartel del Norte del Valle del
Cauca.
Carlos Castaño, líder de las Accu,
había empezado como guía en la estructura paramilitar de los años 80. Allí
combatió con las tropas e identificó a presuntos subversivos. Mientras tanto
Fidel, su hermano, fue amasando una fortuna proveniente del narcotráfico e
invirtió sus ganancias en tierras, convirtiéndose en uno de los ganaderos más
poderosos de Colombia.
Desde sus orígenes Fidel Castaño Gil
ingresó a las 'autodefensas' creadas por el Batallón Bomboná, en Puerto Boyacá,
en donde recibió "capacitación en lucha contrainsurgente",
participando bajo las órdenes del capitán Jorge Eligio Valbuena Barriga en la
masacre de 22 campesinos en los municipios de Remedio y Segovia (Antioquia), en
1983, como lo reconoció él mismo en entrevista publicada por la revista Semana,
el 31 de mayo de 1994.
Fidel fue ascendiendo dentro de la
organización paramilitar y mantuvo fuertes vínculos con Pablo Escobar, como
jefe militar del Cartel de Medellín, función que había ocupado Rodríguez Gacha,
hasta su muerte. Cuando se desató la conocida guerra de los carteles, en 1992,
Fidel decidió separarse de Pablo Escobar y conformar, junto con el Cartel de
Cali, el grupo los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). Así contribuyó a su
captura y muerte. Otro tanto haría después
Con José Santacruz Londoño, miembro del
Cartel de Cali, en una nueva recomposición de carteles.
Actualmente en el acuerdo de los
traficantes sobrevivientes del conflicto que los enfrentó a Pablo Escobar, los
Castaño dirigen las principales bandas criminales y la industria del secuestro
de Medellín. También aprovechan la desaparición del Cartel de Cali, cuyos
líderes se encuentran presos, para extender su influencia al norte del
departamento del Valle. Los Carranza, por su parte, propietarios de minas de
esmeraldas y ganaderos, ejercen su poder en el Meta, Vichada, Boyacá, la región
del Magdalena Medio en el departamento de Santander y al sur de los
departamentos de Bolívar y Sucre. Ambos grupos tienen un solo objetivo en
común: la lucha contra las FARC. Los Carranza (con su líder detenido por el DAS
acusado de conformación de grupos paramilitares) protegen antes que nada su
imperio minero y agrario al mismo tiempo que conservan una fachada de legalidad
que les permite ejercer un monopolio en el comercio de esmeraldas.
La masacre de Mapiripán en julio de
1997, fue otra prueba de que el cambio de las Autodefensas era aparente:
asesinatos atroces, sevicia, vejaciones contra la población desarmada e inerme
y desapariciones, admitidas por Carlos Castaño, no dejan olvidar el origen de
su organización. Menos aún el anuncio de la nueva figura pública del
paramilitarismo en Colombia, de que habrá "muchos más Mapiripanes".
De esta forma Castaño ha dejado en
claro que el único giro que ha tenido el paramilitarismo en estos últimos años,
es la expansión del modelo de Puerto Boyacá, Urabá y el norte del país hacia la
conquista del sur, iniciada en los departamentos del Meta, Guaviare y Putumayo.
"En el último año, grupos de paramilitares de las ACCU y de los Llanos
Orientales han realizado incursiones armadas y masacres en Mapiripán (Puerto
Alvira), San José del Guaviare, San Carlos de Guaroa, Miraflores y Puerto
Trujillo con el propósito de disputar dominio sobre zonas donde hasta hace poco
era hegemónica la presencia de la guerrilla de las FARC.
En el caso de Mapiripán, "las
unidades locales del Ejército y la Policía ignoraron múltiples llamadas
telefónicas de un juez civil del área, pidiendo ayuda para detener la
matanza". Como resultado de una investigación interna del Ejército, el
Comandante de la VII Brigada, bajo cuya jurisdicción está Mapiripán, fue
'castigado' por no parar la masacre ni detener a los responsables, destinándolo
a tareas administrativas. Otros oficiales investigados son el My. Hernán Orozco
Castro, Cte. en funciones del Batallón Joaquín París, el My. Horacio Galeano y
el Ctán, Luis Carlos López.
Pero las investigaciones cobijaron sólo
a oficiales de rangos menores. Un año después, los sargentos Juan Carlos
Gamarra y José Miller Ureña Díaz, también del Joaquín París, fueron detenidos
por la Fiscalía, acusados de homicidio múltiple y paramilitarismo. Mientras
tanto el Gral. Uscátegui, volvió después de su irrisoria sanción, al servicio
activo sin castigo aparente.
