De los 60.351 millones de
dólares que Colombia recibió en inversión extranjera directa, entre 2009 y
2013, 26.256 millones (43,5 %) provinieron de reconocidos paraísos fiscales. Si
a septiembre de este año no se ha llegado a alguna negociación, el país le
daría esa connotación a Panamá. Urge sincerar los capitales que se ocultan por
cuenta de esta figura y conminarlos a tributar.
En Panamá reside medio millón de colombianos y hemos desarrollado una
integración económica tan profunda que el 25 % del centro financiero de ese país
está en manos de colombianos.
No obstante, la relación bilateral se ha complicado, pues Colombia
estima que los 17.613 millones de dólares de inversión extranjera, que desde
1994 han llegado de Panamá podrían no ser capital panameño, sino recursos de
colombianos atraídos por la existencia de sociedades de inversión, que permiten
ocultar las identidades de los propietarios.
El presidente Ricardo Martinelli promulgó un decreto que permitirá
conocer dichas identidades, pero aún no entra en vigencia. Por su parte,
Colombia estima en cuatro billones de pesos los impuestos dejados de recaudar
por las operaciones de colombianos en el istmo.
Adicionalmente, el 41,8 % de los 3.202 millones de dólares de inversión
que Panamá recibe anualmente proviene de Colombia. El comercio bilateral es
altamente beneficiario para nuestro país, pues exportamos 2.385 millones de
dólares, frente a 32,6 millones en importaciones.
En el cruce de intereses estratégicos está la decisión colombiana de
ingresar a la OCDE (ello implica promulgar la lista de paraísos fiscales) y el
interés panameño de asociarse con la Alianza del Pacífico, lo cual supone tener
un TLC con un miembro de dicha alianza. Para esto, Colombia no ha sometido el
tratado, ya suscrito, a la ratificación del Congreso y Panamá suspendió el
respectivo trámite.
https://www.inspiraction.org/justicia-economica/listado-paraisos-fiscales
Panamá permite crear empresas de fachada y utilizar ‘acciones al
portador’ que ocultan la identidad del propietario y facilitan la evasión y el
lavado de activos. La Ley 47, expedida por el presidente Martinelli en el 2013,
admite retener dichas acciones a solicitud de autoridades competentes para que
pueda conocerse la identidad de su dueño, pero solo entrará en vigencia dos
años después de la expedición.
Se calcula que de los 6.000 millones de dólares que ingresan a Colombia
por contrabando, el 75 % proviene de Panamá y se financia, gran parte, con
dinero ilícito. Este país ha presentado dos demandas contra Colombia en la
Organización Mundial del Comercio (la primera fallada en contra de Colombia y
la segunda en curso actualmente) por los controles establecidos al ingreso de
textiles y calzado, en mayor medida de origen chino, reexportados desde
Colón.
Recaudos
perdidos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estima que, por
cuenta de los paraísos fiscales, el país estaría dejando de recaudar alrededor
de 4 billones de pesos anuales en impuestos. Esto es porque, en efecto, gran
parte de las multinacionales que operan en Colombia se valen de esos lugares.
Así, de los 60.351 millones de dólares que recibimos en inversión extranjera
directa entre 2009 y 2013, 26.256 millones (el 43,5 %) provinieron de
reconocidos paraísos fiscales.
El Decreto 2193 de 2013 incluyó, entre los más importantes paraísos
fiscales, a Anguila, Islas Vírgenes Británicas e Islas Caimán, pero dejó por
fuera a Panamá, Suiza, Bermudas, Barbados, Luxemburgo y Holanda. Además, el 7
de octubre del 2014 el Gobierno colombiano promulgó el Decreto 1966 de 2014, el
cual declaró a Panamá como paraíso fiscal junto con Kuwait y Qatar, pero
excluyó a Anguila, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas,
Jersey, Andorra, Chipre, Liechtestein y Bermudas.
Cabe advertir que Estados Unidos, Francia, México, Argentina, España y
Ecuador ya han catalogado a Panamá como paraíso fiscal y lo han obligado a
firmar 25 acuerdos de intercambio de información entre 2010 y 2013.
El presidente Varela argumentaba que llevaba poco tiempo en funciones y
que tenía férrea oposición parlamentaria, de manera que solo ofrecía acuerdos
contra lavado de activos y doble tributación, sin comprometerse a intercambiar
información financiera, lo que fue calificado por Colombia como insuficiente.
Si no se logran acuerdos entre los dos gobiernos en septiembre, la
declaratoria de paraíso fiscal entraría en vigencia y entonces el impuesto a
los giros pasaría del 10 % al 33 %, los giros de las empresas tendrían una
retención del 33 % (y no del 14 %) y los residentes colombianos quedarían
sometidos a doble tributación.
Recelo en el istmo. El
Gobierno de Panamá amenazó con calificar a Colombia como país discriminatorio y
aplicar medidas de retorsión como asignar impuesto del 33 % a los giros y
remesas enviados hacia Colombia; exigir visa a los turistas colombianos;
deportar a los prisioneros colombianos e inmigrantes ilegales; cancelar el
proyecto de interconexión eléctrica avaluado en 400 millones de dólares;
excluir a las empresas colombianas de los contratos estatales; y expropiar la empresa
de transporte masivo Metro Bus, cuyo 70 % es de propiedad colombiana.
Se habló de eliminar la exención de pago de fletes de los barcos
colombianos que cruzan por el canal y que está consagrada en el Tratado de
Montería. Es lamentable observar cómo en ninguno de los cientos de artículos
publicados en ambos países, se hizo alguna referencia al hecho histórico que
explica la exención a dicho pago: el general Torrijos (descendiente de
colombianos) agradeció con dicho beneficio el decidido apoyo que brindó el
entonces presidente Alfonso López Michelsen para culminar la negociación del
Tratado Torrijos-Carter, que permitió el retorno del canal a control panameño.
Presionado a sí mismo por el ultimátum de siete días, el Gobierno
panameño aceptó un acuerdo (aún en los temas que había rechazado), so
pena de verse forzado a adoptar la serie de medidas anunciadas, las
cuales también tendrían un impacto negativo para Panamá.
La idea de establecer visas a los turistas fue rechazada por el
presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, pero prestantes periodistas
colombianos criticaron al Gobierno porque supuestamente se había echado hacia
atrás, sin entender que el memorando incluye el compromiso de llegar a un
tratado de intercambio de información tributaria, según los estándares de la
OCDE (a lo cual Panamá se resistía). Además incluye el compromiso de cooperar
en el control de lavado de activos a través de la Unidad de Información y
Análisis Financiero. En cambio, no incluye el retiro por parte de Colombia de
las medidas comerciales, tal como era demandado por Panamá.
Como ha afirmado el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas,
la decisión de Panamá operó en su contra, pues la obligó a firmar un acuerdo
que incluye temas hasta ahora vedados y estableció el 30 de septiembre de 2015
como fecha límite para la negociación. En caso de no llegar a un acuerdo en los
temas que incluye el memorando, Colombia estaría en libertad de volver a
aplicar la declaratoria de paraíso fiscal.
Urge, en todo caso, sincerar los capitales que se ocultan y conducirlos
a tributar como lo hacemos los demás ciudadanos.
Por: Beethoven Herrera Valencia, profesor emérito, Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Colombia feb. 07 de 2015
Por: Beethoven Herrera Valencia, profesor emérito, Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Colombia feb. 07 de 2015
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