Se asombran los mentideros políticos con la
recepción destemplada que tuvo el presidente Juan Manuel Santos en su visita a
Antioquia. En verdad no hay motivo de extrañeza. En sana lógica la institución
presidencial debería despojarse de ese halo farandulero. Convendrían formas más
sobrias de hacer política: mejor debatir que aplaudir o chiflar.
Lamentablemente, no se trata que Antioquia
haya adquirido mayor cultura política. Es la expresión de un grupo de
empresarios regionales que muestran su distancia con el Presidente de la
República. No lo vitorearon en la fiesta de los cien años del periódico El
Colombiano. Tampoco lo acompañó el empresariado bananero en la marcha de
Necoclí, alegando que los urabeños no les dan permiso. La prensa local, que lo
ha fustigado desde el inicio de su mandato ha arreciado diatribas contra el
Ejecutivo en los últimos días.
Ese desafecto viene recubierto de una
envoltura regionalista, presentando al departamento como víctima de una
persecución originada en Bogotá. Una fórmula recurrente para levantar los
paisas por odios. Para ello se esgrimen actuaciones de los entes de control
como el cuestionamiento a la construcción del túnel de oriente y la alerta del
Ministerio de Obras Públicas por el aumento en los costos de las autopistas de
la montaña; o la sanción que la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG,
impone a las Empresas Públicas de Medellín, EPM, por la suspensión de las obras
de la hidroeléctrica Porce IV. Suspendida por capricho de un Alcalde con
renombre de borrachín. No cuestionan que la CREG, compuesta mayoritariamente
por generadores privados sancione con una multa exorbitante $23.000 millones,
al mayor competidor que tienen.
Sin embargo, la nuez del problema está en la
promulgación de la ley de restitución de tierras. Desde el anuncio de su
trámite, azuzado por un sector empresarial, Antioquia fue el departamento más
reacio al proyecto. La prensa parroquial, compuesta por El Mundo y EL
Colombiano, no ha dejado de cuestionar la ley. Se empezó por esgrimir el costo
fiscal, luego lo engorroso de su aplicación. Ahora se anuncia que esta
perjudica a empresarios “de buena fe” y que promueve la lucha de clases.
Ambas casas periodísticas tienen intereses
en el tema: son poseedores de latifundios. La señora directora de El
Colombiano, Ana Mercedes Gómez, resultó salpicada en el escándalo de Agro
Ingreso Seguro, como receptora de beneficios para los más ricos, sin alegar
nunca lucha de clases. El señor Guillermo Gaviria Echeverri, director del periódico
El Mundo, es conocido como dueño de media cordillera, con tierras en Urabá,
Chocó, Norte de Antioquia, bajo Cauca Antioqueño, también en los montes de
María. Todas zonas de conflicto con evidente presencia paramilitar.
No sólo ellos. Los emprendedores paisas que
iniciaron la industrialización del país, retornaron a la senda medieval,
sentando su influencia social en la posesión de la tierra. Una empresa
multinacional antioqueña como Cementos Argos, monopolio en su campo, termina
comprando miles de hectáreas de dudosa procedencia en los Montes de María. Se
alega para ello un supuesto proyecto forestal, aunque más probable es que se
trate de vulgares maniobras especulativas. No son los únicos, sólo los más
emblemáticos.
Pero, estos ruidos paisas contra la ley de
restitución de tierras no empezaron ahora. El primero de enero de este año, se
fijó como fecha para entrar en vigencia y, justamente en los primeros días de
enero, fue recibida con un paro armado por el grupo paramilitar “los urabeños”.
Aunque alegaron que la Policía mató a un jefe, se trató más de una ostentación
de fuerza al Gobierno del presidente Santos. Una forma de intimidación al
Ejecutivo para que no devuelva la tierra robada.
¿Qué va de los urabeños a ciertos
empresarios antioqueños? Las versiones libres de jefes paramilitares como
Salvatore Mancuso, alias “Don Berna”, alias “HH”, entre otros, señalan tanto a
políticos regionales como a empresarios como instigadores del terror
paramilitar. En este aspecto la Fiscalía General de la Nación no ha actuado
todavía.
Dos factores confluyen en la cultura paisa
para articularla con la ilegalidad. En primer lugar, el amor desmedido por el
dinero. Ligado a este está el segundo factor, la fascinación por el delito. Ha
llegado a tal esta seducción que Pablo Escobar terminó sus días con una
popularidad cercana al 70%. Sucedáneo de este capo está el paramilitarismo
contemporáneo que en estas tierras tuvo su origen y desde allí se extendió al
resto del país, consolidando un eje que va desde Chocó, Antioquia y Córdoba,
hasta el Catatumbo.
La tenencia de la tierra ha estado en el
centro de las guerras del siglo XX. En 1936, con motivo de la ley 200 que
consagra la función social de la tierra, el Partido Conservador y los
terratenientes iniciaron la oposición al presidente López Pumarejo. Terminaron
por armar sus mayordomos y una década después se desató la violencia de
los 50.
Luego, con Carlos Lleras Restrepo se tuvo
otra iniciativa para hacer efectiva la reforma agraria de 1961. El famoso pacto
de Chicoral de 1973, entre terratenientes y partidos tradicionales puso fin a
esta iniciativa, llevando a hacer más agudo el conflicto armado que tiene como
trasfondo la lucha por la tierra.
Ahora, hay una nueva iniciativa
gubernamental al tema agrario. Ya no se trata de una reforma sino de revertir
la contrarreforma paramilitar. Como en épocas anteriores, sectores políticos
retardatarios, de tufillo feudal, liderados por Álvaro Uribe Vélez, reaccionan
airados. Ya los mayordomos están armados bajo el ropaje de Urabeños y
personajes públicos de extrema derecha, en líos judiciales, se dan a la fuga
declarándose en rebeldía. Y algunos empresarios, varios antioqueños, hacen eco
a esta amenaza.
Está por verse si el presidente Santos, se
deja intimidar ante los tambores de guerra. También está por verse a qué lado
se pondrá el Ejército Nacional que tradicionalmente ha estado al lado de los
terratenientes. Falta saber si la justicia hará su tarea. Sin desconocer que la
postura de los Estados Unidos frente al tema es decisiva.
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