La 'nueva imagen' construida por los
Castaño deja ver básicamente dos objetivos: borrar las pistas de sus lazos con
los oscuros hechos de la época del MAS y el narcotráfico, y hacer creer que su
accionar es independiente de los militares. Esto garantiza perder las pistas de
sus vínculos a cambio de la efectiva colaboración de siempre y lograr un
reconocimiento político que, como en los años del Frente Nacional, legitime su
tenencia de la tierra y cubrir los horrores con la impunidad.
Dentro del propósito expansionista de
las AUC. por el dominio territorial, empieza a dilucidarse una disputa con la
subversión con otras características: la confrontación urbana. La masacre del
16 de mayo pasado, es "un golpe al movimiento social y sindical que existe
en Barrancabermeja... Un mensaje siniestro y simbólico dirigido en contra de lo
que representa el puerto petrolero como epicentro de resistencia, movilización,
lucha cívica y popular”. Pero los hechos del 16 de mayo no son, como lo ilustra
el caso de la red 07 de la Armada, la primera irrupción del paramilitarismo en
Barrancabermeja.
GIRO HACIA LOS DERECHOS
Pocas horas antes de dejar su cargo
como embajador de Estados Unidos en Colombia, en noviembre de 1997, Myles
Frechette lanzó serias acusaciones contra el servicio de inteligencia del
Ejército Nacional. "En la XX Brigada hubo actividades de escuadrones de la
muerte. Esta declaración era el punto más alto de lo que significó un giro en
la política exterior norteamericana en los últimos dos años.
El 16 de mayo de 1998, el gobierno de
Estados Unidos canceló la visa al Gral. Ramírez, ex alumno de la Escuela de las
Américas, por acusarlo de ser violador de los derechos humanos en Colombia, (en
la actualidad sigue siendo Inspector General de las Fuerzas Militares, a pesar
de que Colombia ha aceptado la cancelación de visas como sanción moral por
parte de los Estados Unidos). Seis meses más tarde, el secretario de Defensa
William Cohen, anuncia que E.E.U.U. planea conceder a Colombia una colaboración
para el entrenamiento de militares colombianos en cuestión de derecho humanos,
así como en el campo de una reforma judicial.
¿Qué había cambiado desde que entre
1987 y 1990 cerca de tres mil militares fueron entrenados en la Escuela de las
Américas (Estados Unidos), organización señalada y denunciada como lugar de
entrenamiento a oficiales latinoamericanos en prácticas sistemáticas de
torturas, asesinatos y desapariciones?
La intempestiva preocupación de Estados
Unidos por el respeto a los derechos humanos en Colombia, parece ir más allá de
las razones humanitarias. "La globalización en conflictos domésticos, en
guerras intestinas, en dictaduras militares con atropellos a los derechos
humanos es imposible. Hay algo muy claro. A la libre concurrencia económica
corresponde un régimen de libre concurrencia política. Es un correlativo
históricamente necesario. No se puede tener un mundo de alta concurrencia
económica con dictaduras. Entonces, el fundamento del requisito del respeto a
los Derechos Humanos es económico, pero también social: hay un sector
importantísimo en los Estados Unidos que pelea por eso, desde el punto de vista
ético y político, y eso no lo podemos desconocer".
Por esta razón, para Estados Unidos,
Colombia se está convirtiendo en un grave factor de desestabilización
continental. De ahí que haya lanzado el proyecto Houston en febrero de este
año, como parte de una estrategia en lo que ha denominado la búsqueda de la paz
para Colombia.
Con el anexo de las siguientes listas
llegadas hasta el momento de algunos Bloques, mostrando los nexos
militares-paramilitares, queda ratificada una vez más, que el Paramilitarismo
es una política contra insurgente de Estado. Después les anexaremos otras
listas.
PARAMILITARES EN URABÁ ANTIOQUIA Y
REGIÓN DEL CARIBE
1. Generales: Iván Ramírez Quintero,
Víctor Julio Álvarez, Comandantes de la Primera División.
Generales: Rito Alejo del Río y Martín
Orlando Carreño Sandoval, Comandantes de la XVII Brigada.
Generales: Julio Charry Solano y Javier
Hernán Arias Vivas, Comandantes de la XI Brigada.
Generales: Alfonso Arteaga Arteaga y
Rafael Ruiz, Comandante de la Segunda Brigada.
