Partido de reciclaje. El Partido Social de Unidad (PSUN) o Partido de la U surgió en 2005 en medio de la descomposición del bipartidismo y bajo el marco de la reforma política a la Constitución de 1991 que había sido aprobada dos años antes.
El PSUN nació como una agregación de políticos de diversa procedencia:
- Exdirigentes liberales (entre ellos Juan Manuel Santos, Rafael Pardo —quien luego regresaría al liberalismo—, Armando Benedetti, Juan Lozano, Luis Guillermo Vélez, Carlos García Orjuela, Aurelio Iragorri, Zulema Jattin Corrales, José David Name y Piedad Zuccardi);
- De Cambio Radical (Roy Barreras);
- De algunos pequeños partidos regionales como Sí Colombia (Mauricio Pimiento Barrera), el Partido Nacional Cristiano (Claudia Rodríguez) y Convergencia Popular Cívica (de la que provenía Óscar Iván Zuluaga),
- y por algunos pocos integrantes del Partido Conservador (Marta Lucía Ramírez —quien después se retiró—).
Este partido se proponía ser el vehículo de Álvaro Uribe y servir de “paraguas” para estos políticos que según la reforma necesitaban evitar la doble militancia y reunir los votos suficientes para pasar el umbral, sin tener renunciar a sus intereses personales y regionales.
Como fue creado un año antes de las elecciones de Congreso y Presidencia de 2006, su interés central fue agregar votos y por ello se aplicaron laxas condiciones de entrada. El resultado fue ese reciclaje de políticos de procedencias muy diversas, muchos de ellos con vínculos criminales.
En las elecciones de 2006 el PSUN obtuvo la segunda mayor representación en el Congreso (49 de los 267 congresistas), después del Partido Liberal, y respaldó tanto la controvertida reforma constitucional que autorizó ese segundo período como la campaña electoral del candidato-presidente. En 2010 el Partido sirvió para respaldar —junto con otros partidos— a Juan Manuel Santos y en ese año logró la primera bancada en el Congreso (76 curules).
Pero después vino la escisión de la escisión: la ruptura entre Uribe y Santos, la creación del Centro Democrático (CD), la reelección de Santos, un nuevo reparto de fuerzas políticas y la polarización del país. En 2014 disminuyó la representación del Partido en el Congreso (a 58 curules), mientras que el CD obtuvo la cuarta mayor bancada (39 curules).
Política y crimen.
El Partido de la U también se vio involucrado con los grupos paramilitares, aunque no en la misma proporción que Cambio Radical o partidos efímeros como Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, el Movimiento Popular de Unidad y el Movimiento de Integración Popular.
Ocho de los congresistas de la U pasaron de las curules a la Picota: cuatro de los que habían sido elegidos en 2002 fueron condenados (Mauricio Pimiento Barrera, Zulema Jattin, Jairo Enrique Merlano y Miguel Ángel Rangel) igual que otros cuatro elegidos o reelegidos en 2006 (Odín Horacio Sánchez, Marco Alirio Cortés y Fuad Emilio Rapag —Jorge Visbal Martelo está siendo investigado—). Asimismo, decenas de alcaldes, concejales, gobernadores y diputados elegidos con su aval fueron condenados por nexos criminales.
El ejemplo de Dilian Francisca Toro muestra cómo este partido no repara en la procedencia de sus dirigentes o de sus electores. Esta exsenadora renunció a su curul en 2013 cuando era investigada por lavado de activos (por la presunta compra de propiedades a un narcotraficante) y se le aplicó la reforma política de 2009 que adoptó la figura de la silla vacía. Esta renuncia no fue obstáculo para que el Partido avalara su candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca en 2015.
Políticos impresentables
Además de los involucrados en la parapolítica, el Partido de la U ha acogido y avalado a decenas de candidatos que tuvieron éxito en las elecciones pero al poco tiempo fueron sancionados, destituidos y/o condenados. Dentro de este grupo hay alcaldes destituidos por celebración indebida de contratos; concejales vinculados con paramilitares; gobernadores en líos por corrupción y vínculos con paramilitares; ex congresistas que perdieron su investidura por tráfico de influencias; y hasta homicidas. Además del caso de Dilian Francisca Toro, hay otros tres muy ilustrativos.
- El del suspendido alcalde de Moñitos, Córdoba, José Félix Martínez, quien fue avalado, elegido y se posesionó aunque estaba detenido en La Picota acusado de tener nexos con el jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”.
- El alcalde de Puerto Gaitán (Meta), Edgar Humberto Silva, quien fue sancionado por violar los topes electorales en la campaña de 2011. Por este motivo se le pidió al Tribunal Administrativo del Meta que solicite la pérdida del cargo. El Consejo Nacional Electoral, que suele ser inoperante, en este caso aplicó una norma que se viola con mucha frecuencia y prohibió que el Partido de la U inscribiera candidato para las elecciones de 2015.
- El gobernador de La Guajira Wilmer González (antecedido de otros tres mandatarios elegidos en menos de cuatro años), fue acusado de los delitos de cohecho, falsedad en documento público, corrupción del votante y fraude procesal durante su campaña.
Sancionar a medias
En el asunto de los avales el Partido de la U ha seguido la misma línea de conducta que la mayoría de los partidos, es decir, no cumple con la ley pues no evalúa antecedentes ni estudia en detalle a quienes le piden el aval. Esto se pone en evidencia en los casos mencionados y en la información sobre las elecciones de 2015 proporcionada por la Procuraduría.
Además, cuando empezaron a darse las sentencias condenatorias de políticos con nexos criminales el Partido se lavó las manos sin descuidar los votos: expulsó a los ocho congresistas condenados (también a gobernadores condenados o sancionados por corrupción), pero mantuvo algunos avales cuestionables:
- Jairo Merlano fue expulsado, pero en 2010 el Partido avaló la candidatura al Senado de su hijo Eduardo Carlos Merlano (quien después fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría)
- El Partido no se incomodó por mantener el electorado del controvertido “clan” de los Sánchez Montes de Occa en el Chocó.
- Avaló a Patrocinio Sánchez, quien ganó la Gobernación en 2007 y en 2010 fue condenado y destituido por peculado culposo.
- Avaló la candidatura en 2006 de Odín Sánchez, condenado por parapolítica,
- Mantuvo su respaldo a la candidatura de Astrid Sánchez, acusada de fraude en las elecciones, quien ingresó en 2012 como reemplazo permanente de Eduardo Carlos Merlano y es actualmente senadora (también investigada por vínculos con paramilitares).
¿Otro partido en crisis?
Al igual que Cambio Radical, el Partido de la U enfrenta serias críticas por sus avales, sus nexos con la criminalidad y por la inacción del CNE frente a sus acciones. Sin embargo, ante algunas evidencias inocultables, ya ha sido objeto de sanciones sin precedentes.
Estos dos partidos fueron creados por agregación de dirigentes (la mayoría liberales), sin cohesión fuerte, sin control sobre la dirigencia regional y movidos por un afán puramente burocrático. Ambos tienen puertas de vaivén para que entre y salga quien quiera y sin controles para evitar los vínculos de muchos dirigentes con la criminalidad.
En las próximas elecciones el Partido de la U corre el riesgo de seguir menguando su capital electoral y enfrentar una derrota que conduzca a la pérdida de la Presidencia y de sus escaños en el Congreso.
* Politólogo, Ph.D., profesor de la Universidad del Valle.
| El Partido de la U y sus políticos impresentables: Javier Duque Daza |
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