Generales: Carlos Alberto Ospina Ovalle
y Eduardo Herrera Verbel, Comandantes de la Cuarta Brigada.
Cargos: Desarrollo de
paramilitarismo como estrategia contrainsurgente. Participación de unidades a
su mando en masacres disfrazadas de paramilitares y en coordinación con ellos.
Protección a Carlos Castaño Gil. Apoyo aéreo con helicópteros astillados.
Utilización conjunta de repetidoras de comunicaciones entre Ejército,
Paramilitares y Policía.
2. Carlos Castaño, alias Alex y
hermanos. Iván Duque Escobar, asesor político. Guillermo Angel, propietario de
la empresa Atlas (cuadra con la torre del Olaya los desplazamientos de Castaño
y los vuelos de sus naves). La chaves, secretaria personal de Castaño. Alias
Miguelito, radistas de Castaño. Los hermanos Salvador y Manuel Mancuso,
propietarios en Montería (Córdoba) de la distribuidora de carros "Hermanos
Mancuso".
3. PARAMILITARISMO EN CÓRDOBA.
A) Jefes Paramilitares: Jhon,
alias "H2", Comandante de la Base de El Diamante y cuñado de Castaño.
Pedro Bula, Antonio Mercado , alias Franco; Arturo González, alias Guateque; El
Pollo Lizcano de La Rica, Jurisdicción de Puerto Libertador. Hernán Ogaza,
alias El Guacho, coordinador de las masacres de Tierra Alta y Valencia
(coordina con el Ejército y la Policía los desplazamientos de los Paras). Jhon
Fredy Durango. Los alias El Amigo, El Lobo, Cobra, Eduardo, Guatinajo, Antonio,
Wilfer, y Macgiver. Alias "00" Teniente retirado del Ejército, enlace
del Ejército y los Paras en Tierra Alta y Urabá.
B) Militares que han
participado en operaciones paramilitares en Córdoba y Urabá: Capitán
Patrón Pacherna Alvaro, del Batallón Junín; Teniente Monsalve, alias
"J2"; Sargento Viceprimero Martínez Vergara Luis , jefe de
operaciones del Junín y de los Paras; Sargento Segundo, Medina Nestra; Teniente
Izquierdo; Teniente Rodríguez; Cabo Primero, Suarez; Cabo Primero, Ávila. En
general las unidades de los Batallones Cacique Coyará y número 33 Junín de la
Xl Brigada.
C) Oficiales del Ejército que
se han reunido con Castaño en El Diamante: el nuevo Comandante de la
lV Brigada, General Eduardo Herrera Bervel; Coronel Armando José Rengifo,
Comandante del Batallón Junín; Teniente Coronel Germán Morantes Hernández,
Comandante del Batallón Girardot; Mayor Yesid N.
D) Bases Paramilitares: Hacienda
La 35, a media Hora de Las Tangas, municipio de Valencia. Hacienda El Perro,
río San Jorge abajo, municipio de Montelíbano. La 7ma Hacienda Jaraguey, donde
funcionan oficinas y talleres. Hacienda la 24, más abajo de La 35. Hacienda
Cedronal, donde funciona la emisora de los Paras denominada "Colombia
Libre", a media hora de Tierra Alta, cerca de la Troncal. Hacienda La
Macarena de los Mancuso, en jurisdicción de Tierra Alta. Hacienda Los Volcanes,
cerca de La Ciénaga Betancí, donde realizan entrenamientos. Hacienda La
Capilla, abajo de Bonaboro, de los Mancuso. Hacienda El Policía, propiedad de
"H2", cuñado de Castaño. Hacienda Mundo Nuevo, de Carmelo Cogoyo,
base y sitio de entrenamiento.
E) Frecuencias de dos metros
para operaciones Paramilitares y coordinación con el Ejército:
Canal 14, Frecuencias: 3030, 9125. Corresponden
a la repetidora de Palmira, finca de Jaime Rueda, la cual es utilizada por La
Policía, El Ejército y los Paras.
Canal 14, Frecuencias: 3700, 3930,
4160, 3970, 3740, 5215, 8610, 4870, 5870, 8780, 7560.
Canal 15, Frecuencias: 1020, 7300,
3400.
Canal 16, Frecuencias: 1625, 9975,
2420, 7540, 8890, 7275.
F) Financiadores: Carmelo
Cogoyo hijo, Eduardo Cogoyo, Rubén Ovando, (Hacienda Carito, de Tierra Alta);
Los Negretes, Los Anaya, hermanos Petro, ganaderos de Lorica; Otto García,
Javier García, Los Buelvas de Montería; Jorge Gámez de Montería (propietario
Licorera de Córdoba); Abrahan Gámez; Guillermo Cifuentes de Caucasia; Marco
Alberto Peláez (les vende el ganado robado); Hurán García de Tierra Alta;
Arturo Berrío de Planeta Rica; Pedro Montoya, Javier Luna, Israel Rojas, Juan
Henao, N. Tapias de la finca Villa Nueva, cerca de Cedronal; Jorge Arévalo,
Dairo Feria, de Medellín; El Cachaco, de Arenas Monas; don Humberto de San
Pedro de Urabá.
NOTA: El Alcalde de Tierra Alta Héctor
Acosta Pacheco, es Paramilitar. Sus dos escoltas son paramilitares y se reúnen
frecuentemente con Castaño.
4. REGIÓN DE URABÁ:
A) Jefes Paramilitares: Miguel
Alían, Omar Hoyos, los hermanos Carlos, Arturo, Aicardo y Manuel Ardila (los
cuales también se identifican con el apellido correa) en Necoclí y Turbo.
Osvaldo Reyes y Abel Méndez en La Tachuela, El Tres y Monte Verde (Turbo). El
Mono Velosa (Turbo y Urrao). Alvaro y Oliverio Álvarez en El Dos, Turbo. Jhon
Serna (tiene residencia en el barrio Moravia de Medellín). Alfredo y Enrique
Yépes Ramírez y Valentín N. en Currulao. Albeiro Cartagena en Chigorodó.
Arnulfo David, alias Veterina, Efrén Zapata y Jesús Duval en Piedras Blanca,
Carepa y Saiza. Teodoro Díaz, jefe de los Comandos Populares anexados a las
"ACCU" y actual alcalde de Apartadó. Alias Marcos, Libardo López,
alias El Burro y Jair Muñoz, alias cascale, en Mutatá. Jairo y Reynaldo
Vanegas, Nicolas Elías Henao, alias Colacho; Wilmar David, alias, Escaleras;
Octavio Cartagena, Orlando González, Wildiman Echeverry, Guillermo Carvajal y
Gilberto Sierra, en Dabeiba. Los alias Sarley, Giovany, Ricardo, Camilo, La
Guagua, Gonzalo, desmovilizados del EPL. Juan Quinco y hermanos, y Pacho Honda
en Río Sucio (Chocó). Alias el Obejo y alias el Chombo en Bellavista (Chocó).
Guillermo y Conrado Builes. Ganaderos y narcotraficantes de Acandí, residenciados en el Poblado de Medellín. Horacio Cifuentes de Unguía (Chocó). Lalo Domico, papá e hijo de Enrique Domico y Albeiro Domico, Indígenas Paramilitares de Mutatá.
Guillermo y Conrado Builes. Ganaderos y narcotraficantes de Acandí, residenciados en el Poblado de Medellín. Horacio Cifuentes de Unguía (Chocó). Lalo Domico, papá e hijo de Enrique Domico y Albeiro Domico, Indígenas Paramilitares de Mutatá.
B) Militares involucrados: Todos
los Comandantes de la XVII Brigada a partir del General Hermófilo Rodríguez.
Los Comandantes de los Batallones Voltígeros, Batallón 35, Arhuacos, Cacique
Coyará y Francisco Paula Vélez, los cuales actúan coordinadamente, con los
Paramilitares. Los Comandantes de los Puestos de Policía de Dabeiba, Mutatá,
Río Sucio, Bellavista, Unguía; Acandí, Chigorodó, Carepa, Turbo, Necoclí y San
Pedro. El Ejército comparte con los Paras las repetidoras de comunicaciones de
los cerros, El Cuchillo y Azul. El 17 de noviembre de 1998 la XVII Brigada
apoyó con un helicóptero Blackhawk artillado, a los Paramilitares de La
Secreta, cuando eran atacados por la guerrilla. Dicho Helicóptero despegó
repetidamente desde la Base Militar de Mutatá.
C) Financiadores y promotores: las
directivas de AUGURA Y UNIBAN a partir de 1986. Manuel Arias Carrizosa, Ex
Ministro de Estado. Jorge Enrique Gallo, político. Los hermanos Guillermo,
Conrado, Amado y Rafael Builes, ganaderos y narcotraficantes, socios de
Castaño. Arturo Rivera, Joaquín Usuga y Tocayo Higuita, comerciantes de
Dabeiba. Rogelio, William y Leonardo López, Miguel y Alonso Lemos, Amanda Marín
y Chucho Mocho en Río Sucio (Chocó). Antonio Herrera dueño del Hotel Alcázar,
de Capurganá y lavador de dólares. Jaime Vásquez, Albeiro López y Lao Restrepo,
ganaderos de Acandí. Angel Vidal (Proveedora los Chilapos), Carlos Correa,
Joaquín Jaramillo, Guillermo Velásquez, Gustavo Aguirre, Oscar Botero y
Arnobis, alias Parapeto, en Unguía (Chocó). Ulises Hernández y Pedro Ruiz en
Gilgal (Chocó).
D) Bases paramilitares: Santa
Catalina, El Tomate, Pabarandocito, Nuevo Oriente, finca Los Alpes de Jairo
Vanegas en Urama.
E) Frecuencias de dos metros
para operaciones paramilitares y coordinación con Ejército:
Canal 14. Frecuencias: 1275, 0300,
0000.
Canal 15. Frecuencias: 6050, 7600,
7325, 6595, 6025.
Canal 17. Frecuencias: 1645, 3255.
Canal 13. Frecuencias: 9115.
5. ANTIOQUIA
A) Jefes Paramilitares: Ramón
Isaza, base de operaciones en Doradal y Puerto Nare. Gustavo Upegui en Medellín
y San Jerónimo. Guillermo Angel, aeropuerto, Olaya Herrera. Gerardo Arboleda y
Santiago Gallón en Caracolí, base finca Las Águilas. Luis Villegas en San José
del Nuz. J. Franco y hermano Barrera en Santo Domingo. Hugo Quintero, dueño de
Bellanita de Transportes (opera entre Bello y Barbosa). Conrado Pérez en
Frontino, Base de Asido. Darío Gómez, alias Mocho, Andrés García, Nebardo
Restrepo, Judit Herrera y alias el Guasa en Nutibara. Capitán Espinosa de la
Base de Urrao, quien coordinó con el Batallón Granaderos la masacre de La
Encarnación.
B) Financiadores: Carlos
Murillo en Caracolí. Ernesto Puerta, Darío Montoya, Mario Elejalde (diputado),
Juan José, Darío y Enrique Moreno, Jesús Vargas, Darío Montoya, Ernesto y
Fernando Vélez White en Frontino. Luis Samuel Martínez, Ramiro Tuberquia y
Manuel Goez en Santa Fe de Antioquia.
6. REGION CARIBE:
A) Jefes Paramilitares: Hernán
Giraldo, Jefe Paramilitar y Narco, vive en Guachaca, corregimiento de Santa
Marta, protegido por la Primera División. "Los Chamizos",
Paramilitares de Santa Marta dirigidos por los comerciantes Camilo Vesga
Rodríguez y Toño Vesga. Atienden orientaciones de Edgardo Vives Campo, ex
alcalde de Santa Marta. Darío Saravia Gómez, ex representante a la Cámara por
Los Chamizos. Alfonso Masías de ASOGANORTE, residenciado en Barranquilla.
Alfonso Merino, zona bananera de Santa Marta, vive en Barranquilla. Chepe
Barrera padre e hijo, en El Difícil, Magdalena. Enilse López, alias La Gata y
Ricardo Botero Maya en Magangué. Alberto Restrepo, alias El Culón, autor de
múltiples masacres entre Fundación, El Copey, Valledupar y Serranía del Perijá.
Luis Enrique Ramírez, alias Miky, en Zambrano, Bolívar. La familia Sánchez en
Córdoba, Bolívar. Luis Angel González y Juvenal Paz González en La Guajira y el
Cesar. Carlos Arturo Marulanda ex ministro de Estado.
B) Financiadores y promotores: La
Asociación de Ganaderos ASOGANORTE. Alejandro González Zambrano, Jaime
González, Tomás Visbal, Saúl Cala, Darío Laino, ganaderos; Emérito Rueda,
narcotraficante; Benjamín Moreno Vega, fiscal 26 de Fundación. Darío Pavón ex
alcalde de Fundación; Miguel y Hernando Pinedo Vidal, congresistas; Luis Vives
Lacoutir, José Domingo Dávila Armenta, Salomón Chávez Abdalá, alias El Mamut;
Fernando Peralta Carrillo, José Gamarra, diputado y ganadero (de Pivijay);
Trino Luna Correa, ganadero del Banco Magdalena; Jorge Noguera Dinapoli, Jaime
Gutiérrez Lacoutir, ganaderos; Víctor Dangond Noguera, ex alcalde de Ciénaga, Jaime
Martínez, ganadero-bananero; y la multinacional Chiquita Dole.
7. EN EL CESAR:
Pepe, Paulino y Celso Castro Monsalvo,
Lucas Gnecco Cerchar, Jesús Aldo Gnecco, alias El Mocho, Hurgues Rodríguez,
narcotraficantes; las familias Mattos Millán y Mattos Barrera, Hernando Molina
Araújo (hijo de La Cacica), Rafael Morales, Lucas Daza y Julio Martínez.
Batallones de la Segunda Brigada que
han participado en matanzas paramilitares:
Héroes de Corea, Guajiros, La Popa, Córdoba, Nariño y los Batallones de Infantería de Marina en Bolívar y Sucre.
Héroes de Corea, Guajiros, La Popa, Córdoba, Nariño y los Batallones de Infantería de Marina en Bolívar y Sucre.
Ex gobernadores promotores de
paramilitares encubiertos en asociaciones CONVIVIR:
Mauricio Pimiento del Cesar; Jorge Luis Caballero Caballero del Magdalena; y el gobernador de Buelvas de Córdoba.
Mauricio Pimiento del Cesar; Jorge Luis Caballero Caballero del Magdalena; y el gobernador de Buelvas de Córdoba.
8. MAGDALENA MEDIO
A) En el occidente de Boyacá: Pablo
Elías Delgadillo, Luis Romero, Pedro Molina y Horacio Choana.
B) En Yarima: Jaime Granda.
C) En Puerto Parra: el alcalde Gerardo
Ferreira y Sigifredo Cárdenas.
D) En Puerto Berrío: Franco Félix
Gaitán Cendales, Oscar Restrepo, Jorge Agudelo, Oscar Molina, Jesús Foronda
Remigio, Héctor Quirobin, El General retirado Mallarino, dueño de la Hacienda
El Brillante, Carlos Crisón, administrador de La Hacienda El Brillante y de
nacionalidad ecuatoriana, Argemiro Tamayo, Jesús Acallano, Enrique Orozco,
Henry Chenique, Jorge Castrillón, Evelio Tamayo.
E) En Borbur: Orlando y Raúl López.
F) En Maripien (Boyacá): Dios de
González
G) En Bucaramanga: Vicente Zabala.
H) En el sur de Bolívar: Jesús Valenzuela
y Manuel Enrique Barreto.
I) En Puerto Parra: Arturo Gaona,
Nelson y Evangelista Martínez, en la vereda El Cruce; El Negro, jefe de paras
en Las Montoyas, vive al frente de la estación de ferrocarril; Luis Carlos
Palomo, inspector de Las Montoyas; Diomedes Cárdenas de una CONVIVIR; José
Vicente Zuluaga, dueño de la finca La Cabaña, tiene laboratorio en la finca de Joaquín
Hernández Galo Pinto, en Patio Bonito; Yoryi Pérez, político de Tiberio
Villareal, vive en Bucaramanga y es de Campo Capote; José Donato, vive en El
Cruce; Raúl Avila, concejal, vive en Campo capote; Rodrigo Pamplona, matarife,
vive en Puerto Parra; Pablo Romero.
Nota: En Bucaramanga cuando hay feria
ganadera el ejército instala su retén. A la entrada de la feria está el retén
de los paramilitares, quienes son los que determinan el acceso a la feria.
Enero de 1999
Mildred Camero, exmagistrada y expresidenta de la Conacuid Revela una alarmante realidad sobre un flagelo que azota a Venezuela: "A diferencia de otros países latinoamericanos, en Venezuela el negocio de las drogas lo manejan no necesariamente los grupos civiles, sino que aparecen involucrados miembros del estamento militar, funcionarios del alto gobierno y los cuerpos policiales venezolanos". Estas conversaciones entre una de las personas, que más ha combatido el narcotráfico en el país, y el periodista Héctor Landaeta desnudan las historias escalofriantes de crímenes, sicariato, extorsión y corrupción que se producen desde que un pequeño grupo de generales decidió acabar con el imperio de Walid Makled, preso y silenciado en nuestras cárceles, para empinarse hoy como los grandes capos de la droga, al amparo del poder y bajo la más absoluta e inmoral impunidad. |
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